Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Cuando en marzo de 2008 se echó a andar el Operativo Conjunto
Chihuahua, la instrucción del secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando
del Ejército, el ahora general retirado Guillermo Galván, fue contundente:
había que utilizar medidas muy duras para cumplir la orden del entonces
presidente Felipe Calderón de combatir a los narcotraficantes.
Había que innovar en
los métodos de trabajo y de operación. El cumplimiento quedó a la
interpretación de los comandantes de las regiones, zonas, guarniciones y aun
unidades militares de todo el país. No fueron instrucciones por escrito. El
general Galván las daba donde se realizaban los operativos conjuntos; ahí se
reunía con las comandancias involucradas.
En pleno desarrollo
del operativo, en septiembre de 2008, el titular de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) viajó a Coahuila, donde encabezó una reunión de comandantes
en la XI Región Militar, con sede en Torreón y que abarca a los estados de
Coahuila y Chihuahua. El comandante de esa base entonces era el general de
división Mario Marco Antonio González Barreda, quien hasta la semana pasada fue
inspector y contralor general del Ejército.
En la junta también
estuvo Felipe de Jesús Espitia Hernández, quien fungía como comandante de la 5ª
Zona Militar, con sede en Chihuahua, Chihuahua, y responsable directo del
operativo conjunto. También asistieron los jefes de la 6ª Zona Militar, con
sede en Saltillo, Coahuila, y de la 42 Zona Militar, en Parral, Chihuahua, así
como los de Guarnición de la Región, entre ellos el general de brigada Manuel
de Jesús Moreno Aviña, comandante de la Guarnición de Ojinaga.
Las instrucciones
del general Galván fueron muy duras, pero no precisas, dice el abogado Víctor
Alonso Tadeo Solano, defensor del teniente coronel José Julián Juárez Ramírez,
comandante de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), procesado
por delitos contra la salud cuando estuvo al mando de esa unidad, pero sin que
hasta ahora se haya comprobado su responsabilidad.
Cada quien
interpretó a su manera la línea dura de Galván, lo que explica el surgimiento
del “pelotón de la muerte” en la CINE, al que se le atribuye por lo menos la
desaparición de tres personas en Ojinaga entre junio y agosto de 2008, dice el
litigante.
El abogado
representa también al capitán primero cirujano dentista Luis Mariano Victoria
Ordaz, al sargento segundo Rubelio Feliciano Flores, así como a los cabos Darío
Oluarte Muñoz, José Abel González Duarte y Pascual Domínguez Zepeda, de
sanidad; todos ellos del arma de Infantería y acusados en distinto grado de las
desapariciones de los tres detenidos por militares de la CINE por sus presuntas
relaciones con el narcotráfico, aunque en el caso del cirujano dentista
Victoria Ordaz éste fue acusado sólo por haber acudido a certificar la muerte
de una de esas personas.
En aquella reunión,
el general Moreno Aviña informó al titular de la Sedena que como parte de las
innovaciones ordenadas estaba utilizando camionetas aseguradas a la
delincuencia y que eran pintadas y rotuladas como si fueran del Ejército.
“Acepto que ordené
que se pintaran como cinco vehículos asegurados para trabajar y obtener
resultados en contra de las actividades de los narcotraficantes, ya que los
vehículos orgánicos no se prestan para tal propósito debido a que a algunos les
faltaba mantenimiento y otros, por sus características, no son apropiados para
estas operaciones, por la poca velocidad que desarrollan.
“Para ello se informó
previamente a la Zona Militar (al general Espitia) de manera verbal y en una
reunión de trabajo que se realizó con mi general secretario en la ciudad de
Torreón. Incluso autorizó que utilizáramos combustibles en los vehículos
asegurados”, declaró el general Moreno Aviña ante el Ministerio Público militar
el 19 de agosto de 2009. Añadió que el general Espitia le dijo que sí se podía
hacer, pero que oficialmente no estaba autorizado.
Los procesados de la CINE
El comandante de la
Guarnición de Ojinaga, en la que causó alta el 1 de abril junto con el teniente
coronel Juárez Ramírez como parte del OCCH, añadió en esa declaración que la
CINE también utilizaba informantes de La Línea, el principal grupo armado del
Cártel de Juárez, de Vicente Carrillo, cuyo dominio en Chihuahua fue reducido
durante el sexenio pasado por la presencia del Cártel de Sinaloa, de Joaquín El
Chapo Guzmán.
A cambio de la
información y de droga para su consumo, dos de los delatores identificados como
El Sebos y El Dany eran protegidos por el Ejército, pero según el abogado ambos
ya están muertos.
El general Moreno
Aviña precisó que casi todas las operaciones de la CINE eran parte del OCCH y
en ocasiones recibía instrucciones directas de la comandancia de la 5ª Zona
Militar; es decir, del general Espitia.
La directiva de
Calderón y las órdenes de Galván devinieron en una fuerza desmedida de los
militares contra las personas, incluidos muchos que no eran delincuentes, como
en el caso del “pelotón de la muerte”, así conocido en la propia Tercera CINE
de Ojinaga, el grupo encabezado por el mayor de Infantería Alejandro Rodas
Cobón; a este mando se le acusa de tortura, homicidio y violación a las leyes
de inhumación en su modalidad de destrucción de cadáveres, junto con los otros
elementos del pelotón, pero él niega los cargos y asegura no haber estado al
frente de un grupo de ese tipo.
Cuando trascendió la
desaparición de tres personas a manos de personal de la CINE, así como el
asesinato de por lo menos otras cuatro más, la Procuraduría General de Justicia
Militar intervino esas instalaciones. Detuvo y procesó a todo el personal,
fueran o no responsables. El 19 de agosto llegaron el coronel Enrique Velarde
Sigüenza, entonces director de la Policía Judicial Militar, dependiente de la
PGJM, y el mayor de Infantería Carlos Alberto Rivera Medeles, quien se encargó
de los interrogatorios.
En total, la PGJM
procesó a 31 militares dentro de la causa penal militar 1982/2009, radicada en
el juzgado de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Sin
embargo, esta instancia actuó en forma arbitraria y por consigna, afirma el
abogado Tadeo Solano.
Menciona dos casos:
el del cirujano dentista procesado a pesar de que había acudido a dar atención
médica por órdenes superiores al lugar donde habían torturado a una persona, y
el del teniente coronel Juárez Ramírez, un jefe con 29 años de servicio y
cursos en Estados Unidos y Chile; fue detenido sin orden de aprehensión, le
pusieron un abogado de oficio que no tiene patente de defensor por parte de la
Sedena y lo han querido involucrar en las tres desapariciones. El extremo: en
uno de los casos, el de Esaú Samaniego Rey, El Cholo o El Azteca –detenido y
desaparecido en junio de 2008–, el teniente coronel estaba de vacaciones.
Como no había acusación
directa en su contra, Juárez Ramírez fue arrestado a partir de un anónimo
enviado directamente al procurador de Justicia Militar: “Le mando esta súplica
porque los habitantes de Ojinaga, Chihuahua, vivimos con mucho miedo. No es
posible que si el H. Ejército mexicano está combatiendo a los maleantes,
algunos elementos del cuartel de Ojinaga están al servicio de los maleantes.
“Hay una persona
militar que pintó igualita como las del Ejército. En esta camioneta van y hacen
sus tropelías en contra de la población… Ellos manchan al Ejército, sirven como
sicarios a los maleantes, tienen armas escondidas con las que matan maleantes
del bando contrario.”
(PROCESO/ Jorge Carrasco Araizaga/ 15 de enero de 2013)
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