MÉXICO,
D.F., (proceso.com.mx).- El Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT), órgano regulador del sector, obtuvo el 17 de febrero un triunfo
jurídico frente a la estrategia dilatoria de Grupo Televisa para la
definición del asunto del must carry y must offer.
La Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia
constitucional interpuesta vía el Ejecutivo Federal el pasado 13 de
febrero y otorgó la suspensión de los actos del juez 32 de lo civil del
DF, que había señalado que IFT no “tenía facultades” para definir la
retransmisión gratuita de las señales de televisión abierta en la
industria de la televisión restringida.
La ministra Olga Sánchez
Cordero dictó dos acuerdos: el primero para admitir la controversia y el
segundo para conceder “la suspensión en contra de los actos reclamados
del juez trigésimo segundo de lo civil del Distrito Federal” basándose
en el argumento de que el IFT es el responsable de definir este tipo de
políticas.
La conserjería jurídica del Ejecutivo Federal emitió un
comunicado en el que establece que “con esta resolución, el Instituto
Federal de Telecomunicaciones podrá ejercer sus atribuciones
constitucionales, sin perjuicio de que la controversia constitucional
siga su trámite hasta que la Suprema Corte de Justicia dicte la
sentencia respectiva”.
La especialista Irene Levy, presidenta de
Observatel, consideró que el IFT ya podrá reanudar con la discusión que
quedó suspendida el pasado 12 de febrero por la notificación de este
juez que favorecía la causa de Grupo Televisa en contra del Grupo Dish,
compañía que reclama la retransmisión de los canales de televisión
abierta.
Televisa y TV Azteca se han opuesto a las medidas
aplicadas por Grupo Dish argumentando que se violan derechos de autor en
la retransmisión de sus señales. El IFT deberá resolver también sobre
esta materia.
La disputa por el must offer y el must carry se
agudizó en vísperas de que se discuta en el Congreso la ley secundaria
de la reforma constitucional en materia de radiodifusión y
telecomunicaciones y en medio de un presunto pacto entre el Ejecutivo
federal y Televisa para que esta legislación no afecte los intereses de
la compañía de medios de comunicación más grande del país.
/ 18 de febrero de 2014)
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