Distrito Federal– En San Blas, Nayarit, elementos de la Marina abrieron fuego contra una camioneta y mataron a una persona e hirieron a otra.
En Santa Catarina, Nuevo León, acudieron a apoyar a policías locales y un detenido fue hallado muerto un día después de que se le viera subir a uno de sus helicópteros.
En Jalpa de Méndez, Tabasco, participaron en un operativo conjunto y terminaron acribillando a dos jóvenes que iban a comprar cerveza.
Desde que la Marina incrementó sus operativos en la guerra contra el narco, a finales de 2009, con el abatimiento del capo sinaloense Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, las quejas en su contra y las recomendaciones de la CNDH por violaciones a los derechos humanos contra la dependencia han aumentado.
Si entre 2007 y 2009 la Secretaría de Marina (Semar) acumuló cuatro recomendaciones, ninguna por sus operativos, en 2010 fueron seis, cuatro de ellas por privación de la vida, y el año pasado, otras seis, tres de ellas por el mismo delito.
Otros ilícitos que se le imputaron son desaparición forzada, detenciones arbitrarias y tortura.
En 2011, la CNDH registró 495 quejas contra la Semar por violaciones a los derechos humanos en 28 entidades del País.
En una respuesta de solicitud de información, la Secretaría de Marina afirmó que son 11 las recomendaciones emitidas por la CNDH desde finales de 2009 y que ocho elementos navales han sido procesados a raíz de los señalamientos, mientras que otros dos se encuentran en proceso.
Además, la dependencia federal argumentó que son mínimas las quejas contra la institución armada en las que se han podido demostrar violaciones a los derechos humanos por parte de su personal.
"De las 703 quejas (en total) interpuestas en contra de esta institución, la CNDH ha emitido once recomendaciones en las que se ha determinado responsabilidad en el actuar del personal naval, lo que representa un 0.0072% del total de las operaciones que la Armada de México ha llevado a cabo en la lucha por la Seguridad Pública", detalló la Marina.
De acuerdo con activistas, el aumento en las quejas y recomendaciones a la institución armada se debe a la cada vez mayor participación de los marinos en las acciones de combate a la delincuencia organizada.
"El Ejército y la Marina están siendo utilizados para labores distintas y por lo tanto este incremento a las violaciones graves a los derechos humanos.
El Gobierno federal debe atender estas denuncias que ocurren a lo largo y ancho de nuestro País y no dejar esto como daños colaterales", reclamó Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
Javier Oliva, experto en temas militares, afirmó que pueden existir miles de quejas, pero que estas concluyen en pocas recomendaciones.
La Armada cuenta con unos 57 mil efectivos, de los cuales emplea un promedio mensual de 10 mil en el combate al crimen organizado, de acuerdo con fuentes navales.
Según las recomendaciones de la CNDH, personal naval ha intimidado física y psicológicamente a civiles durante sus acciones operativas. También ha cometido retenciones ilegales, realizado disparos a vehículos que no se detienen en sus puestos de control, "sembrado" armas, golpeado a los retenidos y cometido homicidio.
En una de las últimas recomendaciones, la 2/2011, se denuncia un cateo ilegal por parte de 30 marinos, ocurrido el pasado 15 de septiembre en un domicilio de Toluca. Las personas presentes, entre ellas dos adolescentes, fueron intimidadas por los uniformados.
'No le peguen a mi papito'
Un grupo de elementos de la Marina irrumpió violentamente la noche del 7 de febrero de 2011 en una casa donde una familia, esposo, esposa, su hija de tres años de edad y la abuela, se encontraba cenando, en la Ciudad de Colima
Los marinos sometieron al esposo, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y empezaron a golpearlo en el estómago frente a su mujer, su suegra y su hija.
Mientras lo golpeaban, le preguntaban sobre personas que no conoce y lo amenazaban con darle "dos tiros" y darse a la fuga.
Los efectivos detuvieron a todos, incluyendo a la niña, según pudo constatar la CNDH.
La mujer y la niña fueron liberadas a las 16:00 horas del día siguiente, mientras que la abuela y el esposo fueron detenidos puestos a disposición del Ministerio Público, acusados de delincuencia organizada.
La Marina alegó que hizo el operativo a raíz de una denuncia ciudadana sobre un grupo delictivo, pero no pudo demostrarlo ni que hubiera actuado en flagrancia.
El esposo fue torturado por personal militar luego de su detención, comprobó la CNDH con exámenes médicos.
"En la Zona Naval en Manzanillo lo metieron a un lugar que parecía un gimnasio, donde lo desnudaron y le dieron tablazos en los glúteos; lo aventaron a un colchón donde lo intentaron ahogar con una bolsa de plástico, se le subieron en el pecho, cuestionándolo sobre casas de seguridad, y al indicarles que les daría datos, lo dejaban de agredir; sin embargo, al no decirles nada, lo volvían a golpear.
También indicó que lo sentaron con las piernas dobladas y con una chicharra le dieron toques eléctricos en todo el cuerpo y más tablazos en los glúteos, mientras que lo amenazaban de violarlo si no daba información", dijo la CNDH en su recomendación.
A la niña de tres años, los marinos le causaron una grave afectación sicológica.
Según el organismo autónomo, en consultas se observó mucha ansiedad y violencia y una reiterada representación de los hechos del 7 de febrero.
"Constantemente se repite la dinámica en el juego en que un muñeco policía somete a otro muñeco y lo golpea. Los juegos consistieron en perseguir un muñeco a otro y golpearlo. [...] El diálogo del juego se puede relacionar con los hechos '...escóndete papá, para que no te alcance la policía...", dijo la CNDH sobre el daño causado a la menor de edad.
De acuerdo con los testimonios de la mamá y la abuela, en el momento de la detención, la niña repetía "no le peguen a mi papito".
El hombre seguía internado en el penal de Puente Grande, Jalisco, en el momento que la CNDH emitió la recomendación.
Tortura y ejecución
En uno de los casos más emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos en el marco de la guerra contra el crimen organizado del Presidente Felipe Calderón, elementos de la Marina están implicados la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de Humberto Márquez Compeán, un joven albañil de 26 años de edad.
Se trata del joven vestido con una playera café que apareció el 21 de marzo de 2010 en medios de comunicación detenido por elementos de la corporación y que un día después fue hallado muerto en Santa Catarina, Nuevo León.
Después de una amplia investigación, la CNDH pudo concluir que los marinos incurrieron en desaparición forzada, torturaron y finalmente privaron de la vida al joven Márquez Compeán.
Ni armas ni agresión
El 4 de julio de 2010, elementos de la Marina Armada dispararon sus armas de fuego contra una camioneta en la que viajaban tres civiles, lo que ocasionó la muerte de uno de ellos, heridas graves a otro, y leves al tercero.
En su investigación de los hechos, la CNDH no encontró ninguna evidencia de que la vida de los militares hubiera sido puesta en peligro.
En su versión, la Marina señaló que los tripulantes de la camioneta eras seis y estaban armados, pero la Comisión no encontró ni las armas aludidas ni ninguna evidencia de que hubiera habido una agresión.
Los hechos sucedieron en San Blas, Nayarit, en una zona céntrica de la Ciudad, por lo que al abrir fuego con sus armas, los marinos también pusieron en riesgo a civiles inocentes, según la CNDH.
Asesinato en el retén
La noche del 14 de noviembre de 2010, elementos de la Marina que participaban en un operativo conjunto con efectivos de la Sedena, policías federales, estatales y ministeriales de Tabasco abrieron fuego contra dos adolescentes en un retén en la localidad de Jalpa de Méndez.
La CNDH no encontró evidencias de que los jóvenes hubieran puesto en algún momento en riesgo la vida de los uniformados y halló en cambio que todos los efectivos involucrados se pusieron de acuerdo para "sembrar" un arma de fuego en la camioneta donde los jóvenes fueron acribillados.
"Al no contar con la debida coordinación el día del evento en estudio, accionaron sus armas de fuego de manera arbitraria, por lo que causaron la muerte de V1 y V2, lo que tiene sustento en las declaraciones de los involucrados, mismas que rindieran ante el Ministerio Público de los fueros común, federal y militar y en los diversos peritajes recabados", dijo la CNDH en su recomendación.
El organismo autónomo encontró que los servidores públicos vulneraron en perjuicio de V1 y V2 los derechos humanos a la vida, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, acceso a la información y al honor, por actos consistentes en privación de la vida, empleo arbitrario de la fuerza pública, alteración de la escena de los hechos, indebida preservación de indicios delictivos e indebida imputación de hechos.
Una paliza en los glúteos
El 22 de mayo de 2011, elementos de la Marina detuvieron a V1 en la Ciudad de Saltillo, Coahuila.
Lo torturaron con golpes y asfixiándolo durante de ocho días, tiempo en el que su familia no supo su paradero, hasta que lo presentaron el 31 de mayo ante un Ministerio Público en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Ahí, los Marinos dijeron en el parte que lo habían detenido ese mismo día en la Colonia San Blas Chumacero en un camioneta con armas, droga y equipo de comunicación.
Sin embargo, la CNDH, en su investigación, pudo determinar que V1 fue detenido arbitrariamente ocho días antes en Saltillo, y que fue torturado durante días para que confesara su presunta pertenencia a un grupo delictivo.
La víctima declaró que "le dieron puñetazos y patadas en el estómago y en la espalda; además, en posición arrodillada, le golpearon reiteradamente los glúteos con una tabla, situación que se repitió a lo largo de varios días e, inclusive, el 29 de mayo lo envolvieron en una cobija, lo pusieron boca abajo, un sujeto se subió en su espalda para ponerle una bolsa de plástico en la cabeza que le impedía respirar, mientras que otro le golpeaba la planta de los pies con una tabla y en diversas partes de sus extremidades inferiores y el abdomen; a partir de ese día dejaron de golpearlo hasta que fue presentado ante la autoridad ministerial el día 31 de mayo".
La CNDH pudo constatar con informes médicos las lesiones de V1.
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