En la delegación de la PGR encabezada por
Pedro Jesús Torres Salazar, dejaron ir a dos ex agentes federales involucrados
en el tráfico de droga. Policías estatales y militares los entregaron, pero no
los incluyeron en el informe homologado.Tras el acto de corrupción,
no hubo reacción, ni de Daniel de la Rosa, jefe de los estatales, ni del
General José Ricardo Bárcena Rosiles, por sus soldados. Los ex agentes, en la
impunidad, encubiertos por los locales
Dos ex policías federales que iban por un cargamento de droga, fueron
dejados en libertad. No declararon respecto al
origen de la droga que les fue decomisada, ni de dónde provenía, ni quién o
quiénes eran los dueños.
A la delegación de la
Procuraduría General de la República (PGR) en Baja California no le interesó
saber para cuál cártel delinquían. En actos de corrupción, los dos ex
federales, fueron protegidos.
El viernes 24 de junio, muy
de mañana, ZETA fue informado: elementos del Ejército y de la Policía Estatal
Preventiva, habían encontrado aproximadamente tonelada y media de droga,
marihuana, en una casa de Villafontana. Además de asegurar el
inmueble detuvieron a tres personas, incluido un ex agente federal de
Investigaciones.
DROGA ASEGURADA
Los tres detenidos quedaron
identificados por credenciales que portaban. Se trató del ex agente federal de
Investigación, Iván Gómez Aldana; el agente federal incapacitado, Édgar Luciano
Beristáin Ávila -aseguran desde la Federación también retirado del servicio-; y
el civil Omar Galván Valdez.
Pero en la PGR sólo
confirmaron el aseguramiento del domicilio y el proceso para la orden de cateo.
Al cuestionar sobre el paradero de los detenidos, no hubo respuesta.
Obra en papeles que desde que
los estatales y soldados remitieron el informe homologado al Ministerio Público
Federal, los tres detenidos desaparecieron. Ni sus nombres ni referencias a su
detención.
Aunque una primera versión
indica que ni los estatales ni los soldados redactaron el documento, es decir,
que los nombres de los detenidos podrían haber sido omitidos por los federales,
resulta que tanto agentes estatales como militares, firmaron el documento.
“Los federales llegaron a la
escena y se les entregó todo”, fue el argumento de defensa desde las
corporaciones aprehensoras.
En el informe policiaco
indican que un grupo coordinado Ejército-PEP, en atención a una denuncia
recibida en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4),
acudió a la vivienda con el número 23609-B de la calle Catania, entre Margot y
Encinas de la colonia Villa Fontana en la delegación La Presa.
Al llegar a la dirección el
portón de la propiedad estaba abierto, igual la puerta de la casa, y en el
interior del patio había un auto sedán con placas fronterizas ALB-99-84 y la
cajuela también abierta. Dentro, paquetes de droga envueltos en cinta canela.
Aseguran que sin ingresar al
domicilio observaron los paquetes de droga y requirieron la presencia del
Ministerio Público Federal, para que éste solicitara la orden de cateo.
Edgar Luciano Beristain Avila
Además del MP, llegaron dos agentes federales enviados por el delegado de la
PGR en Baja California, Pedro Jesús Torres Salazar, y se llevaron a los
sorprendidos con la droga: Gómez Aldana, Beristáin Ávila y Galván Valdez.
PRESENTADO MÁS TARDE POR UN ARMA
Al mediodía del mismo viernes
24 de junio, el informe homologado reportando la casa y droga aseguradas, se
recibió oficialmente en las oficinas de la PGR, no así a los ex agentes
federales de investigación capturados.
Gómez y Beristain fueron presentados más tarde, alrededor de
las siete de la noche del mismo 24 de junio, pero de acuerdo con datos
oficiales, su detención se habría realizado
supuestamente por elementos de las PGR en las inmediaciones de una
tienda Oxxo ubicada cerca de la casa cateada. Esta vez de quien no se volvió a
saber fue del civil Omar Galván Valdez.
El argumento para retener a
los ex policías federales fue que los encontraron en una camioneta en posesión de una pistola de bajo calibre, los
judicializaron rápidamente- debieron salir antes del cateo- como instruye el Nuevo Sistema de Justicia
Penal, y se fueron, porque ese es un delito por el que siguen proceso en
libertad.
Ya el 27 de junio se ejecutó
orden de cateo en el inmueble, donde
elementos federales con apoyo de agentes estatales y militares,
decomisaron una tonelada 756 kilos de marihuana contenida en 164 paquetes;
según la PGR, corresponde al código FED/BC/TIJ/0000059/2016. Ese lunes, desde la
Procuraduría General de la República finalmente salió información.
El boletín DPE/182/2016
informó que “… mediante cateo la PGR en
Baja California asegura más de tonelada y media de marihuana”, en el cual
reportan en inicio de una carpeta, porque personal del Ejército y la PEP
encontraron varios paquetes de al parecer marihuana en un domicilio.
Omar
Galvan Valdes
Se preguntó en la delegación de la PGR nuevamente por Gómez,
Beristáin y Galván, pero la respuesta fue que en ese tema, el contenido del comunicado
era lo que había.
LA VERSIÓN EXTRAOFICIAL
De acuerdo con datos recabados por ZETA entre personal de
las diversas corporaciones participantes en el decomiso de Villa Fontana, la
PEP y el Ejército recibieron el informe
que había droga en esa casa, los testimonios los obtuvieron de alguien
relacionado con el civil detenido y liberado, Omar Galván Valdez.
Entonces, elementos de
inteligencia hicieron guardia en el domicilio por más de 48 horas, esperando
que alguien llegara por la carga, lo que sucedió la mañana del 24 de junio.
Detallaron que llegaron los
tres referidos, pero era Galván Valdez quien traía la pistola -que después le
pusieron a los ex AFIs-, las llaves de la casa y la voz de mando del grupo.
Que se presentaron al
inmueble en una camioneta, “llegaron por parte de la droga”, y los uniformados
aparecieron.
Así los detuvieron. Hablaron
con el delegado de la PGR para informar y solicitar la intervención para la
orden de cateo, y éste mandó a su gente.
Después, en la PGR, la casa
con droga se consignó por un lado, y los detenidos se entregaron por separado.
En lo que suponen, al menos
documentalmente, fueron dos actos distintos, y no producto de un operativo de
la PEP-Ejército. Así el caso del encubrimiento de los ex miembros de la Agencia
Federal de Investigación (AFI) por parte de los federales de la PGR en
Tijuana.
PEP EN TORTURAS, ROBOS Y EXTORSIONES
El 23 de junio, ZETA
entrevistó a la procuradora Perla Ibarra. Se comprometió a enviar números de
denuncias contra policías –-datos duros, fríos- que llegaron, limitados y a
destiempo para la edición pasada, pero merecen ser considerados.
Cuando se le preguntó de los policías
denunciados por delitos recordó cuatro asuntos destacados de municipales y, al
ser interrogada respecto a policías estatales, “… ahí sí, sobre todo aquí en
Tijuana tenemos varias”.
En Tijuana, en los primeros
seis meses del año, la Procuraduría de Baja California ha recibido 144
denuncias contra autoridades del tema de seguridad; 111 contra municipales y 35
contra PEPs.
En 2015 se contabilizaron más
de 200 denuncias contra agentes estatales. La diferencia entre los expedientes
abiertos en contra de los uniformados es que la mayoría de los asuntos de los
locales no son calificados “graves”.
Pero en el caso de los
expedientes de los estatales, las denuncias son por abuso de autoridad,
tortura, extorsión o robo, y muestran un sistema de violencia sistemático.
El 90% de los casos son
porque detuvieron a la presunta víctima para revisión, les quitaron el teléfono
celular, los revisaron, los llevan a su casa, la revisan, se llevan lo que
pueden, les preguntan violentamente dónde está lo que tenían – refiriendo droga
o dinero-, les exigen que pongan a alguien y luego los sueltan.
Adicionalmente, dos gentes
del área de investigación de la PEP en Tijuana, se han visto envueltos en
fechas recientes en hechos en los que se presume delito.
Ivan Gómez Aldana
El 31 de mayo, el agente
Mario Domínguez Nava llevó a su esposa herida a la Cruz Roja, ante algunas
inconsistencias la Procuraduría del Estado inició una investigación ante la
presunción de que la lesión la hubiera hecho el oficial, pero al declarar la
mujer lo exculpó.
El 29 de junio, en audiencia
de control, la jueza Verónica Carolina
Cataño González ratificó legal la detención del agente estatal preventivo
Santiago Castro Márquez, aprehendido la noche del 26 de junio en el
fraccionamiento El Florido en Tijuana, por el delito de privación ilegal de la
libertad agravada, del cual fue señalado por la víctima, de nombre Iris
Hernández.
Los hechos que dieron pie a
la determinación se plasmaron en un informe homologado de la Policía Municipal,
leído por el Ministerio Público, en el cual explican que cuatro agentes
detuvieron a Castro porque a las 10:53 pm respondieron a la denuncia al C4 alertando
que en el Oxxo Abejas del fraccionamiento El Florido una mujer refería que
estaba privada de su libertad y un sujeto la amenazaba, que al llegar al
comercio un hombre les gritó “allá va, allá va”, y señaló con la mano el auto
donde la llevaban.
Lo detuvieron a las 11:01 pm
y del auto descendió la mujer hacia los policías, gritando:
“Ayúdenme, me tienen
secuestrada, trae un arma”, después el policía estatal bajó diciendo:
“Soy agente de la Policía
Estatal de inteligencia, no me perjudiquen, no hablen”, estaba de descanso,
andaba sin uniforme en vehículo personal, estaba alcoholizado y en realidad
pertenece al área de investigación. Lo detuvieron a las 11:02 pm.
La víctima explicó y los
policías incluyeron en el informe que a las 10:15 pm -casi una hora antes-,
ella se encontraba a las afueras del fraccionamiento Hacienda Santa María
cuando el policía llegó, descendió del auto y la obligó a subir apuntándole con
un arma en la cara y le advirtió:
“Súbete, hija de tu puta
madre”, no la dejó salir y le ordenó no gritar; le preguntó cuánto le cobraría
por tener relaciones sexuales.
El defensor público argumentó
que no existía certeza del hecho, porque la víctima pudo haberse bajado en la
tienda Oxxo donde pidió ayuda- el PEP había bajado por cervezas-, que la dejó
sola, por lo tanto, no estuvo privada de la libertad.
Al final, la jueza determinó
que se daba la flagrancia, asignó como medida cautelar la prisión preventiva, y
determinó que será en audiencia a celebrar a las 8:30 am de hoy viernes 1 de
julio cuando se resuelva la situación jurídica del policía estatal.
Este hecho es de interés
público por tratarse de una conducta que amerita judicializar y haber sido
realizada por un servidor público. Y debe presumirse la inocencia del imputado
en todo momento.
Entrevistado al respecto, el
secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa, evadió hacer
comentarios de los ex agentes federales no presentados en el aseguramiento de
droga en Villa Fontana.
Del agente Castro, reiteró
que está suspendido y esperando el proceso de remoción, además de sujeto a un
procedimiento penal y a sanción respectiva de carácter penal, no únicamente
administrativa.
De Domínguez agregó:
“Se ha desarrollado la
investigación propiamente dentro de lo que tenemos, hay un avance sustancial”.
Respecto a las denuncia en PGJE, expuso que se han reducido en un 30% e informó
que en casi tres años, van 256 elementos de las diversas áreas de la Secretaría
que se han venido depurando.
Apenas en febrero de 2016 se
informó de casos en los que policías municipales y estatales de Tijuana estaban
secuestrando criminales de un cártel para entregarlos a sus contras, de
elementos del Ejército Mexicano que fueron detenidos en operativos por venta de
enervantes, y agentes ministeriales de la PGJE videograbados “robando droga” al
crimen organizado.
Ninguno de esos casos se ha
resuelto, y las autoridades representadas en el Grupo Coordinación siguen
tratando el tema “en lo corto y en lo oscuro”, acumulando casos de corrupción
en sus corporaciones.
(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: ESPECIAL ZETA
/INVESTIGACIONES ZETA /LUNES, 4 JULIO, 2016 12:00 PM)
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