Ocupa Sinaloa el sexto lugar en desapariciones
forzadas
Judith Valenzuela/Riodoce
Durante todo el
2011, al menos una persona desapareció cada día en Sinaloa. Los últimos seis
años se registraron mil 300 desaparecidos en la entidad, de acuerdo con
estadísticas del Sistema de Registro Nacional de Personas Extraviadas y
Desaparecidas (Sirenped) de la Secretaría de Gobernación federal.
De 2006 a 2009 se
denunciaron alrededor de 550 desapariciones forzadas, en 2010 se documentaron
300 y en 2011 la cifra casi alcanzó las 400.
Con estos números,
el estado se ubica en el sexto lugar a nivel nacional con más habitantes
desaparecidos, luego del Distrito Federal, Estado de México, Tamaulipas,
Jalisco y Guanajuato. La cantidad se dispara si tomamos en cuenta que existen
personas levantadas de las que no se sabe su paradero y que no se reportan ante
las autoridades. Al menos existen 50 casos así —señala Leonel Aguirre Meza,
presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa
(CDDHS). ¿El motivo? Los familiares de las víctimas asimilan que están desaparecidos
porque “andaban mal”, por eso no denuncian y la autoridad encantada porque
significa menos chamba para ellos.
En Sinaloa, las
denuncias por desapariciones forzadas involucran a particulares con complicidad
o encubrimiento de las corporaciones policiacas estatales. Y la percepción
ciudadana de la colaboración entre las fuerzas de seguridad estatales y los
cárteles crece, cuando en lugar de verse avances en la materia, las
investigaciones se estancan. Y se buscan pretextos para no actuar.
Estos grupos actúan
con tanta facilidad, dice Aguirre Meza, que pareciera que tienen la venia o
colaboración del Estado. La mayoría de los casos son acciones de venganza de un
cártel contra otro, aunque en algunos casos negocian entre ellos la entrega de
rehenes.
—Las autoridades han
negado su participación en las desapariciones forzadas, pero en cambio, aceptan
que hay operativos con patrullas clonadas…
—Hemos conocido
operativos de cárteles en los que las supuestas patrullas cubren calles
enteras, en los que participan hasta 50 personas con uniformes clonados, y en
donde permanecen durante largo tiempo en un lugar y se han llevado a personas
que después no aparecen. La autoridad tiene el tiempo suficiente para montar un
operativo y actuar, pero no lo hace.
Entrevistado por
Ríodoce, Leonel Aguirre argumenta que hasta ahora no han sido las autoridades
estatales, sino las organizaciones civiles, quienes están atendiendo el
problema de las desapariciones forzadas en el Estado.
El defensor de los
Derechos Humanos explica que en el Código Penal Federal la privación ilegal de
la libertad es ejecutada por civiles, mientras que la desaparición forzada es
cometida por las autoridades. Uno de los problemas, añade, es que la Agencia
Especializada en Desapariciones Forzadas le da un sesgo de secuestro o
privación ilegal de la libertad. Por eso cuando una persona denuncia la
desaparición de un familiar, le dicen que tiene que regresar hasta el tercer
día para poder determinar en qué modalidad encuadra, lo que implica perder
mucho tiempo”.
Sin embargo, el
entrevistado indica que “los lineamientos de tratados internacionales y de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos obliga a las autoridades a tratar
estos casos, puesto que para ellos, la desaparición forzada de una persona se
reconoce por la privación de la libertad, seguida del desconocimiento de su
paradero, que puede ser cometida por agentes del Estado o por particulares que
actúan con consentimiento de agentes del Estado”.
La base de datos de
Gobernación arroja que de las personas desaparecidas en Sinaloa, 252 son
mujeres y mil 40 hombres, quienes representan el 4.98 por ciento del total de
desaparecidos en todo México.
En las estadísticas
se observa que Culiacán es el municipio que registró el mayor número de
desaparecidos con 607, cifra que representa el 46.65 por ciento de toda la
entidad, seguido de Mazatlán con 297, Ahome con 66, Navolato con 44, Guasave
con 39, Salvador Alvarado con 37, Escuinapa con 35, Elota con 30, Angostura con
27 y el municipio de Sinaloa con 21.
En San Ignacio
desaparecieron 19 personas, en Mocorito 17, en Rosario 15, en Concordia 12, en
Cosalá nueve, en El Fuerte ocho, en Badiraguato y Choix cuatro en cada
localidad, y de los diez restantes no se especificó el municipio donde se dio
la desaparición.
La lista —que
contiene 26 mil 121 registros de desaparecidos entre 2006 y 2012—, especifica
que en mil 252 de los casos de Sinaloa se inició una averiguación previa, en 15
se levantó un acta circunstancial y en 34 no se especificó el tipo de denuncia.
El pasado cinco de
marzo, el gobernador Mario López Valdez dijo textualmente: “Se que hay una
lista de desaparecidos, que hay madres afligidas y familias sin algunos de sus
miembros” y agregó que su gobierno está trabajando para encontrarlos. Pero no
se ha pasado de la declaración a la acción.
“Esto, dijo Leonel
Aguirre, demuestra la poca preocupación que tiene la autoridad en materia de
enfrentar este fenómeno”.
POR ETAPAS
La CDDHS ha dado
seguimiento a los desaparecidos de Sinaloa desde hace 40 años. Los ha
catalogado en tres etapas. De acuerdo con estadísticas del organismo, la
primera y segunda clasificación es en la década de los setenta, cuando se
registraron 42 desaparecidos por la represión política y durante la llamada
Operación Cóndor, “cuando se cometieron tantas atrocidades que no se tiene una
estadística real de las personas desaparecidas debido a tantos excesos, aunque
se documentaron alrededor de 70, generalmente gente de la sierra, informa el
activista.
La tercera etapa es
la actual, cuando se declara la guerra al narcotráfico, en la cual se han
documentado mil 300 desaparecidos, en la modalidad de que aquí son particulares
y no las organizaciones del Estado, quienes cometen la desaparición forzada.
Aguirre Meza dijo
que permanece en el congelador del Congreso del Estado una iniciativa de ley
enviada por la CDDHS desde diciembre de 2011, a fin de proteger a las víctimas
e inhibir este delito. La propuesta incluye sanciones que van hasta los diez
años de cárcel a la autoridad que proteja o interrumpa los procesos de
investigación de las desapariciones forzadas.
NO ESTÁN TODOS LOS QUE SON
Un reciente informe
de Human Rights Watch (HRW) titulado Los desaparecidos de México, documenta
“249 desapariciones desde 2006, de las cuales 149 habrían contado con la
intervención de las fuerzas de seguridad. Detalla la participación en 20 casos
de agentes de la Marina, en 13 de la Policía Federal y en 95, de los agentes
locales. En el caso de la Marina, el documento acredita que hay un patrón que
se repite en todas las intervenciones, un modus operandi que deja entrever que
las autoridades superiores estaban al tanto de la situación”.
“El estudio, que,
además de las desapariciones forzadas, denuncia el maltrato a las familias de
los desaparecidos y el escaso o nulo interés de las autoridades locales y
federales por resolver los casos, pone en el punto de mira a la anterior
administración, pero reta al nuevo Gobierno de Enrique Peña Nieto a meterse en
un pozo que esconde miles de nombres”.
Sin embargo, la
organización internacional informa que la lista de desaparecidos de la
Secretaría de Gobernación dejó fuera al menos a 86 presuntas víctimas de
autoridades, entre las que están 57 personas presuntamente raptadas por agentes
municipales y ministeriales, 14 presuntas víctimas del Ejército, ocho de la
Marina y cinco de la Policía Federal.
HRW destaca que en
la lista de Gobernación tampoco pueden hallarse 45 casos más de víctimas de
desaparición forzada o involuntaria de algunos activistas, profesionistas o
periodistas y otros 27 casos documentados en los que no se presume la
participación de las fuerzas de seguridad.
LA RESPUESTA FEDERAL
Por su parte el
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia
Villanueva, dijo que en los últimos años la Comisión ha constatado 30 casos de
desapariciones forzadas con intervención de las fuerzas de seguridad y opina
que cada una de estas debe resolverse de manera independiente. “Parece que
existe la responsabilidad directa de algunos servidores públicos, pero no me
atrevería a hacer señalamientos más generales”.
Sergio Aguayo,
profesor del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México,
declaró que “estamos ante un gravísimo caso de violación de los derechos
humanos. Creo que hay elementos para abrir una investigación judicial sobre
Calderón y sus altos funcionarios”, añade.
La respuesta oficial
vino del titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo
Karam y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, quienes se
comprometieron a buscar a los desaparecidos a través de la creación de una
comisión especial para la búsqueda de personas desaparecidas, en la que
participarán varias instituciones.
En términos del
artículo 3, fracciones III y IV, del mismo ordenamiento, se entiende por
persona desaparecida aquella “que, con base en información fidedigna de
familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por
desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar
relacionado con un conflicto armado internacional o no internacional, una
situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural
o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad
pública competente”.
Durante el mandato
del presidente Felipe Calderón, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre
de 2012, el mandatario lanzó una estrategia frontal contra el crimen
organizado, cuyo balance es de unos 70 mil muertos y alrededor de 27 mil
desaparecidos, según datos del nuevo gobierno.
LA BÚSQUEDA INÚTIL
Fosas clandestinas. Crímenes bajo tierra.
De la autoridad, sordera,
negligencia, complicidad.
Judith Valenzuela/Riodoce
Sandra camina por
las estrechas veredas enmontadas buscando un indicio. La acompañan doce agentes
ministeriales que peinan la zona. Entre los matorrales de huizaches, remueve la
tierra tapizada de hojas secas que forman una interminable alfombra ruidosa. Al
pie de ese cerro, entre los mezquites, le indicaron que podía encontrarlo.
¿Quiere saber dónde está su hijo? —le dijo por teléfono la voz de un hombre
joven. Vaya por la salida a Mazatlán, frente a Las Coloradas, ai a la derecha,
al pie del cerro está su hijo, está muerto. No, él está vivo —le respondió
Sandra. Y el hombre colgó.
Aunque se niega a
aceptar la afirmación de la llamada anónima, está ahí, en un recorrido que
inició poco después de las siete de la mañana. La comitiva policiaca se esparce
en un radio de doscientos metros y buscan señales entre los terrones calientes
y agrietados: alguna pequeña hondura de tierra suelta que advierta una fosa
clandestina, un zapato, prendas de vestir, casquillos. Pero nada encuentran.
Dos horas ya. El sol empieza a quemar. Los uniformados se desesperan: “A ver
señora, qué le dijeron exactamente”, y ella repite que enfrente de Las
Coloradas, entre el canal y el vivero de los militares.
—Eso abarca un tramo
muy grande señora… ¿Alguna otra seña que le hayan dado?
—Pues no, nada más
me dijeron eso y colgaron.
Sandra busca a su
hijo Édgar, desaparecido hace poco más de un año. Desde entonces se ha
convertido en una piedra en el zapato del procurador Marco Antonio Higuera.
Muchos policías, secretarias y agentes del Ministerio Público la conocen por su
ir y venir en audiencias, en plantones, portando pancartas, publicando cartas
en los periódicos, pidiendo justicia… Es una voz gritando en despoblado, porque
las autoridades no ven ni escuchan.
Édgar, de 24 años de
edad, trabajó en la oficina del procurador hasta su desaparición, el 12 de febrero
del año pasado. Al filo de las nueve de la noche balearon su casa en la colonia
Progreso. Y desde entonces no lo encuentran. Los periódicos dedicaron al hecho
una breve nota. Al otro día sus hermanos se fueron de la ciudad por miedo.
Minutos antes había
estado en casa de sus padres en un convivio familiar. Cuenta Sandra: “Yo lo
noté intranquilo, desesperado, estuvo con su bebé, abrazándolo, no quiso cenar,
no mamá, me dijo, me voy a la casa, mejor acomódeme cena para tres. Y le
empaqué ceviche y mojarras que había hecho. Pero le hablaron por teléfono y
pasaron por él en una camioneta, ni siquiera se llevó la comida… Yo
inmediatamente le marqué y ya no me contestó el teléfono. Como a la media hora
hablaron para decirnos que habían baleado su casa. Fue una sorpresa tan grande,
algo tan tremendo lo que sentí… Mi esposo y mis otros hijos se fueron para allá
pero los policías ministeriales tenían la casa cerrada y acordonada. Uno de mis
hijos quiso entrar porque pensaba que lo habían matado ahí adentro.
—No entres, le
ordenaron los policías, la casa está sola, se lo llevaron…
Marqué mucho a su
celular, investigué los números que tenía registrados en su teléfono y llamé,
uno por uno. Había uno que constantemente aparecía. Ahí llamé y le rogué a la
persona al otro lado de la línea: por favor, tu sabes dónde está mi hijo, dime
te lo suplico, yo no voy a hacer nada ni decir nada, mándame un mensaje si quieres,
pero dime donde está”.
—Ni me conoces ni te
conozco —le dijeron y colgaron. Desde entonces ya nadie contestó.
A Sandra le asaltan
las dudas: “Mi hijo anduvo en la campaña de Malova y entró a trabajar a la
Procuraduría, pero a pesar de ser empleado administrativo cercano al
procurador, el señor niega haberlo conocido. Cuando mi esposo y yo fuimos a
hablar con él, un día después de que se lo llevaron, lo que dijo fue que no lo
conocía, que con tanto empleado que hay ahí, y también me dijo que mi problema
no era igual que el de las otras madres con hijos desaparecidos.
¿Sabía usted que su
hijo andaba cambiando dólares en cantidades grandes? —me preguntó.
Yo le respondí que
no ¿Pero qué me quiere decir? ¿Que mi hijo es un delincuente? ¿Que por eso se
lo llevaron? ¿Que por eso no van a investigar lo que le pasó? Pues no sé,
quizás hizo algo mal, pero quiero decirle que así sea el peor delincuente del
mundo tengo todo el derecho de buscarlo, quizás se equivocó, hizo algo
indebido, pero si así fuera, debió de haber pagado de otra manera, para eso
están las leyes, pero así no. Y todavía no lo entiendo, murmura, lo que me he
dado cuenta es que mafia y Gobierno van de la mano”.
Sandra ha escrito
cartas en los periódicos rogando compasión a quienes se llevaron a Édgar. Si mi
hijo cometió un error, dice, les pido perdón en su nombre, pero díganme por
favor dónde está. Y ando con ese dolor de no saber, muriéndome de angustia, si
me lo mataron díganme dónde está.
PUERTAS CERRADAS
Hace un mes, Sandra
y familiares de otros tres jóvenes desaparecidos se plantaron frente al Palacio
de Gobierno. Pidieron audiencia con el gobernador. Bajó el secretario del
director de Gobierno, quien trató de persuadir.
—¿Para qué quieren
hablar con Malova? ¿Ya tienen algo concreto?
—Lo que queremos es
pedirle que nos ayude a investigar donde están nuestros hijos —le dijeron.
—¿Pero ustedes ya
leyeron el expediente?
—Leer el expediente
no nos sirve de nada, lo que queremos son respuestas —le contestaron.
“Fue un viernes y
nos dijo que para el miércoles nos acompañaría a hablar con el procurador y
después nos pasaría con el gobernador. Nada ha pasado. Son puros pretextos. No
le dan la importancia a los desaparecidos. No hacen nada, no investigan.
“Luego supimos que
venía el presidente Peña Nieto y nos fuimos al Campo Patricia. Iba con otros
familiares de muchachos desaparecidos. Llevábamos cartulinas y una manta que
nos quitaron en la entrada. Alcanzamos a darle un escrito al presidente, en
donde le digo que aquí en Sinaloa le dan más importancia a proyectos de obras,
que a las desapariciones.
“Ahí me topé con
Malova, quien iba junto al presidente, y le dije: Usted no me ha querido
atender. Y me contesta: Hoy le van a hablar y es hora que sigo esperando la llamada.
De donde sí me hablaron fue de México, me marcaron luego de tres días de la
gira del presidente y me dijeron que le iban a dar seguimiento a mi caso y que
les diera otros datos. ¿Y el gobierno de Malova? Bien gracias.
En su peregrinar por
las oficinas judiciales se encontró con Alma Rosa, quien busca desde hace tres
años a su hermano desaparecido. Ha indagado y visto cadáveres en los servicios
médicos forenses (semefos) de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Hasta que un día
dijeron haberlo encontrado. Para cuando llegó, ya lo habían echado a la fosa
común. Y sigue en la incertidumbre de no saber de él.
FUERON POLICÍAS
Ramón Alberto, de 20
años, desapareció hace nueve meses. Estaba a punto de entrar a estudiar la
carrera de Computación en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Trabajaba desde
hacía tres meses en una empresa de envases en la que su papá acababa de
pensionarse, luego de 28 años de servicio. A media semana, alrededor de las
diez de la mañana, policías ministeriales con pasamontañas fueron por él a la
empresa. Supuestamente llevaban una orden de detención.
Don Guadalupe
Jiménez es el padre del muchacho. Lleva un escapulario de la Virgen de
Guadalupe en el cuello. Su mirada es triste y esperanzada cuando habla: “A él
le gustaba mucho la computación, ya había terminado la prepa, iba a entrar a la
universidad, a eso de computación, por eso hicimos el esfuerzo y le compramos
un carrito para que cuando llegara de la escuela se fuera luego luego a
trabajar… Él era muy tranquilo, muy de casa, casi ni amigos tenía… En la
empresa le dieron permiso de trabajar por las tardes, lo ayudaron mucho. Cuando
los policías llegaron por él lo acusaron de secuestro, de robo de carros, de
muchas cosas más, se lo llevaron y ya no supimos de él. Hay algo raro porque en
la fábrica cuentan que uno de los policías se quitó el pasamontañas y platicó
con él junto a la caseta de entrada. Hay cámaras que registraron los
movimientos y los videos se los entregaron a la propia Ministerial.
“Cuando nos
enteramos nos arrancamos a la Ministerial y nos dijeron que no habían salido
ningunas patrullas para ese lugar, que no había ningún operativo ni denuncias
ni orden de aprehensión contra mi hijo. Como al tercer día llegó una llamada a
la casa que lo fuéramos a buscar en el cruce de los tres ríos, que ahí estaba
tirado y fuimos, pero nada… Luego la Ministerial llegó a la casa y dijeron que
ellos también habían recibido la llamada. No sé, a lo mejor querían darse
cuenta quiénes éramos nosotros, puros pelados somos, no tenemos nada…
—Usted vio los
videos de ese día?
—Creen que uno es
tonto… nomás nos enseñaron uno en donde se ve que los policías se llevan el
carrito que le acabábamos de comprar.
—¿En qué van las
investigaciones?
—En nada, nada ha
pasado, hemos ido con el procurador pero nunca está…
Mira con los ojos
fijos, vidriosos. Acaricia el escapulario: “¿Que si tengo esperanza de
encontrarlo vivo? Sí, aunque por dentro me esté muriendo, el tiempo que tenga
de vida lo voy a esperar…”.
El 31 de enero
pasado, según testigos de los hechos, policías municipales de Ahome levantaron
y desaparecieron a los jóvenes Irving Jared Blanco, de 21 años, estudiante de
la carrera de sistemas computacionales en la Universidad de Occidente y
trabajador de la funeraria Guadalupana; Efrén Ulises Valenzuela, de 22 años,
quien tenía poco tiempo de haber llegado de Los Cabos, Baja California, y Luis
Carlos Acosta, de 23, quien se dedica a la compraventa de fierro viejo.
La desaparición
forzada de los tres muchachos, vecinos de Juan José Ríos, ocurrió alrededor de
las diez de la noche sobre la carretera México 15 y bulevar Macario Gaxiola, a
la altura del fraccionamiento Mallorca. Iban a bordo de un Neón blanco del 95.
Se detuvieron a la orilla de la carretera. Un cuarto acompañante se bajó a
orinar cuando vio, como a unos 30 metros de distancia, que elementos de la
Policía Municipal los revisaron, arrestaron y se los llevaron. El único testigo
compareció para dar su versión de los hechos. Ahora, el fiscal estatal Marco
Antonio Higuera dice que esa declaración es falsa, que venga de nuevo a
declarar.
Los familiares los
buscaron en la Policía Municipal y en todas las corporaciones de seguridad
pública pero nadie les dio razón. No había registro de ellos. Interpusieron
denuncia pero el caso no avanza y los jóvenes no aparecen. Sus familiares y
amigos también han marchado por las calles de Culiacán y se han plantado con
pancartas frente a la Procuraduría, para poder ser escuchados por las
autoridades. Hasta ahora, lo único que han obtenido es la declaración del
fiscal estatal Marco Antonio Higuera, que asegura que la declaración del
testigo es falsa. Que comparezca de nuevo.
Sandra, Alma Rosa y
Guadalupe se aferran, para no extraviarse, a su creencia de volver a ver a sus
familiares desaparecidos. Están dispuestos a todo. Rebuscarlos, con o sin ayuda
de las autoridades, entre las veredas que no llevan a ningún lado, en el cruce
de los ríos o en las orillas de los canales, en los semefos o en las fosas clandestinas
que se descubran en medio de la tierra suelta y polvorosa de algún terreno
solitario y agreste. Mientras haya vida…
DÍAS AMARGOS
— El 13 de abril de
2011 se encontraron ocho fosas clandestinas en el municipio de Ahome, en las
que había 13 cuerpos, todos en estado de descomposición ya que por lo menos
tenían entre cinco a seis meses de enterrados. Según la Procuraduría General de
Justicia del Estado, todos los cuerpos tenían el tiro de gracia en la cabeza.
— El 30 de abril
pasado, cuatro jóvenes menores de 25 años que habían sido privados de su
libertad en Chinitos, Angostura, fueron localizados asesinados a balazos cerca
del poblado El Batallón de los Montoya, perteneciente al municipio de Salvador
Alvarado.
— El 2 de diciembre
pasado se reportó la desaparición de un matrimonio en Juan José Ríos. Silvia
Karina Vega Quiñónez, de 30 años, y su esposo Maximiliano Mendoza Jiménez, de
46, ambos de oficio jornaleros, salieron de su domicilio hacia su lugar de trabajo
y hasta la fecha se desconoce su paradero.
— Dos días después,
Martín Adrián Zúñiga Montiel y Juan Carlos Urquídez Orduño, de 17 y 18 años,
respectivamente, estudiantes del Cobaes de Juan José Ríos, salieron juntos de
San Blas, El Fuerte, con rumbo a Juan José Ríos y ya no supieron más de ellos.
— El 23 de diciembre
pasado, dos jóvenes más en Guasave. Noé Rodríguez Aguirre, de 21 años, y Carlos
Eduardo Alduanda Camacho, de 16, con domicilios en el fraccionamiento Valle
Bonito, desaparecieron cuando se dirigían a un antro.
— También en
Guasave, el 28 de ese mismo mes desapareció Gilberto Rafael Ceballos Robledo,
de 15 años, quien salió de su vivienda alrededor de las 15:30 horas y ya no
regresó. Y el 4 de enero se reportó como desaparecida la joven Tania Gabriela
González Gortari, de 20 años, quien salió de su domicilio hacia su trabajo en
un centro comercial y ya no se supo más de ella.
— El 5 de marzo
pasado, la Policía Ministerial Estatal informó que seis policías de diversas
corporaciones estatales se encuentran desaparecidos.
(RIODOCE.COM.MX/ Judith Valenzuela / marzo 24, 2013)
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