LA TORTURA “VIENE DE ARRIBA”

Crecen golpes, amenazas, abuso sexual contra detenidos

Javier Valdez/Riodoce

Amenazas de muerte y de abuso sexual de familiares cercanos, ahogamiento, golpes, desnudar y hacer sentir al detenido que está en lo alto de un puente y que si no confiesa lo van a dejar caer, son algunas de las “técnicas” de tortura que usan los agentes de la Policía Ministerial del Estado para obligar a los aprehendidos a que se declaren culpables.

Los organismos defensores de los derechos humanos difieren sobre si la tortura va o no a la alza, pero coinciden que es en casos de alto impacto, cuando se trata de un personaje importante de la comunidad o de alguno de sus familiares, cuando este delito cometido por servidores públicos se dispara con el mismo o mayor escándalo que el crimen mismo que los agentes dicen investigar.

Datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) indican que 2008 fue el año con más casos de tortura en Sinaloa, al sumar 21 quejas, de las cuales se emitieron seis recomendaciones. La cifra bajó 17 quejas en el 2009 y cinco recomendaciones, 14 quejas en el 2010 y una recomendación. En el 2011 fueron solo 10 quejas y una recomendación y 13 en el 2012, con tres recomendaciones.

En total, en estos años fueron 75 las quejas interpuestas por ciudadanos en contra de las diferentes corporaciones policiacas, de las cuales se emitieron 16 recomendaciones. En lo que va de 2013 se tiene una recomendación —referente al caso de Yesenia Armenta Graciano, acusada del homicidio de Alfredo Cuen Ojeda, hermano del ex rector de la UAS y ex alcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuen, actual dirigente del Partido Sinaloense (PAS)—, y de los 13 expedientes que quedaron en el 2012, cuatro fueron concluidos y nueve están en trámite.

Juan José Ríos Estavillo, presidente de la CEDH, aseguró que de alrededor de mil quejas que en total sumaron el año pasado, solo se desprendieron tres recomendaciones, de 13 en los que consideraron que había elementos de tortura.

“No es elevada la incidencia, al contrario, ha venido bajando. Ya no es una constante en los procesos de investigación de la gran mayoría de los delitos, ahora solo en hechos muy significativos, asuntos muy particulares. Pero es grave, eso es un hecho. Es grave porque en el léxico de los derechos humanos hay hechos violatorios que son graves, tanto que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conminó a suscribir un acuerdo internacional conocido como Protocolo de Estambul”, sostuvo.

Este protocolo, agregó, representa la unificación de criterios de las áreas médica, psicológica y jurídica, y en el caso de México, solo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) puede practicarlo, como en el caso de Yesenia Armenta.

Además del caso de la viuda de Cuen, que motivó la recomendación del 25 de febrero pasado, la defensa de Juan Carlos Cristerna Fitch, único detenido en el caso de la catedrática de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Perla Lizet Vega Medina, asesinada a cuchilladas en el interior de su casa, en mayo de 2012, alegan que este fue torturado por los agentes ministeriales en sus dos capturas, como presentado y como aprehendido.

ESLABONES DE TERROR

—¿Por qué te declaraste culpable? —Le preguntó un abogado a un joven detenido.

—Ya no aguanté, licenciado.

El detenido estaba en manos de agentes de la Policía Ministerial en el municipio de Navolato. Lo tenían en una zona deshabitada. Ahora sí, le advirtieron, te vamos a quemar. Rociaron gasolina alrededor de él. Tenía los ojos vendados y varios guamazos en abdomen y espalda. Le prendieron fuego a la maleza. Él se puso histérico, pero no reconoció el delito que le imputaban.

El abogado recordó que su defendido le relató el clímax: los agentes hablaron entre ellos, reclamándole que no confesara. Entonces uno le ordenó a otro que trajera a la niña, que también a ella la iban a quemar. El detenido preguntó qué niña y le contestaron que su hija, que la traían en la cajuela, amordazada y con la cara tapada.

“No. No, por favor. Díganme dónde firmo”, fue su respuesta. Y se puso a llorar.

Eso fue hace alrededor de dos años. Y sigue preso por el delito de homicidio en el penal de Culiacán.

II

Un muchacho había sido detenido varias veces por robo. Ocho detenciones, sumaba. En esa, la octava y última, los agentes del Grupo Élite descubrieron que tenía una orden de aprehensión. Lo llevaron a la zona conocida como La Bajada del Río, en Navolato. Lo metieron a una casa abandonada, lo desnudaron, acostaron y amarraron, y le pusieron la chicharra en los genitales.

“El bato no aguantó —contó un familiar— y sí, es malandrín, andaba de vago y todo, pero para que le hagan eso, pues ya es otra cosa. Cuando le pusieron la chicharra en los huevos les pidió que mejor lo mataran”.

Este caso fue durante los primeros dos meses del año pasado. Pero la gente no quiere hablar. Saben que los policías saben, que pueden volver y que así como abusaron y los golpearon y torturaron, y no hay castigo, así, igual, pueden volver.

III

A un detenido en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, lo acusaron de secuestro. Lo golpearon cuanto quisieron, a capricho y gusto de los uniformados. Al final le mostraron fotos de su esposa e hijos. Le dieron datos de su domicilio e información personal. Y le anunciaron: “Vamos a ir por tu esposa, para violarla”.

En otros casos, los agentes amenazan con matar, levantar, quemar a los detenidos y a sus familias. Los colocan en el filo de cualquier superficie: una mesa, un escalón. Le dicen que están en lo alto de un puente o un edificio, que lo van a aventar para que parezca un accidente, si no se hace responsable de los delitos que le imputan.

Otros recursos son colocarles una bolsa en la cabeza y asfixiarlos, o bien un trapo mojado en la cara y empiezan a verter agua para que el detenido se ahogue.

COMPLICIDAD

Para Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDHS), no es casualidad que todos los detenidos en casos de alto impacto —en los que hay línea de las autoridades, desde el gobernador hasta el procurador o el jefe de la Policía, de esclarecerlos—, aleguen que fueron sometidos a tortura.

“No todos los investigadores torturan, claro. Pero sí te puedo decir que cuando esta se da hay complicidad del Ministerio Público, del defensor de oficio y de los jefes de la Policía. Siempre vas a encontrar que las confesiones van firmadas por el defensor de oficio, que por cierto nunca defiende al inculpado”, comentó.

Recientemente, agregó, los ministeriales han incurrido en prefabricación de culpables: informan que la persona a la que fueron a buscar para cumplir una orden de presentación girada por el Ministerio Público, se retiró voluntariamente y sin problema alguna a su casa, después de declarar ante el fiscal, “pero lo cierto es que los mantienen incomunicados, en casas de seguridad, y lo presentan hasta que lo torturan y confiesan”.

En lo que va del año, este organismo ciudadano lleva al menos seis casos de tortura en contra de las corporaciones de seguridad y 12 el año pasado “y esos son los que sabemos, los que nos llegan, y nadie, nadie, ninguna autoridad investigó al respecto”.

DE ARRIBA

“La tortura viene de arriba, no del policía”, afirmó un agente investigador adscrito a uno de los grupos especiales de la Policía Ministerial.

Asegura que ya no es tan escandaloso y que ahora se cuidan los golpes. Para él, la efectividad, la siembra y cosecha del terror en el detenido, está en el impacto psicológico que le causa estar desnudo ante ellos, vendado, amarrado, acostado, a merced de sus captores.

Afirmó que todos los grupos especiales encapuchan a sus detenidos. El método incluye amarrarlos con cinta adhesiva color café, mejor conocida como “cinta canela”, y después viene lo fuerte: el taladro en el cerebro que producen las referencias a la familia y otros recursos.

Le permiten que vea un poco, abriéndole parcialmente la capucha o vendas, para que vea fotos: son sus hijos, sus hermanos y hermanas, la esposa. Le anuncian que los van a matar. Pueden ahogarlos con agua, pero “lo fuerte es que los amenaces con tocarle a la esposa, los hijos, cuando les cortas el cartucho del arma al oído. Ellos entonces tiemblan. Ahí está lo cabrón”.

El agente reconoció que la viuda de Alfredo Cuen, acusada de su homicidio, fue desnudada, aunque él no participó en ese caso. Para los organismos de derechos humanos, de acuerdo incluso con criterios marcados a nivel internacional, el hecho de que las desnuden implica, aunque no haya contacto físico alguno, una agresión sexual. Y con eso basta para ser considerado como tortura.

“También llaman por teléfono y les ponen a alguien del otro lado de la línea que coincida con la voz del hijo o la hija, de la esposa. Obviamente esto está bien preparado, se conoce previamente edades, otros datos, para que parezca real”.

Para él, los detenidos hablan en caliente con estos métodos. Pero uno de los que más efectividad tiene es hacerlos sentir que están en lo alto de un puente y que los van a dejar caer. “Va a parecer un accidente, les decimos. Y eso hace que en caliente hablen”.

 TORTURA E INOCENCIA

Ríos Estavillo manifestó que una cosa es el proceso penal que siguen jueces, con la participación de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la defensa del inculpado, para determinar si es o no inocente, y otra es si se incurrió o no en tortura.

Dijo que el juez penal que lleva el caso de Yesenia Armenta no ha considerado la recomendación que por tortura giró la CEDH a la PGJE y que no fue aceptada por esta. Pero sí el Juzgado Tercero de Distrito, que pidió información al organismo sobre esta recomendación, ya que aparentemente la defensa está promoviendo un amparo.

“La autoridad en materia de si hay o no tortura, que es nuestra comisión, ya dijo que sí hubo tortura. Y si el juez valora esto es su decisión para el proceso. Pero desde mi punto de vista, la reforma constitucional del artículo primero, del año 2011, lo obliga”, señaló.

La reforma indica que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Respecto a la respuesta de la Procuraduría local, el ombudsman afirmó que la función de la CEDH es conminarlo a que acepten la recomendación emitida en este caso, pero independientemente de esto, “si acepta no es patente de corso para decir que con esto el detenido o detenida sale de prisión”.

Aseguró que las autoridades no deben preocuparse por la imagen que tienen ante la ciudadanía, sino por las personas y sus derechos, “y eso es lo que todos debemos preservar, porque víctimas y detenidos tienen los mismos derechos, están en igualdad de circunstancias”.

Lamentó que los agentes ministeriales usen la orden de localización y presentación, emitida por el Ministerio Público, como orden de aprehensión, lo que es violatorio de los derechos humanos.

“Lamentablemente esto se está usando en Sinaloa, se ha venido utilizando así, y no lo contempla la ley”, sostuvo. Informó que el quejoso o agraviado tiene de plazo hasta el 27 de marzo próximo para inconformarse ante la CNDH por la respuesta asumida por la Procuraduría local en el caso de la tortura practicada en contra de Yesenia Armenta.

Dijo que si una autoridad no acepta una recomendación y esto no se impugna, la Comisión Estatal puede remitir el caso al Congreso del Estado para que tome el expediente, tal como lo señala el artículo 102, apartado 6, de la Constitución federal.

2008 el año con más recomendaciones: 6

Total de recomendaciones 2008-2013: 16

Total de quejas 2008-2013: 75

Fuente: CEDH.

(RIODOCE.COM.MX/ Javier Valdez/ marzo 24, 2013)