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Casi
mil desaparecidos han sido localizados en más de 365 fosas clandestinas en
territorio mexicano a partir de febrero de 2006. Tan solo en el año que
concluye han sido desenterrados unos 260 cadáveres en más de 140 sepulcros
anónimos. Autoridades no presentan avances en la creación de bancos de ADN y
registros de las tumbas apócrifas y los restos humanos hallados en su interior.
Dificultad para localizar a 29 desaparecidos, reconocer los cuerpos convertidos
en fiambre e identificar a los asesinos. El poeta Javier Sicilia apela para que
todos los grupos de víctimas, se unan en una sola causa
Karla
y Alejandra ya descansan en paz.
Fueron más de tres años y cinco meses los que
sus familiares escudriñaron cada rincón de Ahome.
Desde
su desaparición, el 6 de julio de 2013, hasta que “Las Rastreadoras”
sinaloenses hallaron los cuerpos de las jóvenes en una tumba secreta en Los
Mochis.
Pero
no todas las personas que tienen seres queridos desaparecidos cuentan con la
misma fortuna.
La
cifra de desaparecidos en México entre 2006 y 2016, frisa los 29 mil, los
desplazados por la violencia los 200 mil, y los cadáveres encontrados en más de
365 fosas clandestinas, apenas rebasa los 950.
Todos,
números extraoficiales, porque no existe una fuente confiable que proporcione
los indicadores certeros. Son los familiares de los desaparecidos los que los
cuentan y descuentan.
Los
únicos que los buscan. Así como “Las Rastreadoras” husmean en baldíos, montes,
valles y barrancas de Sinaloa, otros grupos les hacen la tarea a las
autoridades en distintas latitudes del país.
Los
43 de Ayotzinapa, el Colectivo Solecito, los otros desaparecidos de Iguala y
Unidos por los Desaparecidos, son solo algunos de los nombres de quienes lloran
la ausencia de sus hijos, padres o hermanos, y recorren todo terreno para
encontrarlos, en una agonía que no termina.
Mientras
esto ocurre, lo mismo en grandes ciudades que en pequeños suburbios o el campo,
el Gobierno Federal y el de los Estados no cuentan con el ansiado banco
genético, ni con un registro de fosas clandestinas y restos humanos
localizados, cuyo propósito tantas veces se ha anunciado, pero no se
materializa.
El
caos impera para las víctimas. Lo mismo para quienes tienen que ir de una
entidad federativa a otra al enterarse del descubrimiento de sepulcros
clandestinos, que para quienes, incluso, vienen de países centroamericanos a
buscar a sus perdidos.
En
su último informe anual, Amnistía Internacional lo dejó en claro: “México sufre
una crisis de Derechos Humanos de proporciones epidémicas, y las
desapariciones, la tortura, las fosas comunes y los brutales asesinatos, son
tan habituales que han pasado a formar parte de la vida diaria”.
En
el caso de los enterramientos furtivos, el problema más grave no son las
estadísticas, sino la dificultad para identificar los despojos humanos que por
su avanzado estado de descomposición, son prácticamente irreconocibles.
En
febrero de 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) estableció que
solo el 18 por ciento de las víctimas que fueron inhumadas clandestinamente
pudieron ser reclamadas por sus deudos.
En
los Estados con mayor incidencia de las mal llamadas narcofosas -Veracruz,
Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco y Estado de México- ha sido necesaria
la intervención interdisciplinaria de médicos, genetistas, criminalistas,
odontólogos y antropólogos forenses.
Por
ello urge el banco de ADN, que según la PGR, vincularía los registros de los
servicios médicos forenses de México con los de los Estados Unidos de América.
Sí
encontrar a las personas desaparecidas e identificar los restos de las fosas
clandestinas representa una gran dificultad para las autoridades, más lo es
establecer la identidad de los responsables de dichos asesinatos.
TETELCINGO Y JOJUTLA
La
tenacidad de las familias de desaparecidos ha demostrado que no solo existen
fosas clandestinas por parte de la delincuencia organizada, también de las
propias autoridades, como las del Estado de Morelos, que en Tetelcingo y
Jojutla inhumaron más de 150 cuerpos en panteones encubiertos durante 2014.
Más
de un año tuvo que transcurrir para que algunos de esos restos mortuorios
fueran exhumados a insistencia de las madres de personas desaparecidas.
La
exigencia inició en noviembre de 2015, después de que el fiscal general de
Morelos reconociera la existencia de fosas comunes en las poblaciones
referidas, justificando la medida en el hecho de que “los cadáveres
correspondían a personas que durante años permanecieron en la morgue sin ser
identificados”.
Fue
hasta el 6 de mayo de 2016 cuando el gobierno morelense aceptó exhumar los
cuerpos que fueron enterrados en dos fosas ubicadas en un predio de Tetelcingo,
municipio de Cuautla.
Tras
un estira y afloja entre autoridades y colectivos de desaparecidos por el
procedimiento a seguir, el 24 de mayo iniciaron los trabajos para recuperar los
cuerpos, con la colaboración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) y la PGR.
La
excavación se hizo con picos y palas, sin maquinaria pesada.
De cada cadáver se obtuvieron cuatro muestras,
una de ellas para su análisis y obtención del perfil genético por parte de la
fiscalía de Morelos, mientras que las tres restantes estarán bajo el resguardo
de distintas instancias de gobierno.
Observadores
de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos visitaron las fosas para
documentar el proceso de exhumación.
Los
restos humanos recuperados fueron trasladados a las nuevas gavetas ubicadas en
el panteón “Jardines del Recuerdo”, luego de haber sido objeto de las prácticas
forenses para lograr su identificación.
Tras
12 días, el 3 de junio concluyó la extracción de 119 cuerpos, entre los que se
encuentran los de tres niñas, una de ellas recién nacida, otra de entre 8 y 10
años y una más de aproximadamente 7 años; todas con signos de violencia.
Entre
las irregularidades encontradas se observaron algunos cadáveres a los que no
les fue practicada la necropsia de ley, y otros que fueron inhumados con la
ropa que vestían el día de su defunción.
Además,
la dependencia de procuración de justicia tenía registrados solo 116 cuerpos en
sus bitácoras.
El
12 de junio, la Fiscalía General de Morelos accedió a exhumar otros 35 cuerpos
enterrados en una fosa común en Jojutla, pero se anunció que será hasta 2017.
Las
inhumaciones se realizaron en julio de 2014 y están registradas en 25 carpetas
de investigación.
En
agosto, al presentar el informe “Fosas Clandestinas de Tetelcingo:
Interpretaciones Preliminares”, familiares de desaparecidos e investigadores de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, afirmaron que en estos hechos
existe encubrimiento de delitos y probablemente de lesa humanidad.
El
coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la casa de estudios, Roberto
Villanueva, precisó que el gobierno de Morelos incurrió en numerosas
violaciones de Derechos Humanos de las víctimas, pues los restos fueron
tratados como basura porque las autoridades no respetaron protocolos, ni
condición de los cadáveres, menos aún a las familias de estas víctimas.
Lo
anterior motivó que la CNDH emitiera una recomendación el 6 de octubre, al
estimar que en el caso de las fosas irregulares de Tetelcingo, hubo violaciones
de los derechos a la seguridad, certeza jurídica y a la verdad, además de un
trato indigno a los cadáveres, cuya identificación oficial por parte de sus
familiares se ha dado a cuentagotas a partir de la segunda quincena de octubre.
Por
estos hechos, el 11 de diciembre reciente, la ex directora general de Servicios
Periciales de la Fiscalía de Morelos, Ana Lilia Guerrero, fue vinculada a
proceso por los delitos de uso de documento falso y ejercicio indebido del
servicio público, entre otros.
Se
estima que a principios de 2017 serán exhumados unos 35 cadáveres más que se
encuentran en la fosa común de Jojutla.
JAVIER SICILIA
Gran parte del mérito de conseguir la apertura de las
fosas de Tetelcingo lo tiene el poeta y activista Javier Sicilia, quien fue de
los más insistentes en que se realizara la exhumación de los cadáveres
enterrados en el cementerio irregular y en exigir se investigue al ex fiscal de
Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado.
El
escritor y fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que hace
tres meses solicitó al Senado de la República la desaparición de poderes en
Morelos, platicó con ZETA.
Expuso
que en esa entidad impera la impunidad:
“El
caso más concreto es el del gobernador Graco Ramírez. Abrimos las fosas de
Tetelcingo. Casi 120 cuerpos enterrados como entierran Los Zetas, de la propia
fiscalía de Morelos, y frente a eso no hay posibilidad de enjuiciarlo, ni de
enjuiciar a ningún funcionario, ni siquiera al fiscal que hizo posible eso”.
Las
botas de Sicilia, que seguramente en un tiempo reclamaron su atención, ahora
lucen sin brillo. La tierra de distintas fosas resquebrajó la piel del calzado
y le estampó el sombrero.
Sus
infaltables cigarros delicados y su boquilla especial para fumarlos, son
testigos de la charla junto al austero teléfono móvil con la pantalla
estrellada. También con rastro de excavaciones.
“Ya
detectamos las de Jojutla y las vamos a abrir, pero no hay manera de enjuiciar
a estos canallas. Todo lo contrario, se fortalecen y nos están persiguiendo.
Quieren meter a la cárcel al rector de la universidad porque acogió la
investigación y con él trabajamos. Formamos un equipo forense de atención a
víctimas y con eso empujamos para abrir las fosas. Y la respuesta del Estado,
de su partido, en lugar de llamarlo a cuentas, lo protege, y ahora los
delincuentes somos nosotros. Así estamos en este país”, refiere el personaje.
La
rabia e impotencia se reflejan en el rostro de Javier cuando habla del
gobernador de Morelos.
“Espero
que caiga en desgracia este canalla. Lo patético y lo terrible es esta
necesidad criminal del Estado de invisibilizar. A Duarte, a Padrés, a todos
esos canallas, se les está acusando por corrupción, simplemente por dinero,
cuando realmente se les debería acusar por crímenes de violaciones a Derechos
Humanos. Hay que llamarlos a cuentas”.
El
poeta recordó con amargura el asesinato del activista Nepomuceno Moreno durante
el gobierno de Guillermo Padrés en Sonora.
“Cuando
se le presentó al Presidente y le dijo ‘Señor, éstos son los asesinos. Son
gente de la Policía. Son gente de la Procuraduría, coludidos con el crimen
organizado. Tengo amenazas de muerte’.
Felipe Calderón no hizo nada, como Padrés no
hizo nada y a los quince días lo estaban asesinando.
“Esa
es la historia, no los están persiguiendo. Quieren seguir invisibilizando a las
víctimas de este país y ¡no nos vamos a dejar ya! Esa es la triste historia,
parece que es mucho más importante la corrupción que los Derechos Humanos en
este país miserable”, apuntó.
Javier
Sicilia no ve para cuándo frene la vorágine de la violencia y la simulación en
México, pero no ha perdido la esperanza de la recuperación y por ello sigue luchando.
Contrario
a lo que muchos piensan, asegura que la política es la solución:
“El
partidarismo es lo que no es la solución. Estos canallas han secuestrado hasta
la palabra política. La política es la vida de la ciudad; es decir, la vida de
la gente. Lo que nos damos. Y la democracia es el poder de la gente, el bien
común. Cuando tengamos otra vez política vamos a salvar a este país. Cuando
tengamos una runfla de criminales que han usurpado la vida política de este
país, reduciéndola a un negocio con los criminales, vamos a seguir teniendo
este infierno”.
El
activista de derechos humanos piensa que la unión de las víctimas y otros
sectores sociales pueden cambiar el rumbo de nación que tenemos.
“La
fuerza moral está ahí, desde el levantamiento zapatista, hasta Ayotzinapa,
Movimiento por la Paz, #YoSoy132. Hemos demostrado que hay una reserva moral en
este país que no quiere la violencia. Yo creo que el tema es, si nos podemos
juntar y crear realmente una plataforma de fuerza popular, con un programa de gobierno
que refunde al país, podríamos hacer una revolución no violenta. Sí no, el
destino va a ser un crecimiento de violencia mayor y mucho más doloroso al que
hemos estado viviendo”.
El
mapa de la solidaridad no es parejo en México.
“Varía
muchísimo, ¿no? Hacia el Sur es más fuerte, porque hay mucho más tejido social,
como le llaman. Más cohesión social. Más organizaciones. Hay zonas que están
devastadas como el Noreste, con Tamaulipas. Hay zonas muy silenciadas como el
Occidente, como Jalisco, las víctimas no salen porque están muy amenazadas”,
dice Sicilia.
“Es
terrible, el país no es homogéneo en su lucha por desgracia, pero hay
referentes a nivel nacional, que si nos pudiéramos juntar pudiéramos hacer un
cambio. Yo he peleado. La última cosa que escribí es una carta a los zapatistas
en la revista Proceso, diciéndoles ‘No salgan solos. Sentémonos a dialogar y
construyamos juntos. Y salgamos todos’. No he recibido todavía respuesta. Ellos
tienen la posibilidad de convocar, tienen la autoridad moral y el territorio”,
concluyó.
FOSAS Y MUERTOS EN 2016
4 DE ENERO
Tras
las investigaciones del asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota
Ocampo, autoridades de Morelos localizaron una tumba clandestina con cinco
cadáveres en el cerro de La Palma, de la comunidad de Alpuyeca.
12 DE ENERO
En
Jalisco, familiares de desaparecidos acuerdan con la Fiscalía General, se les
permita dar seguimiento de cerca a las investigaciones cuando sean localizadas
fosas furtivas o cuerpos disueltos en ácido.
12 DE ENERO
Una
mujer que desde 2014 buscaba a su hijo desaparecido, encontró sus restos en una
oquedad en un paraje de La Tenencia de Ajuno, cerca de la Carretera Libre
Pátzcuaro-Uruapan, Michoacán. Una llamada anónima puso sobre aviso a la señora.
8 DE ABRIL
A
un costado de la carretera que conduce a la Playa Pascuales, en el municipio de
Tecomán, Colima, fue localizado un sepulcro anónimo que guardaba en su interior
los cuerpos de seis hombres asesinados y no identificados.
7 DE JUNIO
En
el municipio de Lluvianos, Estado de México, se reportó el hallazgo de tres
narcofosas con seis cuerpos, tres de ellos desmembrados. Pobladores señalan que
puede tratarse de personas asesinadas en una balacera ocurrida el 22 de mayo
próximo pasado.
1 DE JULIO
En
una sepultura encubierta ubicada en la comunidad de Pozo de Gamboa, municipio
de Morelos, en Zacatecas, fueron descubiertos los cuerpos mutilados de ocho
personas, una de ellas de sexo femenino. Trascendió que de los cuerpos
recuperados, dos correspondían a funcionarios de Seguridad Pública, un agente
de Tránsito asignado al municipio de Calera y el coordinador de Reacción de
Fresnillo, privados de su libertad dos semanas antes del hallazgo.
13 DE AGOSTO
Miembros
del Colectivo Solecito, en Veracruz, reportan el hallazgo de fosas clandestinas
en un predio de Colinas de Santa Fe, al norte de la capital del Estado. Se
reporta el descubrimiento de osamentas. Días más tarde, el subsecretario de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, confirmó el
hallazgo.
Al
corte del 12 de diciembre se conoció de la recuperación de 148 cuerpos en 107
fosas, en un terreno de 10 hectáreas.
16 DE AGOSTO
En
una fosa de la colonia Generación 2000, en la zona poniente de Acapulco,
Guerrero, fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres, quienes al parecer
fueron privados de su libertad seis días antes en el fraccionamiento Las
Playas.
17 DE AGOSTO
En
una lumbrera utilizada como tumba clandestina, en Huehuetoca, Estado de México,
la Procuraduría mexiquense localizó los restos óseos de al menos 12 personas
(11 hombres y una mujer) con una evolución cadavérica de unos seis meses. El
hallazgo inició en julio, durante la realización de obras de remodelación en
una ex estación de trenes.
12 DE OCTUBRE
Denuncias
anónimas informaron a la Procuraduría General de Coahuila que en campos
agrícolas ubicados a unos 70 kilómetros de Torreón, se localizaban restos
humanos. Las autoridades localizaron a flor de tierra entre 3 mil 600 y 4 mil
fragmentos de restos óseos en una superficie de ocho hectáreas.
16 DE OCTUBRE
En
el paraje Laguna Monte Roja, municipio
de Chacaltianguis, de la región de la Cuenca del Papaloapan, en los límites de
Veracruz y Oaxaca, fueron encontrados seis cuerpos enterrados en una finca
particular.
2 DE NOVIEMBRE
En
una fosa de la colonia La Presa, en Tijuana, se localizaron más de 50 restos
óseos de personas asesinadas por integrantes del crimen organizado en años
pasados. El presidente de la asociación Unidos por los Desaparecidos, Fernando
Ocegueda, no descarta que Santiago Meza López
“El Pozolero” haya disuelto los cuerpos en sosa cáustica.
23 DE NOVIEMBRE
Una
llamada anónima a las autoridades de Guerrero, permitió la localización de
varias fosas clandestinas con 32 cuerpos, dos del sexo femenino, y nueve
cabezas humanas, en el municipio de Zitlala. Peritos forenses de la Fiscalía de
Guerrero, en coordinación con el Ejército y autoridades federales realizaron,
la recuperación de los cadáveres. Las labores duraron tres días. Antropólogos
forenses establecieron que los cuerpos tenían entre tres y cuatro meses de
enterrados. Las autoridades estiman que detrás de los crímenes está el grupo de
Los Rojos.
28 DE NOVIEMBRE
En
dos narcofosas se localizaron los cuerpos inhumados de una mujer de 30 años y
dos hombres. El primer hallazgo ocurrió en el paraje Las Curvas, en el poblado
Veladero, y el segundo en la colonia 24 de octubre, ambos en Acapulco,
Guerrero. La mujer tenía el rostro desfigurado. 29 de noviembre “Las
Rastreadoras” de Sinaloa encontraron un hoyo en la colonia Ferrusquilla de Los
Mochis, donde estaban los cadáveres de dos jóvenes mujeres desaparecidas desde
el 6 de julio de 2013. “Las Rastreadoras” han localizado 75 cuerpos en
sepulturas clandestinas en el norte de Sinaloa, principalmente en Ahome y El
Fuerte.
8 DE DICIEMBRE
En
la localidad de Ojo de Agua, zona boscosa del municipio de Tejupilco, Estado de
México, fueron rescatados cuatro cadáveres en igual número de sepulturas
clandestinas. Se trataba de tres hombres y una mujer, quienes habrían sido
asesinadas hace unos tres meses.
9 DE DICIEMBRE
En
una fosa clandestina en la colonia Caudillos del Sur, en Acapulco, Guerrero,
fueron localizados dos cuerpos enterrados. Uno de los fallecidos era ex policía
ministerial.
16 De Diciembre
En
el Ejido La Esperanza, frente al Canal Bajo de la zona rural del Valle del
Yaqui, en Ciudad Obregón, Sonora, se localizó una fosa con tres osamentas de
adultos enterradas. Según expertos forenses, los restos tenían varios meses en
el hoyo, a una profundidad de metro y medio de la superficie. Desde hace unos
cuatro años, el municipio de Cajeme tiene el dominio del Cártel de los Beltrán
Leyva, en disputa con el Cártel de Sinaloa.
MÁS AMENAZAS CONTRA POLICÍAS, AHORA DE
LA PGJE EN MEXICALI
Los
malintencionados llegaron sin ser vistos y se apostaron la madrugada del 19 de
diciembre de 2016, frente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia
de Baja California (PGJE) en Río Nuevo, en Mexicali.
En
la oscuridad, montaron una corona fúnebre. Una clara amenaza contra dos
comandantes de la Policía Ministerial de la capital.
La
corona, montada en la parte lateral izquierda del inmueble, justo donde se
encuentra una rampa para discapacitados y que da de frente al Centro de
Justicia Alternativa, tenía destinatarios.
Los
nombres de dos personas: Óscar Alfredo López Guzmán y Armando Armas Félix,
comandante y subcomandante operativos de la PGJE en Mexicali.
Agentes
aseguran que no se dieron cuenta del momento de la amenaza porque los maleantes
la realizaron precisamente en el cambio de turno.
En
la cartulina que dejaron en la base de la corona fúnebre estaba la amenaza a
los operativos.
La
primera hipótesis al interior de la corporación fue que la afrenta se debió a
los cambios que se han realizado al interior de la PGJE, como medida de
rotación y, en algunos casos, por pérdida de confianza.
No
es la primera ocasión que malintencionados dejan amenazas a elementos o
corporaciones policíacas del Estado de Baja California:
*
El 18 de octubre en Tijuana, una manta y una granada fueron puestas en la parte
trasera de las oficinas de la PGJE. En aquel momento, los ministeriales
sospecharon de agentes de la Policía Estatal Preventiva como los autores de la
amenaza, por un supuesto “baje” de droga.
*
El 28 de octubre, también en Tijuana, pero en el Bulevar Fundadores, a través
de una manta se amenazó a elementos de la Policía Ministerial. Los acusaron de
robar droga, cristal, cocaína y heroína.
*
El 1 de noviembre, una tercera manta fue encontrada con amenazas para agentes
de la Procuraduría del Estado, supuestamente por haber decomisado droga.
Como
en el caso de Mexicali, el 19 de diciembre, todas las ocasiones que utilizando
mantas amenazas a agentes ministeriales, lo hacen acusándolos del hurto de
droga.
En
ninguno de los casos ha habido investigación que determine quién colocó las
mantas, o indagación respecto del señalado robo de droga por parte de los
agentes.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ LUIS CARLOS SÁINZ /DOMINGO, 25 DICIEMBRE,
2016 12:00 PM)
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