Por lo pronto, Antonio Alcántar, ex director de Comunicación Social de la
administración del ex gobernador del PRD, no salió libre bajo fianza tras ser
detenido por la PGJE, y podría alcanzar de 1 a 5 años de prisión por los delitos
de peculado y falsificación de documentos.
La Contraloría General del Estado y
la PGJE lo acusan de disponer indebidamente de 820 mil pesos en febrero de
2011.
Gerardo Zúñiga Pacheco
La Paz, Baja California Sur. Después de la captura de ex
director de Comunicación Social, Antonio Alcántar López, otros agundistas están
en la lista negra y a punto de ser llamados a rendir cuentas.
Se trata del propio ex gobernador de extracción perredista,
Narciso Agúndez Montaño, y de quienes fueran su secretario general de gobierno y
oficial mayor, Alfredo Porras Domínguez y Juan Garibaldo Romero Aguilar,
respectivamente, después que el 6 de diciembre, la Contraloría General del
Estado diera vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre
los expedientes de los tres ex funcionarios, quienes enfrentaron un proceso
administrativo por la venta irregular de siete bienes inmuebles del exclusivo
fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas.
A cargo de Maritza Muñoz Vargas, el resolutivo de la Contraloría
General del Estado derivó en una multa y la inhabilitación por seis años de
ambos ex funcionarios del sexenio pasado, castigados administrativamente de la
siguiente manera:
1. Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador;
inhabilitación para el desempeño de algún cargo o comisión en el servicio
público por un lapso de seis años, y una sanción económica de 27 millones 973
mil 800 pesos.
2. Alfredo Porras Domínguez, ex secretario
general; inhabilitación para el desempeño de algún cargo o comisión en el
servicio público por un tiempo de seis años, y sanción económica de 13 millones
986 mil 900 pesos.
3. Juan Garibaldo Romero Aguilar, ex oficial
mayor; inhabilitación para el desempeño de algún cargo o comisión en el servicio
público por seis años, y sanción económica de 13 millones 986 mil 900 pesos.
Una vez finalizada la investigación, el veredicto de la
Contraloría General del Estado fue tomado y se desprendió la posible comisión de
un hecho delictuoso, por lo que se remitió una copia del expediente
administrativo CGE/065/2011 a la PGJE, a fin de que deslindara responsabilidades
legales.
Desde entonces y a la fecha, ya pasaron dos meses, tiempo en el
que se han estado integrando los expedientes en contra de los ex funcionarios
agundistas, y que de un momento a otro, podrían ser llamados a rendir cuentas
ante la justicia.
La captura de Antonio Alcántar marca un precedente en el estado,
al ser el primer funcionario del anterior gobierno que actualmente está
encarcelado, tras haberse enriquecido ilícitamente y desviar recursos públicos
para su beneficio personal, con el aval del ex gobernador.
La detención de Luis Armando Díaz, Héctor Guadalupe Ibarra
Espinoza y Guillermo Jáuregui Moreno, ex secretario general, ex oficial mayor y
ex secretario de Planeación Urbana e Infraestructura, respectivamente, terminó
con su liberación y el pago de una ridícula fianza de sólo 18 mil pesos, luego
de ser acusados del delito de incumplimiento de un deber legal en su paso como
servidores públicos.
Sin embargo, el caso de Alcántar es totalmente diferente, pues
está acusado de peculado y falsificación de documentos, delitos considerados
como graves y sin derecho a fianza.
El juez Tercero de lo Penal, María del Rosario Palacios Montaño,
resolverá la situación jurídica el próximo 4 de marzo, luego de que la defensa
solicitó formalmente una ampliación al término constitucional, a fin de
presentar testigos de descargo y la declaración por escrito del inculpado.
Datos recabados por ZETA exponen que este proceso
penal es el primero que habrá de enfrentar, pues existen varios casos en
investigación que podrían derivar en más cargos en su contra.
En el caso de Narciso Agúndez, Alfredo Porras y Juan Garibaldo,
las acusaciones también son consideradas como delitos graves, y aunque todos
están amparados al momento, la suspensión provisional o definitiva no surte
efecto.
Los cargos imputados en su contra por la PGJE son: abuso de
autoridad, coalición de servidores públicos, peculado, falsedad de funcionarios
públicos y coparticipación en conductas ilícitas de funcionarios públicos, todos
ellos de carácter grave y dentro de la averiguación previa LPZ/079/SPB/2011.
El propio titular de la PGJE, Gamill Arriola Leal, declaró en
conferencia de prensa -dos semanas antes de la captura de Alcántar- que las
investigaciones en contra de ex funcionarios agundistas continuaban, y hasta
adelantó: “Habrá noticias muy pronto sobre lo que se ha manejado, y entrarán al
escenario nuevos protagonistas”.
Apenas tres días después de la captura, el ex vocero de Agúndez
habría celebrado su cumpleaños número 41 -el 25 de febrero-, para ahora
convertirse en el preso número 774, en espera de la resolución del juez.
Las acusaciones
La captura de Alcántar López derivó de su negativa de reintegrar
820 mil pesos que habría recibido en febrero del año pasado –a finales del
anterior sexenio- en dos cheques por concepto de la reproducción y emplastados
de dos mil libros conmemorativos de la administración 2005-2011.
El ex funcionario recibió el dinero de la partida gastos por
comprobar, sin embargo, pretendió justificar el gasto a través de dos
facturas apócrifas -cuando ya estaba muy presionado- y se descubrió que sólo
imprimió una decena de ejemplares que dejó como prueba de la existencia de los
libros que, a su dicho, “regaló a toda la sociedad como legado del sexenio del
ex gobernador Narciso Agúndez Montaño”.
El caso fue detectado en una revisión contable de la Dirección de
Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado, y entregado a la
Dirección Jurídica del organismo descentralizado, quien remitió el expediente de
Antonio Alcántar López, registrado bajo el número CGE/073/2011; llegó a manos de
la contralora Maritza Muñoz Vargas, y ésta, a su vez dio vista del caso a la
PGJE, abriendo ésta una investigación para librar orden de aprehensión en contra
del ex funcionario.
En el oficio CGE/1404/2011, la Contraloría General del Estado da
cuenta de los posibles delitos cometidos por el ex vocero, ya que -según
explica- “no proporcionó documentación comprobatoria en la modalidad de gastos
por comprobar, o se reintegró el saldo que el deudor tiene con el gobierno del
estado, y se da vista para que inicie el procedimiento al que haya lugar”.
Entre las pruebas que obran en el expediente en manos del juez
Tercero de lo Penal, María del Rosario Palacios Montaño, figuran:
1. El estado de cuenta del adeudo de Antonio
Alcántar López, certificado y firmado por José Ricardo González García y
Reginaldo Meza Miranda, director de Contabilidad y director de Egresos de la
Secretaría de Finanzas de gobierno del estado.
2. Copia certificada de los cheques 3042 y 8818,
con fecha del 18 y 28 de febrero de 2011, y que amparan la cantidad -cada uno-
de 410 mil pesos a nombre de Francisco Antonio Alcántar López, los cuales fueron
debidamente cobrados por el indiciado para supuestamente pagar el anticipo y
liquidación total del trabajo de reimpresión y empastado de los dos mil
ejemplares.
3. Copia certificada de la recepción de los
cheques de anticipo y liquidación, donde aparece el visto bueno de Reginaldo
Meza Miranda y de José Antonio Ramírez Gómez, director de Egresos y secretario
de Finanzas del gobierno estatal, respectivamente.
4. Copia certificada de oficios enviados entre el
director de Contabilidad, José Ricardo González García, y el director de
Recursos Humanos, Javier Bustos Alvarado, donde exponen el origen del adeudo y
la baja de Antonio Alcántar como servidor público a partir del 15 de marzo de
2011.
5. Copia certificada de la notificación -bajo el
oficio CGE/20/1047/2011- del adeudo al ex director de Comunicación Social con
fecha del 22 de junio del 2011 por el C. Luis Gordillo Arámburo en su calidad de
notificador de la dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General
del Estado, quien se constituyó en la residencia de Alcántar y le hizo saber
todo lo relacionado al adeudo y el cual le otorgó un plazo máximo de cinco días
para que entregara la documentación comprobatoria de la reimpresión y empastado
de los libros, o en su defecto, reintegrara los 820 mil pesos a favor de la
secretaría de Finanzas del gobierno estatal.
Datos recabados por ZETA refieren que la última
fecha de corte que se hizo del adeudo del ex funcionario data del 9 de junio de
2011, por parte de la Dirección de Contabilidad y en el que, sacando cuentas,
dieron un plazo de tres meses para entregar los comprobantes o reintegrar el
dinero, y siempre hizo caso omiso a los requerimientos oficiales, a pesar de las
advertencias de que se haría acreedor de sanciones por desacatar la orden de una
autoridad competente.
Lo anterior quedó registrado en cinco fojas de copias simples
entregadas a todas las áreas involucradas en el caso, en las que aparecen las
firmas de enterado del ex director de Comunicación Social y del notificador de
la Contraloría.
La comparecencia
Diez horas después de haber sido detenido por agentes de la
Policía Ministerial del estado, Antonio Alcántar López fue presentado a rendir
su declaración preparatoria en el Juzgado Tercero del Ramo Penal.
Fuertemente custodiado y vestido de color amarillo y esposado de
las manos, el ex vocero fue sacado por cuatro custodios del Centro de
Reinserción Social de La Paz -donde quedó recluido- y trasladado con el juzgador
entre empujones de fotógrafos y camarógrafos que captaban el momento.
A diferencia del pasado, Alcántar lucía totalmente desencajado y
hasta descolorido, sonriendo en muchas de las ocasiones por los nervios y la
incertidumbre de lo que pasaría en su caso.
El ex funcionario parecía no entender lo que estaba sucediendo, lo
cual fue evidente cuando en un par de ocasiones, tiró un envase que le
entregaron para que bebiera agua. Se agarraba las manos y clavaba su mirada en
el techo, piso y paredes.
No fueron pocos los periodistas locales que le dieron una soberana
recordada de madre, luego de haber sido burlados y humillados por el ex
funcionario, cuando ejercía el poder a plenitud.
“Te llegó tu hora, Toñito”, le decían, e incluso le
recordaron lo que se vislumbra desde hoy: “Aquí veremos a Narciso Agúndez, la
rata mayor del sexenio, y estará como en este momento estás tú”.
En la comparecencia, el ex vocero del ex gobernador fue notificado
por el secretario de Acuerdos del Juzgado de que se le acusaba de los delitos de
peculado y falsificación de documentos, por cuya gravedad de las imputaciones
–se le anticipó desde un principio- no tendría derecho a fianza para gozar de su
libertad, lo que rápida y notoriamente desanimó al ex funcionario.
No obstante, Alcántar nombró como sus defensores a cuatro
abogados: Jorge Nazaret Loaiza Peña, José Rubén Rangel González, Érick Giovanni
Murillo Carrillo y Jordano Hamburgo Amador, quienes forman parte del despacho
encabezado por Loaiza, localizado en Calle Veracruz número 1395, entre Melitón
Albañez y Álvarez Rico, Colonia Infonavit Las Garzas de La Paz.
Lo primero que recomendaron los abogados al indiciado, fue
acogerse al Artículo 20 Constitucional y negarse a declarar, hasta hacerlo por
escrito en un término de 72 horas, además de solicitar copia del expediente. No
obstante y en su derecho, el agente del Ministerio Público del Fuero Común hizo
un cuestionamiento al detenido:
“Que diga si reconoce en contenido y firma el documento dirigido a
José Ricardo González García, director de Contabilidad, el cual fue agregado a
la foja 26 de autos, a efecto de que si el indiciado está en actitud de
responder, responda, y solicito sea puesto a la vista el documento antes
señalado”.
La petición desató la molestia de los abogados defensores, quienes
se desvivían moviendo maliciosamente la cabeza ante el indiciado, en señal de
que no respondiera, lo que generó una queja del agente de Ministerio Público del
Fuero Común.
En el Juzgado Tercero del Ramo Penal, un cuñado del ex vocero, de
nombre Alfredo Pérez Robinson “El Robinson”, hermano de la esposa de Alcántar,
tomaba fotografías a todos los reporteros, e incluso lanzó amenazas primero
contra de personal de Canal 10, y posteriormente al periodista Edmundo
Lizardi.
Los únicos amigos y familiares del ex director de Comunicación
Social, eran Adán Mendoza García, Alfredo Pérez Robinson y Leobardo Alcántar
López, este último desempeñó el cargo de administrador de su hermano cuando se
malversó el dinero.
Las penas
Independientemente del castigo que le espera en materia penal, y
que -según la PGJE- podría ser de 3 a 8 años de prisión, la Contraloría General
del Estado se adelantó y emitió un comunicado de prensa para anunciar el
deslinde de responsabilidades administrativas en contra de Antonio Alcántar
López, que son las siguientes:
1. Inhabilitación por un periodo de tres años
para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.
2. Sanción económica de 2 millones 050 mil pesos
por las faltas administrativas cometidas por el ex director de Comunicación
Social del gobierno del estado.
El resolutivo de la Contraloría General del Estado deriva del
expediente CGE/073/2011, en el que se expone que el ex funcionario no
proporcionó comprobación documental o reintegró recursos por el orden de 820 mil
pesos al vencerse el plazo legal después de haber sido notificado del
adeudo.
En el comunicado, la contralora General del Estado explica que,
una vez concluidas las investigaciones, se desprendió la posible comisión de un
hecho delictuoso, por lo que se remitió una copia del expediente administrativo
a la PGJE, a fin de que deslindara responsabilidades legales.
“La Contraloría detectó irregularidades administrativas
tipificadas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y de los Municipios de Baja California Sur, por lo que resolvió inhabilitar y
sancionar al ex funcionario”, citó Maritza Muñoz Vargas.
Los delitos cometidos por el ex director de Comunicación Social
son considerados graves y, por tal motivo, no alcanzan fianza. En el caso de
peculado, la Ley contempla de 6 a 15 años de prisión, cuando el monto de lo
sustraído exceda mil veces el salario mínimo, y como pena administrativa
contempla una multa de 100 a 300 veces el salario, así como una inhabilitación
de tres a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio
público en contra de aquellos que, para uso propio o ajeno,
distraigan de su
objeto dinero, valores, fincas, o cualquier otra cosa perteneciente al estado,
municipios, organismos descentralizados o aun particular, si por razón de su
cargo, los hubiera recibido en administración o por otra causa.
Por la modalidad en que se comete el delito de peculado, el
responsable no tiene derecho a gozar del beneficio de la libertad bajo caución,
e incluso no surte efecto la suspensión provisional o definitiva en caso de
existir amparo.
En cuanto al delito de falsificación de documentos en su modalidad
de uso de documento falso, éste es tipificado en el Artículo 193 último párrafo,
en relación con el 24 fracción primera y 35 fracción segunda del Código Penal
vigente en el estado, y contempla una pena de uno a cinco años de prisión y
multa de cien días de salario mínimo vigente.
Las reacciones
Después de confirmarse la captura de Antonio Alcántar López, las
reacciones de los círculos políticos del estado no se hicieron esperar.
El primero en desligarse del ex funcionario fue precisamente el
Partido de la Revolución Democrática. La líder Rosa Delia Cota Montaño se curó
en salud y dijo que Alcántar no estaba afiliado al “Sol Azteca”, pese a haber
pertenecido a una administración perredista como la que encabezó el ex
gobernador Narciso Agúndez Montaño, por lo que -explicó- “no fijaría ninguna
postura: ni a favor ni en contra”.
La dirigente perredista solicitó a la PGJE actuar conforme a
derecho después de dar a conocer la lista de sus posibles candidatos a diputados
federales y senadores.
Cuando reporteros de la fuente preguntaron su opinión
sobre el caso de Arturo de la Rosa Escalante, actual candidato a diputado
federal del Segundo Distrito por el PAN, y quien hasta hace poco era miembro
activo del PRD, dijo desconocer la situación del aspirante.
Sin embargo, los que sí hablaron del tema fueron los del Partido
Revolucionario Institucional, quienes advirtieron que la administración del
gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, estaba siendo bastante selectiva en
materia de justicia, ya que habían detenido a Antonio Alcántar López, y por otro
lado, se había archivado la denuncia penal en contra de De la Rosa Escalante,
acusado -según el PRI- de un desvío de 8 millones de pesos, cuando estuvo como
presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado.
Para el partido tricolor, la captura de Alcántar es un recurso
mediático y electorero que está utilizando el gobierno panista para simular un
Estado de Derecho al que todos los sudcalifornianos aspiran. Por su parte,
Agapito Duarte Hernández, líder del PRI en la entidad, dijo que faltan más ex
funcionarios que tienen que explicar lo que realmente sucedió en el pasado
sexenio, como es el caso de José Antonio Ramírez Gómez, secretario de Finanzas
de Narciso Agúndez Montaño, y de Marcos Covarrubias Villaseñor.
Agregó que tal es la incongruencia del gobernador en turno que,
dicho sea de paso, la denuncia presentada en contra del perredista Arturo de la
Rosa Escalante, ex secretario privado de Marcos Covarrubias, fue presentada en
2011 por la bancada del PAN, y ahora los blanquiazules son quienes lo
protegen.
— ¿Quiere decir que la culpa de Arturo de la Rosa se acaba
ahora que es candidato del Partido Acción Nacional?, se le preguntó a
Duarte Hernández.
“En lugar de tender una cortina de humo con el peculado de 820 mil
pesos, el gobierno estatal debe explicar la grave crisis financiera con desvíos
millonarios que han sido heredados por el anterior gobierno, del cual José
Antonio Ramírez Gómez fue secretario de Finanzas, y hoy, repite en el
cargo”.
Para finalizar, el priista afirmó que la sociedad espera
explicaciones del PAN, sobre todo por los sonados casos de corrupción, entre los
que no sólo Antonio Alcántar López y Arturo de la Rosa Escalante aparecen en la
escena, sino otros ex funcionarios y funcionarios del actual régimen que se
despacharon con la “cuchara grande”.
Datos personales del indiciado
| Nombre: Francisco Antonio Alcántar López |
Fecha de Nacimiento: 25 de Febrero de 1971
Edad: 41 años
Empleo u oficio: comerciante
Nombre comercial de su negocio: Baja Mármol
Razón social: Comercializadora Mar de Cortés, S.A. de C.V.
Ingresos mensuales: de 15 a 20 mil pesos
Casado: Luz de Monserrat Pérez Robinson
Originario: Guaymas, Sonora
Domicilio Particular: Calle Tiburón. Col. Fidepaz
Estudios: Carrera profesional trunca
Padres: Antonio Alcántar García y María Monserrat López Granadillas
Fuente: Investigaciones ZETA
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