GÉNESIS DEL COCHINERO QUE PARIÓ A LA REBELÍON DE LOS SONORENSES

Héctor Froylán Campos Macías 

“Congreso: cochinero y traición”. Este era el título de nuestra colaboración publicada aquí el domingo 16 de diciembre del 2012 cuando corrían las horas posteriores a la sesión donde legisladores de Acción Nacional, Nueva Alianza y la perredista Hilda Alcira Chang Valenzuela aprobaron el paquete económico del Estado para el ejercicio fiscal del año en curso.

Desde entonces, el periodista ha tratado de agarrar la punta del hilo que permitiese desenredar la madeja del misterioso y desaseado proceso de negociación al amparo del cual fue posible que la asamblea sancionara el legajo de dictámenes relativos al presupuesto.

Recordemos que previo a esta decisión, el gobernador Guillermo Padrés Elías había sostenido acercamientos con dirigentes y representantes populares del PRI. Al cabildeo se unirían, desde luego, funcionarios del área económica del gabinete padrecista.

Sin embargo, los entresijos de las negociaciones se mantuvieron blindados de principio a fin. Difícil, por no decir que imposible, fue el intento por abollar el muro de la secrecía que celosamente custodió el trayecto y pormenores de los intercambios políticos y económicos entre gobierno del estado y legisladores.

Un día sí y otro también, las declaraciones de los actores políticos solo confirmaban un previsible desenlace: el paquete presupuestal del Ejecutivo sería saldado –sin aparentes modificaciones sustanciales— con el voto de la incondicional mayoría legislativa.

En la atmósfera del debate público merodeaba un inducido pretexto: a los diputados del PRI y Verde Ecologista les aterraba la idea de que en Sonora se reeditara el mecanismo de la reconducción presupuestal. Así, una suerte de resignación atrapó a los miembros de esta alianza y el arreglo –ahora sabemos— quedó prendido de alfileres.

¿Qué fue lo que pactaron al final del día para resolver con titubeante premura el tema del presupuesto? ¿En qué momento arriaron las banderas del compromiso que tenían con la gente? ¿A cambio de qué prefirieron echar al cesto de la basura las mil 700 razones de peso que había para cambiar, o al menos moderar la agresiva y lesiva política tributaria del gobierno padrecista?

Ciertamente, el prurito de la responsabilidad política que tanto presumen los priistas, sepultaba la posibilidad de boicotear el quórum reglamentario, una medida de presión que en la praxis legislativa suele ser utilizada por las minorías congresistas cuya fuerza numérica resulte suficiente para frenar –con su ausencia en el pleno— las decisiones e imposiciones de quienes detentan el control del parlamento.

Creo que tampoco había necesidad de echar mano de ese recurso extremo cuando al seno de las comisiones dictaminadoras había las firmas necesarias que bien pudieron abrir la puerta para lograr un acuerdo que privilegiara exclusiva y verdaderamente a los intereses de la sociedad.

Perezosos y biliosos

Además de las mencionadas anteriormente, muchas otras interrogantes revoloteaban en el aire antes, durante y después de la fugaz plenaria de aquel jueves 13 de diciembre, pues al obviarse las lecturas de los resolutivos, el consabido debate quedó proscrito. No hubo manera de saber con oportunidad los puntos esenciales del proyecto de gasto acordado.

Si acaso, apenas unos ligeros destellos excitaron el apetito –informativamente hablando— por conocer los detalles y alcances de la miscelánea fiscal contenida en las leyes de Hacienda y de Ingresos.

Fueron las intervenciones del perredista Carlos Navarro López y el priista Abel Murrieta Gutiérrez a la hora de suscribir de manera individual un público rechazo a los abusivos aumentos en nuevos y viejos impuestos, además de otros conceptos.

Y mire Usted: sin perjuicio del derecho que le asiste al diputado Murrieta de expresar el sentido de su voto (en el pleno) como le venga en gana; en estricto apego a Ley Orgánica del Poder Legislativo, el del PRD, como integrante de una (la primera) de las comisiones Hacienda, era el único obligado a plantear el voto particular que disentía de la mayoría que validó el y/o los dictámenes.

Al concluir la jornada con la que por cierto bajó el telón de las actividades en el primer período ordinario de sesiones de la LX Legislatura, la tropa reporteril aguardó ansiosa la comparecencia de los protagonistas de la historia.

El que salió a dar la cara –claro, además de Navarro y Murrieta— fue Samuel Moreno Terán. El de Cananea, en su calidad de pastor de la bancada tricolor había llevado la batuta en las negociaciones del presupuesto. Naturalmente, era el más indicado para hablar sobre el tema.

Y nada parecía perturbar la sobriedad con que resuelto y presumido postulaba las bondades del paquete económico. Ufano destacaba el hito de que ahora sí los sonorenses tendrían certeza sobre el destino y la aplicación de los ingresos recaudados vía el impuesto a la tenencia vehicular, además de otras cargas tributarias y aumentos en servicios.

Pero el coordinador del PRI sufrió un arrebato biliar cuando el suscrito cuestionó su discurso. En realidad me sentía contrariado con sus palabras y antes de buscar respuesta a otras dudas, decidí resolver esa curiosidad. Palabras más, palabras menos, recuerdo que pregunté por qué razón, si decía que el presupuesto era tan benévolo y generoso para la gente y los municipios, lo habían votado en contra.

Lejos de satisfacer la consulta del reportero, Moreno Terán montó en cólera y perdió los estribos, amén de que incurrió en un imperdonable gazapo al declarar que el voto no fue en contra, “nos abstuvimos”, dijo y abruptamente dio por concluida la breve entrevista.

Sin remedio y pasmado, me tragué la réplica. Quise aclararle que la abstención no existe en la norma que reglamenta la práctica legislativa de este Congreso. Con toda franqueza, sigo sin explicarme qué idea o postura pretendió fijar con esa barbaridad. A veces pienso que Samuel buscó la forma de no despertar la ira de sus amigos gobernantes. Aunque me parece que quienes estamparon sus firmas en los dictámenes y aquellos que eludieron hacerlo, actuaron con reprobable pereza e incongruencia. La única manera de demostrar que efectivamente se oponían a las medidas impositivas, era presentando un voto particular. Como no lo hicieron por escrito en comisiones, automáticamente –según la ley— con su omisión, convalidaron todo. Lo que pasó el pleno, rayó en el ridículo.

Después del desafortunado diálogo con el priista, nadie más se acercó acomodándose el saco y la corbata al encuentro de las cámaras, micrófonos y grabadoras. Los legisladores del PAN abandonaron despavoridos la sede del parlamento. A ninguno le interesó secundar las loas de Moreno Terán. Es más, con esta hora, todavía se desconocen los argumentos que motivaron al panalista Ismael Valdés López y a la perredista Chang Valenzuela, respaldar el descomunal golpe a la economía de las familias sonorenses.

Protesta y el cínico, según Wilde

Posteriormente, durante los días que marcaron la agonía del 2012, una protesta popular incubada desde las redes sociales empezó a cobrar vida y vigor. Cientos de capitalinos salían a las calles a manifestar su repudio al impuesto de la tenencia vehicular, un oneroso gravamen revivido y rebautizado en esta administración con el nombre de Contribución al Fortalecimiento Municipal (COMUN). La convocatoria de quienes luego se agruparon en torno al movimiento ciudadano “No más impuestos” encontró inusitado eco entre la influyente clase media, las Organizaciones No Gubernamentales y no tardó en registrar réplicas de similar intensidad en los municipios más poblados del estado. A estas alturas, Sonora acusa el activismo de la rebelión social más importante de la que se tenga memoria.

La presión que ha generado la ciudadanía con las multitudinarias movilizaciones de protesta, no sólo provoca que la Iniciativa Privada haga causa con las banderas de la lucha popular, sino que también ha tenido un efecto afortunadamente demoledor en la imagen y credibilidad de las instituciones del poder público: por un lado, en el gobierno padrecista los funcionarios desnudan su vocación autoritaria y probada incapacidad política para prever, atender, resolver y desactivar un movimiento social que ha puesto en jaque la euforia beisbolera en el próximo clásico caribeño; y por el otro, los legisladores se han visto obligados a recular en sus decisiones, desenmascarar sus componendas y poner en tela de juicio la legalidad de los actos legislativos que sustentaron la aprobación del presupuesto.

A esta parte de la trama es a donde queríamos arribar porque lo que ha ocurrido en el Congreso en los últimos días, de alguna manera ofrece elementos y probanza que refuerzan nuestra percepción original en el sentido de que todo el proceso que culminó con la sanción del paquete económico fue un soberano cochinero.

Para abrir boca, está plenamente documentado que la sesión de las comisiones unidas de Hacienda en la víspera de la plenaria, quedó inconclusa. Nunca hubo una discusión de los dictámenes, ni en lo general, ni en lo particular. Por tanto, es lógico llegar a la conclusión de que tampoco se registró una votación. Si los resolutivos llevan las firmas de la mayoría de los integrantes como lo ha exhibido el coordinador del PAN, Javier Neblina Vega, el argumento resulta insuficiente para acreditar la pulcritud jurídica del acto toda vez que el órgano colegiado del Congreso no desahogó su sesión con las formalidades que precisa la norma reglamentaria. Y no obstante que el panista sabe perfectamente que todo se fraguó en las nauseabundas alcantarillas del poder, sigue mintiendo con un cinismo digno de mejor causa. Mucho temo que Neblina Vega encaja y se retrata de manera clara en aquella sublime expresión con que Oscar Wilde definió al cínico: un hombre que sabe el precio de todo y el valor de nada.

Dos diputados miembros de dichas comisiones –Carlos Navarro López y Abraham Montijo Cervantes, del PRD y PRI— impugnaron ante la justicia federal las actuaciones que validó la asamblea el 13 de diciembre, concretamente en lo que respecta al paquete fiscal. El agravio es tan concreto como grave: se les privó del derecho que tienen como legisladores de estudiar, analizar, discutir, dictaminar y votar las iniciativas en las comisiones donde participan. El recurso está caminando con amplias posibilidades de prosperar a favor de los quejosos. De hecho, en el Juzgado Décimo de Distrito ya se admitió la demanda de juicio de amparo que interpuso el perredista. Ello supone un síntoma positivo en los afanes por reponer el procedimiento legislativo.

Hasta donde hemos podido indagar, en los archivos del Congreso no se cuenta con testimonios, ni documentos de ningún tipo (audios y videograbaciones) que puedan rebatir las violaciones cometidas en el desarrollo del trámite parlamentario, mismas que obran directamente en perjuicio de las garantías fundamentales de los mencionados diputados.

Cloaca, jugarreta y moraleja

Otra vertiente de la tragicomedia estelarizada por la LX Legislatura, son las revelaciones de los acuerdos pactados por el coordinador de la bancada del PRI con el gobierno. Es dable colegir que al tenor de estas componendas, Samuel Moreno Terán consintió que Carlos Enrique Gómez Cota signara los dictámenes para que pudieran ser llevados al pleno. Total, ya habían asegurado un millón de pesos más a la bolsa del fondo de gestión legislativa. Para este año, cada uno de los soberanos dispondría de cuatro millones de pesos, un recurso que invariablemente se ejerce con absoluta opacidad y discrecionalidad. Incluso, diputados y diputadas de anteriores legislaturas, engordaron sus chequeras personales con esos dineros públicos que fueron ministrados hacia personeros, testaferros y agrupaciones fantasmas creadas a iniciativas de los propios interesados.

Un asunto más se apiló a las regalías: dejar que el pastor del PRI eligiera a su antojo a quien debería ocupar la magistratura del Tribunal Estatal Electoral, en un procedimiento que se cocinó con prisas, al vapor, sin transparencia y violentó criterios procesales. Otra cesión fue el haber dado luz verde para la elección extraordinaria en el Distrito XVII. De manera inopinada, el acuerdo entró al paquete de prebendas gubernamentales a pesar de que era una decisión que solo debía constreñirse al dictado de la letra constitucional.

Y cuando desde palacio de gobierno advirtieron que los resolutivos carecían de la firma de la bancada del PVEM, un alto funcionario suplicó a Próspero Ibarra Otero estampara su rúbrica. Con la firma de los legisladores pertenecientes a las cinco fuerzas políticas con representación en el Congreso, se colmaría el supuesto de la “unanimidad” en la validación de los dictámenes.

El diputado de Huatabampo jamás quitó el dedo del renglón con respecto a su reiterado rechazo a la tenencia. Pero también se oponía a condenar al pueblo sonorense a otra reconducción. Era partidario de alcanzar el mejor acuerdo sin renunciar a la lucha.

Con la presidencia de la Diputación Permanente prácticamente “amarrada”, Ibarra Otero regateó y estiró la liga. Al cuarto para las doce, aceptó firmar. Pidió que le llevaran los documentos. Enseguida se los devuelvo, dijo al enviado. Entre las prisas por saldar la agenda de la sesión y cuando todo había terminado, los panistas se percataron de que el dictamen correspondiente a la reforma hacendaria no iba signado por quien ya despachaba en la titularidad del Poder Legislativo. La jugarreta del diputado irritó a los mandamases del gobierno padrecista.

Pero bueno, la realidad es: una vez que prendió y se atisbó la magnitud de la protesta popular, una instrucción de la cúpula nacional del PRI cambió las coordenadas del endeble discurso y la frágil postura que habían mostrado los dirigentes en Sonora. El reclamo de la movilización social fue capitalizado. Se echó andar una cruzada jurídica para promover amparos contra el impuesto vehicular.

Los congresistas del PRI, PVEM y el perredista Navarro López abrieron el micrófono a los manifestantes para alentar el linchamiento de quienes con su voto habían consentido el despiadado varapalo a los bolsillos de los contribuyentes.

En estos momentos, toda una maquinaria social, jurídica y política está accionando en varios frentes. El objetivo es lograr que el Ejecutivo de marcha atrás a su voracidad recaudadora. La insensible respuesta de Padrés ha reñido con los empeños del movimiento social. Y en un ajuste de cuentas con sus opositores, ordena objetar ante los tribunales el acuerdo de la elección extraordinaria (el presupuesto para el proceso comienza a ser regateado, según las manifestaciones del presidente del Consejo Estatal Electoral) y el nombramiento de la magistrada del TEE, Carmen Patricia Salazar Campillo. Aparece el tenebroso y gangsteril rostro de la amenaza siciliana que dobla las piernas al nogalense Humberto Jesús Robles Pompa. Aún más: la estrategia coercitiva del gobierno panista endereza la mira hacia las arcas del parlamento.

Descobijada la componenda y emplazados a tener que “devolver las entradas” –el diputado Navarro López confesó que se enteró del millón de pesos cuando Neblina los delató— los priistas le toman la palabra al mandatario. Fracasa el propósito de poner a los congresistas contra la pared. Por el contrario, el compromiso de la oposición legislativa de enmendar el “error de diciembre” se materializó en las comisiones Hacienda con la aprobación del dictamen a las reformas de la legislación del ramo que derogan el polémico COMUN. Este hecho neutralizó la embestida.

Pero el dilema quedó en el aire: si Padrés ordena que se apruebe el resolutivo en el pleno y no lo veta, los diputados están resueltos a renunciar al fondo, olvidarse del nuevo edificio y reducir los sueldos al 50% en todos los órdenes de gobierno. Si rechaza la oferta, no habrá nada ni nadie que lo rescate del infernal caos que ha gestado la rebelión de los malnacidos. En el Congreso, traicioneros y traicionados, sirvieron la mesa. Aún están a tiempo de limpiar el cochinero.

Moraleja: entre el cielo y la tierra nada está oculto; tarde o temprano brillará la luz y la verdad os hará libres.

Es cuanto.