Monclova, Coah.- El sol que
cae a plomo en el vasto monte parece destruir lentamente las ruinas desoladas
de El Pérsico, el prostíbulo donde justo hace 10 años, más de una veintena de
militares armados con sus rifles irrumpieron a culatazos violando a 13 sexoservidoras
y bailarinas.
Una de ellas, Ludivina
Hernández García, resultó embarazada y dio a luz 7 meses después. La soledad se
pasea en este lugar abandonado en medio de lomas, maleza, terracería
intransitable y láminas oxidadas que cubren el maltrecho local de paredes
devastadas que durante muchos años registró rituales de sexo y baile a ritmo de
música frenética entre ebrios rijosos y mujeres de escasa ropa y excesivo
maquillaje.
En pleno monte, la luz
intensa del mediodía, contrasta abismalmente con el antaño escenario oscuro
donde ebrios y sexoservidoras caminaban con dificultades por el terreno rocoso
que separa a El Pérsico de Las Palmas, de lo que fue la zona de tolerancia de
Castaños.
Desde lejos suena el rugido
de las potentes máquinas de tráileres que circulan a exceso de velocidad por el
bulevar Gustavo Galaz. En la ex zona de tolerancia castañense no se escucha ni
el canto de algún pájaro, es como si gritara el silencio.
DEJAN HUELLA
Brillando de noche como
luciérnagas, la madrugada del 11 de julio de 2006 las sexoservidoras intentaban
atraer trasnochadores y ganar algunos pesos, pero se aproximaban sombras de
maldad y negros capítulos que marcarían para siempre sus vidas, en la peor de
las jugadas.
A su vez, del pelotón militar
que metafóricamente colocó contra el paredón de fusilamiento a las féminas,
tres de ellos destruyeron su juventud, pues ya tienen 10 años en prisión. Su
última bala en el campo de batalla se la juegan en un recurso de amparo ante el
Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.
Los hechos del 11 de julio de
2006 casi han sido borrados por el tiempo, pero no en los involucrados porque
tres soldados aún están en cárceles de Saltillo y Piedras Negras, otros siguen
prófugos y otros más fueron absueltos, todos ellos juzgados judicialmente por
el impartidor de justicia Hiradier Huerta Rodríguez.
“CHIVOS EXPIATORIOS”
Actualmente, Fernando Adrián
Madrid Guardiola purga condena de 31 años y 8 meses de prisión; Juan José
Gaytán Santiago, 21 años, y Omar Alejandro Rangel Fuentes logró que el Tribunal
Superior de Justicia le redujera 26 años de cárcel, es decir de 41 años y 5
meses, el castigo fue estacionado en 15 años.
La abogada monclovense Aída
Margarita Guardiola Ramírez, quien asesoró jurídicamente a la mayoría de los
soldados detenidos y procesados, le sigue apostando a la inocencia de estos,
pues considera que los verdaderamente responsables son aquellos que huyeron
escapando de la justicia.
Afirma la litigante que por
presión social el Gobierno no buscaba a quien lo hizo, sino a quien lo pagara,
en medio de actos de incriminación hacia los militares y autoridades del obispo
Raúl Vera López, quien tomó partido.
El proceso judicial fue
inédito porque por primera ocasión en la historia de América Latina,
autoridades civiles colocaron a militares en el banquillo de los acusados para
juzgarlos por delitos del fuero común.
El juez Hiradier Huerta
Rodríguez sintetiza que en el litigio se desahogaron más de 400 testimonios,
más de 100 audiencias, y que el proceso quedó concluido en 1 año. Añade que se
registró una producción de 20 mil fojas de todo el expediente, incluyendo las
sentencias.
Expresa que la labor desarrollada
en el proceso y sentencias de los castrenses que enfrentaron cargos de
violación calificada y lesiones fue equivalente a la carga de trabajo de un
juzgado en un año.
RECURSO ECLESIÁSTICO
El 18 de agosto de 2006
fueron aprehendidos ocho implicados y días después, tras las rejas, se
confesaron ante Robert Coogan Hangarter, coordinador de la Pastoral
Penitenciaria de la Diócesis de Saltillo a cargo del obispo Raúl Vera López.
Las revelaciones están bajo
resguardo en la bóveda del secreto de confesión de la Iglesia Católica.
Solamente el prelado estadounidense sabe lo que desahogaron los militares que
siempre alegaron inocencia, argumentando que los culpables son aquellos que
después de los hechos huyeron.
Al término del juicio, el
subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas fue absuelto por el juez Hiradier
Huerta, pero la Procuraduría de Justicia apeló acreditando probables pruebas y
entonces la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia le giró orden de
reaprehensión, pero coloquialmente “peló gallo”.
El cabo de Caballería Ángel
Antonio Hernández Niño salió libre tras enfrentar cargos por lesiones y logró
reducir la sentencia de 3 años 8 meses, a 3 años. Héctor Méndez de la Cruz fue
aprehendido en enero de 2007 luego de estar fugitivo desde que ocurrieron los
hechos, pero fue sentenciado como inocente y liberado.
El juez Hiradier Huerta dictó
sentencia absolutoria al cabo de Caballería Norberto González Estrada y a los
soldados Rosendo García Jiménez y Casimiro Ortega Hernández, quienes
refrendaron el fallo favorable en el Tribunal Superior de Justicia.
CON APEGO A LA LEY
La abogada litigante Aída
Margarita Guardiola, sostiene hoy en día que las sentencias absolutorias se
apegaron estrictamente a la ley y a los acontecimientos registrados por parte
del juez Hiradier Huerta Rodríguez.
Las absoluciones enfurecieron
al obispo Raúl Vera López, y desde el púlpito de la Parroquia La Sagrada
Familia de la colonia Asturias criticaba severamente
al juzgador de la causa,
Hiradier Huerta Rodríguez, éste reaccionó y viajó hasta Roma para denunciarlo
ante la Santa Sede, pero no sabe que el Vaticano haya procedido contra el
fraile.
HACE 10 AÑOS
Era martes aquel turbulento
11 de julio de 2006, y la madrugada olía a aburrimiento en los salones El
Pérsico y Las Palmas.
Los meseros casi no tenían
actividad porque los escasos noctámbulos bebían lentamente y las
sexoservidoras, muy jóvenes, abrigaban la esperanza de más clientes, pese a que
era inicio de semana.
De pronto, alrededor de las
02:00 horas, el soldado José Joaquín Alvarado Flores, siempre prófugo tras
desertar del Ejército, encabeza con cuatro de sus compañeros un zafarrancho en
El Pérsico contra algunos parroquianos.
Se retiran del lugar en taxi,
visiblemente molestos, pero en menos de una hora regresan a bordo de unidades
Hummer reforzados con una veintena de militares uniformados y armados
dispuestos a todo. Pareciera que no buscaban a quien se las hizo, sino a quien
se las pagara.
Los militares estaban
asignados a la custodia del material electoral en las instalaciones del
entonces Instituto Federal Electoral, luego de las elecciones transcurridas el
primer domingo de ese julio de 2006.
Arribaron los soldados a los
salones destruyendo todo lo que encontraban a su paso y en las hostilidades
golpearon policías, guardias y algunos parroquianos, a quienes una vez en el
suelo bocarriba, les colocaban la bota en el pecho al tiempo de apuntarles con
el rifle.
De acuerdo a las
indagatorias, una vez que los soldados tomaron violentamente el control de las
cantinuchas, empezó el infierno para las bailarinas y sexoservidoras. Fueron
violadas en tumulto, mientras escuchaban carcajadas de diversión de los
militares, además de un coctel de insultos y vejaciones.
Taxistas, policías y
parroquianos huyeron despavoridos entre el monte, y aunque hubo tímida reacción
de resistencia cuando el uniformado de la Preventiva Municipal Francisco Neira
pidió refuerzos a la corporación, el intento se apagó al notarse la brutalidad
y ferocidad de los soldados.
Cuando el aguacero amainó,
Brisa, Malena, Cinthya y Wendy encabezaron a las víctimas en reclamo de
justicia ante autoridades estatales dirigidas por el gobernador Humberto
Moreira, y desplegaron sus testimonios con la crónica del infierno ante el
Ministerio Público y el juez penal Hiradier Huerta.
CAEN LOS PRIMEROS
El jueves 18 de agosto de
2006 se produjo la captura de ocho militares que habrían participado en las
violaciones. Casimiro Ortega Hernández y Rosendo García Jiménez fueron
aprehendidos en las propias instalaciones del 14 Regimiento Militar de Múzquiz.
Detectives de la Policía
Ministerial del Estado al mando del director Aurelio Macías en coordinación con
la Policía Militar, implementaron un operativo para cumplimentar las órdenes de
aprehensión giradas por el juzgador.
Fueron trasladados a Monclova
alrededor de las 18:00 horas e inmediatamente fueron internados en el
reclusorio, luego de trámites de fichaje por peritos de la Fiscalía General de
Coahuila, entonces a cargo de Jesús Torres Charles.
Casi al mismo tiempo, otros
ocho soldados involucrados eran aprehendidos por autoridades militares en
Mazatlán, Sinaloa, y en el aeropuerto de Ciudad Frontera se montó un despliegue
entre la Policía Ministerial del Estado y jefes castrenses para recibirlos e
internarlos en el Cereso.
Poco antes de la medianoche,
tocó pista en el aeropuerto Venustiano Carranza un avión de la Fuerza Aérea
Mexicana con los militares detenidos Norberto Carlos Francisco Vargas, Juan
José Gaytán Santiago, Ángel Antonio Hernández Niño, Norberto González Estrada,
Omar Alejandro Rangel Fuentes, Fernando Adrián Madrid Guardiola.
Al día siguiente, rindieron
su declaración preparatoria ante el juez Hiradier Huerta Rodríguez, enfrentando
cargos de violación calificada y lesiones, sin embargo hubo tres órdenes de
aprehensión que no han sido cumplimentadas porque los militares se encuentran
prófugos de la justicia.
La abogada monclovense Aída
Margarita Guardiola Ramírez, quien defendió en los tribunales de justicia a la
mayoría de los soldados implicados, dice que ellos también fueron juzgados por
autoridades militares en Consejo de Guerra.
Explica que a 10 años de
distancia, Fernando Adrián Madrid Guardiola, Juan José Gaytán Santiago, y Omar
Alejandro Rangel Fuentes están aún en prisión, a la espera que magistrados del
Tribunal Colegiado de Circuito les concedan en amparo la protección de la
justicia federal.
“Ya no son mis clientes, ya
no los estoy asesorando jurídicamente, y es un despacho de abogados de la
Ciudad de México el que dio profesionista.
PENA MILITAR
El 24 de octubre de 2007, el
Consejo de Guerra de la Sexta Zona Militar dictó sentencia contra siete de los
militares involucrados en la violación masiva de las 13 sexoservidoras de
Castaños.
Las autoridades castrenses
les fincaron cargos de abandono del servicio la noche del 11 de julio del 2006,
cuando indebidamente se retiraron de su puesto de custodia en el Instituto
Federal Electoral de la colonia Primero de Mayo para trasladarse a la zona de
tolerancia de Castaños.
De esta forma, el subteniente
Norberto Carlos Francisco Vargas, el de mayor jerarquía y que había sido
absuelto por el Juzgado Penal, fue sentenciado a dos años de prisión, mientras
los cinco restantes fueron condenados a año y medio de cárcel en el Penal
Militar de Mazatlán.
Sin embargo, la abogada Aída
Margarita Guardiola Ramírez dice que a Norberto Carlos Francisco Vargas le fue
revocada la sentencia absolutoria del Juzgado Segundo Penal por magistrados de
la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo tanto
actualmente está prófugo. Juan José Gaytán Santiago, Ángel Antonio Hernández
Niño, Fernando Adrián Madrid Guardiola, Omar Alejandro Rangel, Ricardo
Hernández Hernández y Norberto González Estrada fueron sentenciados a un año y
medio de prisión. Ángel Antonio y Norberto González salieron libres de la
prisión militar con fianza de 3 mil pesos que estipula la justicia militar.
Después de los hechos del 11
de julio de 2006, el entonces alcalde castañense Mauro Zúñiga Llanas, continuó
autorizando el funcionamiento de los antros de vicios Las Palmas y El Pérsico,
pero los negocios se fueron a pique y finalmente cerraron definitivamente.
OBISPO VS. JUEZ
En pleno escándalo social por
la violación tumultuosa, el obispo Raúl Vera López encabezó una marcha
exhibiendo cartulinas con leyendas en reclamo de justicia. Después enfurecería
al no estar conforme con la sentencia del juez Hiradier Huerta Rodríguez.
Huerta voló a Roma en
noviembre de 2007 y portafolio en mano desahogó un documento en El Vaticano
denunciando al obispo por Abuso de Potestad Eclesiástica, indignado porque lo
etiquetó de rufián en entrevistas con medios informativos y hasta en la homilía
ante feligreses.
El funcionario judicial
depositó en la Oficialía de Partes del Tribunal Supremo de la Asignatura
Apostólica de la Santa Sede su denuncia, pero del destino de esa inconformidad,
“nunca más se supo nada”.
Al juzgador penalista
Hiradier Huerta le ofendió considerablemente una declaración periodística del
obispo Raúl Vera López, quien dijo en entrevista realizada antes de las
sentencias; “a ver con qué nos sale el juez, esperamos que no salga con una
tontería o con una sentencia rabona, pues si es así quiere decir que ese juez
no sirve para nada”.
SIN PRECEDENTES
¿Cómo se atrajo el caso de
los militares al fuero común?, se le pregunta a Huerta Rodríguez, y expresa;
“se hizo un estudio del Artículo 124 de la Constitución General de México,
Artículo 50 del Código Militar, y Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial Federal donde establece que lo que no corresponde a la Federación
compete a los Estados”.
“Al hacer un estudio de cómo
se dieron los hechos se determinó que no correspondía al fuero militar hacer la
aplicación de la jurisdicción, sino al Estado”.
“Human Watch Right
(Observatorio de Derechos Humanos) nos reconoció la imparcialidad, y fue un
parteaguas en la historia de la justicia en este tipo de hechos, en el sentido
de que fue el primer caso según se documentó por parte de la revista Proceso,
en América Latina, donde un juez del fuero no militar conoce de este tipo de
asuntos del sistema de justicia jurídica”.
Posteriormente, añade, “hay
resoluciones de la Corte Interamericana a las cuales tiene que aplicar la
Suprema Corte en el caso Radilla en la cual ya fijan los lineamientos de por
qué debe ser la justicia del fuero común, o sea que es la justicia común quien
debe conocer”.
¿Registraron ustedes presión
social al atender el caso?, “la presión social se vive en un asunto de esta
naturaleza donde se ve inmiscuida toda una sociedad, pero donde se aplicó el
Derecho, siento que se aplicó una resolución de acuerdo a mis conocimientos”.
“Las absoluciones se
confirmaron y las sentencias condenatorias fueron modificadas en algunos de los
casos, pero bueno, también tenemos una superioridad que revisa lo que nosotros
tenemos y se ajuste esto a Derecho”, concluye Huerta.
(ZOCALO/ ALBERTO ROJAS/ 11/07/2016 -
04:00 AM)
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