Ciudad de México.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
presentó ante el Ministerio Público de la Federación una denuncia de
hechos por probables delitos cometidos por dos ex magistrados, un ex
juez y un ex secretario técnico, vinculados con actos de corrupción para
la operación de casinos.
A través de un comunicado, la instancia judicial señaló que la denuncia responde a que en diversas notas periodísticas se involucra a los magistrados Eduardo Ochoa Torres, ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey, y José Manuel Rodríguez Puerto, ex integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas, así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León –todos ellos suspendidos–, y a Mario Alberto Prado Rodríguez, ex secretario técnico, en los actos referidos.
La denuncia contra los ex juzgadores suspendidos de sus cargos se da una semana después de que medios de comunicación nacionales dieron a conocer presuntos actos de corrupción de jueces y magistrados involucrados en el favorecimiento ilegal a casas de apuestas en el norte del país.
Mario Alberto Prado Rodríguez se desempeñaba como secretario técnico del consejero de la Judicatura Daniel Cabeza de Vaca y presumiblemente se encargaba de generar las adscripciones de jueces y magistrados más favorables hacia los dueños de casinos.
En su comunicación, el CJF especificó que, paralelamente y de acuerdo con sus facultades constitucionales, la Judicatura continúa con sus procedimientos administrativos para determinar las faltas en las que se pudieran haber incurrido.
El 8 de mayo pasado, esa instancia judicial ya había separado de sus cargos a los presuntos responsables, en razón de su supuesta ayuda indebida para que algunos dueños de casinos obtuvieran permisos, al amparo de la justicia federal, particularmente al llamado “Zar de los Casinos” Juan José Rojas Cardona.
El CJF expresó su determinación de aportar todos los elementos que permitan fortalecer las acciones de la autoridad ministerial federal, con el fin de que si se comprueba alguna conducta constitutiva de delito, ésta sea sancionada, en virtud de que se trata de servidores públicos que tienen la alta responsabilidad, frente a la sociedad, de impartir justicia.
A través de un comunicado, la instancia judicial señaló que la denuncia responde a que en diversas notas periodísticas se involucra a los magistrados Eduardo Ochoa Torres, ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey, y José Manuel Rodríguez Puerto, ex integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas, así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León –todos ellos suspendidos–, y a Mario Alberto Prado Rodríguez, ex secretario técnico, en los actos referidos.
La denuncia contra los ex juzgadores suspendidos de sus cargos se da una semana después de que medios de comunicación nacionales dieron a conocer presuntos actos de corrupción de jueces y magistrados involucrados en el favorecimiento ilegal a casas de apuestas en el norte del país.
Mario Alberto Prado Rodríguez se desempeñaba como secretario técnico del consejero de la Judicatura Daniel Cabeza de Vaca y presumiblemente se encargaba de generar las adscripciones de jueces y magistrados más favorables hacia los dueños de casinos.
En su comunicación, el CJF especificó que, paralelamente y de acuerdo con sus facultades constitucionales, la Judicatura continúa con sus procedimientos administrativos para determinar las faltas en las que se pudieran haber incurrido.
El 8 de mayo pasado, esa instancia judicial ya había separado de sus cargos a los presuntos responsables, en razón de su supuesta ayuda indebida para que algunos dueños de casinos obtuvieran permisos, al amparo de la justicia federal, particularmente al llamado “Zar de los Casinos” Juan José Rojas Cardona.
El CJF expresó su determinación de aportar todos los elementos que permitan fortalecer las acciones de la autoridad ministerial federal, con el fin de que si se comprueba alguna conducta constitutiva de delito, ésta sea sancionada, en virtud de que se trata de servidores públicos que tienen la alta responsabilidad, frente a la sociedad, de impartir justicia.
(ZOCALO/ Excélsior /14/05/2014 - 09:21 AM)
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