Fotos:
Cristian Torres/Enfrentamiento en la cámara del congreso en Mexicali
Vergonzosa
resultó la aprobación de la nueva Ley de Aguas para el Estado de Baja
California, cuando los diputados dejaron ver la toma de una serie de malas
decisiones, se confirmó la obstinación de los panistas, y la violencia de los
sindicalizados de Tijuana, en un tema que de fondo, trae la privatización del
servicio de agua, el alza en las tarifas del líquido y la eliminación de
algunas Comisiones Estatales de Servicios Públicos
Aprovechando
el mayoriteo del Partido Acción Nacional y sus aliados del Partido de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se aprobó el dictamen de
Hacienda y Presupuesto 48, relativo a la Ley del Agua para el Estado de Baja
California.
Lo
aprobaron utilizando el bloque panista que de suyo representa la mayoría simple
con trece diputados, más los dos de los pequeños partidos. La oposición real se
quedó en los representantes del Partido Revolucionario Institucional, el
Partido de Baja California y el Partido Encuentro Social.
El
ya clásico bloque contrario a los designios del Gobernador Francisco Vega de
Lamadrid. Los oposicionistas calificaron la reforma de anticonstitucional y
privatizadora, y ya planean recurrir a una controversia constitucionalidad para
tumbar la ley que Vega de Lamadrid promovió para desaparecer las Comisiones
Estatales de Tijuana, Ensenada y Tecate para crear el organismo metropolitano
de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de la Zona Costa y otro para
Mexicali.
Pese
a que la Ley señala que serán los organismos públicos metropolitanos quienes se
harán cargo de la regulación, captación, conducción, desinfección,
potabilización, almacenamiento y distribución del agua, también se deja abierta
la puerta para que la iniciativa privada pueda suplir estas funciones, lo que
claramente entendieron los opositores como privatizar parte de los servicios o
incluso la totalidad de ellos en el servicio del agua.
De
igual manera los diputados panistas y sus dos aliados votaron para quitarle la
atribución al Congreso del Estado, para fijar la tarifa de consumo de agua. Ese
concepto lo amarraron a factores como la inflación, con lo que llevará a
mayores aumentos.
También
aprobaron el corte total del agua para las personas que no puedan pagar, y a
las cuales en la actualidad se les colocaba un reductor del flujo del líquido.
El
consejo consultivo estatal del agua deja entrada a diversos sectores que van
desde el científico hasta el empresarial, pero éstos serán designados por el
ejecutivo además que integrarán 6 funcionarios más dejando un desequilibrio en
favor del Gobernador en turno.
En
el capítulo de Participación del Sector Privado señala la nueva ley que podrán
prestar total o de manera parcial el servicio, además de participar en el tema
de aguas residuales, operación y mantenimiento y ejecución de obras, lo que
podría dejar todo el paquete en manos de organismos privados bajo licitación
pública.
De
igual manera prevé cobros de hasta 5 años en caso de detectarse tomas
domésticas no registradas, tomando como base lo que resulte del cobro de 250
litros por habitante hasta 4 habitantes por familia.
Sesión
del Congreso, entre diputados manifestantes, policía y reventadores.
APROBACIÓN FAST TRACK
La
Ley fue enviada únicamente a la Comisión de Hacienda y Presupuesto al Congreso
del Estado el 29 de noviembre, sin previa consulta con la sociedad, sin mesas
de análisis y con un corto trabajo legislativo, además en los días en que se
encontraban laborando en la conformación de los presupuestos.
La
sesión se tenía prevista para el lunes 19 a las 4 de la tarde, finalmente
inició hasta las 9 de la noche, sin embargo desde temprano arribaron empleados
burócratas de Tijuana y pocos de Mexicali para manifestarse fuera del edificio
del poder Legislativo.
Fue
el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Castañeda Pomposo, quien finalmente
aprobó el ingreso a los mismos. De inicio los manifestantes interrumpieron la
sesión descargando su descontento contra la líder sindical y diputada local
Victoria Bentley, a quien acusaron por lo menos de traidora entre otro cúmulo
de adjetivos calificativos.
Alrededor
de las 11 de la noche una comisión encabezada por la Junta de Coordinación
Política pidió a los burócratas realizar una mesa de diálogo en una sala
alterna para que se pudieran desahogar los primeros puntos relativos
ampliaciones presupuestales, no resultó nada de ello.
Cerca
de las 12:30 horas ya en el martes 20 de diciembre, los manifestantes sacaron
carteras, billetes y monedas en son de manifestación contra Bentley, a quien
acusaron de vendida ya que aseguraban, la nueva reforma los dejaría sin trabajo
cuando empezaran las privatizaciones.
Los
ánimos se calentaron y los presentes empezaron a lanzar monedas al centro del
recinto oficial, golpeando en ese momento al diputado Luis Moreno del Partido
Encuentro Social, pese a que había ofrecido su apoyo para no aprobar la
iniciativa del gobernador.
Luis
Moreno y Catalino Zavala, opositores.
Minutos previos, los asesores panistas le
habían sugerido a la diputada Iraís Vázquez que pidiera la dispensa de trámite
para no leer todo el documento y poderlo aprobar sin mayores contratiempos, sin
embargo la diputada se obstinó en que se tenía que realizar la lectura completa
de las 88 páginas en el pleno.
Cuando
inició la lectura, los manifestantes intentaron entrar al recinto legislativo,
lo que provocó un primer choque con los guardias de seguridad interna quienes
pudieron detenerlos en un primer momento.
Ante
la situación, Castañeda Pomposo determinó un receso, con lo que pidió el apoyo
de alrededor de 15 policías Ministeriales. Cercano a las 2 de la mañana y
obstinados en la lectura, la diputada Vázquez volvió a la Tribuna, nuevamente
los burócratas intentaron ingresar al pleno, ahí se presentaron empujones y
golpes entre ministeriales, guardias y manifestantes, pero finalmente al dictar
otro receso se calmaron los ánimos.
Todo
volvió a la normalidad, mientras había recesos se apreciaba la tranquilidad,
algunos diputados charlaban amistosos con los manifestantes, incluso los mismos
ministeriales, fue alrededor de las 3 de la mañana que arribaron 3 pick up de
la policía Estatal Preventiva, lo que cargó la balanza en número hacia los
uniformados.
Al
continuar la sesión y ante la inminente desventaja, los burócratas lanzaron
botellas de agua al pleno, una golpeó en el pecho del lado derecho al
presidente de la mesa directiva, lo que ocasionó que nuevamente suspendiera la
sesión, mientras eso ocurría seguían los actos de violencia dentro del recinto
oficial, ya que intentaban ingresar al pleno.
A
los pocos minutos una veintena de personas ingresó al Congreso del Estado, no
se trataban de manifestantes, sino de grupos de choque “contratados” por el
mismo congreso, según dijeron al ser cuestionados.
Se
ubicaron en las escaleras para evitar el acceso al segundo piso, la idea era
terminar la lectura y cambiar la sede al tercer piso donde el grupo de choque
intervendrían con la venia de policías municipales y guardias del mismo
congreso, por espacio de una hora la seguridad del congreso estuvo a manos de
particulares, muchos de ellos de aspecto humilde y algunos en aparente estado
de intoxicación.
Finalmente
a las 4:30 de la mañana y luego de cambiar de estrategia, la diputada panista
Iraís Vázquez decidió cortar la lectura y pidió dispensa de trámite.
Para
esos momentos todo era una vergüenza, por un lado los burócratas impidiendo a
toda costa la lectura mediante otro conato de bronca, y por el otro la
terquedad de querer sesionar sin las condiciones mínimas de seguridad, todo por
la consigna de votar esa misma noche todos los temas al costo que fuera.
Cuando
reinició la lectura llovían botellazos, uno le tocó al diputado Carlos Torres
quien se alejó de la zona en la que se encontraba, la diputada Vázquez escondida
desde la tribuna leyendo, custodiada por un guardia, un empleado de
comunicación y un asesor que la cubrían de objetos voladores, finalmente pidió
la dispensa, la cual fue nuevamente mayoriteada por los panistas, de igual
manera se votó el cambio de sede a propuesta del presidente del Congreso, lo
cual logró con 17 votos a favor gracias al apoyo de los priistas.
Los
diputados se fueron, mejor dicho se escondieron, en ese momento llegaron una
veintena de policías municipales, quienes pidieron desalojar el sitio pero
éstos aún se reusaban, terminaron apagando las luces del lugar.
Las
curules de los diputados fueron tomadas poco a poco por policías municipales
quienes aburridos se empezaron a sentar.
Manuel Oceguera.
Pasó
una hora aproximadamente, cuando reanudaron la sesión en el tercer piso.
En
la sala Francisco Dueñas; por unas escaleras policías municipales evitaban el
acceso, por las otras el grupo de choque que impidió a costa de empujones y
amenazas ingresar a los reporteros a la sesión ante la mirada de guardias de
seguridad y policías municipales quienes se hicieron de la vista gorda.
Mientras
en la sala Dueñas, los diputados se disponían a continuar la sesión pese al
pequeño lugar, sin embargo, fueron avisados que finalmente los manifestantes se
habían marchado, y a esas horas el Congreso se encontraba sitiado por un
centenar de policías municipales.
A
sus anchas los diputados del PAN lograron aprobar la iniciativa con los votos
del PRD y Movimiento Ciudadano, en contra votaron PES, PRI, PT, Morena y PBC.
Catalino Zavala Márquez de Morena votó contra.
Argumentó
que se contraviene a diversas disposiciones federales además de acusar que se
trataba de un tema de privatización del agua, lo cual se encuentra fuera de las
facultades estatales.
“Estaríamos
planteando que los servicios relativos al agua en nuestro estado fueran
otorgados mediante concesión a empresas privadas, una obligación que es del
Estado, además se establecería un mecanismo de cobro de las tarifas que agua,
que ya no pasaran por la representación popular, es decir por el congreso”,
señaló el legislador.
El
coordinador de la bancada del PRI, Alejandro Arregui Ibarra señaló que existen
coincidencias con el objetivo de resolver la problemática de falta de agua pero
no en la forma como se quiso realizar.
“Pasar
a su discusión como si se tratara de un tema de mero trámite, y que tengamos
que buscar recovecos para poder sentarnos a su consideración de esta soberanía
un tema de tal relevancia creo que debe llevarnos a reflexionar, sin distingos
de partidos o posturas políticas”, expresó el líder priista.
Por
su parte la diputada del PT señaló que la ley le abre la puerta a la
privatización del servicio además de que el agua dejaría de ser un derecho
humano para convertirlo en una mercancía.
“Se
podría perder promover una acción de inconstitucionalidad porque eso podría
atentar contra el cuarto constitucional el cual reconoce el acceso al agua como
derecho humano e incluso se está pasando diversos estipulados del artículo 27
constitucional”.
Dijo
que las cuotas y tarifas del agua significan aumentos muy significativos en las
tarifas para los consumidores.
Luis
Moreno del Partido Encuentro Social señaló que el solo procedimiento siembra
dudas por las prisas con las que se aprobó la iniciativa, además que buscarán
interponer un recurso de acción de anticonstitucionalidad debido a que viola la
constitución.
El
diputado hizo hincapié en que la ley necesitaba ser consensuada con muchas
personas y analizada con tiempo con lo que se hubiera evitado interponer las
medidas legales.
Por
su parte el legislador del PBC, Jorge Núñez expresó que la Ley va en contra de
los mismos postulados del partido ya que la rectoría del agua les corresponde a
los mismos ayuntamientos.
“La
historia reciente nos ha dado múltiples ejemplos donde nos hemos dado cuenta
que las concesiones más que ayudarles a la ciudadanía les ha perjudicado”,
afirmó.
Finalmente
Carlos Torres del PAN despotricó contra Catalino Zavala y Luis Moreno, al
primero por acusar a los panistas de no solucionar el problema del agua en
tantos años de gobierno y al segundo por “apoyar a los porros” al darles
respaldo y cordialidad dejando a un lado el tema de la Ley.
En
la sesión del Congreso también se aprobó por mayoriteo del PAN las alzas a las
tasas del predial a los Ayuntamiento de Mexicali, Ensenada, Tecate, Tijuana,
además de las respectivas leyes de ingresos que contemplaban alza en los
incrementos de derechos como alumbrado público incluyendo a Playas de Rosarito.
El
Congreso negó una ampliación presupuestal de 2 millones 522 mil pesos que
solicitaba la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por no haber resuelto
las observaciones que realizó la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Sin
mayores problemas se aprobó la Ley de Ingresos y Egresos del Estado además de
los presupuestos Tribunal de los Contencioso Administrativo por 42 millones 900
mil pesos, el presupuesto de Egresos del Tribunal de Superior de Justicia del
Poder Judicial por 942 millones 511 mil pesos al igual que el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia por 39 millones 534 mil pesos.
Ya
sin presiones o discusión se aprobó el presupuesto del Tribunal de Justicia
Electoral por 23 millones 178 mil pesos mientras que al Instituto Estatal
Electoral le correspondieron 187 millones 344 mil pesos.
Catalino
Zavala indicó que en el caso del presupuesto del ejecutivo trae un incremento
del 10 al 15 por ciento en la compra de vehículos sin que hubiera la necesidad
de ello y contrario a la austeridad que habían señalado ya que viene el presupuesto
“igual pero aumentado”.
En
el rubro de difusión se incrementó en más de 10 millones dejándolo en 90
millones de pesos además de un nuevo “reemplacamiento”.
El
panista Raúl Castañeda Pomposo, no pudo con la reunión.
GOBERNADOR Y DIPUTADOS HACEN DE AGUA NEGOCIO
Privatización.
El
capítulo VIII de la Ley describe la Participación del Sector Privado.
Particularmente
el Artículo 47 habla de que “Los particulares y las organizaciones de los
sectores social y privado podrán participar en la prestación total o parcial de
los servicios públicos; en la administración, operación y mantenimiento, total
o parcial, de los sistemas destinados a la prestación de los servicios públicos
de agua en bloque, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición
de aguas residuales.
Definición
por excelencia de ceder a las empresas la responsabilidad del gobierno. La
privatización.
¿Quién
decidirá tarifas?
El
Artículo 48 de la nueva Ley de Agua admite la participación de los particulares
por medio de “contrato para el proyecto, financiamiento, construcción,
aportación de tecnología y, en su caso, administración, operación,
conservación, mantenimiento, ampliación y rehabilitación del sistema de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales”.
Asimismo,
la “concesión de los servicios públicos o de los bienes necesarios para la
prestación de los mismos, y demás contratos o convenios necesarios para
capitalizar, mejorar, ampliar y hacer más eficientes y eficaces los servicios
públicos”.
Se
prevé que el Consejo de Administración sea quien apruebe las cuotas y tarifas
de los servicios y ese consejo está encabezado por el propio gobernador, el
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el Secretario de Planeación
y Finanzas, el Secretario de Desarrollo Económico del Estado, el Secretario de
Fomento Agropecuario, la Oficial Mayor y el Director de la Comisión.
Marginalmente
habrá “un representante de los usuarios” que será seleccionado por el
Gobernador del Estado de la terna que propongan los cabildos de los municipios
y dos representantes de la iniciativa privada, que serán seleccionados
igualmente por el Gobernador.
Anticonstitucional;
ya no será derecho humano, “acuerdan” diputados y Kiko En su capítulo XII,
cuando la Ley habla de las “infracciones y sanciones” dicta que “la falta de
pago oportuno del consumo de agua mensual facturado durante el término de 30
días naturales, por parte de usuarios domésticos y no domésticos, faculta al
organismo operador para reducir el suministro de agua potable hasta que se
regularice su pago”.
Pero
si “la falta de pago oportuno del consumo de agua mensual facturado durante el
término de 90 días naturales, por parte de usuarios domésticos y no domésticos,
faculta al organismo operador para suprimir el suministro de agua potable hasta
que se regularice su pago”.
Desde
febrero de 2012, México forma parte de los países que incluyen dentro de su
Constitución artículo 4, el derecho humano al agua.
De
este modo tanto el acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y con “tarifas
adecuadas” están incluidos bajo este derecho.
Es
decir, suprimir el derecho de agua es anticonstitucional, pues la contradicción
es que el Estado debe garantizarse el consumo personal.
El
dictamen aprobado por el Congreso de la Unión, es “garantizar el derecho
fundamental para que la población tenga acceso al agua, sin que esto sea motivo
de privatización sino a favor del mejor aprovechamiento con la participación de
la sociedad en la planeación, gestión y control del vital líquido”.
Isaí Lara
Bermúdez
(SEMANARIO
ZETA/ Edición Impresa/ Cristian Torres Lunes, 26 diciembre, 2016 02:03 PM)
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