MINISTERIAL ABANDONADO

Agente fue enviado sin arma y con 2 mil pesos de viáticos, a combatir el crimen al sur de BC

Ricardo Meza Godoy/Semanario Zeta

En las oficinas de la delegación de Villa Jesús María, a  573 kilómetros de Ensenada, la computadora no sirve, no tienen radiocomunicación, no hay señal de celular, no tienen servicio de telefonía, mucho menos hay Internet

Malas condiciones en el equipamiento de la delegación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Villa Jesús María (VJM), y falta de recursos para desempeñar su trabajo, fueron los principales problemas que denunció el policía ministerial Miguel Valdivia Villaseñor.

En las oficinas de la delegación de VJM, que se encuentra a unos 573 kilómetros de Ensenada, la computadora no sirve, no tienen radiocomunicación, no hay señal de celular, no tienen servicio de telefonía y tampoco hay conexión a Internet.

Cotejar datos de vehículos o personas sospechosas se convierte en una tarea imposible, a menos que alguno de los dos agentes asignados a ese poblado, se traslade cerca de 30 kilómetros de distancia hacia el punto más cercano con señal de celular, que es Guerrero Negro, en Baja California Sur, y rinda un informe donde la llamada de larga distancia va por su cuenta.

Todavía el año pasado, la PGJE rentaba una vivienda en Guerrero Negro, para los agentes enviados a VJM, pero a partir de este año están obligados a encontrar un lugar por su cuenta.

Tras haber sido enviado sin arma de cargo el 21 de febrero de 2013 a VJM, Valdivia Villaseñor recibió como viáticos para todo un mes, 2 mil 48 pesos con 36 centavos. Con ese dinero tenía que pagar su estancia y su alimentación.

“Tengo la disposición de ir a donde me asignen, pero que me den lo indispensable para trabajar”, explicó Valdivia.

La zona que deben cubrir los únicos dos agentes de la PGJE en el sur de Baja California, abarca desde Cataviña hasta Bahía de Los Ángeles, y desde El Barril hasta Villa Jesús María. Cientos de kilómetros de distancia entre un poblado y otro, con pequeñas comunidades pesqueras y serranas diseminadas de costa a costa.

Un “abandono” por parte de la PGJE, que denunciaron residentes de las delegaciones de la región sur del municipio, a las autoridades municipales a principios de 2013, peticiones directas al Presidente Municipal, Enrique Pelayo Torres, quien ha realizado en los últimos meses recorridos por aquellas zonas.

Tras la demanda de los residentes de las delegaciones, Pelayo solicitó directamente al Procurador General de Justicia del Estado, Rommel Moreno Manjarrez, que fueran asignados más elementos al sur de Ensenada.

De entrada, el Procurador Rommel prometió un ministerio público, que envió a VJM a principios de este mes, y se sumó a los 2 agentes que ya se encuentran ahí. No obstante, los problemas de comunicación siguen siendo los mismos.

Antes de haber sido asignado a VJM, el agente Valdivia estuvo en la ciudad de Ensenada, en la delegación de Francisco Zarco y en la delegación de San Quintín, a donde fue enviado después de haber interpuesto una denuncia por abuso de autoridad, contra el entonces visitador de la PGJE Abel Galván Gallardo (ahora subprocurador contra la delincuencia organizada), tras un incidente ocurrido el 9 de septiembre de 2010, que fue publicado en la edición 1907 de ZETA.

Valdivia, quien tiene ya 24 años como policía ministerial, y fue uno de los primeros agentes capacitados por autoridades de Estados Unidos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), explica que tras lo ocurrido en esa fecha, comenzó a recibir cambios de adscripción, de horarios y descansos, que sospecha son represalia por haber confrontado a Galván.

El 9 de septiembre de 2010, mientras se realizaba una audiencia del NSJP en la ciudad de Mexicali, varios agentes ministeriales, entre ellos Valdivia, observaban el desarrollo a través de pantallas colocadas en una de las salas anexas a la sala principal.

El agente explicó a ZETA que en un momento, el juicio comenzó a desbaratarse para la parte acusadora, la PGJE, mostrando severas deficiencias en la integración del expediente, lo que estaba siendo observado por todos los agentes presentes en la audiencia pública. Una situación bochornosa para la misma procuraduría.

Entonces, narró Valdivia, el visitador Abel Galván ingresó a la sala donde se encontraban él y otros agentes, y les pidió que se retiraran del lugar. Sin identificar al funcionario y estando de vacaciones, Valdivia se negó a retirarse por el interés que tenía de ver todo el proceso, diciéndole que ésa era una audiencia pública y tenía derecho a quedarse. Además era capacitador del nuevo sistema y tenía interés por ver en vivo un proceso. Fue a partir de ahí donde comenzaron sus problemas.

“Fui a poner una denuncia (en contra de Galván) y no me la aceptaban, hasta que envié un documento por escrito en el Centro de Justicia Alternativa y ahí sí entró…En contraloría nos han tratado bien, ahí también lo denuncié, y en Visitaduría nos han tratado mal”, comentó.

La denuncia interpuesta por Valdivia quedó registrada bajo el Número Único de Control (NUC) 0202-2010-02859.

Diez días después del enfrentamiento y luego de la denuncia entre Galván y Valdivia, el 19 de septiembre de 2010, el agente fue enviado a San Quintín. Estuvo ahí 1 año y 7 meses. Luego fue trasladado a Francisco Zarco, al norte de Ensenada. Después, a Ensenada y de ahí a Villa Jesús María, en lo que califica como una situación atípica.

“El 15 de febrero de 2013 se presentaba uno de mis testigos en el caso y el 17 me cambian a Ensenada. El 20 de febrero me informan que me voy a Villa Jesús María. Esto me ha costado demasiado, en lo personal, mi familia se restringe gastos, estamos al límite, mis hijos hasta bajaron de calificaciones, llevo 3 motores descompuestos en mis viajes a Mexicali, casi mil 200 kilómetros cada semana ida y vuelta, aunque maneje bien se gasta el motor”, explica.

El agente asegura que su caso no es el único, otros policías ministeriales se encuentran en condiciones similares de poco apoyo. Por ejemplo, refiere que en el Valle de la Trinidad los agentes reciben mil pesos de viáticos, y en San Quintín 2 mil pesos. “Muchos se quejan, pero no se atreven a hacerlo públicamente por temor a represalias”, dice.

Explica que los cerca de 9 agentes que fueron preparados como capacitadores del NSJP fueron diseminados en todo el Estado tras el problema del 9 de septiembre de 2010. Al tiempo en que la PGJE perdía ese primer caso, Valdivia asegura que los NUCs del NSJP ya superaban los 110 mil, “el sistema ya se colapsó”, afirma.

Las condiciones en Villa Jesús María “parece que son para tronarnos, para obligarnos a renunciar”, dijo. “El trato es inhumano, me animé a hablar porque no pueden mandarme más lejos, es la parte más alejada del Estado, ¿a dónde me van a mandar ahora? ¿A Isla de Cedros, luego a Valle de la Trinidad y otra vez a Zarco?”, afirma. “Hasta las averías del vehículo en nuestra custodia corren por nuestra cuenta”, agrega.

Y es que para Valdivia el gasto de gasolina que implica el reportar diariamente desde las inmediaciones de Guerrero Negro, pudiera invertirse en las instalaciones, en rentar Internet o arreglar la computadora.

“El 6 de marzo hasta fueron los de la CFE a cortar la luz de las oficinas, y ahí está el comisariado ejidal de testigo. Un adeudo de mil 697 pesos del medidor 87D966”, dijo.

— ¿Y lo residentes?, se le preguntó.

“Con una mala percepción de los agentes, de que los que envían para allá son los revoltosos, o los malos elementos…Esto tiene muchas aristas, no es un mero berrinche, tiene más fondo, repercusiones múltiples y al final no le estás dando la atención a la ciudadanía”.

Las instalaciones de la PGJE fueron inauguradas en septiembre de 2006, por el entonces gobernador Eugenio Elorduy Walther, según reza una placa en su exterior que dice: “Agencia del Ministerio Público Villa Jesús María”.

“Pero no es una agencia, son solo oficinas para los agentes, para que tengan dónde estar”, dice un funcionario de la PGJE.

ZETA entrevistó a algunos residentes de VJM quienes tienen opiniones encontradas en relación al trabajo de la Procuraduría.

“¿Los ministeriales? Sí, sabemos que tenían una casota en Guerrero Negro, de las mejores, donde se la pasaban pisteando, porque como aquí casi nunca se roban nada pues casi no tienen trabajo”, dijo una vecina del poblado. “En julio del año pasado, se pusieron una buena peda los ministeriales allá en Guerrero Negro, ya borrachos les robaron el carro, vinieron aquí (a Villa Jesús María) a echar gasolina, se anduvieron paseando y fueron y les tiraron el carro allá por un canal, la raza de Guerrero Negro es bien cabrona con los policías”, agregó.

Y en efecto, la Procuraduría confirmó lo dicho por la mujer de VJM, los ministeriales asignados en esas fechas “pisteaban y paseaban morritas” en su vehículo. El agente asignado en julio 2012, Adrián Estrada Frías, se encuentra suspendido de la corporación luego de ese incidente, tras caer en contradicciones en su declaración de cómo fue que terminó en un canal el vehículo que estaba bajo su custodia.

De acuerdo a información de la PGJE, el propio Estrada pidió un favor a un perito de Baja California Sur, para que dañara la chapa de la puerta del pick up, para que el asunto pareciera un robo menos vergonzoso. Sin embargo, el encargado de la grúa que retiró el automóvil del canal había registrado que el carro no tenía daños.

Al ser cambiados cada mes, los agentes no dan seguimiento adecuado a los casos de robos, otro residente explicó que “desde la administración pasada (XIX Ayuntamiento) con recursos del Ramo 33 habían construido una pila para guardar agua que se extrae con una bomba de un pozo cercano. A esa pila le pusieron otra bomba que enviaba el agua hasta el poblado. Estaba protegida con reja y candado, pero alguien lo rompió, la abrió y se la robaron hace aproximadamente 3 meses, nunca supimos qué pasó con la bomba y ni siquiera tienen registro del robo en el Ministerio Público”.

De ahí en fuera, la interacción con los pobladores es casi nula. Vehículos sin placas circulan en el poblado sin posibilidad de que los agentes puedan revisar su número de serie. Sospechosos no son detenidos porque no pueden llevárselos 30 kilómetros al sur para identificarlos. “Estamos como monigotes”, dijo Valdivia.

El delegado de VJM, Sergio Guerrero Carmona, explicó que las oficinas de la PGJE habían estado completamente cerradas durante 3 meses, de finales de noviembre a finales de febrero. “Se la habían llevado y la regresaron. Hace 1 mes está de vuelta”, dijo.

Servicio desordenado e irregular, agentes cesados, otros sin comunicación ni viáticos suficientes, robos no registrados y denuncias de represalias, todo confluye en el remoto poblado que tiene alrededor de 500 habitantes.

Respecto a los problemas denunciados por Valdivia, el 14 de marzo la Subprocuradora de Zona Ensenada de la PGJE, Lidia Gallegos Aguilar, refirió en rueda de prensa, tras ser cuestionada en torno a posibles desvíos de recursos, que “hay una normatividad en cuanto a contraloría que revisa, de hecho nos hacen auditorías 2 veces por año en relación a los viáticos, no nomás viáticos, todo lo que se refiere a mobiliario, equipo de oficina, recursos financieros y demás. Contraloría es el órgano revisor de la actuación de los servidores públicos, en el caso de recursos y demás, porque hay un presupuesto específico para procuraduría que no directamente se maneja a través de un administrativo, pero tiene que estar todo aparejado con un documento, un oficio de comisión y demás. Todos los viáticos se depositan en las cuentas, de cada uno de los servidores públicos de esta institución una vez que se genera este oficio, y obviamente el órgano revisor es contraloría”.

CARTA DE MIGUEL VALDIVIA VILLASEÑOR

Lo que a continuación narro se hace por el hartazgo de vivido, ante la persecución y acoso laboral durante dos años y medio, por ser rebasada la sana tolerancia entre lo institucional y lo personal, de lo que es claro, justo, correcto, por tener una familia de la que han separado, deteriorado su economía al límite mínimo de subsistencia, por dignidad, por respeto a mi  persona, al orgullo de ser agente de policía desde hace 24 años, a la institución donde trabajo y merece respeto, sus deficiencias, el colapso está y es a causa de las insensibles e in-preparadas personas que la dirigen, la operan, administran los recursos, no temo a las acciones que tomarán, sin duda buscarán la remoción, al desprestigio que sin duda recurrirán, tengo claro quién soy, del reconocimiento de personas e instituciones de prestigio nacional e internacional, en el sector empresarial, ante la comunidad jurídica, etcétera, pero ya basta de que nos traten así, se nos dé trato ciudadanos de tercera, excluyente, discriminatorio, miserable, humillante, degradante de la condición humana, te subyugan, por lo tanto no debe considerarse como una acto de indisciplina, de rebeldía, de grilla, por no ser la intención perjudicar a alguien en beneficio de otro, o de lo que llaman comúnmente pega de gritos, o que fuimos enviados por indeseables, por problemáticos como lo ha venido manejando la Subprocuradora, eso no es cierto, y la invito a demostrarlo.

Desde siempre he cumplido con respeto, disciplina y diligentemente con mis encomiendas, no obra queja alguna de mis ex jefes de grupo y ella sabe bien los motivos por los cuales se me hostiga y acosa laboralmente, como es la denuncia en NUC 0202-2010-02859 y la 323/10/MXL en contraloría estatal, aun cuando de su actuar se desprenden delitos, se ha prestado para esta insana persecución en mi contra, al grado que especuló que de igual forma no me inconformaría, como cuando recién me cambiaron sin motivo alguno a Ensenada y ordenó mi envió a estas lejanas tierras del 19 Septiembre de 2010 a 24 Abril de 2012 sin ayudantía y sin ningún apoyo, motivo por el cual ahora nos envió en estas condiciones segregacionistas de quienes nos antecedieron, los antecedentes ahí están y se puede comprobar que había una casa, que la procuraduría pagaba la renta, que les proporcionaban lo que correspondía de viáticos, y esta situación aunque se niegue es real, la padecen todos, pero callan por temor a ser cambiados, a ser perseguidos como yo y otros, por estar ocurriendo desde hace tiempo y que se recrudeció con esta Administración que carece del menor gesto de respeto a la víctima, ofendidos, a la vida, a la integridad de las personas, no le interesa el tutelar lo que difícilmente ha logrado tener la sociedad como son sus bienes y posiciones, menos la de los agentes de policía, a la dignidad humana, a los derechos humanos, atenta contra necesidades elementales como son la alimentación y un lugar donde vivir, por ser violatorio de derechos y garantías individuales, de normas establecidas que regulan la asignación de esos recursos, por más que se busque alguna manera lógica y coherente de encontrar una justificación ante tan detestable acto, no la encuentro, si la excusa es por falta de recursos, se debió exponerlo ante quien corresponda y en caso de respuesta negativa, no enviar personal y explicar a los solicitantes los motivos por los cuales no se está en condiciones de enviar personal, ya que de igual forma al final no podrá cumplir con la encomienda por falta de apoyo administrativo.

El tema principal no es la comisión encomendada, eso nunca fue ni siquiera mencionado, queda claro que forma parte de las actividades y responsabilidades que tenemos como agentes de policía, ministerio público y peritos y demás personal debemos desempeñar, la inconformidad son las circunstancias, las condiciones en que ésta se da, se impone cumplirla, ya que el antecedente inmediato es segregacionista al de nosotros, hasta hace tiempo se proporcionaba la cantidad de $7.000.00 pesos por mes como ayudantía que si se suman los $230.00 que marca la norma de Oficialía Mayor te da esa cantidad para solventar los gastos de alimentación que en estos lugares se incrementa por la distancia y pocas opciones (que no es solo eso ya que el estar fuera implica mayores gastos como son lavandería y planchado, lustre de calzado, limpieza de unidad, el costo de la comunicación con la familia es de larga distancia, etcétera), es decir no se está pidiendo nada extraordinario como un hotel 5 estrellas o casa en la playa o un lugar de lujo como condición para cumplir, nada de eso, ni se está pidiendo un peso más de lo que corresponde y marca la noma que la regula, de haber contado con una casa habitación rentada en Vicente Guerrero BCS, en condiciones aceptables y habitable, ahí estaríamos, que si bien es cierto la perdieron a causa del desorden y desaseo administrativo que tiene ese  departamento, que amerita una revisión de sus gastos y cuentas mediante auditoría a fondo por un órgano externo e imparcial, tan es así, que es del conocimiento público que en los meses de septiembre de 2012 a mediados de enero 2013 a causa de su ineficacia se paró la actividad operativa de las unidades a nivel estado por falta de dinero para mantenimiento y comprar combustible, fue hasta que los medios de comunicación los exhibieron, cuando el gobernador autorizó una partida adicional para combustible, ni para agua de garrafón, menos para personal de limpieza, ni hablar para comprar sopas de vaso para los detenidos.

Si la intención fuera únicamente la de enviarnos a cumplir con el compromiso que contrajeron previamente con la comunidad de Villa Jesús María, completamente de acuerdo, además de ser nuestra obligación, la comunidad lo necesita, pero no se puede dejar  el sostenimiento alimenticio y de habitación a los residentes del poblado, menos si fue bajo previo acuerdo entre las autoridades de los tres niveles el cumplir con el compromiso contraído de apoyar con elementos y una vez enviados exponerlos a que soliciten pescado para comer, o esperar que lo ofrezcan los pescadores, o que alguien les proporcione dónde dormir o los invite a su casa.

Sin embargo sus acciones previas, demuestran la maliciosa intención de provocar daño, de inducir a negarse a cumplir la encomienda y de ahí tener elementos para iniciar un procedimiento de sanción o de remoción, como también de incentivar la renuncia del personal, sin embargo por la misma necesidad del empleo, por ser profesionales y disciplinados, aun en condiciones adversas la estamos cumpliendo y la cumpliremos hasta que nos sea posible ya que el dinero se acaba y las condiciones de clima no son las mejores para vivir a la intemperie.

Por lo anterior no se deber enviar personal si no se garantizan al menos las condiciones de seguridad de las instalaciones, equipadas con celdas, los agentes de policía para su función que ambos porten armas y equipo policial suficiente, las instalaciones de la agencia del ministerio público y las de la policía ministerial estén debidamente equipadas con sistemas de cómputo en funcionamiento,  de radiocomunicación ya sea Matra o Motorola, teléfono fijo o satelital, con internet, que los equipos de cómputo estén enlazados al sistema de justicia Net., a fin de revisar antecedentes de casos, verificar antecedentes, verificar placas y series de vehículos, órdenes de aprehensión, equipo de oficina y sus accesorios de papelería, con una persona de intendencia, lo anterior no es posible por carecer de todo, en esas condiciones como se puede exigir a los agentes el que desarrollen tareas de investigación si no hay con qué.

Si las condiciones son así, atribuibles a Oficialía Mayor, y no a su área administrativa  como refiere en su declaración en un medio informativo donde niega tener conocimiento de esto, lo que es una vil mentira, en el documento de cambio se precisa previo acuerdo con la Subprocuradora y en el mismo es la primera en ser enterada, en cuanto hace a ello su mismo contador nos dijo de viva voz y con testigos que fue mediante reunión entre ellos y previo acuerdo, por orden de la misma, que se tomó la decisión de enviarnos en estas condiciones, la incito a ella, a los comandantes y al administrativo a que vengan en esas mismas condiciones de 2 mil pesos para alimentación y hospedaje, sin posibilidad de cruzar a Guerrero Negro, al cajero, banco o telégrafos para retirar dinero, enviar dinero a la familia, a buscar precios de alimentos, la única opción es San Quintín a 6 horas de distancia y previa autorización, como nos ordenaron y limitaron a nosotros, por eso reitero la invitación a que cohabitemos en un mismo espacio, con su guía y ejemplo trabajamos juntos un mes más, ya que sí se puede justificar su estancia de un mes solucionando todo a lo que se comprometieron con la comunidad, a enmendar lo antes expuesto y que tanto necesita está agencia del Ministerio Público, como esta abandonada y lejana comunidad de Villa Jesús María, BC.

Un sincero agradecimiento a todas las personas que se solidarizaron con nosotros, a los agentes que inéditamente se unieron a favor, a mis amigos maestros de la secretaría de seguridad pública, a los del instituto de capacitación, a los de México que organizaron una colecta para apoyar, a los despachos de abogados que ofrecieron su ayuda, al delegado de Villa Jesús María, al comisariado ejidal del poblado José María Morelos José Ángel Sánchez Machuca, al comandante de policía municipal de Villa Jesús María, al comandante Leaspy, que, ya nos enteramos defendió la causa ante el Contador, al Director de la escuela del poblado, al propietario de tortillería Angélica, al Hotel la Espinita, a Restaurante Armida, a la periodista Elizabeth de ensenada.net, a Ricardo de Zeta y tantas personas que nos brindaron su invaluable ayuda, y a los que no se atrevieron lo entendemos, esto no tiene precio y eternamente agradecidos, una disculpa para quien haya olvidado.

Gracias.

(SEMANARIO ZETA/Ricardo Meza Godoy marzo 25, 2013)