MÁS FEMINICIDIOS EN BAJA CALIFORNIA

Grupos civiles denuncian falta de atención de autoridades

“Los asesinos de las que mataron en el 93, o los responsables de su desaparición, continúan libres, como continúan también los de hace 10 o 5 años”, expresa a ZETA la señora Norma Ledesma, madre de Paloma, de 16 años, desaparecida y encontrada asesinada el 29 de marzo de 2002 en Ciudad Juárez. Los homicidios contra mujeres son cada vez más violentos desde la frontera norte a sur, y continúan en todo el país

Sergio Haro Cordero/ Enrique Mendoza

La mañana del domingo 10 de marzo, un residente del Poniente de Mexicali cruzaba por un desolado paraje situado tras la colonia Las Reinas. De repente, en el trayecto atisbó un macabro espectáculo: Un cuerpo femenino calcinado, boca arriba, tirado a medio camino.

Inicialmente se especuló la posibilidad de que pudiera tratarse de una joven de 19 años, reportada desaparecida desde el día anterior y, de acuerdo a notas periodísticas, hasta fue identificada por sus familiares por una cicatriz y un tatuaje. Pero al día siguiente trascendió que esa joven no estaba desaparecida, sino detenida en los separos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.

Apenas tres días antes fue localizado en Pueblo Nuevo un cuerpo completamente calcinado, en unos locales baldíos aledaños a la Iglesia San Antonio Padua, en una zona muy transitada, por Avenida Michoacán.

Por las quemaduras en casi la totalidad del cuerpo, en el Servicio Médico Forense no han podido determinar el sexo del cuerpo calcinado, mucho menos identificarlo.

El otro cadáver, el de la joven encontrada en la Zona Poniente de Mexicali, tenía 17 huellas de herida punzocortante en la parte posterior del cuello, murió por un golpe que le destrozó internamente el cerebro, fue sodomizada y finalmente, incinerada casi en su totalidad.

Era una joven de apenas 24 años de edad. Según datos extraoficiales, había reingresado a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Benemérita Universidad Autónoma de Baja California (UABC) a inicios de este año. Anteriormente estuvo registrada como estudiante de Idiomas en la misma Casa de Estudios.

De acuerdo al titular del SEMEFO, Francisco Acuña Campa, en el primer caso siguen trabajando, pues estaba completamente calcinado.

“Presenta segmentos óseos donde prácticamente está todo incinerado, las costillas las tocas y se hacen polvo”, explicó el especialista.

Tan quemado está el cuerpo, que ni siquiera han podido determinar con exactitud el sexo de la víctima: “Está deformado totalmente, con pérdida de órganos”, comentó el doctor Acuña, para agregar que técnicamente sí se pueden hacer análisis de ADN.

El otro cuerpo, del sexo femenino con quemaduras de cuarto grado y de primero y segundo grado en el cien por ciento de la superficie corporal, tenía una herida contusa de centímetro y medio en pleno cráneo: “A nivel de masa encefálica hay hemorragia generalizada, no hubo fractura, pero fue a nivel cerebral que se presentó la hemorragia.

Aparte, la joven presentaba alrededor de 17 heridas por instrumento punzocortante en la parte posterior del cuello, “lesiones de inhalación de humo a nivel de tráquea, lo que significa que la arrojaron al fuego estando viva”, dijo el titular del FORENSE.

La víctima también mostraba evidencias de haber sido violada, sodomizada. Técnicamente la causa de la muerte fue traumatismo cráneo encefálico.

En opinión de Acuña Campa, la saña con que cometieron el crimen no se había detectado en asesinatos recientes, y considera que el hecho de que quemen los cuerpos, tiene que ver con la posibilidad de que las víctimas puedan ser identificadas.

“Cuando son violadores típicos, la violación la utilizan como un medio de violencia, tanto física como verbal, no tanto orgásmica, no tanto el deseo de tener relaciones sexuales, sino que se sienten bien cuando la víctima (en defensa)  les pega, los rasguña, les grita”, afirma Acuña Campa.

Por su parte, Lourdes Sánchez, del grupo Mujeres por un Mundo Mejor, A.C., expuso: “Estamos hablando de las características típicas del feminicidio”, y alude la caracterización de feminicidio por la Corte Internacional, que incluye -por citar alguna- que entre la víctima y el agresor, haya existido una relación de noviazgo o convivencia.

Resalta la saña con que se cometen esos delitos, relacionada con algo más que el homicidio, ya que están lastimando las partes más íntimas y representativas del sexo femenino.

Sánchez cuestiona la escasa investigación en este tipo de homicidios, donde varios factores como antecedentes pasan desapercibidos: “No se sabe si se llegó a un proceso de odio, de coraje, de represalias”, refiere la especialista.

Menciona casos que se presentaron en Ensenada, donde dos o tres mujeres fueron asesinadas recientemente y tenían el tiro de gracia, con lo que las autoridades daban por hecho de que se trataba de jóvenes vinculadas al crimen organizado: “Es muy fácil desviar la atención hacia eso, por no investigar. Tienen la visión de que si a la mujer la matan, casi se lo merece”.

Mujeres por un Mundo Mejor, A. C., es parte de una coalición donde participan cerca de 17 grupos que empujan la vigencia de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada por el Congreso local desde abril de 2008. A nivel federal, este tipo de legislación se implementó desde 2007.

Lourdes cuestiona que, a pesar de tratarse de una Ley aprobada desde hace cinco años, el Sistema Estatal para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres -conformado por 17 dependencias y encabezado por la Secretaria General de Gobierno-, se ha reunido en contadas ocasiones. Dice que con el actual secretario general de Gobierno han tenido una sola reunión.

En ese organismo se definen acciones, obligaciones y campañas para erradicar la violencia contra las mujeres, aunque en la práctica poco ha funcionado y ni siquiera se ha reunido.

Para la activista, es sumamente importante la labor de la asociación, ya que actualmente ni siquiera hay datos y estadísticas concretas sobre agresiones y asesinatos de mujeres, “solo sabemos que la violencia intrafamiliar es la segunda causa de llamadas al C4, al número de Emergencia…”.

Lamentablemente, los feminicidios ocurren en todo el país, donde el común denominador es la impunidad.

EN LA IMPUNIDAD

Acuchillada, ahogada, ahorcada, apedreada, arrojada al vacío, asfixiada, arrollada, baleada, calcinada, decapitada, degollada, descuartizada, envenenada, estrangulada y golpeada, son algunas de las categorías de clasificación de feminicidios reportados por diversas organizaciones civiles en el país.

Para los gobiernos estatales, las categorías se dividen en dos: Homicidios dolosos y culposos, a su vez, clasificados en “Por Arma de Fuego”, “Por Arma Blanca”, “Sin Datos” y “Otros”.

Ante la impunidad e incapacidad de procuradurías estatales y federal de resolver los casos de desaparición de mujeres y feminicidios en el país, constantemente surgen Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para hacer lo que no garantiza el Estado mexicano: Investigar.

En Ciudad Juárez, una de las ciudades que más ha padecido tanto desapariciones como feminicidios, las mujeres han emprendido desde hace muchos años el azaroso e interminable camino de buscar justicia: Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez, Consejo de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos, Justicia para Nuestras Hijas, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, son solo algunas. Por lo menos 43 ONGs han sido fundadas por las propias madres o familiares que han sufrido la desaparición o feminicidio en el país.

Como la señora Norma Ledesma, que fundó Justicia para Nuestras Hijas, luego del lamentable caso de su hija: El 3 de marzo de 2002 reportó como desaparecida a Paloma Angélica Escobar Ledesma, de 16 años, quien trabajaba en la maquiladora Aerotec.

El 29 de marzo del mismo año, 27 días después, fue encontrada una osamenta que finalmente las pruebas periciales determinaron que correspondían a Paloma Angélica. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua no ha podido resolver el caso.

La impunidad en el caso de Paloma y en las investigaciones, como en muchos otros, llevó a la señora Ledesma a fundar Justicia para Nuestras Hijas. Actualmente lucha no solo para que se haga justicia en su caso, sino en general, al de las féminas desaparecidas y asesinadas en Chihuahua.

El caso de Paloma Angélica cumple 11 años de impunidad y de injusticia, aunque el problema en Ciudad Juárez data de por lo menos 20 años, cuando en 1993 empezaron a documentarse los primeros casos de feminicidios en el país:

“En veinte años, el Estado de Chihuahua ha sido caracterizado y conocido a nivel internacional por este fenómeno de mujeres desaparecidas, y posteriormente son encontradas, algunas, asesinadas; otras jamás se han encontrado”, asegura a ZETA la señora Norma Ledesma.

“Han sido once años ininterrumpidos de lucha, conozco la historia desde el 93, a mí me tocó vivir esta situación en 2002 y a la fecha nadie hace justicia para nuestras hijas. Yo le puedo decir que han sido veinte años de impunidad, veinte años de injusticia, que Chihuahua sigue caracterizándose por lo mismo que pasó en el 93, sigue pasando.

“Los asesinos de las que mataron en el 93, o los responsables de su desaparición, continúan libres, como continúan también los de hace diez o cinco años, por lo tanto, el Estado mexicano, el Estado de Chihuahua, han sido incapaces de resolver, no solamente de comparecer ante un tribunal, a los responsables de quienes desaparecen o asesinan a nuestras hijas; sino también de crear políticas suficientes y eficientes como para que esto no continúe, mucho menos erradicarlo”.

A pesar de la espectacular retórica del gobernador César Duarte, la señora Ledesma expresa con mucha tristeza a este Semanario:

“En el Estado de Chihuahua la justicia es una utopía, no hay justicia, se lo digo desde la propia experiencia como madre, y como coordinadora y representante de casos de mujeres desaparecidas y asesinadas”.

Justicia para Nuestras Hijas ha documentado por lo menos 2 mil 032 feminicidios entre 1993 y 2012; de hecho, los últimos años han aumentado drásticamente de 29 sucedidos en 1993, a 446 en 2010; 364 en 2011 y 256 en 2012.

A nivel nacional, de acuerdo con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, entre 2007 y 2011 ocurrieron 4 mil 419 feminicidios en México.

Incluso, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene documentados 12 mil 636 feminicidios en el país, sucedidos entre 2000 y 2009.

Ni la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delito por Razones de Género del gobierno estatal, creada el 23 de febrero de 2012, ni la Fiscalía Especial para la

Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, creada el 30 de enero de 2004 y dependiente de la Procuraduría General de la República, han ofrecido resultados.

“La justicia para nuestras hijas, para sus familias, está aún muy lejana de verse”, lamenta la señora Norma Ledesma.

LOS CRÍMENES DE GÉNERO EN EL SEXENIO PEÑISTA

Una caravana de mujeres desfilaba en el Distrito Federal con la mirada perdida y rostros lúgubres. Portaban pancartas con imágenes de mujeres jóvenes: “Sr. Presidente, Primera Dama, ¡exigimos justicia!”. Era el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, pero no tenían nada qué festejar.

Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas informó ese día que en 2013, en dos meses, habían desaparecido 32 muchachas nada más en Chihuahua.

En otros estados como Nuevo León, también han sucedido feminicidios: 21 (20 mujeres y dos niñas) casos documentados – explicó a ZETA Irma Alma Ochoa Treviño, directora de Arthemisas por la Equidad, A.C.- del 1 de enero al 20 de marzo de 2013; en 2012 se documentaron 148 asesinatos contra de mujeres en aquella entidad.

La organización civil Justicia para Nuestras Hijas expresó que entre el 1 de enero al 9 de marzo de 2013, había documentado 24 feminicidios en Chihuahua.

La impunidad en los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas con saña en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es igual que administraciones anteriores:

“Cuando estuvo el anterior (Presidente Felipe Calderón), independientemente del partido al que haya pertenecido, tuvimos un acercamiento, fuimos atendidas, y de alguna manera dio muestras de querer hacerlo, pero no lo hizo, porque sus funcionarios tampoco lo hicieron”, refirió a este Semanario la señora Norma Ledesma.

“El actual Presidente (Peña Nieto), en mi opinión me parece que es apático a esta situación de mujeres desaparecidas y asesinadas. Es tan apático e insensible que no está el tema en su agenda de erradicar los feminicidios y desapariciones de mujeres, porque tendría que llevar ante el tribunal a los autores de quienes las asesinan y las desaparecen, y en este caso, son las bandas de la delincuencia organizada. El Estado mexicano ha sido incapaz de enfrentarlas y de comparecer a estos delincuentes ante un tribunal; entonces, su postura ha sido apática, ni siquiera la ha dado, como que ni siquiera tiene el conocimiento, mucho menos el interés”, lamentó.

Luego de los primeros 100 días de luna de miel del gobierno de Enrique Peña Nieto, la señora Norma Ledesma exige se incluya el tema de desaparición de mujeres y feminicidios en la agenda:

“Parte del proyecto de trabajo de Justicia para Nuestras Hijas, es colocar el tema en la agenda del Ejecutivo Federal para que voltee a ver de una u otra manera; ya vimos que no está en su agenda, entonces hay que tratar de forzarlo a que la tome.

“Se acaba de crear una Comisión de Feminicidios, entonces podemos empezar por ahí y volver, cada sexenio es lo mismo: volvemos a empezar, y nada más lo que llevamos de nuevo, es más cifras, porque ningún sexenio ha sido capaz, ningún Presidente ha sido capaz de apoyar lo suficiente”.

Después de 20 años de desapariciones y feminicidios, se acaba el tiempo de arengas para los presidentes y gobernadores:

“Cuando salen en los discursos, el gobernador que sea, con el Presidente de la República, dicen que hay una colaboración mutua de trabajo porque la Federación, el Estado y el Municipio trabajan en conjunto; eso no es cierto, se tienen un coraje entre unos con otros, que nada más se la pasan diciendo ‘esto te toca a ti’”.

Desconsolada, Ledesma lapidó: “No hay un interés del Gobierno Federal de resolver esta situación de feminicidios y la desaparición de mujeres”.

Concluyó con un mensaje para Enrique Peña Nieto: “Las familias de Justicia para Nuestras Hijas no olvidamos, por lo tanto, que no pretendan construir la justicia sepultando el pasado. Un pueblo sin justicia es un pueblo sin paz; Chihuahua no tiene paz porque los asesinos siguen libres, porque nos arrebataron a una hija.

“El Presidente tiene hija, no sé qué tanto las quiera, él de lo que sí está seguro es que sus hijas no van a pasar esto. Que antes y después de ser Presidente es papá, y esta situación de impunidad nos vuelve locas, tortura a las familias, debilita; por lo tanto, si el Presidente de República tuviera poquita voluntad, voltearía a ver a Chihuahua, y con un deseo suyo puede hacer muchas cosas, cuanto más con una orden”.

PROCURADURÍA NIEGA FEMINICIDIOS

Con nueve homicidios de mujeres registrados en Tijuana en lo que va del año, cuatro de ellos en los últimos días, se despierta un temor generalizado en la población de que pudiera tratarse de una oleada de feminicidios. “Nada más alejado de la realidad”, afirman investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado, argumentando que cinco de esas muertes se relacionan con el narcomenudeo; los cuatro casos restantes son “temas pasionales o delitos emergentes”.

El subprocurador contra Delincuencia Organizada en el Estado, Abel Galván Gallardo, expuso que para acreditar el delito de feminicidio, de acuerdo al Código Penal, el agresor debe tener razones de género para privar de la vida a la víctima. Se deben comprobar ataques previos a la mujer, y constatar que vivía en un ambiente “de terror, zozobra, acoso y hostigamiento”. Además, se tiene que probar que al momento de cometer el homicidio, haya habido un ataque sexual.

Según la interpretación jurídica de la PGJE, en ninguno de los nueve asesinatos pueden acreditarse los requisitos legales para ser considerado como un feminicidio. Sin embargo, dos de los crímenes presentan alguna de las características señaladas, al menos con la poca información hecha pública hasta el momento.

El 16 de febrero de 2013, Jorge Armando Ricárdez Soto fue detenido en su domicilio, luego de que reportó a la Policía que al regresar a casa había encontrado muertos a su esposa e hijo de 7 años de edad. Al momento de ser interrogado, cayó en contradicciones y terminó confesando que al llegar a su hogar, luego de una noche de beber alcohol y consumir cocaína, quiso sostener relaciones sexuales con su mujer, pero al negarse ésta, la estranguló hasta causarle la muerte. Posteriormente asesinó a su hijo de la misma manera, porque había atestiguado el deceso de su madre.

Menos de un mes después, la noche del 8 de marzo, un hombre entró solo al estacionamiento de un edificio de oficinas y disparó en tres ocasiones a una mujer, momentos después se suicidó de un disparo a escasos metros de la víctima. El reporte inicial estableció que los occisos eran pareja sentimental.

El jefe de la Unidad Estatal de Atención al Delito al Narcomenudeo, José Antonio Gama Macías, explicó a ZETA que la víctima, una mujer casada, “había manifestado a algunos de los inquilinos de edificio que ya se iba a ir, que ya se quería despedir, ya traía ahí ese desajuste mental”.

Sin embargo, Gama Macías considera que el homicidio “nada tiene que ver con el aspecto sentimental de la mujer”, y concluyó que la occisa pudo haber estado “en el lugar equivocado, en el momento equivocado”.

Existen otros dos homicidios a mujeres que presuntamente se relacionan con el abuso de drogas, fueron cometidos entre familiares y conocidos. El 18 de febrero, un hombre asesinó en su hogar a su madre y a su padre, cuando éstos lo visitaban para llevarle dinero y comida. De acuerdo con el reporte policial, el individuo atacó a sus progenitores con un martillo, en un ataque de ira y bajo la influencia de drogas, cuando intentaban convencerlo de que debía rehabilitarse.

La cuarta mujer asesinada fue encontrada la mañana del lunes 18 de marzo dentro de una maleta sobre la calle Matamoros de la colonia Las Torres. El presunto homicida y sus cómplices fueron detenidos cuando intentaban deshacerse del cadáver.

En sus declaraciones iniciales, el supuesto autor material confesó que la víctima era una amiga y que el día del homicidio los dos se estaban drogando cuando la mujer tomó una engrapadora y se acercó a él, lo que en su delirio fue interpretado como una agresión, por lo que tomó un madero y la golpeó. Después tomó un cable de electricidad y la estranguló hasta que dejó de respirar.

Sobre las cinco víctimas restantes, agentes investigadores de la PGJE aseguran que se trata de mujeres relacionadas con el narcomenudeo de manera directa, o a través de sus parejas o familiares.

De acuerdo con el jefe de la Unidad Estatal de Atención al Delito al Narcomenudeo, la participación de las mujeres ha aumentado sustancialmente en los últimos años. En 2012, mil 395 hombres y 138 mujeres fueron detenidos en Tijuana por el delito de narcomenudeo, aproximadamente el 10 por ciento, cifra nunca antes registrada por la Fiscalía estatal.

Al mismo tiempo, han aumentado los asesinatos de mujeres, ya que en el transcurso de este año, 118 personas han sido asesinadas en Tijuana; nueve de ellas fueron mujeres, lo que equivale a un 7.62%.

MUJER MATA A SUS HIJAS Y SE SUICIDA

La tarde del miércoles 20 de marzo, una mujer de 45 años, residente de Playas de Rosarito, ahorcó a sus dos hijas de 7 y 9 años de edad, posteriormente se ahorcó ella misma, acabando con la vida de las tres. Los hechos sucedieron en la cochera de una casa deshabitada de la colonia Lomas de Rosarito que había sido adaptada como vivienda. En el lugar se encontró a las dos niñas inmovilizadas con cinta adhesiva, colgadas del cuello del marco de una puerta. La madre yacía muerta en el patio del inmueble.

Adolfo Santiago Azcárrega, subprocurador de Justicia Zona Rosarito, informó que en el lugar de los hechos se encontraron cartas póstumas en las que se explicaba, la mujer había decidido acabar con su vida y la de sus hijas porque no tenía trabajo ni manera de subsistir, debido a complicaciones de la diabetes que padecía, causándole la pérdida gradual de la vista.

(SEMANARIO ZETA/ Sergio Haro /Luis Alonso Pérez / marzo 25, 2013)