En entrevista
para Dossier Político, la señora Luz asegura que el presidente de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos le prometió que además solicitará medidas
cautelares a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora (PGJE)
para brindarle protección a ella y a su familia por amenazas de extraños…
Hermosillo, Sonora
(DP).- Como una acción sin precedente en México, la CEDH Sonora pedirá a las
Comisiones Estatales del país que exhorten a la Procuradurías Generales de
Justicia reaprehender a Luz Irene Tejón, conocida como “Lady Hermosillo”, tras
7 años de impunidad al atropellar y amputar las piernas de la señora Luz
Carrasco Valenzuela.
En entrevista
exclusiva para Dossier Político, la señora Luz Carrasco asegura que el
miércoles el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos le prometió
que personalmente solicitará medidas cautelares a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sonora (PGJE) para brindarle protección a ella y a su
familia por amenazas de extraños.
Después de sostener
una reunión con Raúl Ramírez Ramírez, quien de manera personal se hizo cargo
del caso, la afectada quien posa sobre una silla de ruedas describió que al fin
ve una luz de justicia en el camino pues la “Lady Hermosillo” sigue en libertad
gracias a la corrupción y tráfico de influencias de su padre, el ex delegado de
la Profeco en Sonora Óscar Hugo Rico Garibaldi.
Desde hace 4 años,
la señora Luz Carrasco denunció a Dossier Político su caso que ha marcado una
de las historias más tristes que exhiben las fallas del sistema de procuración
y administración de justicia en México y que gracias a la CEDH Sonora en breve
por fin la culpable pagará por su delito.
Dossier Político
publicó la denuncia contra la influyente Luz Irene Tejón conocida por medios de
comunicación como “Lady Hermosillo”, quien atropellara a tres personas en las
calles López Riesgo y Costa de Marfil, en la colonia Casa Blanca en el año
2007.
La señora asegura
que la responsable del percance, Luz Irene Tejón, se pasea por Hermosillo y el
Distrito Federal con total impunidad a pesar de contar con una orden de reaprehensión y de tener el
compromiso legal de repararle el daño a la afectada, los cuales ascienden
aproximadamente a los 2 millones de pesos.
La cantidad obliga a
la responsable a cubrir la reparación del daño por el resultado de los gastos
que implicó la amputación de ambas piernas, estudios psicológicos,
medicamentos, terapias físicas, gastos de traslados y un pago mensual como
indemnización de acuerdo a la promedio de vida.
La víctima cita que
en los seis años en que duró el juicio con el expediente 396/2008, el cual se
fue de amparo en amparo y de apelación en apelación, procedimientos legales que
ganó la víctima hasta que salió la sentencia y orden de reaprehensión el 19 de
diciembre del 2012 por incumplimiento de la responsable para resarcir el daño.
Afirma además que
sufrió un atentado, cuando recogía botes impulsando con sus manos y brazos una
silla de ruedas en las calles Arroyo Paredones y La Laguna, en la colonia “Los
Arroyos”, una camioneta Cherokee color negro, sin placas, con dos sujetos
abordo intentaron atropellarla; los presuntos, incluso se detuvieron para
decirle a la denunciante que se desistiera de continuar con el proceso legal en
contra de Luz Irene Rico Tejón.
Esta advertencia no
detiene a Carrasco Valenzuela quien recuerda con dolor cómo el día del
accidente llevaba las piernas destrozadas y al llegar al hospital, le dijeron
que sin perder tiempo habrían de amputarle sus piernas.
Platica la afectada
cómo las autoridades ministeriales reconocen que existe una orden de alguien
con influencias en el Gobierno, pues a su consideración ya debería haberse
detenido a la joven para que cumpla su responsabilidad, pero el caso se ha venido dilatando sin sentido.
Explicó que existe
un cheque de 150 mil pesos en la Agencia del Ministerio Público que se le
ofrece a Carrasco Valenzuela como pago por los daños y perjuicios causados,
pero estos no cubre ni la mínima parte que ha costado el doloroso proceso de
recuperación y ahora el de llevar a cabo sus actividades diarias abordo de una
silla de ruedas y dependiendo de otra persona para moverse.
LA HISTORIA
Sonora presume de no
quedarse atrás en nada. Primer lugar en muchas actividades productivas y muchas
virtudes más. Pero la historia de hoy, triste, por cierto, nos llama a
"presumir" de contar también con una "Lady de Hermosillo",
lo que habla de no pocos saldos pendientes de una justicia sonorense
prostituida y al servicio de los poderosos.
La historia surge,
cuando, a sus 19 años, en noviembre del 2007, la joven estudiante Luz Irene
Rico Tejón, a saber, hija del hasta hace unas semanas delegado de la Profeco en
el Estado y destacado militante panista, Óscar Hugo Rico Garibaldi, atropelló y
mantuvo durante semanas al filo de la muerte a
la señora María Luz Carrasco Valenzuela.
Por fortuna, la
victima vivió para contar esta historia. Una vergonzosa y triste historia que
nace de los podridos tejidos del poder político. Es el esquema de un falso
poder que nos trajo el Nuevo Sonora con el PAN como bandera.
Maria de la Luz
ventila su caso en una visita a Dossier. Lo hace postrada en silla de ruedas,
sus extremidades no la acompañan, pero como ella dice: "Perdí las piernas
cuando me atropellaron, pero gane dignidad de lucha y la capacidad de darme
cuenta lo que pesa el poder político y el dinero, cuando la justicia se presta
para que la tuerzan. Lo he vivido y me da pena que vivamos un Sonora así",
lamenta mientras un hilillo de lágrimas recorre sus mejillas. Ya de impotencia,
ya de rabia, ya de tristeza.
Madre soltera de
tres hijos, ya mayores hoy día, luchona hasta el cansancio y sostén de su hogar
hasta antes de perder sus piernas, doña María desde su silla de ruedas hoy
exige justicia, a casi seis años de haber sido objeto de la imprudencia de una
joven hija de un alto funcionario federal en Sonora.
"Nunca quise casarme para no batallar y
preferí sacar adelante a mis hijos sola, mantener a mi madre y a mi abuela que
ya murió a raíz de mi caso. Mi misión en la vida eran ellos. Sin piernas,
¿ahora qué hago?, se pregunta con impotencia María Luz.
Ella fue atropellada
cuando transitaba sobre la acera de las calles Ernesto López Riesgo y Costa de
Marfil, de la colonia Altares, al sur oriente de Hermosillo. La joven Luz Elena
Rico Tejón, conducía a exceso de velocidad, no respeto el señalamiento de alto,
esquivó un vehículo que circulaba por la libre y perdió el control. La
fatalidad escogió como víctima a María Luz y el Viacrucis que vive hasta la
fecha resulta harto cruel. Sin piernas y sin el amparo de una justicia que, al
menos, le haga la vida más llevadera.
"Las piernas no
me las regresarán. Tampoco mi vida es la misma, pero cuando menos quisiera que
se castigue a la responsable y pague por lo que hizo. El dinero no me
interesaría, pero el juez ha ordenado en su sentencia que me indemnicen por el
daño que me causaron a mi y a mi familia", exige doña María Luz.
El caso es que, la
victimaria, Luz Irene Rico Tejón, se
encuentra actualmente en calidad de prófuga de la justicia, luego que el
juzgado VI de primera instancia de lo penal, obsequió una orden de
reaprehensión en su contra, por el delito de lesiones por culpa que ponen en
riesgo la vida e incumplir con la sentencia dictada el 24 de octubre del año
2012, bajo el expediente número 396/2008.
En otra sentencia
emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito del Estado de
Sonora, se condena a la joven Luz Irene Rico Tejón a cubrir una pensión
vitalicia de seis mil 750 pesos mensuales a su víctima, María Luz Carrasco
Valenzuela, como reparación del daño moral causado; además, se le condena a
cubrir un adeudo de 378 mil 38 pesos, por concepto de pensiones vencidas a la
fecha de la resolución judicial.
EL GOCE DE LA JUSTICIA SELECTIVA
No obstante que
existe la orden de reaprehensión en contra de la hoy prófuga, la víctima no ha
encontrado justificación por parte de la Procuraduría de Justicia en el Estado
que la convenzan del por qué no se ha hecho efectivo el arresto de quien le
desgració la existencia, ni por qué la señorita Rico Tejón no ha encarado al
juzgador para cumplir la condena que se le ha impuesto.
Por el contrario, la
joven ha evadido la acción de la justicia y a la fecha se mantiene en calidad
de prófuga, sin que ninguna autoridad estatal indague su paradero. Ni se intente
su ubicación por los medios de colaboración con otras instituciones policíacas
del país o del mundo.
Por indagatorias
propias, y datos filtrados por elementos de la Policía Estatal Investigadora,
María Luz ha logrado saber que la joven Rico Tejón se encuentra en México,
Distrito Federal, estudiando la carrera de arquitectura en la Universidad
Autónoma de México.
Por extraña razón,
la sentencia del tribunal de alzada contra la victimaria fue emitida el 24 de
octubre del año 2012 y la orden de aprehensión del juzgado sexto de primera
instancia en diciembre de ese mismo año, es decir, cinco años después de
sucedidos los lamentables hechos.
Baste saber que
gracias a la tenacidad de María Luz, que recorrió todos las oficinas del
aparato de justicia de Sonora exigiendo la protección de la ley, fue como se
inclinó a su favor el proceso penal contra la hoy prófuga, pero no se ha hecho
efectiva la resolución del tribunal de alzada.
Harta de ese
desprecio a la aplicación de la justicia, doña María narra que en cierta
ocasión interceptó al gobernador Guillermo Padrés Elías, y mostrando copia de
la sentencia y de la orden de reaprehensión, le hizo saber su caso y demandó
justicia para sí.
"El Gobernador
se sorprendió de mi situación y llamó al director jurídico (sic), Carlos
Espinoza Guerrero y le dijo: 'A ver como la haces para que este cabrón (Oscar
Hugo Rico Garibaldi, padre de la joven victimaria) pague lo que debe'.
Pensé que era cierto
el interés por que se me hiciera justicia, pero a la fecha no han aprehendido a
la joven para que responda por lo que hizo. Su padre, Oscar Hugo, me ha
ofendido, me ha humillado y me ha dicho que no le harán nada a su hija porque
tiene muchas influencias. Por desgracia, me doy cuenta que tiene razón. ¿En que
clase de estado vivimos? Si los que deben de aplicar la justicia la violentan y
se ríen de las leyes, cuestiona al aire doña María Luz.
LA NEGRA INFLUENCIA DEL DINERO
Luego de ser
atropellada, María Luz cayó en un coma por los golpes recibidos y fue atendida
en un hospital privado de la capital, cubriendo los gastos la aseguradora
Mapfre Tepeyac, S.A. que tenía contratada la victimaria con cobertura de daños
civiles; sin embargo, pasada la crisis comática y amputadas sus piernas, María
Luz fue enviada a su casa sin haber cicatrizado uno de sus muñones, lo que
ocasionó que volvieran a intervenirla para amputarle otro tramo de pierna, en
esta ocasión, por arriba de la rodilla.
La aseguradora, con
suma frialdad le hizo saber que no podría seguir atendiendo su convalecencia
porque habían agotado el monto del seguro contratado por la familia Rico y se
tendría que hacer cargo de los gastos subsiguientes a la operación. Esto vino a
desgastar anímica y económicamente a la familia y tuvieron que recurrir a la
caridad pública para costear los gastos de curación.
Contrario a ello, lo
que supone un alto grado de sospecha de algo turbio, personal de la aseguradora
se entrevistaron posterior al accidente con María Luz, y exhibiéndole un
formato, le exigieron que firmara el perdón a su victimaria a cambio de cinco
mil pesos que aportaría la aseguradora.
La negativa a la
intentona de la aseguradora, le costó a doña María humillaciones de todo tipo,
pero ella no flaqueó en su lucha por exigir lo que por derecho le corresponde.
Y así transitó por cinco largos años enfrentando funcionarios de gobierno,
ministerios públicos, empleados de la aseguradora y hasta el director de la
Policía Estatal Investigadora.
Y María Luz no solo recibió insultos y maltrato moral del personal de la
aseguradora Tepeyac cada que exigía atención médica adecuada. También fue
maltratada por agentes del ministerio público que hacían caso omiso a su
exigencia de procurarle justicia.
El colmo, fue cuando
encaró al padre de la joven que la atropelló, Óscar Hugo Rico Garibaldi, siendo
aun delegado de la Profeco en Sonora, quien -narra la víctima- le gritó que si
lo volvía a molestar "le quitaría hasta la silla de ruedas para que se
arrastrara".
Hoy en día, agobiada
y hastiada por el desdén con la que ha sido tratada, pero con la fortaleza
moral que le da su familia para seguir en su lucha, María Luz ha dicho que no
descansará hasta que la justicia se haga presente en su caso.
En la entrevista,
lanza un llamado a todas las autoridades para que su caso se resuelva
cabalmente y al gobierno exige que ponga un alto a sus perversidades y que la
justicia sea pareja para todos y no cómplice de quienes detentan el poder
público.
(DOSSIER
POLITICO/ Miguel Matty Valdez / 2014-07-04)
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