La droga decomisada por la Policía Estatal Preventiva
en Tijuana
Versiones extraoficiales ubican parte de la droga en
un cargamento asegurado en noviembre de 2010. Mientras, en la PGR descartan que
el enervante haya sido sustraído de sus oficinas o de los almacenes del
Ejército. Otra línea de investigación: la marihuana, mucha de la cual era de
reciente procesamiento, estaba dirigida a un ilícito almacén mayor, como en el
que fueron aseguradas 134 toneladas en 2010
Investigaciones ZETA
En la Procuraduría
General de la República y en el Ejército, mantienen un hermetismo cómplice
respecto a los “dueños” de las 9.046 toneladas de marihuana encontrados el 8 de
enero de 2013 en un inmueble de la delegación La Presa en Tijuana. El motivo:
la presunción que algunos paquetes estaban marcados con las características de
aquellos que ya han sido decomisados y deben estar en poder de la autoridad.
La versión de que
parte de la droga decomisada estaba clasificada como asegurada con anterioridad
no fue oficial, pero sí inició en las corporaciones inmiscuidas. En Baja
California existen cinco corporaciones que pueden y han incautado droga:
Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva, Policía Federal y el Ejército;
pero ninguna ha reconocido públicamente las marcas de la carga.
En la delegación de
la PGR informaron que van iniciando la investigación para conocer el origen de
la droga, dado que no hubo detenidos. Su primer paso fue citar a los agentes
que localizaron el cargamento para que les proporcionen al denunciante anónimo
que llevó a los de la Estatal Preventiva hasta el hechizo almacén. Información
esta última resguardada por la Secretaría de Seguridad Pública en protección a
los denunciantes.
“No han investigado
de quién es la casa, de cuál autoridad son las marcas de la droga supuestamente
decomisada, si es de Baja California o de otra entidad”, refirió un agente de
la PEP que, además, subraya el hostigamiento de la PGR hacia quienes incautaron
la droga.
En general sobre la
propiedad de la droga, en el Consejo Estatal de Seguridad Pública manejan tres
hipótesis, independientemente de la investigación de la PGR:
1. Pertenece al
Cártel de Sinaloa, específicamente a Alfonso Arzate “El Aquiles”, versión que
es compartida por las autoridades de Estados Unidos.
Además, presumen que
la casa donde se localizaron los paquetes de marihuana es un tipo de bodega
para distribución, o un almacén previo al resguardo masivo, como las cajas de
tráiler localizadas en octubre de 2010 en el fraccionamiento Murúa de Tijuana,
conteniendo más de 130 toneladas de marihuana. Aseguramiento realizado después que una célula delictiva intentó
robar parte del cargamento propiedad de la mafia sinaloense, topándose con una
pareja de policías municipales, a los que baleó.
“A este tipo de
inmuebles de seguridad llegan los paquetes, que después el líder de la zona
distribuye entre sus cabecillas de célula criminal. Lo que llama la atención es
la variedad en los pesos de los paquetes, no nos había tocado ver tanta
diferencia”, detalló un agente investigador.
La droga estaba
etiquetada con apodos e iniciales, de quienes, presumen las autoridades, eran
los destinatarios finales de la marihuana; salvo “Capulín”, los motes y
abreviaturas en los paquetes “Benji”, “Ibarra”,
“JJ”, “CC” y “KK”, y “V”, según
versión de las corporaciones, resultaron desconocidos para los responsables de
investigar y perseguir el tráfico de enervantes, sea al mayoreo o menudeo.
Incluso en el caso del “Capulín”, el apodo apenas ha sido mencionado por
algunos detenidos, sin mayores datos. No está identificado.
2. Una segunda
versión atribuye la propiedad del enervante a corruptos agentes de la ex
Policía Federal. Entre autoridades, infiltrados y criminales circulan los
reportes de un pequeño grupo de Federales que en Tijuana se dedican a robar la
droga, la mayoría de las veces a criminales independientes que intentan cruzar
los enervantes por el municipio hacia Estados Unidos, pero sin “permiso” ni
protección de los sinaloenses. “Se sabe que son policías de Tijuana, pero hay
algunos que incluso se trasladan de
Mexicali a Tijuana, a concretar los bajes”, se explicó a ZETA.
Además: “También han
robado droga de grupos locales… llegan vestidos de civil y encapuchados, son
difíciles de identificar y ubicar; por eso no han sido asesinados, como
acostumbra la mafia en estos casos”.
De hecho, una de las
líneas de investigación en el asesinato del policía municipal Ricardo Salgado,
caído apenas la mañana del 10 de enero en Tijuana, es precisamente un presunto
“baje de droga” a narcotraficantes. Por el momento los investigadores no lo relacionan
con las nueve toneladas decomisadas por la PEP.
3. En esta versión,
la droga había sido asegurada, y elementos de la autoridad encargada de
cuidarla fueron quienes cometieron el delito de sacarla de las bodegas
oficiales, no incluirla en incineraciones y, conforme a los implementos
localizados en el inmueble de seguridad, empaquetarla y posiblemente
traficarla.
En este punto existe
una versión entre la tropa de la Policía Estatal Preventiva: parte del
cargamento incautado el 8 de enero procede de un aseguramiento hecho el 1 de
noviembre de 2010 por la propia PEP, en el número 20641 de la calle Mexicali,
Colonia Buenos Aires Norte. Fueron 12. 976 toneladas, e incluso hubo un
detenido identificado como José Manuel Gallegos Mercado. Afirman que la droga
era de un traficante identificado como “El Capulín”; aunque hace dos años, en
la información proporcionada a la prensa, solo se destacó que uno de los
nombres con que identificaban los paquetes era “Mercedez”.
De este dicho de sus
agentes, los jefes se han mantenido al margen, asegurando no saber la
procedencia de la droga. En Baja California funcionan tres instancias
responsables de resguardar el enervante una vez incautado: Procuraduría General
de Justicia del Estado cuando es al menudeo; Procuraduría General de la
República por acuerdo; y una vez que la droga ha sido empapelada, se envía para
almacenar en las instalaciones militares hasta que el juez responsable la
libera para su incineración en un acto público.
ZETA estableció
comunicación con personal de la delegación de la PGR para conocer si en la
institución existía información de que la marihuana había sido previamente
decomisada, y cuál sería el destino de la investigación.
De manera
extraoficial, se dio a conocer que ya inició la indagatoria en la cual se
incluye la necesidad de determinar quiénes son los dueños de la droga. Que
efectivamente, verificarán si proviene de un decomiso en resguardo del Ejército
o la PGR, pero antes de concluir la investigación, adelantaron: “Estamos
seguros que no salió ni de aquí, ni de con los militares”.
Refieren que hay
muchos candados y personas -en Ciudad de México y en Baja California-
involucradas que hacen “prácticamente imposible que eso suceda”.
En la PGR
justificaron que no hay indicios que correspondan a aseguramientos locales, y
la forma en que estos envoltorios están abiertos y enteipados, tampoco
corresponde a la forma en que lo hace el Ministerio Público local. Además que
por protocolo, en el edificio de la PGR no se almacena ninguna droga que pese
más de un kilo.
“Sabemos que hay un
agente de la PEP que dice que él ya había decomisado esa droga hace dos años,
pero en las primeras pruebas periciales se identificó que la marihuana es
nueva, no vieja, no lleva guardada dos años”.
Destacaron que en el
parte informativo realizado por la PEP no se mencionan las marcas ni las
sospechas, ni se ofrecen particularidades de la forma en que recibieron la
denuncia que los llevó al aseguramiento.
— ¿Qué hay respecto
a la línea que indica, se trata de droga que se incautó y no se reportó?,
preguntó ZETA a un funcionario de la PGR, quien pidió el anonimato.
“¿Nueve toneladas?
¿Cómo se van a incautar y no enviar al Ejército? Eso ya es cuestión de lógica”.
— ¿Y en cuanto a la
versión que menciona a policías federales como dueños del cargamento y
presuntos responsables de robos de drogas a narcos independientes?
“Los policías
ministeriales federales están demasiado ocupados, apenas son suficientes para cumplir con las obligaciones de su
función”.
Sobre el ex policía
federal, se aclaró: “Esa versión no nos ha llegado”.
En cuanto al
procedimiento para acelerar la indagatoria, el primer paso para el Ministerio
Público Federal será hacer que el cateo de la PEP sea legal, además de
solicitar la orden de un juez, aunque la droga ya no esté en el inmueble: “Si
los paquetes del enervante estaban en el patio, tirados, con la puerta abierta,
y al llegar no encontraron a nadie para detener, los agentes debieron llamar al
Ministerio Público Federal. Se toma una foto, se envía al juez, éste otorga la
orden y el Ministerio procede, pero ahora hay que rearmar”.
Por ahora la PGR
está enviando los oficios pertinentes a diversas autoridades para saber quiénes
son los dueños del inmueble, si estaba rentado y si existe un contrato de
arrendamiento. De lo contrario, el dueño del lugar sería integrado a la
investigación, y sujeto a la posible incautación del inmueble.
La denuncia y el decomiso
Todo comenzó como un
rumor. La tarde del martes 8 de enero, la Policía Estatal Preventiva había
entrado a una casa de seguridad del narcotráfico, cerca del Cerro de las
Abejas, donde escondían más de cinco toneladas de marihuana que al parecer
había sido incautada con anterioridad. Los paquetes estaban pesados y marcados,
como cuando las corporaciones policiales los presentan ante medios de
comunicación.
La confirmación
oficial fue rápida. Desde las oficinas de la PEP se convocó telefónicamente a
la prensa para que dieran cobertura al operativo de incautación efectuado en el
número 5 de la calle Tehuacán, Colonia Ejido Francisco Villa, ubicada al
extremo Este de Tijuana. La convocatoria fue rara, por lo regular no se permite
a los reporteros ingresar a los inmuebles que aún están siendo cateados. Sin
embargo, agentes de la Policía Estatal encargados del operativo, recibieron
instrucciones de proporcionar información a los medios y guiarlos.
Explicaron que el
hallazgo derivó de una llamada anónima a
la línea de Denuncia 089, de personas que reportaron haber presenciado actividad
sospechosa en la zona. Una denuncia extraña, ya que el domicilio se ubica en
una calle prácticamente baldía y sin vecinos colindantes.
Posteriormente, ZETA
fue informado que efectivamente se trató de una denuncia anónima, pero no llegó
por teléfono, sino por escrito en una jornada asistencial. La dirección de la
Policía Estatal Preventiva decidió que el reporte fuera atendido por “un
numeroso convoy de unidades de la PEP”, pero no con la unidad operativa, sino
encabezada por los jefes del área de Inteligencia, grupo especializado en la
investigación de casos más complejos.
Los agentes
involucrados explicaron que cuando llegaron al lugar no había nadie, pero sí
varios paquetes de droga regados en el patio, por lo cual sospechan que los
traficantes que descargaban, contaban con vigías en la zona, quienes alertaron
de la presencia policial con suficiente antelación para que alcanzaran a
escapar.
De acuerdo al
informe de los oficiales, a su arribo encontraron el portón abierto y varios
paquetes, al parecer de marihuana, dentro y fuera del inmueble. Con la
presencia de droga a plena vista -según mencionaron-, acreditaron la
flagrancia, permitiéndoles entrar a revisar la propiedad.
Por fuera el lugar
parecía un antiguo taller mecánico, su apariencia de abandono hacía pensar que
llevaba varios años fuera de operación, o nunca funcionó como tal. No había
rastros de la suciedad característica de los talleres. Dentro del predio, un
inmueble que no era oficina o almacén de autopartes, sino un tipo de casa
habitación abandonada, vacía y sin luz eléctrica. Tres habitaciones y una
estancia. El único mueble era una vieja estufa, y el polvo sobre ésta revelaba
que no había sido utilizada en mucho tiempo.
Prácticamente toda
la casa estaba llena de paquetes de marihuana, 2 mil 106, para ser exactos. Los
había de todos tamaños, formas y pesos, desde “almohadas” de 10 kilogramos,
hasta “ladrillos” de un kilo; algunos envueltos en plástico transparente, otros
con cinta adhesiva negra o color canela, uno encima de otro, formando grandes
pilas desde el suelo hasta el techo. El lugar estaba tan penetrado con el olor
a cannabis, que algunos agentes se sintieron mareados y tuvieron que salir a
tomar aire.
Mientras
inspeccionaban la casa, advirtieron que en una de las habitaciones algunos
cuadros de loseta se movían cuando los pisaban. Se trataba de una tapa, que al
levantarla, dieron con un subterráneo de aproximadamente tres metros cuadrados.
No era una cisterna
o una fosa séptica, no había tuberías ni desagües. Los policías sospechan que
había sido construido como almacén, pero la cantidad de droga que ahí guardaban
excedió su capacidad.
Se presume que el
inmueble era utilizado para reempaquetar la droga en cuadros más pequeños para
ser escondidos en autos que cruzan la línea fronteriza, o en paquetes más
grandes para los camiones de carga. También “curaban” la marihuana, aplicando
grasa, jabón en polvo o químicos de limpieza a los paquetes para así disminuir
el característico olor de la hierba.
En el sótano
clandestino también había básculas y equipo para prensar la marihuana, gatos
hidráulicos que empujaban esquineros de metal y vigas de madera para formar los
cuadros de marihuana. Colchas y cobijas tiradas en el suelo hacían pensar que
ahí dormía un velador.
Droga marcada
A pesar de la
peculiaridad del hallazgo, lo más sorprendente fue que los paquetes de droga
contenían diversas marcas que revelaban información incierta, pero sumamente
relevante.
Como en muchos otros
cargamentos decomisados, los envoltorios tenían una marca de los posibles
propietarios o destinatarios del enervante. Muchos tenían escritos los apodos
“Capulín” y “Benji”, “Ibarra”; otros, las letras “JJ”, “CC”y “KK”. Algunos más
tenían dibujado con plumón azul, un círculo con un punto en el centro, o una
“V” similar al signo zodiacal Virgo.
Sin embargo, algunos
paquetes tenían escrito con líquido corrector blanco lo que parecía ser el peso
exacto de la marihuana que presuntamente contenían, hasta con miligramos, algo
jamás visto por los agentes ahí presentes. También tenían escritos números en
secuencia, por ejemplo, al tomar el paquete 114, se podía encontrar cerca el
115, 116 y sucesivos.
Estas marcas
coinciden con las aplicadas a los paquetes de droga cuando son incautadas por
las corporaciones policiales, para marcar su peso e inventariarlas para su
posterior almacenaje. Una gran cantidad de paquetes tenían cinta adhesiva que
parchaba cortes hechos en forma de triángulo o equis, como los que se hacen
cuando se inspecciona por primera vez su contenido.
Aproximadamente tres
horas después del aseguramiento de la droga, un grupo de al menos ocho
militares arribaron a la casa de seguridad, armados y con los rostros cubiertos
por pasamontañas. Ingresaron al inmueble, fotografiaron los paquetes y se
reunieron con los responsables del operativo. Posteriormente apoyaron con el
traslado del cargamento a la base de la PEP en la Zona Río de Tijuana.
La conferencia
La mañana siguiente,
el director de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Montoya Gómez,
encabezó una conferencia de prensa para informar sobre el total de la droga
incautada: Nueve toneladas 041 kilogramos, con un valor en las calles de por lo
menos 361 millones 678 mil 400 pesos.
Sin embargo, la
droga no fue presentada físicamente, como ha sucedido con otros decomisos,
incluso más cuantiosos.
Esta vez, solo se
colocó en la pared una foto del cargamento tomada por la propia corporación.
Montoya admitió que
los paquetes presentan marcas indicando peso, pero se deslindó de
responsabilidades al explicar que no corresponde a la PEP determinar si la
droga ya había sido asegurada anteriormente por alguna entidad de Seguridad
Pública.
“No tienen una característica
propia o un sello que pueda denotar que efectivamente esa droga había sido
decomisada, corresponderá a la Procuraduría General de la República determinar
esa situación”.
Admitió que “no se
tiene un antecedente de otro decomiso en el que se haya tenido esa marcación”.
Asimismo, estableció
que no se les había reportado ningún robo de droga por parte de las autoridades
policiales locales. No reveló si habían consultado a las autoridades militares
sobre su posible decomiso previo, limitándose a decir que existía “una
excelente coordinación con el Ejército Mexicano”.
Por último, el
titular de la PEP estableció que el operativo surgió de una llamada anónima,
sin embargo, policías municipales adscritos a la zona revelaron a ZETA de
manera extraoficial que la mañana del decomiso habían detectado la presencia de
patrullas militares tipo pick-up rondando la colonia Ejido Francisco Villa,
además de un convoy de la Policía Estatal Preventiva que les ordenó despejar el
área.
(SEMANARIO ZETA/ INVESTIGACIONES ZETA/ enero 14, 2013)
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