Anabel Hernández
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Salvador Puga Quintanilla era un criminal menor de
Tamaulipas cuando, luego de un pleito con El Rojo, un narcotraficante
del Cártel del Golfo, que supuestamente era su mentor, salió huyendo del
estado buscando nuevos nichos para sus actividades criminales.
El
5 de septiembre de 2008, Luis Hernández Gálvez se presentó en la Unidad
Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR
para denunciar el secuestro de su padre, Luis Hernández Gutiérrez (75
años), el 4 de septiembre de 2008.
A los pocos días, el 12 de
septiembre, la familia pagó 293 mil pesos de los 3 millones de rescate
que sus captores exigían. Pese al pago, los secuestradores siguieron
exigiendo los 3 millones de pesos.
El 20 de septiembre, en un
descuido de sus captores, el secuestrado logró escapar y solicitó el
apoyo de policías de Tepotzotlán, Estado de México. Los agentes fueron a
la casa de seguridad donde Hernández había permanecido y aprehendieron a
José Salvador Puga Quintanilla, quien entonces usaba el apodo de El
Gordo, y a Javier Eduardo Barrón El Arqui. La víctima los reconoció
plenamente como sus plagiarios.
En el operativo fueron aseguradas
dos pistolas y 464 gramos de goma de opio. Y el 21 de septiembre de
2008, la averiguación previa Tol/SPILDO/085/2008, abierta por el delito
de secuestro, fue turnada a la Unidad Especializada de Investigación de
Secuestros de la SIEDO. El Gordo y El Arqui fueron puestos a disposición
de esta subprocuraduría, entonces encabezada por Marisela Morales, y
quedaron retenidos en un centro de arraigo.
Puga Quintanilla ya
tenía un largo historial criminal. Existía la averiguación previa
abierta en Tamaulipas AP/PGR/TAMPAS/CV-VFFAFE/2402/2007 por violación a
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la que El Gordo
aparece como inculpado.
Teniéndolo a la mano, la PGR lo usó para
incriminar a Javier Herrera Valles, coordinador regional de la Policía
Federal (PF), quien llevaba todo el año de 2008 documentando y
denunciando las irregularidades en la Secretaría de Seguridad Pública
Federal, cuyo titular era Genaro García Luna.
El 29 de octubre de
2008, Puga Quintanilla se presentó a declarar ante la SIEDO y señaló que
había trabajado durante cuatro años para el Cártel del Golfo, que le
constaban diferentes hechos delictivos de esta organización, que su
deseo era declarar todo lo que conocía y colaborar con la PGR, siempre
que se le integrara al sistema de testigos protegidos.
Ese mismo
día la PGR formuló el acuerdo de derechos de testigo colaborador y El
Gordo fue bautizado con la clave Pitufo; se le otorgaron entonces los
beneficios del artículo 35 fracción I de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada.
Legalmente, Puga Quintanilla ni siquiera
podía acogerse al programa de testigos colaboradores porque la ley marca
que este beneficio no puede concederse a la persona que tenga abierta
una averiguación previa en su contra. Pitufo tenía dos.
Ese mismo
29 de octubre, Puga Quintanilla comenzó a contar sus historias. Declaró
falsamente contra Arturo Herrera Valles, hermano del coordinador
Javier, lo que provocó su inmediata aprehensión.
Como si fuera un pago por sus declaraciones, el 30 de octubre de 2008 Pitufo fue liberado del arraigo.
La
suerte de su cómplice, El Arqui, fue muy distinta. El 31 de octubre se
le dictó auto de formal prisión por los delitos de delincuencia
organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de
secuestro, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y
contra la salud.
Fragmento del texto que se publica en la edición 1907 de la revista Proceso, ya en circulación.
/ 21 de mayo de 2013)
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