Agricultores secan
canales, Conagua aplica mano dura
Luis Fernando Nájera
Productores
agrícolas del norte de Sinaloa, no la pensaron dos veces y con bombas
charqueras comenzaron a secar canales, ante el riesgo de que sus cultivos se
sequen por falta de agua.
La extracción masiva
de agua ocurrió desde la cortina de la presa Miguel Hidalgo hasta los canales
abastecedores de las plantas potabilizadoras que administran las Juntas de Agua
Potable de El Fuerte, Ahome y Guasave.
En la tercia de
municipios, se forjó una fuerza especial de inspectores de agua, canales y
policías para evitar el robo de agua y retirar de canales las bombas charqueras
irregulares. En esa acción, nadie enfrentó a la fuerza del orden público.
Un estudio hecho por
la Red del Valle del Fuerte revela que en un tramo de 50 kilómetros del lecho
del río Fuerte, desde la presa Miguel Hidalgo a la Bocatoma de San Blas,
existen 32 sistemas fijos sin control de volumen. A esta extracción
descontrolada se le sumaron 13 bombas charqueras que se colocaron sobre el
canal Valle del Fuerte, reduciendo en cinco metros cúbicos por segundo la
dotación de agua para consumo humano, industrial y otros usos. Además,
productores agrícolas en pequeño colocaron sus propios equipos en canales
secundarios y terciarios e inclusos dentro de los conductores de agua a las
potabilizadoras, con la finalidad de utilizar ese líquido para el riego de sus
parcelas.
El robo de agua
ocurrió principalmente en los módulos de riego Taxtes y Nohme, en donde los
productores se desfasaron en sus siembras de maíz y de sorgo. En el Taxtes se
aprobaron siembras de sorgo del ciclo primavera-verano sin calcular que para
entonces los canales no darían niveles para conducir el agua hasta las tomas de
las parcelas. Esto los obligó a sustraer agua negras de drenes para revolverlas
con la de canales y subir los niveles. Sin embargo, pasaron por alto que esa
misma agua se suministraba a la población y ocasionó un brote diarreico en
Tabelojeca, comunidad fortence que se sublevó contra su Gobierno municipal,
obligando a actuar a la gerente de Japaf, Lorena Vázquez del Río. Esta pilló al
Módulo Taxtes en plena contaminación del agua y los obligó a detenerla. “Se
lavaron los filtros, y el problema quedó solucionado. El Taxtes prometió no
volver a bombear agua de drenes a canales”.
Gonzalo Rodríguez
Gaxiola, jefe de distrito de riego 075 de la Comisión Nacional del Agua afirmó
que la sustracción del agua para riego no es considerado como un robo, aunque
esta sea de seguridad nacional, sino más bien es tomada como una infracción a
la Ley de Aguas Nacional, cuyo costo tendrán que pagar los productores pillados
con las bombas charqueras en uso sin estar autorizadas.
Estas bombas se
utilizaron para riego de cultivos rezagados, principalmente de maíces para
semilla. “Las casas comerciales fueron llamadas al orden y lo aceptaron”, dijo.
El ingeniero en jefe
de Conagua aseguró que la sustracción irregular de agua ya fue controlada, y
será totalmente detenida en una semana, cuando los cultivos salgan en su
totalidad.
La sustracción de
agua en el ciclo que está por concluir, dejó un precedente, y obligó a una
reacción de mano dura de la autoridad. “En lo sucesivo, particular que sea
sorprendido tomando agua de canales sin estar sus equipos autorizados tendrá
que atenerse a las consecuencias, pues será un caso penal, más que
administrativo, y todo módulo de riego que apruebe cultivos solo por tener agua
almacena en presa, sin tomar en cuenta los niveles de los canales, deberá
cubrir los costos del rodado de la misma hasta su obra de toma, y en
definitiva, los legisladores habrán ya de tomar en cuenta que se debe de
regular el ciclo Primavera-verano, porque es más problema cultivarlo que el
valor de la cosecha”.
“Los productores son
productores y no delincuentes, pero si insisten en afectar a la población civil
por regar sus cultivos con un agua que no pagaron o si sus siembras son
irregulares, por carecer de permisos oficiales, tendrán que atenerse a las
consecuencias de sus actos”.
Gustavo Soto
Portillo, gerente de JAPAMA, afirmó que por las acciones de los productores de
sustraer el agua para consumo humano, unas 30 mil familias sufrieron sed
durante algunos días. Para atender la demanda se erogaron más de 8 millones de
pesos, pues al bajar los niveles se taparon los filtros con lodos, lo que
obligó retrolavados y mayor uso de químicos.
Pese a ello, los
daños causados no serán penalizados.
Marte Nicolás Vega
Román, presidente de la Red del Valle del Fuerte, afirmó que no penalizar o
multar a productores por sustraer agua de canales es un error, porque abre las
puertas a la impunidad. “Con el desenfreno, mañana lo reintentarán, porque aquí
todo se permite. Creo que es un error, pero si así lo quieren, pues ni modo”.
(RIODOCE.COM.MX/ Luis Fernando Nájera/ junio 2, 2013)
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