237 homicidios en BC en lo que va de 2013; 45 entre el
1 y el 18 de abril solo en Tijuana
Nuevamente la sociedad tijuanense está en riesgo, los
vendedores de droga al menudeo convierten las colonias de la ciudad en sus
escenas del crimen, y a los ciudadanos comunes, en sus testigos y víctimas
potenciales. Con un Consejo Estatal de Seguridad descoordinado, Los Chamulas,
Los Talibanes, Los Chapitos, Los Aquiles, Atlantes, Los Panchos y Los Sureños,
hacen de la ciudad su campo de guerra. Las autoridades admiten repunte en
homicidios, pero aseguran que no hay comparación con el pasado porque ahora sí
están capturando a los ejecutores
Investigaciones ZETA
Las ejecuciones del
narcotráfico en los últimos días han subido de tono, significan un reto a la
autoridad y vulneran a la sociedad. Matarifes al servicio de las células
criminales en la entidad, particularmente en Tijuana, asesinan a sus
competidores criminales a plena luz del día, en lugares públicos, frente a
decenas de testigos. Matan lo mismo a hombres, mujeres y de nuevo, niños.
“El sector
empresarial se encuentra preocupado por el incremento de los asesinatos que en
las últimas semanas han mermado la paz social en la ciudad”, reflexionó Jorge
Escalante Martínez, presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX) Capítulo Tijuana, y completó: “Estas muertes no se pueden
justificar, ni considerarse casos aislados, porque está latente el
resurgimiento de la violencia derivada del narcotráfico, como ya sucedió en
Tijuana”.
Van 237 asesinatos
en el estado, 45 homicidios ocurridos entre el 1 y el 18 de abril solo en
Tijuana. Los escenarios sangrientos se repiten en la Zona Este, Sánchez
Taboada, San Antonio de los Buenos y recientemente en la Zona Oeste, Delegación
Playas. La mayoría de los ataques ocurren ente cuatro y nueve de la mañana, y
se cometen con armas cortas, calibres 45, 38 y 9 milímetros.
Tras reconocer que
el número de asesinatos es mayor en el primer trimestre, comparado con 2012,
representantes gubernamentales se han esforzado en dejar claro que la mayoría
de los muertos son personas con una vida criminal inmiscuida en el tráfico de
droga, razón por la cual los ciudadanos de bien, no deben temer. Versión que no
corresponde totalmente a la realidad, porque si bien se están “matando entre
ellos” -argumento que en efecto no sirve de justificación, porque legalmente en
México, nadie, ni el gobierno, tiene derecho a asesinar-, los hechos demuestran
que lo están haciendo en zonas urbanas, áreas escolares, espacios públicos
donde los daños colaterales y la muerte
de inocentes, es un permanente peligro. Además de la inseguridad que conlleva
para los testigos de estos crímenes el que estos maleantes sepan que pueden
identificar a los asesinos. La comunidad, entonces, está en riesgo.
Mientras la ciudad
fronteriza se convierte de nuevo en un tiradero de cadáveres, sin justificación
sólida, las policías Estatal Preventiva y el Ejército abandonaron el compromiso
público adquirido de buscar y combatir asesinos, como lo hicieron hasta el año
pasado, hasta antes de que iniciara la jornada electoral, causando que la
endeble seguridad de los tijuanenses se politice.
Los organismos
empresariales empiezan a alzar la voz con reclamos ante la prensa, sin embargo,
ninguno ha planteado su inconformidad
formalmente por la falta de coordinación ante el Consejo Estatal de Seguridad.
LAS CÉLULAS ENFRENTADAS
En la Policía
Municipal de Tijuana y la Procuraduría saben lo que pasa, lo están combatiendo.
Hay homicidas detenidos y consignados,
pero sin apoyo del resto de los integrantes del inoperante Consejo
Estatal de Seguridad, no han podido mermar el fenómeno de las ejecuciones.
Las balaceras
diarias son resultado de las pugnas por el control territorial de la venta de
droga al menudeo, entre los remanentes de Los Chamulas y los Talibanes; Los
Chapitos contra Los Aquiles; Los Chapitos contra Los Atlantes; Los Panchos
contra Los Sureños. Adicionalmente, las áreas de inteligencia tiene detectadas
guerras internas entre los grupos encabezados por Javier Mendoza Uriarte y Luis
Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”, dado que estos hombres solo dirigen por
vías electrónicas, no están en la ciudad.
Como responsables de
las masacres, a principios del mes de abril, seis sujetos estaban en el radar
de la Policía Municipal de Tijuana y la Procuraduría del Estado: uno era Carlos
García Márquez “El Negro”, detenido el
martes 16 de abril por un asesinato cometido el mismo día. Según los primeros
dichos de sus cómplices, estarían relacionados con ocho muertes violentas, pero
en primera instancia, se le vincula judicialmente a un asesinato; además de
Víctor Manuel García Morales “El Sargento”, acribillado con arma corta el
miércoles 17 de abril.
La búsqueda durante
las próximas semanas, se concentra sobre los siguientes sujetos identificados
solo por apodo como “El Chapito”, “El Julián de la Calle 6ta” y “El Atlante”.
El hombre que asesinó a dos sujetos frente a una taquería en el fraccionamiento
Los Álamos el lunes 15 de abril, según las autoridades está identificado. Es un
criminal que ha cometido delitos en Estados Unidos, sin embargo, sospechan, se
esconde en San Diego, California.
“LOS VAMOS A CAPTURAR”
Aunque contra
argumentan que Tijuana no es la ciudad más violenta, ni de México ni de Estado
Unidos -palabras que no sirven de consuelo para los tijuanenses-, Alberto
Capella, secretario de Seguridad Pública Municipal, y Abel Galván,
subprocurador contra la Delincuencia Organizada del Estado de Baja California,
admiten que los asesinatos violentos relacionados con el narcotráfico se
incrementaron. Que se están realizando en espacios y horas donde se pone en
peligro a personas inocentes, y que los miembros del crimen organizado de nuevo
mataron a una niña el miércoles 17 de abril.
Y aunque no es
justificación, Capella detalló: “La menor -Vianey, de 9 años- era usada por su
padrastro Víctor Manuel García Morales ‘El Sargento’ -asesinado junto a la
niña- para entregar los paquetes de droga. Llegaban a un lugar en el carro y la
niña se bajaba a entregar al mercancía; su madre -Silvia Patricia Anaya
Santarosa- y su hermano, lo sabían y lo reconocieron”.
Justifica el
secretario: “Sí hay más muertos, pero la diferencia con años pasados, es que a
los homicidas los estamos capturando y presentando…”.
Por su parte, el
subprocurador Galván asegura: “La diferencia es que no hay impunidad, los
asuntos se están resolviendo, se están consignando”, además de explicar que el
lado positivo de que la Procuraduría General de Justicia del Estado se haya
hecho cargo del tema de narcomenudeo desde agosto de 2012, y de que sean los traficantes los que estén
asesinando, les ha permitido un trabajo colegiado y el acceso a una importante
base de datos.
También han tenido
apoyo del otro lado de la frontera. Galván mencionó que la PGJE ha requerido a
Estados Unidos el récord criminal de las personas detenidas, porque en los
asesinatos destaca la participación de sujetos que han sido deportados, quienes
al llegar a la región, se adhieren a las bandas de narcomenudistas.
El subprocurador
manifestó que en lo que va de 2013, 50 expedientes se han turnado a los
Juzgados locales, y 80 personas puestas a disposición por homicidios.
Aproximadamente el 45 por ciento de los expedientes y detenidos, corresponden a
asesinatos perpetrados en 2012, y el 55%
a los ocurridos este año.
Además, la PGJE
sigue aprovechando la figura del arraigo que sigue en Ley, y tiene a otros seis
presuntos homicidas que esperan consignar la próxima semana, cuando venza el
plazo constitucional para tal fin.
Galván refirió que
la coordinación con la Policía Municipal ha sido determinante en el caso de
Tijuana: “Los patrullajes y la intervención inmediata cuando se tiene la
descripción de los agresores, los vehículos que han resultado en la captura de
sospechosos…”.
Asimismo, han tenido
buenos resultados con las armas decomisadas por la Municipal: “Las pruebas de
balística han proporcionado un abanico de resultados positivos, armas
utilizadas con vínculos en otros homicidios, recientes o de 2012”.
En entrevista, ZETA
planteó al secretario Alberto Capella que esa efectividad en capturas de
homicidas por parte de la Policía Municipal, que se había dado a conocer en
conferencias de prensa en enero febrero, había mermado en marzo.
“En enero tuvimos
detenidos en el 50 por ciento de los casos de homicidios, en febrero
registramos capturas en el 60 por ciento de los casos, y en marzo bajó al 20
por ciento; pero no fue todo el mes, sucedió en los últimos 15 días, por eso
cambiamos los formatos de vigilancia y
supervisión. Ya hablamos con los jefes delegaciones, y saben que tenemos que
resolver esto. Yo me atrevo a decir que los homicidas actualmente no tienen el
acompañamiento policiaco que tenían antes, y ésa es otra diferencia, por eso
los estamos apresando. Sé que aún tengo en la corporación puntos débiles, y por
eso traemos lupa sobre la Policía en la zona de Sánchez Taboada y San Antonio
de los Buenos, que es donde detectamos problemas”.
En cuanto a los
homicidas, Capella refirió más contrastes con la época crítica de seguridad en
Tijuana. Explicó que ya no son los sicarios entrenados de los cárteles, sino
matones que reciben pagos en droga o cantidades miserables de dinero, que
subcontratan a sus amigos o conocidos. “Hemos podido ver que aunque son
certeros al disparar, y es evidente que saben hacerlo, no tienen un plan de
huida, son desorganizados y pareciera que no conocen bien la ciudad”.
Al respecto, Abel
Galván completó: “Son ataques certeros, no ha habido intercambio de bala,
afortunadamente, son ataques directos con armas cortas contra individuos en
especial, eso nos da un panorama de no crear un ambiente de inquietud o
zozobra”.
VIOLENCIA DESBORDADA
De las 45 personas
asesinadas en Tijuana durante el mes de abril, dos han sido menores de edad.
Uno, Dilan de menos de dos años, murió el día 5, a causa de los golpes
propinados por sus padres; en el segundo caso, el día 17, las balas dirigidas
al padrastro dedicado al narcotráfico, alcanzaron a una niña de nueve años.
Un día antes, el 16
de abril, un padre de familia acababa de dejar a su hija en una escuela cuando
fue acribillado a balazos cerca del plantel educativo.
En todos los
homicidios ocurridos entre el 15 y 18 de abril, conforme a los expedientes
iniciados por la PGJE, los occisos han sido relacionados con la venta de
drogas, a excepción del sujeto asesinado la mañana del jueves 18, donde aún no
definen el móvil.
En el ataque del miércoles 17 de abril, mataron a
Víctor Manuel García, de 51 años, apodado “El Sargento”, y a su hija Vianey. En
los hechos quedó herido un niño de 9 años, que al igual que la pequeña
asesinada, iba a la escuela primaria. Silvia Patricia Anaya, mujer del
acribillado, también fue detenida y remitida a la PGR. Resultó sospechosa
porque sin ocuparse de si la hija estaba viva o muerta, intentó huir de la casa
con una maleta, cargando una pistola calibre .25, 59 cartuchos, 85 globos de la
droga conocida como cristal, otros 2.5 kilos de cristal, y dos paquetes con 11
mil 150 dólares y mil 254 dólares.
Públicamente, la
Policía Municipal relacionó a García con el grupo delictivo conocido como Los
Talibanes, y por separado, Alberto Capella y Abel Galván informaron que el
apodo de “El Sargento” ha sido mencionado en ejecuciones ocurridas
recientemente, como el autor intelectual.
En este momento, el
primer sospechoso del homicidio de García Morales es un hombre apodado “El
Cero”, pues según palabras expresadas por la concubina del occiso a la Policía
Municipal, el individuo se le acercó y ella le comentó de dos lugares donde
podía ultimarlo; uno era la escuela de su hija, donde fue asesinado junto a la
menor.
La mujer también
informó a los uniformados locales, que su pareja sentimental la maltrataba,
pero que operaba con él, el negocio de narcomenudeo: “La droga decomisada había
sido recogida en el estacionamiento del centro comercial ubicado entre Bulevar
Fundadores y la calle Obrera Mundial”. Agregó que ella se dedica a “cuidar
droga y administrar el dinero de la venta de la misma”, además de ser la
encargada de depositar en un banco Bancoppel, diferentes cantidades de dinero.
Ya en la
Procuraduría modificó su versión, en la declaración ministerial dijo que se
peleaba con su concubino, del que sabía, andaba en malos pasos, porque se llevaba a la niña pero no sabía a
donde. Que el día de los hechos, corrió
descalza hasta la escena del crimen y alcanzó con vida a su hija, quien le
pidió ayuda antes de que llegara la Municipal y la sacara de la escena. También
aseguró que fue a su casa a ponerse zapatos, y al ser detenida solo llevaba el
dinero; y que la droga, el arma y las balas, fueron encontradas en la casa por
los agentes.
De los asesinatos
del martes 16 de abril, a Héctor Manuel Moreno Olguín, de 49 años, lo
asesinaron en un mercado ambulante en el fraccionamiento El Rubí, ese mismo día
fueron capturados sus agresores, quienes dijeron trabajar para “El Calilla”
quien, a su vez, opera para René Arzate “La Rana”, recibiendo como retribución
por sus “trabajos” una onza de cristal o 3 mil pesos. El motivo: ganar terreno
en la zona que anteriormente dominaba la banda de Los Chamulas.
Entre los detenidos
por el caso Moreno Olguín, está Carlos García Martínez o Carlos García Márquez,
alias “El Negro” o “El Pelón”, de 32 años de edad, mencionado en otros
expedientes por homicidio. La pistola .38 Súper que tiraron durante la huida
resultó positiva en otros homicidios que no han sido anunciados.
Óscar Adrián
Mosqueda González, otro de los asesinos capturados en esta célula, fue
deportado de Estados Unidos y cuenta con antecedentes penales en aquel país por
posesión de droga. Ha comentado que se encuentra amenazado de que lo matarían,
en caso de ser capturado.
Ambos declararon
haber participado en un homicidio ocurrido en el interior del taller Jalisco,
de la colonia Francisco Villa. En ese trabajo fueron acompañados de un tipo
apodado “La Flaca”, quien responde al nombre de Martín Adolfo Reyes, de 23
años. Al del taller también lo privaron de la vida, por ser del grupo delictivo
de Los Chamulas y una disputa por la venta de cristal.
Capella agregó que
tanto Carlos como Óscar admitieron haber participado en cuando menos cuatro
homicidios más, pero dijeron no recordar los nombres de las víctimas.
El mismo martes
16, luego de dejar a su hija en la
escuela, José Pinzón Rodríguez, de 36 años, fue ejecutado en Calle Tampico
esquina con Ermita Norte, Colonia Los Santos, sector rodeado de planteles
educativos y de una unidad deportiva.
La víctima conducía
un vehículo gris Audi A4, con placas de California, cuando fue interceptado por
unos sujetos que le dispararon. El cuerpo quedó rodeado de casquillos de dos
armas.
En el lugar del
crimen se aseguró una vagoneta Dodge Caravan color verde, placas 4CWH861 de
California, con reporte de robo desde el 5 de abril de 2013. Del muerto, la
autoridad solo mencionó que está emparentado con una persona que tiene permiso
para vender droga en San Diego, y hasta el momento ninguna persona ha sido
detenida en relación a su deceso.
A José Fernando
García Barba lo ultimaron el lunes 15 de abril, cuando salía de su casa,
ubicada en el fraccionamiento Costa Coronado, Delegación Playas de Tijuana.
Los presuntos
asesinos fueron detenidos y declararon haber recibido la orden de Lil Downy, un
convicto recluido en una cárcel del Condado de Donovan, en Estados Unidos.
Haciéndose pasar por
jardineros, los homicidas esperaron a que García Barba saliera de su domicilio.
Junto al cuerpo se encontraron cuatro casquillos percutidos calibre 40, y dos
calibre 9 milímetros.
Los criminales
huyeron en un vehículo Mazda, modelo 1991. La Policía los interceptó en la
colonia Xicoténcatl Leyva. Dos de los sujetos portaban armas cortas, la
primera, una escuadra marca Glock 22, calibre .40; la segunda, una escuadra
Browning calibre 9 milímetros.
Los detenidos fueron
Leónides Zurita Díaz, de 24 años, originario de Oaxaca, quien confesó haber
sido responsable de al menos otros siete homicidios ocurridos en Estados Unidos
y Tijuana; Fernando Rafael Balderas Silva, de 33, proveniente del Distrito
Federal, quien cuenta con historial delictivo en el vecino país.
Como parte del grupo
homicida, también fueron presentados Jorge Iván Caro Robles, de 32 años,
tijuanense con antecedentes penales en México; Francisco Jijón Atanasio, de 25,
nativo de Guerrero; Juan Carlos Torres Rocha, de 34, procedente de San Luis
Potosí; y Martín Ruiz Villafaña, de 20, oriundo de Jalisco.
En cuanto a los
asesinatos de Alberto Maciel Pacheco y Luis Orlando Durán Naranjo, ocurridos
también el lunes 15 de abril, fueron detenidos el poblano Raúl Miranda Ordaz y
Agni Ulises Tapia Navarro, michoacano. Ambos se dijeron integrantes del Cártel
de Mexicali. En el caso de Navarro, la Policía Ministerial está haciendo una
investigación más amplia, dado que en su teléfono celular se le encontró
información que lo ubica como cabecilla de grupo.
QUE NO HAN PERDIDO EL CONTROL
Mientras el
subprocurador Abel Galván refirió como parte de la problemática un grave
problema de adicciones en la ciudad, “… hay demanda, hay oferta, y pelea por el
territorio en las calles y fraccionamientos”.
El procurador Rommel
Moreno Manjarrez aceptó que “como nunca enfrenta una dinámica de conflictividad
social entre vendedores de droga”, pero hizo hincapié que de ningún modo la
situación se ha salido de control, como sí sucedió de 2007 a 2009.
“El tema de los
homicidios pareciera que vuelve, pero (en esta ocasión) la connotación es muy
distinta de 2008”, esgrimió, al tiempo que sostuvo que las autoridades
municipales, estatales y federales, incluyendo al Ejército, se encuentran
coordinadas para contrarrestar el repunte en la criminalidad que se registra en
Baja California.
Situación que en los
hechos está lejos de la realidad, sobre todo con el repunte de las ejecuciones.
(SEMANARIO ZETA/ ZETA Investigaciones/ abril 22, 2013)
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