Bajo la administración de Ángel Aguirre Rivero, los
conflictos sociales, la corrupción gubernamental y el poder de la delincuencia
organizada escalaron tanto en Guerrero que los pobladores comienzan a actuar
por sí mismos. Algunos, como los maestros, se organizan para hacer valer sus
demandas forzando al gobernador a comprometerse ante el gobierno federal a
cumplir acuerdos; como los integrantes de las autodefensas comunitarias, se
aferran a las armas porque consideran que el gobierno no puede o no quiere
garantizar su integridad.
Ezequiel Flores Contreras
CHILPANCINGO, Gro.
(Proceso).- El próximo 1 de abril Ángel Aguirre Rivero cumplirá dos años como
gobernador de Guerrero, en medio de señalamientos de incapacidad para brindar
seguridad a la población, indolencia ante los conflictos sociales y falta de
oficio político.
Mientras el narco
campea impunemente y somete a las autoridades locales, provocando que algunas
comunidades formen grupos de autodefensa para enfrentar directamente a la
delincuencia, los conflictos sociales se agudizan. Los maestros disidentes
llevan tres semanas en paro y mantienen tomadas las sedes del Ejecutivo y
Legislativo en protesta por la reciente aprobación de la reforma educativa.
El gobierno de
Aguirre no ha ofrecido soluciones a los problemas políticos ni al embate de la
delincuencia. Por el contrario, autoridades municipales, estatales y castrenses
siguen bajo sospecha de proteger a las bandas criminales que se disputan la
entidad.
Alcaldes del PRD de
las regiones de Costa Grande, Tierra Caliente y la Zona Norte han reiterado sus
solicitudes de ayuda al gobernador porque viven amenazados y extorsionados por
los narcos; continúan los asesinatos de políticos, como el del síndico
perredista de Iguala, Justino Carvajal Salgado, y el alcalde priista de
Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, denunció que la autoridad estatal permite que
en la capital circulen 150 taxis sin placas, los cuales son señalados por
dirigentes transportistas como colaboradores de los narcos.
La mañana del
miércoles 13, en Tixtla de Guerrero –municipio de la región Centro–, se
manifestaron ante la sede del ayuntamiento un centenar de habitantes del
poblado de Acatempa, policías comunitarios armados con escopetas y estudiantes
de la Normal de Ayotzinapa, encabezados por el coordinador de la Organización
Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, Arturo Campos Herrera.
Querían demostrar
que su grupo de autodefensa, no reconocido como tal por las autoridades
locales, forma parte del sistema de justicia de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC), creada hace 17 años en la Costa Chica y la
Montaña. Afirman que la Constitución prevé ese tipo de organización en el
esquema de respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
En esa ocasión, los
manifestantes demandaban información sobre la inversión asignada a los
programas sociales y la obra pública de Acatempa, comunidad de indígenas nahuas
ubicada a 10 kilómetros de la cabecera municipal.
La movilización
inquietó a los tixtlecos, pero más a las autoridades, que desplegaron a más de
300 policías de los tres niveles y a soldados conducidos por el comandante del
41 Batallón de Infantería con sede en Chilpancingo, Rafael Hernández. “Por
consigna” del gobernador Aguirre, dijeron, iban a detener a Campos Herrera.
Este activista,
ligado a la defensa de los sobrevivientes de la masacre de El Charco,
perpetrada en Ayutla en junio de 1998, actualmente es miembro de la dirigencia
de la CRAC en ese municipio y promotor de la autodefensa.
Las autoridades
esperaban que Campos Herrera volviera a Acatempa con el resto de los
manifestantes después de que éstos se reunieron con funcionarios del municipio
en un auditorio contiguo al ayuntamiento de Tixtla. Pero el dirigente mixteco
se apartó antes del grupo que acompañaba.
Anteriormente el
activista ha sido acusado por autoridades municipales y estatales de fomentar
la creación de grupos armados en esa localidad, donde existen antecedentes de
la presencia de células guerrilleras.
En la reunión con
los manifestantes, el alcalde perredista Gustavo Alcaraz cuestionó la presencia
de Campos Herrera, procedente de Ayutla, y negó que los grupos de civiles
armados adheridos a la CRAC tengan presencia en seis de las 18 comunidades de
Tixtla, como dijeron. Según el funcionario, sólo están en Acatempa y en el
resto de las comunidades hicieron únicamente “apariciones mediáticas”, en
alusión a que en febrero pasado los periódicos El Sur y La Jornada Guerrero
difundieron informes sobre ellos.
Cuando los medios de
comunicación destacaron la participación de Campos Herrera en las autodefensas,
Aguirre anunció en una gira por la Costa Chica que no va a tolerar que el
esquema de la policía comunitaria se utilice “con otros propósitos”. Advirtió
que los integrantes de las autodefensas serían detenidos por el Ejército cuando
salieran de sus territorios.
Por su parte, los
dirigentes del grupo de autodefensa de Acatempa, surgido a finales de enero
igual que el de Atliaca, siguieron reprochando a las autoridades civiles y
militares su indolencia frente a las organizaciones delictivas.
Más aún, de acuerdo
con policías comunitarios de Acatempa y habitantes de Tixtla que pidieron no
publicar sus nombres, el hermano del alcalde Gustavo Alcaraz, José Luis (La Gringa),
es el jefe de plaza local de la delincuencia organizada.
En el mencionado
encuentro, los pobladores de Atliaca aceptaron dejar las armas y devolverle a
la autoridad municipal las tareas de seguridad pública, pero los de Acatempa
acordaron adherirse a la CRAC y crear un grupo de policías comunitarios
armados.
Cuando mandos
civiles y militares exigieron a los policías comunitarios que no salieran de
sus poblados con armas, el comisario municipal de Acatempa, Pastor Coctecón,
les contestó: “Los policías y sicarios andan armados. ¿Por qué nosotros no? Ya
estamos cansados de tanta delincuencia y corrupción”.
Cuando volvían a
Acatempa, los manifestantes de allá fueron interceptados por soldados y
policías cerca del crucero que conduce al municipio Mártir de Cuilapan y
conecta con Acatempa y Atliaca.
Ahí, el director de
Gobernación estatal, Moisés Alcaraz, se enteró de que el activista Campos
Herrera había salido de Tixtla por la carretera a Chilpancingo: “¡Síganlo!”,
ordenó al subalterno que le informó por teléfono.
Enseguida, el
funcionario estatal le dijo al jefe militar que Campos había burlado el
operativo y, molesto, ordenó la detención de los dirigentes comunitarios de
Acatempa, que iban en una camioneta.
Como los militares
ya le habían pedido a Pastor Coctecón que se abstuviera de salir de su
comunidad con sus hombres armados, dejó que el propio director de Gobernación
les repitiera la advertencia.
Coctecón reprochó el
despliegue policiaco y militar para vigilarlos, y exhortó: “Desarmen a los delincuentes
y no a nosotros, que estamos defendiendo nuestra comunidad de ellos”. Y se
dirigió concretamente al comandante Rafael Hernández:
“Mi jefe, yo le dije
lo que es y usted no ha cumplido su palabra. Yo le dije que me investigue a
personas y no ha cumplido”. El jefe del 41 Batallón de Infantería se mostró
evasivo.
Los líderes de
Acatempa exigieron a las autoridades que los respeten y se dijeron dispuestos a
seguir defendiendo su comunidad mientras vean que la delincuencia opera
impunemente. El ostentoso operativo de Tixtla se esfumó poco después de que lo
burlara Campos Herrera.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición
1898 de la revista Proceso, ya en circulación.
(PROCESO/ Ezequiel Flores Contreras/ 20 de marzo de
2013)
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