El
próximo Gobernador señaló algunas propuestas que ha enviado a Duarte al
Congreso estatal en las últimas semanas. Entre ellas están los nombramientos de
un fiscal anticorrupción que ocuparía el cargo por 5 años, según indica el
texto, y de tres magistrados de la Sala Especializada contra la corrupción que
serían inamovibles por 10 años. Además de designar a una legislatura priísta
para que será la encargada de revisar la cuenta pública de 2015.
Javier Duarte de Ochoa contó durante
seis años con la lealtad política del Congreso local. Foto: Cuartoscuro.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 4 julio
(SinEmbargo).- El Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares pidió la
intervención del Gobierno federal para evitar que el todavía Gobernador Javier
Duarte dañe al estado de Veracruz haciendo nombramientos de forma que afecten
las finanzas públicas. Ante ello solicitó ayuda al Presidente Enrique Peña
Nieto para que actúe al respecto.
Mediante sus redes sociales,
Yunes Linares dijo en un desplegado que la mala situación de la cual es víctima
el estado puede desembocar en un conflicto social.
“Javier Duarte quiere nombrar
al Fiscal, Magistrados y Contralor para proteger su huida, evitar la cárcel y
la devolución de los miles de millones de pesos que se robaron; está
desquiciando y lleva a Veracruz al enfrentamiento y a un desastre financiero de
consecuencias graves para el Estado y para el país, dejando sin recursos a la
próxima administración estatal para los programas de asistencia social, de
salud, entre otros”.
El próximo Gobernador señaló
algunas propuestas que ha enviado a Duarte al Congreso estatal en las últimas
semanas. Entre ellas están los nombramientos de un fiscal anticorrupción que
ocuparía el cargo por 5 años, según indica el texto, y de tres magistrados de
la Sala Especializada contra la corrupción que serían inamovibles por 10 años.
Además de designar a una legislatura priísta para que será la encargada de
revisar la cuenta pública de 2015.
Yunes ha indicado en
reiteradas ocasiones que Duarte busca dañar las finanzas públicas con el
aumento del gasto a través de las concesiones del presupuesto a varias
dependencias. Además argumentó que el Gobierno federal tiene la posibilidad de
llamar al Gobernador del estado para impedir que esas reformas que plantea sean
aprobadas.
“No sólo está preparando su
huida, blindando su huida, con fiscales anticorrupción, contralores, áreas
especializadas nombradas por un Congreso de mayoría total priísta, sino está
dejando también bombas para que a partir de diciembre estalle la situación
económica en Veracruz y venga un conflicto social gravísimo”.
Por su parte, Javier Duarte
de Ochoa contó durante seis años con la lealtad política del Congreso local,
cuya mayoría es del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su partido. Al
poco tiempo de terminar su administración, ante la imposibilidad de negociar
con el mandatario siguiente –quien lo demandó por enriquecimiento ilícito–,
acude a este cobijo para blindarse ante la justicia. La falta de contrapeso y
voluntad política, así como el pacto de impunidad entre actores políticos,
afirman politólogos, dificultará que el priísta sea juzgado por los
señalamientos de corrupción que lo rodean, a pesar de que esta semana el
tricolor se distanció de él –más por el costo electoral que le causó, que por
los señalamientos en su contra-.
Miguel Ángel Yunes Linares,
el Gobernador electo, y otros panistas afirman que la Reforma Constitucional en
materia anticorrupción enviada por Duarte de Ochoa al Congreso estatal es una
estrategia para librarse de la justicia.
Esta propuesta legislativa
prevé la creación del Fiscal Anticorrupción y del Contralor General, quienes
serán designados por el Congreso estatal, controlado por el PRI y sus partidos
satélites locales. Asimismo retira el fuero al próximo Gobernador, a sus
secretarios y a los Presidentes municipales, aunque el beneficio legal sigue
protegiendo a los diputados, al titular de la Comisión de Derechos Humanos estatal,
al Fiscal General del estado y a los magistrados.
El jueves, el Congreso de
Veracruz pospuso la designación del nuevo Fiscal Anticorrupción en la entidad,
quien se preveía fuera Francisco Portilla Bonilla. El tema fue retirado del
dictamen del día ya que no reunió los 34 votos a favor necesarios para ser
discutido en el pleno. Dentro del recinto Legislativo grupos de personas
protestaron con pancartas con la leyenda “#QueNoSeEscapeDuarte”.
En tanto, el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) exigió a los gobernadores electos aclarar y
sancionar las acusaciones que existan en contra de las administraciones
salientes. La iniciativa privada destacó que no se puede consentir que ningún
servidor público del nivel que sea, pretenda esquivar responsabilidades
mediante argucias, imposiciones o simulaciones con las que sólo se busque
protección y reproducir la impunidad.
“Los gobernadores electos
tienen la responsabilidad de aclarar y, en su caso, sancionar, las acusaciones
que existan contra las administraciones salientes. Esa es una exigencia
ciudadana y debemos de proceder como Estado mexicano”, afirmó Juan Pablo
Castañón Castañón, presidente del CCE su comentario semanal.
El CCE añadió que el
desarrollo económico, político y social de una nación depende de la capacidad
del Estado y de la sociedad de generar, por una parte, incentivos y condiciones
de certeza para el cumplimiento de los acuerdos, y por otra parte, consecuencias
para aquellos que violenten los derechos de los demás o incumplan sus
obligaciones.
(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / JULIO 4,
2016 - 7:59 PM)
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