‘LES PAGAMOS MUCHO DINERO A ESOS C…’

Martín Orquiz/  El Diario

La historia de Policarpo Chavira, un rutero que recibió asilo en Estados Unidos luego de escapar de la ciudad orillado por una serie de extorsiones y el secuestro de uno de sus hijos, revela que su gremio fue seriamente afectado por la violencia que se vivió aquí con mayor severidad desde el 2008.

“Los choferes y los dueños de las rutas pagamos mucho dinero a esos cabrones, llegó un tiempo que les tenía que dar hasta mil pesos a la semana, al menos eso ya se acabó, pero ahora nos asaltan”, dice Antonio, un chofer que sufrió por la criminalidad

“Él (Policarpo) no es el único que se fue, se fueron muchos, cientos creo yo, pero no todos pidieron asilo, muchos están del otro lado sin papeles ‘rifándosela’ porque no quieren regresar”, agrega con tono de preocupación.

A decir de éste y varios operadores de transporte público, la situación para el gremio “ha mejorado” en lo que va del 2013.

Sin embargo, miles de ellos o sus familiares sufrieron los estragos de la criminalidad y tuvieron que dejar el oficio o la ciudad.

Afirma que perdieron todo, pero el factor que los arrojó de la comunidad fue saber que si se quedaban los iban a matar tarde o temprano.

Datos periodísticos revelan que a partir de 2008, los transportistas sufrieron homicidios, asaltos, extorsiones, secuestros, ataques, destrucción de unidades y otros delitos que obligaron incluso a suspender el servicio en cuanto oscurecía.

Pero, por el otro lado de la moneda, las autoridades aprehendieron a algunos choferes que se dedicaban a extorsionar, a distribuir droga o que se desempeñaban hasta como sicarios.

Según un reporte publicado en el sitio nuevoherald.com, Chavira recibió en febrero pasado el estatus de refugiado por parte del Gobierno de los Estados Unidos, por lo que ahora vive con su familia en Homestead, en el estado de Florida.

Relata como el hombre, de 46 años y líder sindical de transportistas, vivió atormentado por las extorsiones y por el secuestro de uno de sus hijos, a quien después de rescatar mediante el pago de una cantidad que no reveló, se llevó del país junto con el resto de sus seres queridos en septiembre del 2011.

LES PONÍAN RETENES

Durante la segunda mitad del 2008, cuando la ciudad estaba ya enfrascada en el embate de la criminalidad según reportes periodísticos, el gremio de los ruteros comenzó a sufrir las consecuencias al igual que otros sectores de la localidad.

Ya para agosto de ese año comenzaron a circular las versiones de que pandilleros de diferentes colonias impusieron cuotas a los transportistas para permitirles circular por algunos sectores de la ciudad.

El entonces regidor y líder de ruteros, Mario Téllez Contreras, denunció de forma pública que los delincuentes instalaron retenes para detener a las unidades, si los choferes se resistían a pagarles un “tributo” los agredían.

Para enero del 2009, la violencia que se registraba en la ciudad obligó a los concesionarios de transporte público a recortar el horario de servicio y reducir hasta la mitad la flotilla de camiones que circulan después de las 10 de la noche.

Bajo esa circunstancia decenas de colonias sufrieron la escasez del servicio durante las noches, pero los concesionarios prefirieron pagar las multas que les impuso la Oficina de Transporte Público a arriesgarse a que mataran a los choferes.

Los representantes de ese gremio dijeron que sufrían decenas de robos cada día.

Ese año fue uno de los más álgidos para los operadores del transporte público, ya que al menos una veintena fue asesinada en diferentes sectores de la ciudad.

Una escena que reflejó lo que estaba ocurriendo se presentó en octubre del 2009, cuando dos pandilleros fueron detenidos por el Ejército Mexicano en la zona Centro.

Según reportes de voceros de la instancia militar los sujetos declararon que fueron los autores de al menos nueve ejecuciones de choferes de la Ruta 1A y 1B que se negaron a pagar cuotas de protección, como lo hacían el resto de sus compañeros ruteros.

Los detenidos fueron identificados como Roberto Limones López alías “El Beto” o “El Membrillo”, de 32 años; y Juan Carlos Díaz Chaparro alías “El Cundi”, “El Moco” o “El Pelón”, de 21.

Para entonces los transportistas revelaron una baja del 20 por ciento en el uso de ruteras, por lo que sacaron varios camiones de circulación,

En diciembre de ese año, la oficina administrativa de la Ruta 1-B, así como una vivienda de Téllez Contreras, fueron baleadas de forma simultánea.

Ante la situación, los choferes dieron a conocer que bandas de extorsionadores les pedían de tres mil a 10 mil pesos semanales por concesionario.

La imposición de cuotas de protección por parte de grupos criminales obligó, por ejemplo, a la Línea Tierra Nueva a sacar camiones de la ruta.

De las 65 unidades que integraban esa línea, llegaron a prestar el servicio sólo 25 camiones.

Para entonces varios transportistas habían sido secuestrados y liberados luego que su familia liquidó rescates de miles de pesos, revelaron los afectados a condición del anonimato.

ENEMIGO EN CASA

En enero de 2010, la sociedad se llevó una sorpresa cuando un chofer de rutera fue acusado de realizar actividades como sicario en la ciudad, acusado de matar al menos a 27 personas.

Jesús Efraín Aranda Arreola, el presunto homicida, tramitó su licencia de conducir, hizo su examen antidoping y salió limpio, cumplió con el trámite de carta de no antecedentes penales, explicaron las autoridades estatales cuando se publicitó el caso.

En octubre de ese año se patentizó el ataque sistemático contra los ruteros, cuando unidades que estaban en una Terminal de la Ruta 5 A fueron rafagueadas e incendiadas, mientras que el ‘checador’ resultó muerto y el velador lesionado.

El ataque revivió el miedo entre los transportistas, quienes afirmaron que decenas de integrantes de ese gremio optaron por abandonar el oficio y la ciudad para evitar ser asesinados.

Para el 2011, en abril, se dio otra muestra de la crisis que se estaba sufriendo cuando el servicio de la ruta “Juárez-Porvenir”, que traslada a pasajeros que acuden a los diversos poblados del Valle de Juárez y hasta El Provenir, ubicado a 80 kilómetros de la ciudad, dejó de operar a consecuencia de las extorsiones, asaltos y homicidios.

Los choferes y concesionarios decidieron parar labores por temor a ser víctimas de la violencia, ya que en un lapso de mes y medio cuatro conductores de esa ruta fueron asesinados.

Cientos de usuarios, entre estudiantes y empleados de empresas maquiladoras, se vieron obligados a utilizar otras unidades de transporte público para trasladarse hasta la última etapa de Riberas del Bravo y después caminar o usar otras alternativas para llegar a sus destinos.

En septiembre de ese año, los transportistas denunciaron que aparte de los delincuentes tenían que lidiar con agentes policíacos, luego que elementos de la Policía Federal (PF) detenían a las unidades para pedirles dinero Para dejarlos ir, dijeron los afectados, tenían que darles de 200 a 300 pesos.

Otro hecho que llamó la atención pública ocurrió en noviembre del 2011, cuando la policía arrestó a dos ruteros que en sus ratos libres se dedicaban a extorsionar a comerciantes.

José Germán Esparza Villaseñor, de 29 años y apodado “El Suavecito”; así como Fernando Alfredo Segura López, de 24, fueron arrestados luego de cobrar 500 pesos al dueño de un negocio.

Además, se les encontró en su poder una libreta con una lista de 10 negocios a los que al parecer extorsionaban.

(El Diario / Martín Orquiz/  2013-04-22 | 23:11)