DEROGAR DECRETOS PRESIDENCIALES

ABCdario

Grupo Los Cabos, a la cabeza

  

Comunión de intereses perversos

Víctor Octavio García

En la última Sesión del Congreso del Estado del jueves 21 de marzo, el diputado “independiente” Alberto Treviño se salió con la suya al aprobársele el acuerdo que promovió para que la Legislatura local solicite al Presidente de la República que se derogue el Decreto emitido por el entonces Presidente Lázaro Cárdenas en 1938. No conforme con este “éxito cameral”, el ex perredista volvió a sus andadas para insistir ante el pleno del Congreso, ahora con una nueva solicitud de Acuerdo Económico para que se revise otro añejo Decreto Presidencial de 1973, que tiene que ver con la protección de la bahía de Cabo San Lucas. Con estos dos acuerdos, Treviño se perfila no como un acucioso investigador de nuestra historia legislativa, sino como un cabildero a sueldo de los intereses más nefastos que pretenden acabar con los recursos naturales del estado. No dude que en un próximo acuerdo salga en defensa de los proyectos mineros que se ciernen sobre flora, fauna, suelo y vidas de miles de sudcalifornianos. Si se ha venido cediendo a la ambición de sus ventajosos socios locales de empresa  no se ve como pueda resistirse a unos cientos de miles de dólares de estos multimillonarios intereses mineros canadienses y estadounidenses.

El Decreto Presidencial emitido en 1938 fue como salvaguarda local declarándose zona protectora federal vedada los terrenos colindantes con la entonces una muy reducida ciudad de La Paz, a efecto de que se suspendieran los desmontes que indiscriminadamente se hicieren con la explotación irracional de estos recursos y el natural crecimiento que tendría la ciudad. A 75 años de este hecho el diputado Alberto Treviño y sus paleros que se ostentan como legisladores y que le aprueban todo en el Congreso quieren meterle reversa porque aquí se esconde un jugoso negocio, porque no se trata de que el Decreto sea obsoleto porque ya pasó mucho tiempo y la ciudad de La Paz ha crecido, sino porque el polígono de protección detiene que se arrase con la flora endémica, no obstante que las autoridades correspondientes no hayan hecho nada para penalizar a los infractores en terrenos que abarcan una zona muy amplia que ahora se encuentra en los planes de desarrollistas, hoteleros e inmobiliarios, a los cuales, indudablemente sirve como mandadero y vive de esos  intereses el diputado sanluqueño del distrito dieciséis. Si Treviño logra “convencer al Presidente Peña Nieto para que derogue ambos Decretos, le redituará fuertes ganancias dado que hasta ahora ha sido un obstáculo legal para que los fuertes intereses económicos depredadores que se ciernen sobre la bahía de La Paz, logren sus aviesos objetivos, aduciendo una falsa obsolescencia del Decreto que emitió Lázaro Cárdenas en 1938. Y puede que las autoridades federales y locales que tienen que velar porque se cumpla la ley y los reglamentos en materia de desarrollos, no sean verdaderamente un obstáculo, sino que la existencia del Decreto de 1938 que sigue “vivito y coleando”, es decir, vigente, les encarece cualquier trámite de construcción y de uso de suelo, porque que afirmar que tenemos autoridades celosas y vigilantes para que no se viole  la ley y los reglamentos, sería una balandronada. Inaceptable.

Mientras el Presidente Enrique Peña Nieto y el Congreso de la Unión cierran el paso a los grandes capitales depredadores, como es el caso de la nueva Ley de Amparo que niega la suspensión a quienes detentan concesiones como las mineras, el Congreso Local  decide en sentido contrario, pues es claro que aquí la reflexión y el compromiso con el pueblo, por lo general, no se les da a los diputados locales; así, entusiasmado por  su éxito con la aprobación de este exhorto al Presidente de la República, para que se derogue el decreto de 1938, en la misma sesión del jueves 21, el diputado Alberto Treviño propuso ¡otro acuerdo económico!, ahora para que el Congreso del Estado le solicite al Presidente Peña Nieto “que instruya que se lleven a cabo los estudios necesarios  del decreto de 1973  mediante el cual se declaró a la Bahía de Cabo San Lucas, como zona de refugio submarino de flora, fauna y condiciones ecológicas de fondo  y se permita la realización de actividades de pesca de todas las especies marinas consideradas por la ley, así como el anclaje de embarcaciones dentro del polígono de dicha área de la bahía, siempre y cuando, en su dicho, no afecten su flora y fauna marina”. En la misma propuesta de Acuerdo Económico se exhorta al Gobernador del Estado que realice las gestiones necesarias ante el Presidente de la República para consolidar este propósito. Cualquier persona sabe, que los estudios de impacto ambiental y otras medidas leguleyas similares sirven para maldita la cosa, porque ni se siguen ni se supervisan. Pero no conforme con meter al Congreso en una dinámica contra natura, es decir, antiecológica, de la cual los diputados parecen no tener sentido,  con este nuevo acuerdo, Alberto Treviño, ahora pretende utilizar de “peón” de ambiciosos intereses ni más ni menos que al propio Gobernador del Estado, porque dos  iniciativas de Acuerdo Económico, prácticamente van en el mismo sentido depredador y abusivo y no pueden ser obra de la casualidad, sino de la comunión de intereses locales y transnacionales, a los cuales, el “independiente” de Treviño jala mejor que cualquier yunta. ¡Chúpense esa!

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(ABCdario/ Víctor Octavio García/  marzo 25, 2013)