Autoridades no saben qué hacer ante la
desfachatez de la delincuencia organizada, que realiza hasta 15 perforaciones
por día. Puebla y Guanajuato en extrema alerta por esta ilícita práctica. PGR y
PEMEX discuten a quién corresponde la responsabilidad de resguardar tomas
clandestinas. Gasolineros promueven amparos en Baja California, y Jalisco ante
la nueva “Ley de Hidrocarburos”
Mientras la Procuraduría
General de la República (PGR) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) declinan
responsabilidades en el resguardo de las tomas clandestinas en la red nacional
de hidrocarburos, al grado de acudir ante tribunales para dirimir diferencias,
los delincuentes continúan robando combustible mediante perforaciones a los
ductos cada dos horas en promedio. Las estadísticas del primer semestre así lo
dejan de manifiesto.
Los mil 360 “puntos de
ordeña” detectados de enero a marzo a lo largo del país, indican que criminales
actúan hasta 15 veces al día sin que encuentren el freno de parte de las
autoridades.
La actual cifra es 12.3 por
ciento superior a la que se tuvo durante el mismo periodo del año pasado, y de
continuar la misma tendencia, podría rebasar las 5 mil 252 tomas clandestinas
registradas en todo 2015.
Investigaciones de las
autoridades federales y estatales han establecido que por lo menos son tres
grandes cárteles y decenas de bandas de “huachicoleros” que trabajan para los
primeros, quienes mantienen en riesgo a la industria energética y la seguridad
nacional.
Por el lado del Océano
Atlántico, partiendo desde el Norte hacia el Sur de la República, se tiene la
presencia de los cárteles del Golfo y de Los Zetas. Estos últimos, con mayor
expansión, tienen una gran cobertura en entidades del Centro del país.
En tanto, por el lado del
Océano Pacífico, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encarga desde los
territorios del Occidente, Bajío y hasta el Suroeste.
De acuerdo con los índices
conocidos este año, Puebla, Guanajuato, Tabasco, Veracruz y Jalisco, ocupan los
primeros lugares en el robo de hidrocarburos, en sus dos principales
modalidades: perforaciones de ductos y atraco a conductores de auto tanques de
transporte de los combustibles.
El Estado de Guanajuato, que
en 2015 ocupaba el primer sitio en cuanto a la comisión de este tipo de
ilícitos, fue desplazado al segundo lugar por el Estado de Puebla, donde la
situación se ha vuelto caótica y grupos de la delincuencia organizada se han
enfrentado a balazos por la disputa del cuantioso negocio.
En territorio poblano, donde
se estima que al menos 15 bandas de forajidos se dedican al mercado negro de la
gasolina y diesel robado, el 30 de junio se registró una balacera con saldo de
cuatro “chupaductos” muertos en San Sebastián de Villanueva, municipalidad de
Acatzingo.
Antes, el día 12 del mismo
mes, en un campo de beisbol del mismo municipio, otras cuatro personas fueron
ejecutadas por sicarios que buscaban a José Luis Vélez “La Pachona”, presunto
líder de un grupo de “huachicoleros”.
PGR vs. PEMEX
Al margen de las riñas entre
delincuentes, en medios de comunicación, tribunas de los Congresos estatales y
hasta en recintos judiciales, personajes de la política, “opinólogos” y
representantes de Petróleos Mexicanos han desatado disputas contra la
Procuraduría General de la República, dependencia a la que exigen un mayor
compromiso en el combate a este flagelo.
Jefes policiales locales o
federales han solicitado ayuda a la PGR para que apoye en la vigilancia de las
redes de PEMEX.
Los legisladores cuestionan
la eficacia del personal ministerial en las pesquisas y detención de los
“ordeñadores” y sus clientes “invisibles”.
En tanto, la paraestatal se
siente agredida por el deslinde de la autoridad investigadora en diversas
actividades para prevenir nuevos golpes de la delincuencia.
Este tipo de conflictos ha
llegado hasta los tribunales luego de que -en junio reciente- se descubriera
una serie de tomas clandestinas en Jalisco.
Tras las primeras
investigaciones y peritajes, el Ministerio Público federal, titular de la
Unidad de Atención Inmediata Número Tres, giró un oficio dirigido al apoderado
legal de PEMEX para ordenarle “que instruyera a personal a su mando, para que
se abocaran al resguardo de diversas tomas clandestinas de manera permanente”.
El apoderado de la empresa
petrolífera de inmediato respondió que no cuenta con personal a su mando para
realizar el resguardo en comento y además recordó a la PGR, que “compete a la
Policía, bajo los tres órdenes de gobierno, la prevención de los delitos,
investigación y persecución, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Debido a los apercibimientos
del fiscal para que se cumpla con lo ordenado, Eduardo García González,
representante de PEMEX, promovió un juicio de amparo en un Juzgado de Distrito
en la Ciudad Judicial de Zapopan y consiguió una suspensión provisional del
acto reclamado, para que sea la propia autoridad ministerial, la encargada de
resguardar las tomas clandestinas, pues la falta de vigilancia en los sitios
“pone en peligro la seguridad pública ante la posibilidad de que se lleve a
cabo la sustracción ilícita de hidrocarburos o su combustión”.
Anteriormente, en marzo de
2015, ya había existido otra disputa entre PEMEX y la PGR, derivada de una
orden del Ministerio Público Federal para que en aquellos delitos en los que la
paraestatal resultara víctima, tendría la obligación de presentar -junto con su
denuncia inicial- el formato de cadena de custodia del lugar de los hechos.
El asunto también generó
resquemor entre ambas instituciones y se dirimió en un juicio de amparo que
ganó Petróleos Mexicanos a finales del último año. Un juez calificó la orden
del fiscal como “trasgresora de los derechos fundamentales de legalidad y
seguridad jurídica”.
Sin embargo, aún no se
implementaba en su totalidad el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), por lo
que hoy podría regresar el tema a la mesa de diferencias.
AMPAROS GASOLINEROS
El incremento en los precios
de combustible y la libre importación de gasolinas -que aún no se materializa-
podrían disparar aún más el robo de productos petrolíferos. Es un temor de los
propios gasolineros, quienes además, enfrentan con desagrado la reciente
promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos
en Materia de Hidrocarburos.
Ante el presunto riesgo de
ser criminalizados, los representantes legales de decenas de estaciones de
servicio y despacho de combustibles de Baja California, Jalisco y otras
entidades federativas han acudido ante la justicia federal a solicitar su
amparo y protección en contra de la discusión, aprobación y expedición de
decreto de la referida nueva ley.
Concretamente contra los
artículos 4, 16 y 23. Las autoridades señaladas como responsables en el más de
centenar de juicios de amparo son: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores,
Presidente de la República, el secretario de Gobernación y el secretario de
Energía, todos de los Estados Unidos Mexicanos.
Los gasolineros ven con
buenos ojos que se dote al país “de instrumentos suficientes para el combate
contra la delincuencia a través de mecanismos que permitan a las autoridades
prevenir y detectar aquellas operaciones ilegales llevadas a cabo en materia de
hidrocarburos, sujetando a las personas o entidades comerciales a
investigaciones, y a que éstas aporten información relacionada con sus
operaciones, con el objetivo de evitar los robos y comercio ilícito de
combustibles”.
Sin embargo, Pablo González
Córdoba, presidente de la Asociación de Empresarios Gasolineros de México
(AMEGAS), estima que “se violan las garantías individuales porque se califica
un faltante de combustible, que ocurre en una estación de servicio, de 300
litros, lo mismo que uno que saca 300 mil barriles y esto no debe ser así; debe
ser la parte proporcional del delito y los gasolineros no tenemos que correr el
riesgo de que, con cualquier faltante, tengamos la pena de diez años como
mínimo y ahí no hay derecho de salir bajo fianza. Y ahí te quedas. Eso es grave”.
IMPUGNADOS POR GASOLINEROS
Estos son los artículos en contra de los que
decenas de empresarios del país solicitan amparo y protección de la justicia
federal:
Artículo 4.- El Ministerio
Público de la Federación procederá de oficio en la investigación y persecución
de los delitos previstos en esta ley, salvo aquellos que conforme a la misma se
perseguirán por querella de parte ofendida o del órgano regulador.
Durante el procedimiento
penal el Ministerio Público de la Federación solicitará la prisión preventiva
como medida cautelar, sin perjuicio de solicitarla conjuntamente con alguna
otra.
Artículo 16.- Se impondrá de
3 a 6 años de prisión y multa de 3,000 a 6,000 días de salario mínimo vigente
en el lugar de los hechos, a quien:
- I. Enajene o suministre
gasolinas o diésel con conocimiento de que está entregando una cantidad
inferior desde 1.5 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los
instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro.
- II. Enajene o suministre
gas licuado de petróleo con conocimiento de que está entregando una cantidad
inferior desde 3.0 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los
instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro.
- III. Enajene o suministre gas
natural con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 3.0
por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de
medición que se emplean para su enajenación o suministro.- Para los efectos de
los supuestos señalados en este artículo deberá mediar querella del órgano
regulador o de parte ofendida.
Artículo 23.- La información
o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades,
movimientos de personal o vehículos de asignatarios, contratistas o
permisionarios, que se vinculen con las actividades previstas en el párrafo
séptimo del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, será considerada información de Seguridad Nacional, en términos de
la ley de la materia.
Lo anterior, sin perjuicio de
las obligaciones establecidas en la legislación aplicable en materia de
transparencia y acceso a la información pública.
FUENTE: Ley Federal para Prevenir y
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Luis Carlos Sainz/ Lunes,
11 julio, 2016 12:00 PM)
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