Al
reinstalar a Óscar Sánchez Juárez como dirigente del PAN en el Estado
de México, el Tribunal Electoral de esa entidad agravó el caos de ese
partido, ya dividido en bandos que se acusan mutuamente de opacidad y
malos manejos de los recursos públicos. Los adversarios de Sánchez
Juárez impugnarán el fallo en el tribunal federal en la materia, ya que
una auditoría de su primera gestión concluyó que el dirigente no entregó
comprobantes de gastos, hizo contrataciones irregulares, “desapareció”
vehículos y equipos de radiocomunicación, aumentó sueldos a sus leales y
se los retuvo a los rivales…
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Óscar
Sánchez Juárez, reinstalado el miércoles 8 como presidente del Partido
Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, es sinónimo de escándalo:
No sólo por ser un declarado admirador de Adolfo Hitler, sino por
acusaciones de malversar millonarios recursos públicos como diputado y
dirigente, así como por ser parte de la red de complicidades de su
partido con el gobierno priista de esa entidad desde que lo encabezaba
Enrique Peña Nieto.
Lo primero que deberá aclarar Sánchez Juárez
es el destino de casi 5 millones de pesos de prerrogativas “extraviados”
y una cantidad igual que ejerció durante los 35 días que encabezó el
PAN estatal por decisión del presidente nacional, Gustavo Madero, cargo
del que luego fue destituido por el CEN y en el que lo reinstaló el
Tribunal Electoral local, el miércoles 8.
El presidente estatal
saliente, Octavio Germán Olivares, informó al CEN que Sánchez Juárez
cometió “una serie de irregularidades” en el manejo de los casi 5
millones de pesos que recibió, en un “acto indebido”, del Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM).
En un oficio enviado a la
secretaria general del CEN, Cecilia Romero, el 15 de abril, Olivares
asegura que, además de violar leyes y reglamentos de fiscalización,
Sánchez Juárez no entregó comprobantes de gastos, hizo contrataciones
anómalas, desapareció vehículos y equipos de radiocomunicación, aumentó
sueldos a personal afín a él y se dejó de pagar a los adversarios
internos…
Por ello pide al CEN que se tomen medidas por el manejo
de las cuentas de Sánchez Juárez, “ya que los movimientos realizados en
la contabilidad, además de no estar apegados a la legalidad y la
transparencia, nos pueden crear problemas con las autoridades
electorales”.
Sin embargo, Olivares tampoco entrega buenas cuentas
y de hecho hereda un PAN en quiebra, según las conclusiones de una
auditoría a su trienio: Estados financieros “maquillados” que ocultan
deudas diversas, como la multimillonaria evasión de cuotas al IMSS e
Infonavit; asedio de acreedores y embargos en puerta, y hasta la venta
bajo sospecha del edificio sede…
De tal magnitud es el caos
financiero en el PAN estatal que el CEN ya destituyó al tesorero de la
administración saliente, José Fernández Caballero, y designó a Elizabeth
Molina para tratar de poner orden en lo que parece un torneo de
turbiedades entre las dos facciones que se disputan el poder en la
entidad.
Lo paradójico es que también el IEEM está involucrado en
este desorden: Pese a que Sánchez Juárez y su tesorero, Óscar García
Martínez, no tenían poderes para recibir las prerrogativas, como lo
reconoció el propio órgano electoral, les entregó dos cheques por 4
millones 941 mil pesos.
El mismo día, 15 de marzo, y casi de
manera simultánea, el IEEM hizo dos transferencias electrónicas a la
cuenta del PAN estatal por otros 4 millones 941 mil pesos y ahora nadie
sabe dónde quedó ese dinero.
Miembro del Grupo Tlalnepantla, que
encabeza el diputado local Ulises Ramírez Núñez, Sánchez Juárez asegura
que él jamás utilizó los recursos de esa transferencia electrónica,
porque los únicos que tenían acceso a ellos eran Octavio Germán Olivares
y Fernández Caballero; añade que, una vez reinstalado como presidente,
concluirá una investigación al respecto.
“Supe que hubo
disposición de cantidades importantes. Se habla de un cheque de 600 mil y
otros de 300 mil. La pregunta es: ¿Quién dispuso de ese dinero?”,
expone Sánchez.
–¿Ellos son los responsables?
–¡Claro, nosotros jamás tuvimos acceso a esas cuentas!
En
contraste, el presidente de la Comisión de Vigilancia y expresidente
del PAN estatal, Noé Aguilar Tinajero, afirma que la malversación de
recursos es el sello de Sánchez Juárez, quien –asegura– nunca rindió
cuentas de 13 millones de pesos que manejó cuando fue coordinador de la
bancada.
“Y ahora en su gestión de 35 días no hay ningún
comprobante de nada, no contabilizaron nada y no hay forma de hacerlo,
porque no hay papeles”, insiste Aguilar, quien promueve ante la Comisión
de Vigilancia nacional que Sánchez Juárez rinda cuentas y sea
sancionado.
–¿Debe ser expulsado Óscar Sánchez?
–Ante este
tipo de anomalías, personas como él y como Ulises Ramírez deben ser
expulsadas del PAN y, además, darle vista a las autoridades
correspondientes.
Partido quebrado
La honda crisis
que vive el PAN en el Estado de México no es nueva, pero recrudeció a
raíz de la elección interna del 24 de noviembre, cuando se enfrentaron
por la presidencia Óscar Sánchez y Jorge Inzunza, que fueron diputados
locales en la misma legislatura.
Sánchez Juárez ganó la elección
por un solo voto y desde entonces es impugnado por la facción
antagónica: Debía ser ratificado por el CEN, pero la votación se aplazó
dos veces por falta de quórum hasta que Madero decidió, el 22 de
febrero, darle posesión por “providencias”, una facultad sujeta al aval
del CEN y que, el 19 de marzo, no se concretó.
Por ello Sánchez
Juárez sólo ocupó el cargo del 25 de febrero al 5 de abril y decidió
impugnar la decisión del CEN. El miércoles 8, el Tribunal Electoral del
Estado de México lo restituyó en el cargo, decisión que será impugnada
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Durante
la breve gestión de Sánchez Juárez se concluyó una auditoría a la
gestión de Octavio Germán Olivares, a quien apoya el grupo que respaldó a
Inzunza: La Organización Nacional del Yunque, que encabeza Luis Felipe
Bravo Mena, y exdirigentes estatales como Noé Aguilar Tinajero, Juan
Carlos Núñez Armas y Astolfo Vicencio Tovar.
La empresa que
practicó la auditoría, Suárez del Real y Galván Flores, S.C., emitió una
“opinión desfavorable” al trienio de Olivares debido a que se
“maquillaron” los estados financieros y no se registraron pasivos por
más de 40 millones de pesos, entre ellos la falta de pago al IMSS y al
Infonavit de 2010 a 2012.
“Estos incumplimientos –establece la
auditoría– se derivan principalmente de no haber inscrito
obligatoriamente a todos los trabajadores, a que los salarios base de
cotización manifestados al IMSS son inferiores a los salarios que
cobraron realmente los empleados y funcionarios y a que no se pagaron en
su totalidad los importes que se retuvieron a los trabajadores.”
Y
precisa: “Se estima que las omisiones por cuotas del IMSS y del
Infonavit, por cada uno de los tres ejercicios mencionados, asciende
aproximadamente a más de 8 millones de pesos, sin considerar
actualizaciones, recargos y multas; el total podría ascender a más de 26
millones de pesos, que no están reconocidos en los estados
financieros”.
También se omitieron 3.9 millones de pesos que se
adeudan al comité municipal de Toluca y 8 millones en cuentas por pagar a
proveedores. Por la “antigüedad” de esas anomalías, el PAN podría ser
multado por el IEEM.
Otro caso es la venta en 12 millones de pesos
del edificio estatal del PAN, en abril de 2011, que indebidamente se
sumó totalmente a los ingresos del ejercicio. “Debió ser únicamente la
diferencia entre el precio de venta y el valor de adquisición, es decir 8
millones 836 mil. Por lo anterior, el incremento en el patrimonio
contable no restringido del ejercicio 2012 está excedido por ese
movimiento en 3 millones 163 mil pesos”.
Los auditores concluyeron que los estados financieros fueron maquillados:
“Si
se hubiesen registrado los pasivos mencionados y en forma correcta la
baja del inmueble enajenado y los gastos de operación, la situación
financiera del CDE Edo. Méx. sufriría una modificación substancial y el
resultado de sus actividades, incrementándose en más de 40 millones de
pesos, consecuentemente se reflejaría como una disminución en el
patrimonio neto de la entidad, convirtiéndolo en deficitario”.
Durante
su trabajo los auditores enfrentaron diversas limitaciones, como la
falta de documentación sobre las inversiones inmuebles, mobiliario y
equipos propiedad del PAN. Un ejemplo fue la venta del edificio sede,
que desde los ochenta se ubicó a un costado de lo que fue el Toreo de
Cuatro Caminos.
Por ello “no nos fue posible satisfacernos de la
legítima propiedad de los inmuebles a favor del PAN que reportan los
estados financieros, su correcta evaluación y si existe o no alguna
restricción o gravamen sobre los mismos”, explican.
Los millones “perdidos”
En
ese contexto Sánchez Juárez asumió su primer breve periodo como
presidente del PAN el 25 de febrero. Lo primero que hizo al día
siguiente fue solicitar dinero al IEEM, que es el origen de un manejo
irregular, según el informe entregado al CEN el 15 de abril:
“De
la revisión que estamos realizando a las cuentas y patrimonio del
partido, derivado de la entrega-recepción de la administración presidida
por el Lic. Óscar Sánchez Juárez, hemos encontrado una serie de
irregularidades en el área de Tesorería, misma que ahora hago de su
conocimiento para que se tomen las medidas más adecuadas, ya que los
movimientos realizados en la contabilidad, además de no estar apegados a
la legalidad y la transparencia, nos pueden crear problemas con las
autoridades electorales.”
En un anexo, Olivares concluye que el
manejo irregular de Sánchez Juárez y su tesorero, Óscar García, asciende
a un total de 4 millones 376 mil 597 pesos y lo hicieron a través de
una cuenta que abrieron en Banorte, al no tener acceso a la cuenta
oficial del PAN por falta de poderes.
De hecho, esa falta de
poderes es el origen de una serie de sucesos descritos en el informe y
que, según Olivares, representan la violación de la normatividad
vigente, como no reportar al IEMM la apertura de la cuenta bancaria, las
transferencias realizadas y la falta de comprobación de las mismas.
Según
el informe, del que Proceso tiene copia íntegra, Sánchez Juárez actuó
indebidamente porque, “utilizando hojas membretadas de la representación
del partido ante el IEEM, y sin contar aún con los poderes necesarios”,
solicitó recursos al secretario ejecutivo del órgano electoral,
Francisco Javier López Corral.
Y aunque el director de Partidos
Políticos, Sergio Anguiano Meléndez, informó a López Corral que no se
cumplían los requisitos, el IEMM realizó, el 15 de marzo, dos
transferencias electrónicas a la cuenta del PAN estatal: Una de 4
millones 844 mil por concepto de “financiamiento público para
actividades permanentes” y otra de 96 mil 883 pesos por “actividades
específicas”.
No obstante estas transferencias –de las que nadie
sabe nada–, el IEMM entregó dos cheques por la misma cantidad y por los
mismos conceptos a Sánchez Juárez y García Martínez, como consta en las
pólizas cuyas copias tiene el reportero, por un total de 4 millones 941
mil pesos con 82 centavos.
El informe enviado al CEN refiere:
“Este acto es indebido por parte del IEEM, ya que entregó el
financiamiento de marzo 2 veces, una mediante transferencia y otra
mediante cheques expedidos a favor del partido”.
Con esos dos
cheques, ese mismo 15 de marzo se abrió una cuenta en Banorte, sucursal
Troncoso, en la Ciudad de México, y se registraron las firmas de Sánchez
Juárez y García Martínez. Desde ahí se emitieron cheques y se hicieron
transferencias.
El informe acota: “Ambos cheques son depositados
en la misma cuenta, debiendo ser en cuentas separadas para cada uno de
los conceptos, según la normatividad del IEEM”.
Adicional a esos
recursos del IEEM, la Tesorería Nacional del PAN depositó en las cuentas
del comité estatal 2 millones de pesos por concepto de anticipo de
prerrogativas, pese a que se había acordado retenerlas hasta nuevo
aviso, si bien los movimientos de esta cuenta los realizó personal de la
Tesorería Nacional.
Con la cuenta de Banorte-Troncoso, Sánchez
Juárez y su tesorero Óscar García hicieron varios movimientos, como la
contratación –“sin contar con el poder correspondiente”, según el
informe– de 60 radios Nextel, de servicios por más de 100 millones de
pesos, y el pago de nómina del comité estatal y de los comités
municipales, así como financiamiento a éstos.
La mano de Peña
Todos
esos movimientos irregulares se realizaron con tarjetas de nómina, por
lo que no hay comprobantes y, según el informe entregado al CEN, las
“inconsistencias habidas en esta nueva cuenta suman un importe total de 4
millones 376 mil 597 pesos”.
Acota el documento: “Con fecha de 25
de marzo, Óscar García Martínez, en funciones de tesorero del CDE,
envía comunicado a Banorte solicitándole cambiar el término ‘nómina’ por
el de ‘pagos diversos’. Con ello algunos de los pagos hechos al
personal del partido aparecen como pagos diversos”.
Y añade: “Por
lo tanto, no existe comprobante alguno de haber realizado pagos al
personal correspondientes a la segunda quincena de febrero, 1 y 2 de
marzo”.
El documento enviado al CEN enumera otras anomalías: “Se
dieron de alta 74 personas, se incrementó el salario de personas afines a
su grupo, se dejó de pagar a personas que no consideran de su grupo, no
existen recibos de pago de salarios ni se hicieron las correspondientes
deducciones de ley”.
Entre las anomalías descritas por Olivares
se consigna también que no se entregaron como patrimonio del PAN estatal
60 equipos de radiocomunicación ni un lote de automóviles, al parecer
de 40.
Al respecto, y con la aclaración de que no conoce el
documento de su antecesor en el cargo, Sánchez Juárez niega las
imputaciones y asegura que, en los 35 días de su primera gestión,
resolvió problemas heredados con los casi 5 millones de pesos de
prerrogativas del IEEM y 1 millón 350 mil pesos del CEN.
Según él,
como su antecesor omitió el pago al personal de la segunda quincena de
febrero, él debió pagar tres quincenas por un total de 3 millones 900
mil pesos; también solventó dos meses de financiamiento a los comités
municipales por 1 millón 650 mil pesos, y evitó que el IMSS suspendiera
la atención a los trabajadores al liquidar 390 mil pesos por dos
mensualidades atrasadas y la de marzo.
“En esto se nos fue todo el
dinero”, afirma el polémico dirigente, quien rechaza que haya
irregularidades en el manejo de los recursos de la cuenta –que él abrió,
dice, por recomendación del CEN– y, aunque reconoce que transfirió los
recursos vía tarjeta de nómina y sin comprobante, asegura que “no lo
marca así la norma”.
Pero para Aguilar Tinajero no hay duda:
Sánchez Juárez actúa con la misma opacidad que cuando fue coordinador de
la bancada del PAN, de 2009 a 2011, como lo acreditó la auditoría
practicada por la empresa BDO Castillo Miranda y Asociados.
Interrogado
sobre si él como responsable del manejo financiero del PAN no advirtió
de las anomalías en las que también incurrió Octavio Germán Olivares,
como lo reveló la auditoría que él conoció en primera instancia, Aguilar
Tinajero reconoce que sí, y señala que se identifican “cosas graves”.
Sin
embargo, aclara que “por lo menos del dinero que entra está todo
registrado y sabemos dónde están las fallas. Sí es un grave error no
pagar impuestos, eso es gravísimo, pero eso está registrado. En cambio
en el caso de los 35 días de Óscar Sánchez no hay ningún comprobante de
nada, no contabilizaron nada y no hay forma de contabilizar, porque no
hay papeles”.
Una vez que el Tribunal Electoral del Estado de
México reinstaló a Sánchez Juárez en el cargo de presidente del PAN,
Aguilar advierte que la crisis no se resuelve y afirma que en esta
decisión intervino el gobierno estatal del priista Eruviel Ávila e
influyeron los nexos de los magistrados con Ulises Ramírez.
De
hecho, fue Sánchez Juárez quien propuso como magistrado a Crescencio
Valencia Juárez y éste, a su vez, trabajó en el ayuntamiento de
Tlalnepantla mientras Ulises Ramírez fue alcalde.
“Lamento que el
gobierno del estado tenga tanto interés en apoyar al Grupo Tlalnepantla,
aun a costa de que el Tribunal Estatal le haya dado un fallo en contra
de la decisión del CEN”, dice Aguilar, y da como un hecho que el asunto
llegará al TEPJF.
“Veremos si el TEPJF es capaz de tomar una
decisión que ayude a sanear la vida interna del PAN o colabora a
hundirnos aún más. Si así fuera, entonces pienso que el mismo Peña Nieto
está metido en este asunto. Qué lamentable que el gobierno del estado
se meta en la vida interna del PAN. Muy lamentable.”
/ 17 de mayo de 2013)
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