Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos metió a la cárcel a
la única persona que podía ayudarle a evitar pagar 500 millones de
dólares a Conproca, el consorcio conformado por la alemana Siemens y la
coreana SK. Fuente: 24-horas.mx
Eduardo Solares Soto, uno de los empleados de la paraestatal que realiza funciones de vigilancia de los procesos judiciales en que participa Pemex como actor, fue contactado por Luis Rubén Esparza Navarro.
La primera llamada lo sorprendió, pues el abogado independiente le marcó directamente a su número de celular. Le dijo que tenía testigos que podían ayudar a Pemex en la demanda que presentó en contra de Siemens en Nueva York.
El 17 de enero de 2013, Rubén Esparza Navarro llevó a las oficinas de Petróleos Mexicanos a Peter Paul Müller, quien fungió como director jurídico de Siemens. Ahí rindió una declaración, ante el licenciado Alfredo Bazúa, notario 230 del Distrito Federal.
Esparza les dijo que esa declaración podría ser valorada por las autoridades estadunidenses.
Le dijo a Solares Soto que también podía conseguir el testimonio de José Antonio Fuentes Pro, otro ex director jurídico de la alemana.
Le indicó al funcionario de Pemex que el testigo estaba en disposición de rendir su testimonio, que tenía información muy reveladora del asunto y que incluso conoce el nombre del servidor público involucrado en esos actos de corrupción que actualmente trabaja en la paraestatal.
Tenía otros testigos.
Sugirió que el asunto sería bastante mayor a 200 mil dólares.
LA DEUDA PENDIENTE
Conproca, una empresa cuyo 85% pertenece a SK y el resto a Siemens, exige el pago de más de 500 millones de dólares a Pemex, después de que la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, determinó que la mexicana le quedó a deber dinero.
Esa fue su resolución, tras una queja que fueron a presentar en 2001, después de que no terminaron en buenos términos el contrato que firmaron en 1997 para modernizar la refinería de Cadereyta, en Nuevo León.
La disputa legal con Pemex iniciada en 2001 ante la Corte Internacional fue un proceso administrativo para dirimir cuentas por cobrar relacionadas con costos adicionales en los que Conproca incurrió por trabajos adicionales solicitados, cambios en las especificaciones, así como actos y omisiones de Pemex, por lo que solicitó el rembolso a la paraestatal.
El 23 diciembre de 2011, el panel arbitral al que se sometieron de manera voluntaria ambas partes, y tras un proceso de 10 años, emitió un laudo arbitral que obliga a Pemex a pagar a Conproca 282 millones de dólares (más intereses).
“En diciembre de 2012, 11 años después de iniciado el juicio y 12 meses después de otorgado el fallo por parte de la CCI, Pemex inició nuevas acciones legales para evitar el pago de dichas compensaciones”, explicó Conproca.
LA ESTRATEGIA
La ofensiva que lanzó Petróleos Mexicanos en contra de Conproca en diciembre de 2012 fue diseñada por la firma de abogados Maney & González-Félix, con sede en Houston, a cambio de 22.5% de lo que se llegara a recuperar en el pleito.
Como informó 24 HORAS, en última instancia, la recomendación que hicieron los abogados de Pemex por cuestiones de tiempo y costo fue buscar un testigo protegido que declarara en contra de Siemens y SK en Estados Unidos.
El 16 de noviembre de 2012, Mark Maney y Miguel Ángel González Félix le enviaron un memorándum confidencial a Marco Antonio de la Peña Sánchez, director jurídico de Petróleos Mexicanos, en el que le dictaban los pasos a seguir para reducir sustancialmente los 500 millones de dólares que la paraestatal le debe a Conproca.
La firma sugirió desempolvar una vieja investigación de la Comisión de Valores e Intercambios de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en contra de la alemana Siemens.
También recomendó que Pemex buscara que al menos su testigo principal se declarara como testigo protegido.
“Aunque los pagos descritos en nuestro informe no están previstos directamente bajo alguna disposición de la ley mexicana que autorice a la protección de un testigo de corrupción -tal delito no es crimen organizado- la conducta de Siemens y Conproca también constituyó lavado de dinero, lo cual es un delito de crimen organizado. El informe narra la historia confesa de Siemens sobre la corrupción institucionalizada, incluyendo numerosos mecanismos para ocultar la transferencia de sobornos ilícitos. Siemens judicialmente confesó esta conducta. Los esfuerzos para ocultar los pagos, constituir el lavado de dinero, es un precedente para la protección de los testigos”, dicen los abogados.
Maney y González-Félix informaron al director jurídico de Pemex que llegaron a la conclusión de que la evidencia descubierta hasta ese momento proporcionaba apoyo suficiente para hacer la impugnación del laudo arbitral que daba la razón a Siemens y SK.
“Si tiene éxito, esta impugnación anula el laudo arbitral”, aseguró la firma de abogados.
Le recomendaron negociar con Siemens una salida menos costosa, en caso de ser rechazados, presentar recursos legales en contra de la alemana.
El acuerdo nunca llegó y las acusaciones salieron por doquier. El 14 de diciembre de 2012, Pemex demandó a Siemens y a SK en Nueva York, por supuestamente obtener contratos con la paraestatal a través de sobornos. Quiere 500 millones de dólares de indemnización.
NO HAY PAGO, NO HAY TESTIGOS
Eduardo Solares Soto le dijo a Luis Rubén Esparza Navarro que Pemex no pagaría a nadie por rendir un testimonio. Pero por “lo extremadamente importante” que le resultaba a la paraestatal conocer a detalle los supuestos actos de corrupción de Siemens, le solicitaba hablar directamente con Peter Paul Müller y José Antonio Fuentes Pro.
Rubén Esparza se negó rotundamente.
Tenían que pagar si querían entrar en contacto con los testigos. Le pidió que comunicara eso a las altas autoridades de Pemex.
En la primera quincena de marzo de 2013 le entregó afuera de las oficinas de Pemex la petición para que la empresa le pagara un millón 300 mil dólares por su trabajo y para tener acceso a los testigos en el supuesto caso de corrupción de Siemens.
“De no ser así, Pemex perdería todo. Con esa documentación en mi poder subí a las oficinas de la Subdirección Jurídica de Asuntos Jurídicos Contenciosos y se la entregue a mi superior jerárquico, Francisco Arturo García Agraz”.
Pemex tenía hasta el 18 de abril para presentar más pruebas en su caso contra Siemens en Nueva York. Era apremiante tener las declaraciones.
El 5 de abril de 2013 Rubén Esparza Navarro y Peter Paul Müller se reunieron con representantes de Pemex y con los abogados de la paraestatal que llevan el caso en Estados Unidos en el restaurante Puerto Madero.
Insistieron en que era muy importante el testimonio. Se despidieron y quedaron de verse pronto. Pero Pemex no tuvo noticias de ellos.
El martes 9 de abril, Eduardo Solares Soto y Francisco Arturo García Agraz Sánchez fueron a las oficinas de BlackBerry en México, pues Peter Paul Müller es el director jurídico de esa firma.
“Le pedimos encarecidamente que se presentara en las oficinas centrales de Pemex para asentar por escrito su testimonio y enviarlo a los abogados estadunidenses”.
Dijo que no veía ningún obstáculo, pero tenía que hablar con Rubén Esparza.
No fue y al otro día volvieron a las oficinas de BlackBerry a insistir.
Y nada.
LA DETENCIÓN
El 16 de abril de 2013, Luis Rubén Esparza Navarro llegó a la Torre Ejecutiva de Pemex. El secretario particular del director general de Pemex lo llevó a una oficina en el piso 43. Ahí lo esperaba Javier Romo Michaud.
Cerró la puerta y le dijo que se ahorrara palabras, que conocía sus antecedentes.
Pero Rubén Esparza le advirtió que, en el momento en que se encontraban, Pemex corría un grave riesgo de perder un juicio en Estados Unidos, que le podría causar una afectación superior a 500 millones de dólares.
Reveló que él había sido apoderado legal de Siemens y le dijo que Pemex había sido afectada por actos de corrupción por parte de empleados de la firma alemana que sobornaron a funcionarios.
Todo debía acreditarse antes del 18 de abril, por lo cual Pemex estaba obligada a presentar todas las evidencias que estuvieran a su alcance para demostrar lo ya señalado.
Peter Müller no fue director jurídico de Siemens al momento de los supuestos hechos de corrupción, pero por lo que sabía y le constaba, tuvo acceso a correos electrónicos y documentos.
Además, otro testigo se puso sobre la mesa: Hans Kohlsdorf, director general de la empresa durante los supuestos sobornos.
Requería que se le asegurara protección legal e incluso recursos económicos para protegerse, Rubén Esparza aseguró que declararía.
Peter Müller estaba listo para declarar al día siguiente, los otros dos testigos no estaban cerca, pero prometía que lo harían en caso de llegar a un acuerdo.
Dijo que de no entregar el dinero, un millón 300 mil dólares, Pemex perdería el juicio. En consecuencia, debería pagar 500 millones de dólares.
Además, nunca se enterarían del nombre de los funcionarios que recibieron dinero de los sobornos.
El representante de Pemex le entregó un millón y medio de pesos en efectivo para asegurar la declaración de Müller al día siguiente.
Cuando abrieron la puerta de la oficina, había agentes de la policía federal. Detuvieron a Luis Rubén Esparza Navarro.
Lo acusaron de extorsión.
Incluso lo encerraron en el penal Federal de Hermosillo, Sonora.
Hace unos días salió.
Eduardo Solares Soto, uno de los empleados de la paraestatal que realiza funciones de vigilancia de los procesos judiciales en que participa Pemex como actor, fue contactado por Luis Rubén Esparza Navarro.
La primera llamada lo sorprendió, pues el abogado independiente le marcó directamente a su número de celular. Le dijo que tenía testigos que podían ayudar a Pemex en la demanda que presentó en contra de Siemens en Nueva York.
El 17 de enero de 2013, Rubén Esparza Navarro llevó a las oficinas de Petróleos Mexicanos a Peter Paul Müller, quien fungió como director jurídico de Siemens. Ahí rindió una declaración, ante el licenciado Alfredo Bazúa, notario 230 del Distrito Federal.
Esparza les dijo que esa declaración podría ser valorada por las autoridades estadunidenses.
Le dijo a Solares Soto que también podía conseguir el testimonio de José Antonio Fuentes Pro, otro ex director jurídico de la alemana.
Le indicó al funcionario de Pemex que el testigo estaba en disposición de rendir su testimonio, que tenía información muy reveladora del asunto y que incluso conoce el nombre del servidor público involucrado en esos actos de corrupción que actualmente trabaja en la paraestatal.
Tenía otros testigos.
Sugirió que el asunto sería bastante mayor a 200 mil dólares.
LA DEUDA PENDIENTE
Conproca, una empresa cuyo 85% pertenece a SK y el resto a Siemens, exige el pago de más de 500 millones de dólares a Pemex, después de que la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, determinó que la mexicana le quedó a deber dinero.
Esa fue su resolución, tras una queja que fueron a presentar en 2001, después de que no terminaron en buenos términos el contrato que firmaron en 1997 para modernizar la refinería de Cadereyta, en Nuevo León.
La disputa legal con Pemex iniciada en 2001 ante la Corte Internacional fue un proceso administrativo para dirimir cuentas por cobrar relacionadas con costos adicionales en los que Conproca incurrió por trabajos adicionales solicitados, cambios en las especificaciones, así como actos y omisiones de Pemex, por lo que solicitó el rembolso a la paraestatal.
El 23 diciembre de 2011, el panel arbitral al que se sometieron de manera voluntaria ambas partes, y tras un proceso de 10 años, emitió un laudo arbitral que obliga a Pemex a pagar a Conproca 282 millones de dólares (más intereses).
“En diciembre de 2012, 11 años después de iniciado el juicio y 12 meses después de otorgado el fallo por parte de la CCI, Pemex inició nuevas acciones legales para evitar el pago de dichas compensaciones”, explicó Conproca.
LA ESTRATEGIA
La ofensiva que lanzó Petróleos Mexicanos en contra de Conproca en diciembre de 2012 fue diseñada por la firma de abogados Maney & González-Félix, con sede en Houston, a cambio de 22.5% de lo que se llegara a recuperar en el pleito.
Como informó 24 HORAS, en última instancia, la recomendación que hicieron los abogados de Pemex por cuestiones de tiempo y costo fue buscar un testigo protegido que declarara en contra de Siemens y SK en Estados Unidos.
El 16 de noviembre de 2012, Mark Maney y Miguel Ángel González Félix le enviaron un memorándum confidencial a Marco Antonio de la Peña Sánchez, director jurídico de Petróleos Mexicanos, en el que le dictaban los pasos a seguir para reducir sustancialmente los 500 millones de dólares que la paraestatal le debe a Conproca.
La firma sugirió desempolvar una vieja investigación de la Comisión de Valores e Intercambios de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en contra de la alemana Siemens.
También recomendó que Pemex buscara que al menos su testigo principal se declarara como testigo protegido.
“Aunque los pagos descritos en nuestro informe no están previstos directamente bajo alguna disposición de la ley mexicana que autorice a la protección de un testigo de corrupción -tal delito no es crimen organizado- la conducta de Siemens y Conproca también constituyó lavado de dinero, lo cual es un delito de crimen organizado. El informe narra la historia confesa de Siemens sobre la corrupción institucionalizada, incluyendo numerosos mecanismos para ocultar la transferencia de sobornos ilícitos. Siemens judicialmente confesó esta conducta. Los esfuerzos para ocultar los pagos, constituir el lavado de dinero, es un precedente para la protección de los testigos”, dicen los abogados.
Maney y González-Félix informaron al director jurídico de Pemex que llegaron a la conclusión de que la evidencia descubierta hasta ese momento proporcionaba apoyo suficiente para hacer la impugnación del laudo arbitral que daba la razón a Siemens y SK.
“Si tiene éxito, esta impugnación anula el laudo arbitral”, aseguró la firma de abogados.
Le recomendaron negociar con Siemens una salida menos costosa, en caso de ser rechazados, presentar recursos legales en contra de la alemana.
El acuerdo nunca llegó y las acusaciones salieron por doquier. El 14 de diciembre de 2012, Pemex demandó a Siemens y a SK en Nueva York, por supuestamente obtener contratos con la paraestatal a través de sobornos. Quiere 500 millones de dólares de indemnización.
NO HAY PAGO, NO HAY TESTIGOS
Eduardo Solares Soto le dijo a Luis Rubén Esparza Navarro que Pemex no pagaría a nadie por rendir un testimonio. Pero por “lo extremadamente importante” que le resultaba a la paraestatal conocer a detalle los supuestos actos de corrupción de Siemens, le solicitaba hablar directamente con Peter Paul Müller y José Antonio Fuentes Pro.
Rubén Esparza se negó rotundamente.
Tenían que pagar si querían entrar en contacto con los testigos. Le pidió que comunicara eso a las altas autoridades de Pemex.
En la primera quincena de marzo de 2013 le entregó afuera de las oficinas de Pemex la petición para que la empresa le pagara un millón 300 mil dólares por su trabajo y para tener acceso a los testigos en el supuesto caso de corrupción de Siemens.
“De no ser así, Pemex perdería todo. Con esa documentación en mi poder subí a las oficinas de la Subdirección Jurídica de Asuntos Jurídicos Contenciosos y se la entregue a mi superior jerárquico, Francisco Arturo García Agraz”.
Pemex tenía hasta el 18 de abril para presentar más pruebas en su caso contra Siemens en Nueva York. Era apremiante tener las declaraciones.
El 5 de abril de 2013 Rubén Esparza Navarro y Peter Paul Müller se reunieron con representantes de Pemex y con los abogados de la paraestatal que llevan el caso en Estados Unidos en el restaurante Puerto Madero.
Insistieron en que era muy importante el testimonio. Se despidieron y quedaron de verse pronto. Pero Pemex no tuvo noticias de ellos.
El martes 9 de abril, Eduardo Solares Soto y Francisco Arturo García Agraz Sánchez fueron a las oficinas de BlackBerry en México, pues Peter Paul Müller es el director jurídico de esa firma.
“Le pedimos encarecidamente que se presentara en las oficinas centrales de Pemex para asentar por escrito su testimonio y enviarlo a los abogados estadunidenses”.
Dijo que no veía ningún obstáculo, pero tenía que hablar con Rubén Esparza.
No fue y al otro día volvieron a las oficinas de BlackBerry a insistir.
Y nada.
LA DETENCIÓN
El 16 de abril de 2013, Luis Rubén Esparza Navarro llegó a la Torre Ejecutiva de Pemex. El secretario particular del director general de Pemex lo llevó a una oficina en el piso 43. Ahí lo esperaba Javier Romo Michaud.
Cerró la puerta y le dijo que se ahorrara palabras, que conocía sus antecedentes.
Pero Rubén Esparza le advirtió que, en el momento en que se encontraban, Pemex corría un grave riesgo de perder un juicio en Estados Unidos, que le podría causar una afectación superior a 500 millones de dólares.
Reveló que él había sido apoderado legal de Siemens y le dijo que Pemex había sido afectada por actos de corrupción por parte de empleados de la firma alemana que sobornaron a funcionarios.
Todo debía acreditarse antes del 18 de abril, por lo cual Pemex estaba obligada a presentar todas las evidencias que estuvieran a su alcance para demostrar lo ya señalado.
Peter Müller no fue director jurídico de Siemens al momento de los supuestos hechos de corrupción, pero por lo que sabía y le constaba, tuvo acceso a correos electrónicos y documentos.
Además, otro testigo se puso sobre la mesa: Hans Kohlsdorf, director general de la empresa durante los supuestos sobornos.
Requería que se le asegurara protección legal e incluso recursos económicos para protegerse, Rubén Esparza aseguró que declararía.
Peter Müller estaba listo para declarar al día siguiente, los otros dos testigos no estaban cerca, pero prometía que lo harían en caso de llegar a un acuerdo.
Dijo que de no entregar el dinero, un millón 300 mil dólares, Pemex perdería el juicio. En consecuencia, debería pagar 500 millones de dólares.
Además, nunca se enterarían del nombre de los funcionarios que recibieron dinero de los sobornos.
El representante de Pemex le entregó un millón y medio de pesos en efectivo para asegurar la declaración de Müller al día siguiente.
Cuando abrieron la puerta de la oficina, había agentes de la policía federal. Detuvieron a Luis Rubén Esparza Navarro.
Lo acusaron de extorsión.
Incluso lo encerraron en el penal Federal de Hermosillo, Sonora.
Hace unos días salió.
(ZOCALO/ Agencias/ 09/06/2013 - 04:42 PM)
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