FUERZAS POLÍTICAS LLEVARÁN A TRIBUNALES PRIVATIZACIÓN DEL AGUA DE KIKO Y DIPUTADOS

Moreno del PES, Mendívil del PRI y Blásquez del PT.

Fotos: Archivo

El diputado del Partido Encuentro Social (PES) en Baja California, Luis Moreno; el senador del Partido del Trabajo (PT), Marco Antonio Blásquez y el ex candidato a la alcaldía de Tijuana, René Mendívil se expresaron, por separado, en contra de la Ley del Agua para Baja California, aprobada la madrugada martes 20 de diciembre en el Congreso del Estado e informaron de una serie de acciones legales para evitar la promulgación de ésta.

Luis Moreno Hernández, diputado del PES, uno de los nueve legisladores en votar en contra de la ley promovida por el gobernador Francisco “Kiko” Vega, anunció que el PES presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en inconformidad por la violación al artículo 115 de la Constitución, así como a varios tratados internacionales.

“Parte de los argumentos que daremos es que de acuerdo a la ley, la distribución y manejo del agua es de los municipios, por eso vamos a corregir que los municipios puedan recuperar la rectoría del agua”, comentó.

Moreno Hernández aseguró que la rapidez de los diputados panistas por aprobar el dictamen, así como su negativa a consultarla con expertos y con la sociedad a través de foros y mesas técnicas, despierta suspicacias en la ciudadanía.

“Este interés tan grande y profundo del Gobierno Estatal para privatizar el agua, nos hace entender que hay alguien que se va beneficiar con este negocio. Un grupo personas o intereses se está llevando mucho dinero de los bajacalifornianos”, afirmó el legislador y observó que a nivel mundial, cuando un servicio se privatiza comienza a encarecerse porque el empresario ve al ciudadano solo como cliente.

También calificó como un retroceso a la soberanía del Estado, la creación de la nueva ley, ya que con la contratación de compañías para el manejo y operación del agua, “la iniciativa privada podrá ofrecer y cobrar las tarifas que quiera”.

Por su parte, el ex diputado local René Mendívil y candidato del PRI a la alcaldía de Tijuana en el pasado proceso electoral, también se pronunció en contra de la iniciativa aprobada e indicó que su aprobación puede ser revertida.

A través de una publicación en Facebook, el priista indicó “la oposición puede unirse y con nueve diputados, o a través de los Ayuntamientos, podrá interponerse una controversia constitucional ante la Suprema Corte y así impedir que empresas privadas controlen el destino de nuestro vital líquido”.

También hizo un llamado a no permitir “que los gobiernos panistas vendan nuestra soberanía y nuestro futuro… no permitamos más abusos, 30 años no bastan?”.

Por último, Marco Antonio Blásquez manifestó que entablará comunicación con los presidentes municipales de los cinco municipios, así como con los diputados que votaron en contra de la ley para “apoyarlos como senador y como ciudadano”.

Puntualizó que esta Ley del Agua no violenta solamente las facultades de los Ayuntamientos, también puede dar lugar a motivos de inconstitucionalidad que habilitan a cualquier ciudadano a interponer una demanda de amparo a través de la figura del “interés legítimo”.

Blásquez agregó que los Organismos Operadores Metropolitanos establecidos en los artículos del 13 al 25 de la nueva ley resultan violatorios tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de la Constitución Política de Baja California, ya que los establecen como competencia inmediata y directa de los municipios, precisamente a través de los Ayuntamientos.

Ambas prevén que para el caso de que el Ayuntamiento se encuentre incapacitado para prestar alguno de estos servicios, podrá solicitar que el Estado lo haga de manera temporal o bien que ambos lo presten coordinadamente, indicó.

Sin embargo, el senador petista precisó que en cualquiera de los dos casos, se requiere la celebración de un convenio en el que el municipio exprese su voluntad con una mayoría calificada de las dos terceras partes de los regidores.

“Estos extremos no se cumplieron. Esto implica una invasión a la competencia de los municipios”, aseguró.

(SEMANARIO ZETA/ ISAÍ LARA BERMÚDEZ/ JUEVES, 22 DICIEMBRE, 2016 01:34 PM)