Campesinos
del Ejido Tanque Nuevo, Cuatro Ciénegas, le venden 325 hectáreas a la empresa
Beta Santa Mónica y denuncian que la compañía se adueña de 5 mil hectáreas ¡y
del agua!
Por:
Roxana Romero
Foto:
Roberto Armocida
Edición:
Kowanin Silva
Diseño:
Edgar de la Garza
Video:
Orlando Sifuentes
Cuando
los ejidatarios de Tanque Nuevo, en el municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila,
supieron que les pagarían lo que en ese tiempo consideraron “buen dinero” por
una parte de sus tierras, emocionados aceptaron vender únicamente 325 hectáreas
de sus parcelas a la empresa Beta Santa Mónica; ahora pelean legalmente porque,
aseguran, la lechera se apoderó poco a poco del terreno de uso común hasta
ocupar más de 5 mil hectáreas, aunado a eso ha explotado el agua del Ejido
durante 14 años y sin autorización de sus dueños.
Enrique
González Castruita, quien fue comisariado ejidal desde el 2013 hasta julio de
este año, afirmó que la empresa lechera únicamente pagó mil pesos por cada una
de las hectáreas que los ejidatarios vendieron de las hectáreas parceladas.
Pero en ningún momento hubo un acuerdo para rentar o vender las concesiones de
los cinco pozos de agua con los que cuenta la localidad.
Tanque
Nuevo está ubicado al sur de Cuatro Ciénegas y, según ejidatarios, tiene una
superficie de 72 mil hectáreas. Para llegar al poblado se debe recorrer la
carretera San Pedro- Cuatro Ciénegas; en el camino los sembradíos de alfalfa en
forma circular invaden el paisaje, pero los dueños no son los campesinos, sino
las grandes empresas lecheras como Beta Santa Mónica (leche Bell) o Grupo Lala,
cuyos dueños han sido atraídos por la riqueza que existe del recurso de agua en
el subsuelo de la región.
Arrasaron.
El área pintada de colores es el terreno en el que está operando la empresa, un
perito de la Procuraduría Agraria calculó que ocupan más de 5 mil hectáreas en
las que hay áreas comunes que los ejidatarios usaban.
EL TRATO CON CAMPESINOS
Beta
Santa Mónica llegó a Tanque Nuevo desde el año 2002. En ese entonces los
empresarios Gustavo Díaz de León y José Antonio Muñoz Vázquez organizaron una
reunión con los 70 ejidatarios, dueños de las tierras en las que buscaban
sembrar la alfalfa y el maíz para el forraje que utilizan como alimento las
vacas que tienen en los establos en la Región Lagunera.
“En
el 2002 tuvimos una junta. Esa vez fuimos poquitos ejidatarios los que
asistimos. Ahí nos ofrecieron dinero. Nos ofrecieron mil pesos por cada hectárea
parcelada y los empresarios fueron a buscar a sus casas a los que no habían ido
a la asamblea. Al principio estaban en el terreno que les habíamos vendido,
pero ellos fueron agarrando más tierras de las que les vendimos y agarraron de
las de uso común. Ahorita creo que tienen más de 5 mil hectáreas”, reclama
Julio César Alvizo, quien fue tesorero del ejido.
En
ese tiempo, recuerda, hubo enfrentamientos entre los empresarios y los
ejidatarios, algunos querían que les pagaran más dinero de los mil pesos que
les prometieron. Las discusiones no sirvieron de nada, finalmente Beta pagó lo
que ofreció desde el principio.
Cuando
los empresarios llegaron con los fajos de billetes en la mano, los habitantes
del lugar restaron importancia al desconocimiento de las personas con las que
hacían trato. La ilusión de tener en sus manos tanto dinero junto, como nunca
habían visto, fue mayor a la desconfianza que los desconocidos podían generar.
“Sabíamos que era una empresa lechera, que tenían unos establos del lado de San
Pedro y Torreón. Era todo lo que sabíamos”.
Acudieron
a Vanguardia para entregar copias de las demandas que interpusieron ante la
Procuraduría Agraria, así como el peritaje que determinó que la empresa está
ocupando 5 mil 226 hectáreas.
“Beta”,
como le llaman los campesinos, se instaló y comenzó a trabajar sin ningún
problema durante los primeros años. Aunque en la reunión con los habitantes
también prometieron que darían trabajo a los ejidatarios, en 2006 José Ángel
Alejo Zamarrón aseguró a Vanguardia que, hasta ese entonces, no conocía de
nadie que trabajara en las tierras que antes eran suyas.
“Cuando
lo supimos, las autoridades ya tenían compradores para las tierras. Nos
fregaron a los ejidatarios con la esperanza de que iba a haber trabajo, incluso
apoyamos a los lecheros poniéndonos en contra de la gente de Cuatro Ciénegas
que hizo un movimiento”, relató en aquél entonces.
Después
de 14 años de haberse instalado, únicamente 20 de las más de 200 personas que
viven en Tanque Nuevo trabajan en Beta Santa Mónica; el resto de los
trabajadores son originarios de los ejidos vecinos o de municipios cercanos,
como San Pedro de las Colonias.
El
pago varía depende de la función que cada persona tenga. Hay a quienes les
pagan 800 pesos, a otros hasta 1,500 o 2,000 pesos por semana y trabajan nomás
de lunes a sábado, según comenta uno de los habitantes del ejido, quien
prefiere no hablar del problema que hay con la tierra y el agua: “Yo la verdad
no sé muy bien cómo está todo eso. Yo sí soy ejidatario y también ando ahí con
la demanda, pero no sabría explicarle bien cómo está todo”.
Los
habitantes de Tanque Nuevo que no son empleados de Beta continúan con la rutina
de siempre y que viene de muchos años atrás: recorrer el monte en búsqueda de
candelilla, por la que les pagan entre 18 y 20 pesos por kilogramo.
Al principio estaban en el terreno que les habíamos vendido, pero ellos fueron agarrando más tierras de las que les vendimos y agarraron de las de uso común”
JULIO CÉSAR ALVIZO, EX TESORERO DEL
EJIDO
LA PRIMERA DEMANDA CONTRA BETA SANTA MÓNICA
En
el 2006, según comenta González Castruita, Francisco González y Juan García
González, propietarios de una parte de hectáreas, interpusieron la primera
demanda ante el Tribunal Agrario del Estado contra Beta para que les devolviera
lo que era suyo.
Para
octubre del mismo año, agrega, la sentencia salió a favor de los dos
ejidatarios. Pero en ese tiempo nadie, ni Beta, ni los mismos demandantes
supieron de la resolución.
“En
febrero del 2009 la empresa se da cuenta del caso perdido y tenían que
regresarles las tierras a los dos que habían demandado.
Entonces
presentaron unos poderes falsos, donde supuestamente todos los otros
ejidatarios dejábamos que nos representaran dos de sus abogados. Se supone que
para poder otorgar esos poderes, todos los ejidatarios debimos haber firmado,
pero nosotros ni nos enteramos. La empresa falsificó firmas y presentó algunas
hasta de personas que en ese momento ya habían fallecido.
Nosotros
tenemos las actas de defunción donde viene también la fecha en que se murieron
esas personas que supuestamente firmaron”, arguye González Castruita.
Alvizo,
el ex tesorero, relata que Francisco González y Juan García también habían
demandado al Ejido, pues ellos pertenecen al grupo de campesinos que no
estuvieron presentes en la primera asamblea y, según argumentaron, no los
tomaron en cuenta para la venta de las tierras.
“El
ingeniero Muñoz y el ingeniero Gustavo nos pusieron un abogado a nosotros,
porque ellos nos estaban demandando. Venían a pelear su parte al ejido. No sé
qué quería ocultar el ingeniero de la empresa Beta, porque nos puso un abogado
para que nos defendiera, pero sin decirnos nada a nosotros, como sea les
ganaron el pleito. Total que el ingeniero les dio un millón de pesos para que
se retractaran de la demanda que habían puesto”, recuerda. Pero González
Castruita asegura que no fue así, que el documento en el que supuestamente se
desisten de la demanda fue falsificado.
Actualmente
estos dos ejidatarios se unieron a la lucha con todos los demás campesinos,
para que se aclare la situación y la empresa devuelva el terreno que es del
pueblo.
La
situación se tranquilizó hasta el año 2013, cuando los habitantes de Tanque
Nuevo comenzaron a percatarse que el tamaño de las tierras de la empresa es
mucho mayor. En ese tiempo Enrique González Castruita iniciaba como comisariado,
al mismo tiempo empezó con la lucha para que la empresa devuelva las hectáreas
que tiene de más y deje de utilizar el agua por la que nunca les ha pagado.
EL PROBLEMA CON EL AGUA
El
Ejido cuenta con un volumen de 2 millones y medio de metros cúbicos de agua, la
misma cantidad que ahora es utilizada por Beta, incluso esa cantidad ha
aumentado por los pozos nuevos que han hecho.
Enrique
González, representante de los campesinos, asegura que los empresarios llevaron
papelería falsa ante el notario público de Torreón, Armando Martínez Herrera,
para que hiciera actas de asambleas y diera fe de que los ejidatarios les
transmitieron el agua.
Sin
embargo, refuta, estas asambleas que supuestamente se realizaron en los años
2003 y 2004, nunca se llevaron a cabo. “Nosotros no nos dimos cuenta de esas
actas. Fue hasta julio de este año que supimos que existían, y fue porque
estamos recopilando toda la información para documentar la demanda”.
Los
empresarios, asevera, valiéndose de su dinero, tenían el apoyo de la Comisión
Nacional del Agua cuando las oficinas estaban en Saltillo, y de la Procuraduría
Agraria. Pero asegura que el agua sigue siendo de los ejidatarios, pues cuando
acudieron a Conagua, en Monterrey, les entregaron los documentos que avalan la
propiedad del recurso.
“Nosotros
contamos con todos los documentos, tanto la falsedad de documentos que hay por
parte de Conagua, de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario, de que
esas asambleas nunca se llevaron a cabo en el ejido. Les estamos demostrando a
ellos con papeles donde está la mentira”, asegura.
Cuando menos lo esperaban. La
empresa ya contaba con 15 pozos en el Ejido Tanque Nuevo, mientras los
habitantes batallan para tener agua y regar sus parcelas.
Mientras
se resuelve legalmente el conflicto, el agua y la tierra están siendo
aprovechadas solamente por la empresa.
No sé cómo le hicieron pero ellos estuvieron
abriendo más pozos y de la noche a la mañana ya los tienen jalando, ahorita
tienen 15 pozos, que son todos los que utilizan”
ENRIQUE
GONZÁLEZ, EJIDATARIO.
Para
los empresarios agrícolas no fueron suficientes los cinco pozos de agua con los
que ya contaba Tanque Nuevo y poco a poco abrieron 10 pozos más. Los
ejidatarios también sospechan que no cuentan con el permiso correspondiente
para la creación y explotación de pozos nuevos.
“Ellos
fueron abriendo más pozos y no supimos cómo le hicieron. No sabemos si pidieron
permiso con Conagua, con la Profepa. Ellos abren pozos y de la noche a la
mañana ya los tienen jalando, ahorita tienen 15 pozos, que son todos los que
utilizan”, declara.
Nosotros contamos con todos los documentos,
tanto la falsedad de documentos que hay por parte de Conagua, de la
Procuraduría Agraria y del Registro Agrario"
ENRIQUE
GONZÁLES, EJIDATARIO.
PROCURADURÍA AGRARIA LES DA LA ESPALDA
A
finales del año 2013 y principios del 2014, Enrique González, junto con un
grupo de ejidatarios recurrió a la Procuraduría Agraria en el Estado, para que
les brindara el apoyo necesario e interponer una demanda contra los
empresarios.
Aunque
en un inicio el delegado federal, Humberto Ruiz Cabello, los atendió y realizó
tres reuniones con ejidatarios y empresarios, buscaba una conciliación y que
los campesinos aceptaran dinero para dejar el asunto.
“Hemos
estado en la Procuraduría Agraria, que son los asesores de los campesinos. En
vez de asesorarnos a nosotros asesoran a los empresarios. Nunca nos han
apoyado. En el 2013 iniciamos un juicio. En 2014 estuvimos en la Procuraduría
dos veces, pero el delegado Humberto Ruiz Cabello nos recibió de muy mala manera”,
afirma González Castruita.
Afirma,
además, que el 8 de julio del 2014 delante de Armando Villa Sánchez, líder de
la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Cuatro Ciénegas, Humberto Ruiz
Cabello le ofreció un millón y medio de pesos para que detuviera el juicio
contra Gustavo Díaz de León, José Antonio Muñoz Vázquez, Luis Carlos, Irma
González N., Graciano Martínez Borrego, Jesús Elizalde Rojas y Eleazar Méndez
Chávez.
“Yo
le pregunté: si estoy ganando (en el juicio), dime. Él me contestó que yo ya estaba
ganando, pero para qué quería esa tierra si nunca la iba a usar. Ésa fue la
respuesta que me dio. Siempre trató de sacarme del ejido, fuera de los
ejidatarios, de la mesa directiva, él me citaba que me fuera sólo a San Pedro,
a Torreón o Monclova o donde yo le dijera, para enfrentar a los empresarios y
negociar yo solo, pero yo nunca le hice caso, yo lo que quiero es que las cosas
se hagan bien”.
Enrique
González asegura que la empresa falsificó sus firmas y llevaron papelería ante
un notario para que hiciera actas de asamblea y diera fe de que los ejidatarios
les cedían el agua.
En la Procuraduría Agraria, en vez de
asesorarnos a los campesinos, asesoran a los empresarios”.
ENRIQUE
GONZÁLES, EJIDATARIO.
Por
su parte, Humberto Ruiz Cabello, Delegado de la Procuraduría Agraria negó las
acusaciones que se hacen en su contra. Añadió que la dependencia se ha retirado
del caso porque los ejidatarios así lo pidieron.
Negó
estar a favor de la empresa y declaró que los inconformes revocaron al abogado
de la institución y dejaron a uno particular. Pero antes de retirarse
solicitaron un peritaje a la Procuraduría en la Ciudad de México.
“A
nosotros nos solicitan un peritaje, sale sin problema. Después ellos contratan
a alguien para que lo haga. En los resultados no aparecieron hectáreas de más.
El peritaje que mandamos a hacer nosotros son las que se han ocupado con la
sucesión de derechos”, asevera.
De
acuerdo con los resultados del peritaje que se realizó en septiembre del 2014
por parte de la Procuraduría, la empresa aportó documentación que suma un total
de 5,226-93-83.116 hectáreas y, aunque en realidad ocupa mayor espacio, el
documento señala que “podrá, en su momento, aportar elementos o documentación
que demuestre la adquisición de otras superficies”.
El
18 de septiembre de este año, el Delegado Ruiz Cabello señaló a un medio de
comunicación del Estado que, luego del peritaje realizado a las tierras del
Ejido, se concluyó que la cantidad de hectáreas ocupadas es de alrededor de
1,600 y no de 5,226, por lo que se descartaron las demandas del ejido sobre la
presunta usurpación de territorio.
Al
comienzo los habitantes de Cuatro Ciénegas se manifestaron en contra de la
empresa lechera que llegó a negociar con los ejidatarios.
Nos fregaron a los ejidatarios con la
esperanza de que iba a haber trabajo, incluso apoyamos a los lecheros
poniéndonos en contra de la gente de Cuatro Ciénegas”
JULIO
CÉSAR ALVIZO, EX TESORERO DEL EJIDO
INTERPONEN DEMANDA PENAL CONTRA LA
EMPRESA Y CONAGUA
Desde
febrero del 2015, los ejidatarios decidieron contratar un abogado por su cuenta
y acudir directamente al Tribunal Agrario para interponer una demanda contra
las personas de la empresa y la Procuraduría Agraria. Sin embargo, el proceso
se encuentra lento, pues no han podido localizar a dos de los demandados para
entregarles una notificación.
“Ellos
esconden a dos personas. Ya usamos todos los recursos para localizarlos,
solamente nos faltan los edictos en el periódico. Ya los vamos a poner y
tenemos fecha para audiencia el 31 de enero del 2017 en Torreón”, explica
González.
Por
su cuenta, el Delegado Humberto Ruiz Cabello asegura que, hasta el momento, la
dependencia no ha recibido ninguna notificación de la demanda.
En
el mes de noviembre de este año, detalla, interpusieron también una demanda
penal en la PGR contra la Conagua y el notario público, Armando Martínez
Herrera, por los documentos de las asambleas que, asegura, son falsos, en los
que los ejidatarios cedieron los derechos del agua a Beta. También demandaron
penalmente contra Gustavo Díaz de León, José Antonio Muñoz Vázquez, Luis
Carlos, Irma González N., Graciano Martínez Borrego, Jesús Elizalde Rojas y Eleazar
Méndez Chávez, los prestanombres de la empresa, según comenta Castruita.
Mientras
los ejidatarios continúan con la lucha para que la empresa les devuelva sus
tierras y el agua, Beta Santa Mónica continúa con su producción. El proceso de
las demandas puede durar años, pero los campesinos insisten en que no
descansarán hasta que “se haga justicia”.
UNA LARGA BATALLA
2002- Llega la empresa Beta Santa Mónica
y compra 325 has a los
ejidatarios.
2006- Dos ejidatarios interponen una
demanda ante el Tribunal Agrario contra Beta para que les devuelva sus tierras.
2008-
Ni la empresa, ni los campesinos se enteran de la resolución.
2009- Beta Santa Mónica se entera que el
caso está perdido. Abogados de la empresa hacen poderes falsos, donde
supuestamente los campesinos permiten que los representen legalmente.
2013-
Los ejidatarios piden apoyo a la Procuraduría Agraria, aseguran que las
autoridades estaban de parte de la empresa.
2014- Perito de la Procuraduría Agraria
mide 5 mil 226 hectáreas que ocupa la empresa.
2015- Interponen una demanda ante el
Tribunal Agrario contra la empresa. Descubren documentos falsos de concesiones
del agua.
2016 - Interponen demandas penales por documentos
falsos del agua.
(VANGUARDIA/ROXANA ROMERO/ Domingo,
Diciembre 18, 2016 - 00:44)
No hay comentarios:
Publicar un comentario