El
nombre de Fernando Beltrán, conocido empresario, concesionario del Gobierno de
Baja California y promotor de box se encuentra ligado a empresas que son
beneficiadas por la administración que encabeza Francisco Vega de Lamadrid, de
acuerdo con una investigación de la revista Zeta. Más allá de su amistad, que
es de dominio público, una red de relaciones y sospechas aterrizan en el arresto
del regidor del PAN Luis Torres, y once personas más, todos presuntamente
ligados al empresario, sea por afinidad familiar o relaciones laborales.
Inés
García Ramos e Isaí Lara Bermúdez
Tijuana,
26 de diciembre (Zeta/SinEmbargo).– Al menos en los contratos de obras públicas
que ha recopilado una investigación realizada por Zeta, más de mil 774 millones
de pesos en obras públicas en Baja California, han sido o serán ejercidas por
tres empresas (todas relacionadas entre sí) y vinculadas a Fernando Beltrán
Rendón, concesionario del Gobierno del Estado y cercano amigo del gobernador
Francisco Arturo Vega de Lamadrid y del secretario de Finanzas, Antonio
Valladolid.
Para
tener una referencia, esa cantidad es superior a la que ejercerá la
Procuraduría General de Justicia del Estado en todo el año 2017 (mil 675
millones, uno de los ramos con mayor presupuesto).
Aunado
a las inconformidades de empresarios de la construcción, señalando al gobierno
del Estado como benefactor de la empresa URBACA que adquirió un contrato de más
de 474 millones de pesos para un acueducto en Mexicali que abastecerá a una
cervecería extranjera, la detención de un regidor panista colocó a Beltrán y
sus relaciones en medio de la sospecha.
La
detención de Luis Torres Santillán, regidor del PAN en Tijuana y presidente de
la Comisión de Seguridad Pública, el pasado viernes 16 de diciembre en Estados
Unidos se desprendió de una investigación de la DEA (Agencia Anti Drogas en el
vecino país) y por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus
siglas en inglés).
Sobre
Luis Torres y otro grupo de tijuanenses, entre ellos la esposa y el hijo de
Jorge Escalante Martínez, ex presidente de COPARMEX (2012-2014) y nombrado
presidente del Comité Directivo del Museo El Trompo, pesan varios cargos por de
lavado de dinero, delitos que se definen como las operaciones ilegales con
dinero de procedencia ilícita para que simulen actividades legales y sean
reconocidas por el sistema financiero.
La
investigación en Estados Unidos que tiene tras las rejas al menos a siete
personas, incluyendo al regidor, persigue a cinco personas más residentes de
Tijuana. Sin embargo, es Luis Torres Santillán quien aparece como el principal
indiciado al tener diez cargos estatales (no se descarta que puedan sumársele
más y que también sean federales) por lavado de dinero.
La
relación entre Torres y Beltrán no solo es su parentesco por estar casados con
hermanas.
Un
documento en manos de Zeta, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
Comercio (RPPC) del Estado da cuenta que en 2011 Luis Torres Santillán fue
nombrado apoderado legal de Fernando Beltrán Rendón.
De
acuerdo con el documento registrado en la partida 5767987, quedó registrado
ante la Notaría Pública Número de 18 Tijuana, que Fernando Beltrán Rendón
otorga a Torres Santillán, ex consejero de Coparmex, “poder general para
pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio”.
En
el ámbito empresarial y político es conocido que el regidor detenido es el
operador financiero del promotor de box, que hoy se sabe, está ligado, a través
de otra sociedad, a empresas con mayores montos asignados por el Gobierno de
Kiko Vega.
LA CONCESIÓN DE BELTRÁN POR 30 AÑOS
De
entrada, Fernando Beltrán es concesionario del Gobierno del Estado desde que
Francisco Vega tomó el poder a inicios del 2014. El promotor de box tiene la
concesión por 30 años para operar la “Vía Corta Tijuana-Tecate”, es decir, el
ferrocarril entre ambas ciudades con un proyecto de crecimiento para el cruce
hacia Estados Unidos.
De
hecho, en septiembre de 2014, comenzaron las obras de modernización y
rehabilitación del ferrocarril entre Tijuana y Tecate. Fue un recurso federal
que el gobierno estatal consiguió y adjudicó de manera directa (sin licitar
públicamente) a la empresa Baja California Railroad (BJRR), propiedad de
Fernando Beltrán.
Se
trató de 200 millones de pesos para que la empresa de Beltrán aplicara para la
rehabilitación de la “línea del desierto”, 40 kilómetros de vía que tocan la
frontera con Estados Unidos.
Otorgamiento
de Poder de Fernando Beltran al regidor. Imagen: Zeta
EL SOCIO DE BELTRÁN
Según
la partida 5048721 del Registro Público de la Propiedad, realizada el 17 de
febrero del 2015, Fernando Beltrán Rendón y Víctor Ismael Llamas Galván se
convirtieron en socios el 30 de diciembre del 2014 en una enorme inversión
inmobiliaria en Valle de Las Palmas.
En
aquel rumbo ambos se hicieron dueños de más de un millón 200 mil 60 metros
cuadrados (120.64 hectáreas) por un monto de 12 millones 607 mil pesos.
La
relación entre ambos empresarios no acaba ahí. Además de que constructores
locales ligan verbalmente a Fernando Beltrán y a Urbanización y Riego de Baja
California (URBACA) con Constructora Makro, estas empresas han sido encabezadas
por los socios Ariel Gutiérrez Castro, integrante de Makro y Víctor Ismael
Llamas Galván, integrante de URBACA.
Tanto
Gutiérrez Castro como Llamas Galván quedaron registrados como consejeros y
apoderados legales de la empresa Administradora de Obras y Concesiones, S.A. de
C.V. en septiembre de 2006. A su vez, Administradora de Obras y Concesiones es
filial de Constructora Makro.
Por
si fuera poco, URBACA es accionista de la compañía UR México, también conocida
como UR Obras y Servicios. La empresa de Víctor Ismael Llamas Galván posee el
55 por ciento de las acciones, con un valor de 550 mil pesos, el resto lo tiene
la empresa medición y Control para Aguas de América.
Ahora
bien, UR Obras y Servicios, Constructora Makro y URBACA han conseguido
contratos en Baja California por un total de mil 774 millones 311 mil 124
pesos, entre 2014 y 2016.
En
específico, UR Obras y Servicios se ha hecho acreedora de los trabajos de
emergencia de pluvial colapsado en El Refugio por un monto de 2 millones de
pesos, adjudicada el 15 de julio de 2016, así como de la construcción del
bulevar Lázaro Cárdenas en Mexicali por más de 39 millones de pesos en 2014,
ambas a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE).
Por
su parte, Constructora Makro consiguió los contratos para cuatro obras más, con
valores entre los 76 millones y los 663 millones de pesos.
Actualmente
se encuentran construyendo el Nodo Vial entre la Avenida 20 de Noviembre y la
Prolongación Paseo de los Héroes, así como del puente vehicular
Aeropuerto-Bellas Artes en Tijuana.
En
el pasado se han encargado del acueducto Tijuana-La Misión Ensenada y de la
reparación de la autopista Tijuana-Ensenada.
Mientras
que URBACA, de acuerdo con documentos del Presupuesto de Egresos 2017 del
Gobierno del Estado, podría recibir hasta 550 millones de pesos (considerando
impuestos y otros cargos) por la construcción del Acueducto
Villahermosa-Mexicali, licitación que recibió el 30 de noviembre de 2016.
El
empresario, beneficiario del gobierno de “Kiko” Vega, tiene una relación con el
Regidor detenido que va más allá de lo familias. En la imagen, operación de
propiedad entre ambos. Imagen: Zeta
LA AMISTAD CON EL GOBERNADOR Y EL
ALCALDE
La
relación entre concesionario y gobierno, ha trascendido a la vida personal de
Fernando Beltrán, el gobernador, Francisco Vega y Antonio Valladolid,
secretario de Finanzas. Es público cómo Beltrán ha organizado eventos
boxísticos para recaudación para causas de “altruismo” de Brenda Ruacho,
presidenta del patronato DIF y esposa del gobernador.
Además
de ser el promotor de Jackie Nava, campeona de box y diputada por el Partido
Acción Nacional. En el 2015, cuando Nava fue candidata, las lecturas políticas
siempre apuntaron a la relación estrecha entre el gobernador, Valladolid y
Beltrán.
No
es secreto. A Beltrán y al gobernador se les ha visto y vídeo-grabado en
funciones de box. Vega de Lamadrid acompañado de su señora esposa, del
Secretario General de Gobierno, del alcalde de Tijuana y otros funcionarios de
primer nivel de extracción panista.
El
mismo 20 de diciembre, tras darse la noticia de la detención, Juan Manuel
Gastélum, definió a Luis Torres como un hombre “extraordinario” y de una
trayectoria intachable. Respecto a Beltrán admitió que se trataba de su amigo,
a quien conoce desde hace muchos años, pero negó que Beltrán haya financiado su
campaña.
DETENIDOS LIGADOS A BELTRÁN
Miembros
del empresariado de Tijuana, confirmaron a Zeta que los doce detenidos están
ligados a Fernando Beltrán Rendón, el concesionario del gobierno de Francisco
Vega, ya sea por parentesco o relación laboral.
Una
de las cabezas más claras es David Javier Espinoza Kyriakides, quien trabajó en
la promotora de box Zanfer, propiedad de Fernando Beltrán y su hermano Cástulo
Antonio, según información extraoficial proporcionada a este Semanario.
David
Javier Espinoza Kyriakides, detenido desde el 16 de diciembre por cinco cargos
de lavado de dinero en San Diego, es propietario de casas de cambio en la
ciudad, entre ellas Olympia del Mar en el fraccionamiento El Soler de Tijuana.
Según
documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), el
empresario de 47 años de edad quedó inscrito como socio de Olymar, S.A. de C.V.
–razón social de la empresa– junto a tres de sus hermanos y sus padres en 1998.
A
su vez, Espinoza Kyriakides se encuentra casado con la también detenida Claudia
Ramírez, nieta del fallecido Jesús Fimbres Moreno, prominente empresario de la
ciudad.
Claudia
Ramírez se encuentra en el Centro de Detención Las Colinas en Santee, California
desde el 16 de diciembre. La mujer enfrenta cinco cargos por lavado de dinero y
la Fiscalía pidió una fianza de cinco millones de dólares para que enfrente el
proceso en libertad.
No
solo la pareja se encuentra en prisión, también su hijo David Alejandro
Espinoza, de 22 años de edad. Al joven, detenido el martes 19 de diciembre y
preso en la Cárcel Central de San Diego, se le fijó una fianza de 3 millones de
dólares y enfrenta solamente un cargo por lavado de dinero.
Otro
de los que fueron señalados como empleados de Zanfer y que figura en la
acusación es Rafael Lizárraga, de 63 años de edad.
Miembros
de la familia de Jorge Escalante Martínez, ex presidente de Coparmex en
Tijuana, forman parte de la acusación. Se trata de su esposa Karla Verana Lamas
de Escalante y de su hijo mayor, Jorge Carlos Escalante, de 22 años de edad.
Ambos
fueron detenidos el martes 19 de noviembre y cada uno enfrenta tres cargos por
lavado de dinero, por lo que se les fijaron fianzas individuales de un millón
de dólares.
Entre
el resto de los acusados se encuentran Marco Díaz Ochoa, de 34 años de edad,
Liza Ampudia, de 44 años de edad; Karla Espinoza Camacho, de 23 años de edad,
así como los también detenidos Sofía Espinoza de 22 años de edad y Mario
Rodríguez Rivera, de 51 años de edad.
UN MENSAJE PARA FUNCIONARIOS DE BC:
FISCALÍA
Baja California, Veracruz y Baja
California Sur, los estados menos competitivos en 2016: IMCO
La
Fiscalía de San Diego precisó que la investigación por lavado de dinero, que
tomó casi un año e involucró a autoridades federales, estatales y locales
“continúa abierta y hay más personas involucradas”.
Si
bien un agente de la dependencia estatal, quien pidió no ser identificado,
detalló que es común ver casos de lavado de dinero en la frontera, enfatizó que
el regidor panista enfrenta diez delitos mayores –conocidos como felonías en
Estados Unidos– que podrían llevarlo a enfrentar hasta 15 años de prisión.
“Podrían
presentarse más cargos, depende de lo que arroje la investigación que sigue en
curso. La fianza que pedimos es de 5 millones de dólares porque cuando un
acusado no es residente de San Diego, con frecuencia, pedimos una fianza
elevada por sospechas o información que la persona, tal vez no se presente en
audiencia futuras”.
Tampoco
descartó que este caso pueda ser atraído por la Fiscalía Federal del Distrito
Sur de California, “es un caso muy complejo que involucran a personas de ambos
lados de la frontera, pero en este tipo de programas tenemos la cooperación y
colaboración de autoridades mexicanas, ya sea de nivel estatal o federal”.
Si
bien precisó que no se trata de la primera ocasión en que esta Fiscalía
presenta cargos penales contra un funcionario público de México, sí habló de un
mensaje para el resto de los funcionarios públicos
“Para
la Fiscalía de San Diego, cualquier persona involucrada en un delito, no
importa de qué lado de la frontera o qué puesto ocupen, va a ser tratada igual que
a cualquier ciudadano”, dijo.
Añadió
“con las personas en puestos de confianza, funcionarios o servidores públicos
involucrados en una actividad ilegal, vamos a ser firmes y agresivos en mandar
un mensaje a la ciudadanía en ambos lados de la frontera, que esta Fiscalía
nunca va a tolerar que un servidor público tome ventaja de su puesto para no
representar a la ciudadanía como debe de ser”.
LOS OTROS ASOCIADOS
En
el documento Términos de Referencia, Ejecución y Construcción del Acueducto
Villahermosa-Mexicali, elaborado por la Comisión Estatal del Agua, se establece
como antecedente de la obra que el “Gobierno de Baja California ha promovido la
instalación de la importante industria cervecera Compañía Cervecera B.C. en
Mexicali”.
Sin
embargo, detalla que precisamente porque “el principal requerimiento para este
tipo de industria es sin duda la disponibilidad de agua…la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado a través de la Comisión Estatal
del Agua de Baja California está procediendo a construir un acueducto para el
abastecimiento de agua potable a la industria antes mencionada”.
Bajo
esta premisa, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid elaboró los
requerimientos del acueducto de 47.5 kilómetros que abastecerá 15 millones
cúbicos de agua anuales a la empresa extranjera Constellation Brands o Compañía
Cervecera de Baja California, nombre con el que se establecerá en la capital de
la entidad.
Pero
lo hizo, como denunció la delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción (CMIC), a modo con especificaciones de tubería que solo URBACA
puede cumplir y desarrollando un proyecto ejecutivo que requería más de diez
meses de investigación en un plazo de dos meses.
Sin
embargo, de acuerdo con el acta de fallo de la obra, fechada el 30 de noviembre
de 2016, no lo hizo solo. Urbanización y Riego Baja California, presentó la
propuesta ganadora asociado con Urbanizadora Roma y Urbanizadora Goar.
Aunque
el costo se estimó en 447 millones 790 mil 891 pesos, las tres empresas
aumentaron el valor de la obra a 452 millones 848 mil 41 pesos, sin incluir
IVA.
Entre
2014 y 2016, el Gobierno del Estado, principalmente a través de la Secretaría
de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE) y la Comisión Estatal del Agua
(CEA), ha otorgado 155 millones 370 mil 321 pesos a Urbanizadora Roma y
Urbanizaciones Goar.
De
acuerdo con registros oficiales consultados por Zeta, ambas empresas
–individualmente– han recibido 21 contratos a través de licitaciones públicas o
invitaciones, entre los importantes figuran la conclusión de la Presa Las Auras
en Tecate, la primera parte de CEART en Playas de Rosarito, la construcción del
Centro de Justicia Alternativa penal en Ensenada, así como trabajos de
pavimentación, rehabilitaciones de acueductos y tuberías.
Según
el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California,
Urbanizaciones Goar quedó constituida en 1999 con los accionistas Héctor Raúl
González Arias y José Luis González Corona.
Mientras
que Urbanizadora Roma tiene como socios a Martín Valadez Martínez, Laura Pérez
Ramos, Esther Castro Borbolla y Juana Gómez Rocha, en una sociedad conformada,
al igual que la compañía anterior, en 1999.
La
razón por la que integrantes de la CMIC en Mexicali no participaron en esta
licitación, fue precisamente porque, como lo denunciaron en cartas,
desconfiaron de la falta de transparencia y de legitimidad en el proceso ganado
por el socio de Fernando Beltrán Rendón.
(SINEMBARGO.MX/
INÉS GARCÍA RAMOS E ISAÍ LARA BERMÚDEZ/ REDACCIÓN / DICIEMBRE 26, 2016 - 10:59
AM)
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