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Sergio Haro
El
titular del Juzgado V de Distrito con sede en Mexicali, Joel Bernal López, optó
por diferir la audiencia relativa al Amparo interpuesto por el joven Eduardo
Robinson, a quien la fue negada la libertad en septiembre pasado por un Juzgado
de Control al considerar que aún no estaba apto para esto.
Robinson
fue detenido en febrero del 2010 acusado del asesinato de su padre –el doctor
Eduardo Robinson– y su joven novia, Andrea Berrelleza, de apenas 15 años de
edad.
En
ese tiempo el joven contaba con 16 años de edad y fue sentenciado a 10 años de
internación.
Pero
en junio de este año la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para
Adolescentes fue reformada por el Senado de la República y entre los
considerandos incluyó que le pena máxima para los menores no sería mayor a los
cinco años de confinamiento.
A
raíz de esa reforma han sido liberados varios menores, algunos sentenciados por
homicidio.
En
septiembre de este año se efectuó una audiencia dado que la Defensora de Oficio
de Robinson –ahora con 22 años de edad–, solicitó su liberación, la cual le fue
negada bajo el argumento de que Robinson aún no había cumplido el tratamiento
psicológico al que está sometido.
En
respuesta, la Defensa tramitó un amparo, el que quedó asentado con el número
596/2016 en el Juzgado V de Distrito con sede en Mexicali. La audiencia
programada para la mañana del martes 6 de diciembre, fue diferida para el
martes 17 d enero a las 10:35 de la mañana.
De
acuerdo al titular del Juzgado Especializado en Adolescentes en Mexicali,
Álvaro Castilla Gracia, la Ley aprobada en junio del año en curso ya ha sido
objeto de críticas y hay propuestas para algunos cambios.
El
abogado especializado comenta que algunos de los rubros pendientes son el
relativo a la reparación del daño donde ahora eximen de responsabilidad a los
padres, lo que deja al ofendido y la víctima en un estado de completa
indefensión.
Castilla
mencionó que hay una Ley General de Víctimas donde se obliga al Estado a la
reparación del daño –y hasta existe un Fondo Nacional–, aunque persiste la
tesis de que se ha estado cubriendo de ese fondo a presuntos delincuentes que
denuncian tortura o violaciones a derechos humanos que a las mismas víctimas de
esos presuntos delincuentes.
Otro
de los elementos tiene que ver con la falta de regulación para la terminación
anticipada de las penas, una suerte de juicio abreviado donde reconocen la
falta y logran menor penalidad, lo cual se ha dejado a criterio de los jueces.
Castilla
Gracia explicó que estos temas pendientes han suscitado una discusión nacional
entre los especialistas en justicia para adolescentes y él mismo ha participado
en varios foros sobre esta temática.
(SEMANARIO
ZETA/ Ezenario / Sergio Haro Cordero /Lunes, 19 diciembre, 2016 12:00 PM)
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