Este miércoles arranca el Sistema Nacional
Anticorrupción y lo hará entre severas críticas por parte de organizaciones de
la sociedad civil por el retraso en los nombramientos en el Senado y el fuerte
rezago que existe en los estados en el proceso de implementación del SNA
A dos días de que el SNA deba operar, el
Senado ha fallado en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa
En ejercicio de su soberanía, cada
entidad fijará las reglas con que operará su propio Sistema; Chihuahua es el
estado más atrasado en su implementación
En algunas entidades, la aprobación del
Sistema Estatal Anticorrupción se convirtió en una lucha entre el poder
Ejecutivo y el Legislativo para evitar una intervención indebida
Aunque el sistema está listo para
castigar la corrupción, algunos gobernadores han designado en los órganos de
justicia a personajes cercanos
El gobernador de Nayarit nombró a su
secretario particular como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa
La gobernadora priista de Sonora nombró
como fiscal anticorrupción a un perfil ligado al PRI, a pesar de la oposición
panista
En el Estado de México, el gobernador
nombrará a los magistrados que castigarán la corrupción y el Congreso local
solo los ratificará
La ciudadanía se hizo escuchar en
algunas entidades arrebatándoles a los gobernadores la posibilidad de controlar
el mecanismo para investigar actos de corrupción
En Baja California se hará una
convocatoria pública para el cargo de fiscal anticorrupción, un comité de
diputados y ciudadanos evaluará perfiles
Las organizaciones de la
sociedad civil que a nivel federal han impulsado la creación y el arranque del
SNA, lanzarán hoy una nueva campaña para continuar empujando la lucha contra la
corrupción en el país.
Con el lema #VamosPorMás,
organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Instituto
Mexicano para la Competitividad, Transparencia Mexicana, y la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre otras, lanzarán una segunda
cruzada por las reformas y nombramientos que falta concretar.
“Seguimos en la lucha contra
la corrupción. Quienes pretenden debilitar al SNA sabrán que está batalla no la
abandonamos. Nosotros #Vamospormás”, escribió Coparmex en su cuenta de Twitter.
Esta nueva campaña llega a
unas horas de que el SNA entre en operación y lo haga de forma incompleta, ante
el incumplimiento del Senado en el nombramiento del fiscal anticorrupción y los
magistrados el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Y no solo han expresado su
inconformidad por el retraso en el nombramiento, sino por la forma en que se
han realizado algunos procesos sobre el asunto.
En enero pasado, estas
organizaciones pidieron al presidente Enrique Peña Nieto y al Congreso de la
Unión que fueran transparentes en el debate de los nombramientos.
Sin embargo, en el proceso de
evaluación de los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, las 13
organizaciones civiles que realizaban la labor de acompañamiento con el Senado
decidieron retirarse por considerar que se trataba de un proceso opaco y
dominado por los partidos políticos, que se negaban a impulsar una fiscalía
autónoma e independiente. Calificaron a la labor que se hacía como “un acto de
mera simulación”.
Incluso, algunos aspirantes,
como el prominente académico Miguel Sarre, abandonaron la contienda por
considerar que el modelo de Fiscalía anticorrupción sería inservible tal cómo está
en el papel.
Sin embargo, para cumplir con
el requisito legal de la participación de la sociedad civil, el Senado se hizo
acompañar de otras organizaciones, activistas y académicos, entre los que se
encontraba Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, quienes
estuvieron presentes mientras se evaluaba a los 23 aspirantes a la Fiscalía
restantes.
Al final, en el mes de marzo,
el comité de acompañamiento dio la recomendación de cuatro aspirantes que, en
su criterio, cumplían los requisitos; uno de ellos renunció a su aspiración,
por lo que solo quedaron tres.
Los senadores señalaron que
la opinión del comité no es vinculante, por lo que solo se usaría como
referencia para un posible nombramiento, que recaería en la Junta de
Coordinación Política; es decir, en los coordinadores parlamentarios de las
bancadas.
Esto despertó la indignación
de estas organizaciones de la sociedad civil que, finalmente, también
renunciaron la semana pasada a “acompañar” al Senado.
Los activistas han reclamado
que, por si todo esto fuera poco, no se han dado recursos económicos para la
operación del SNA.
Así, el Legislativo y el
Ejecutivo han dinamitado su relación con las organizaciones de la sociedad
civil, que han acusado múltiples obstáculos para el combate a la corrupción,
pero han refrendado -y hoy lo harán de nuevo- que ésta es la cruzada en la que
tienen puestos todos sus esfuerzos.
ENTRE REZAGO Y SEÑALAMIENTOS
Este miércoles deberá estar
en pleno funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción tanto a nivel
federal como estatal. Sin embargo, algunos estados se han encargado de
secuestrar la cruzada contra la corrupción, sea por omisión o por acción.
Mientras algunas entidades ni
siquiera han aprobado la legislación necesaria para arrancar con su Sistema Estatal
Anticorrupción (SEA), en otras todo apunta a que el combate a la corrupción no
será más que una simulación, pues han sido nombrados para esta tarea personas
cercanas a gobernadores o, incluso, relacionadas con delitos de corrupción.
En el discurso, el combate a
la corrupción es una de las prioridades de todos los poderes y de los tres
niveles de gobierno; la realidad, sin embargo, es otra.
Los congresos estatales
tomaron el plazo del 19 de julio para aprobar toda la legislación
anticorrupción. Tuvieron que trabajar en la reforma a su Constitución local y
las leyes secundarias para reglamentar la operación del Sistema y cambios en
órganos de procuración de justicia y tribunales.
Para su aprobación, el
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tuvo que sortear numerosas trabas y
presiones en el Congreso de la Unión.
Una vez aprobada y promulgada
por el Ejecutivo, la batalla no ha cesado: uno tras otro, la clase política
parece poner obstáculos para que el Sistema no entre en operación.
Aún ahora, a dos días de que
el SNA tiene que operar, el Senado ha fallado en el nombramiento del fiscal
anticorrupción y de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, que tuvo que habilitar provisionalmente una de sus salas
regionales para que juzgue los delitos de corrupción.
Esto ocurre en medio de
varios escándalos de corrupción que han sacudido al país y a varios estados y
que, incluso, han llevado a algunos ex gobernadores a prisión o son buscados
por varios delitos.
La cruzada anticorrupción que
impulsa la sociedad civil está por entrar en una nueva etapa, en la que
intentarán convencer a los incrédulos de que, si no se combate el problema,
tarde o temprano causará mucho más que pérdidas económicas.
La clase política se juega en
esto su credibilidad y su capacidad de gobernar; la ciudadanía, su bienestar y
calidad de vida.
LA CONSTRUCCIÓN EN CADA ESTADO
Al ser creado el SNA, que
opera a nivel federal, se estableció que los estados debían crear sistemas
locales de combate a la corrupción a más tardar el 19 de julio de este año.
Hasta ahora, Chihuahua es el
único estado que está en falta. Apenas el 5 de julio el gobernador Javier
Corral presentó la iniciativa al Congreso local; seis días después, el 11 de
julio, el Legislativo pospuso la creación del SEA, sin que hasta hoy haya sido
aprobada la reforma a la Constitución del estado.
Los más atrasados, junto con
Chihuahua, eran los estados de Campeche y Tabasco, cuyos congresos aprobaron ya
la creación de sus sistemas anticorrupción la semana pasada.
En todos los demás estados,
el camino legislativo del SEA ha ido avanzando; aunque las fallas podrían estar
en la operación de esos sistemas.
Aunque debían seguir un
modelo establecido en la Constitución Política mexicana, en ejercicio de su
soberanía cada entidad pudo establecer las reglas con que operará su propio
Sistema.
La construcción del andamiaje
contra la corrupción quedó en manos de los congresos estatales, conformados por
diputados de los diferentes partidos políticos. Y aunque en la mayor parte de
los casos la sociedad civil pudo participar enviando propuestas, al final los
legisladores tuvieron la última palabra.
A partir de que hayan sido
aprobadas todas las reformas legales, cada congreso estableció el tiempo en que
deberán empezar a funcionar los órganos de su sistema, como el Comité
Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y otros. No en todos los estados
comenzará a operar al mismo tiempo.
En algunas entidades, la
aprobación de su Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se convirtió también en
una lucha entre el Congreso y el Ejecutivo para evitar una intervención
indebida; en otras, el mandatario en turno consiguió establecer criterios que
le dan ventaja.
Eso sí, en todos los casos,
desde la sociedad civil se ha impulsado el tema del combate a la corrupción.
Tanto organizaciones civiles
como el sector empresarial, especialmente la Coparmex, han participado con
propuestas y observaciones sobre lo que debería contener o no el SAE de su
entidad.
¿COMBATE SIMULADO?
En algunos estados se han
prendido los focos rojos por la forma en que se ha construido o cómo se han
puesto en operación algunas piezas de los sistemas locales de combate a la
corrupción, sobre todo en los nombramientos de quienes deben perseguir y
castigar a los corruptos.
Un caso emblemático es el de
Nayarit, cuya administración estatal encabezada por el gobernador Roberto
Sandoval Castañeda, está en jaque desde que Edgar Veytia, fiscal del estado,
fuera detenido en Estados Unidos por el delito de narcotráfico.
A ello se sumaron diversas
denuncias por enriquecimiento ilícito y otros delitos de que se acusa a
Sandoval.
Aunque todos los escándalos
estallaron este año, Roberto Sandoval quiso blindarse desde noviembre del año
pasado al nombrar a su secretario particular, Raymundo García Chávez, como
magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en Nayarit, la instancia
donde se juzgará a quienes cometan delitos de corrupción.
García Chávez no era
solamente secretario particular del gobernador, sino suplente del senador
Manuel Cota, quien fuera candidato del PRI a la gubernatura.
Cuando Cota pidió licencia a
principios de este año para convertirse en candidato, García Chávez dejó el
Tribunal de Justicia Administrativa para incorporarse al Senado.
En abril pasado, mientras
García Chávez era senador, en Nayarit estalló un escándalo por la revelación de
un audio donde se escucha al hoy exrector de la Universidad Tecnológica,
Alejandro Fonseca Díaz, decir que García Chávez financiaba campañas políticas a
cambio de quedarse con obras públicas y, además, que era prestanombres del
exfiscal Veytia.
Nada pasó. Desde el Senado,
García Chávez negó las acusaciones; y Roberto Sandoval, el gobernador, corrió
al rector de la UT y ordenó una investigación en su contra.
El 21 de junio pasado, Cota
volvió a su escaño, con lo que el magistrado pudo regresar al Tribunal.
Raymundo García Chávez fue nombrado magistrado por 10 años, por lo que estará
hasta el 2026 juzgando delitos de corrupción.
Otro ejemplo es el Estado de
México, donde en la nueva Ley quedó establecido que el nombramiento de los
magistrados que castigarán los delitos de corrupción serán nombrados por el
gobernador y solo se requiere la aprobación del Congreso local.
Los magistrados Gerardo Lara
García, Rafael González Oses, Teresa de Jesús Martínez Ibáñez, América
Elizabeth Trejo de la Luz, Claudio Gorostieta Cedilla, Arlem Siu Jaime Merlos y
Lydia Elizalde Mendoza, fueron nombrados recientemente por el gobernador y aprobados
por el Congreso.
Sin embargo, de ellos, al
menos Gerardo Lara, América Trejo y Rafael González han trabajado muy de cerca
a los gobiernos priistas.
En la entidad mexiquense, el
fiscal anticorrupción será nombrado por el fiscal general del estado –que es
nombrado por el gobernador-. Para la designación, solo tiene que dar vista al
Congreso local, que tendrá 10 días hábiles para impugnarlo… pero debe hacerlo
con las dos terceras partes de los votos.
Y esa designación ha caído en
un ex funcionario de la Presidencia de la República en el sexenio de Enrique
Peña Nieto.
Se trata de José de la Luz
Díaz Correa, un abogado que en una parte de este sexenio trabajó como titular
del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la
República.
En Sonora, en donde la
gobernadora priista Claudia Pavlovich ha tenido como bandera de gobierno el
combate a la corrupción y cuyas investigaciones han llevado al exgobernador
Guillermo Padrés a prisión, también hubo un escándalo por el nombramiento de
funcionarios anticorrupción cercanos al PRI.
Al inicio de su mandato, en
2015, la gobernadora Pavlovich creó la Fiscalía Anticorrupción y, desde ahí
comenzaron a realizarse las investigaciones contra funcionarios de la
administración anterior. Al frente de ella fue nombrado Odracir Espinosa
Valdez, quien admitió abiertamente que era militante del PRI.
Ahora, con el cambio en las
leyes estatales para crear el SAE, Odracir Espinosa fue ratificado al frente de
la Fiscalía a pesar del rechazo del PAN.
En la nueva ley
anticorrupción estatal también quedó establecido que la gobernadora propondría
a los tres magistrados que juzgarán los delitos de corrupción y solo requeriría
la aprobación del Congreso.
Los magistrados ya han sido
nombrados y uno de los tres que ya se encuentran en funciones fue no solo
funcionario federal, sino secretario dentro del PRI local.
Es decir, uno de los jueces
que impartirá justicia contra la corrupción en Sonora ha sido abiertamente
priista.
Se trata de Ricardo García
Sánchez, cuyo cargo anterior era delegado de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social en Sonora.
Pero antes trabajó como
presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI estatal; y fue
coordinador de asesores de la bancada del PRI en el Congreso local.
TRIUNFOS AISLADOS
En algunos estados se han
prendido los focos rojos por la forma en que se ha construido o cómo se han
puesto en operación algunas piezas de los sistemas locales de combate a la
corrupción, sobre todo en los nombramientos de quienes deben perseguir y castigar
a los corruptos.
Un caso emblemático es el de
Nayarit, cuya administración estatal encabezada por el gobernador Roberto
Sandoval Castañeda, está en jaque desde que Edgar Veytia, fiscal del estado,
fuera detenido en Estados Unidos por el delito de narcotráfico.
A ello se sumaron diversas
denuncias por enriquecimiento ilícito y otros delitos de que se acusa a
Sandoval.
Aunque todos los escándalos
estallaron este año, Roberto Sandoval quiso blindarse desde noviembre del año
pasado al nombrar a su secretario particular, Raymundo García Chávez, como
magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en Nayarit, la instancia
donde se juzgará a quienes cometan delitos de corrupción.
García Chávez no era
solamente secretario particular del gobernador, sino suplente del senador
Manuel Cota, quien fuera candidato del PRI a la gubernatura.
Cuando Cota pidió licencia a
principios de este año para convertirse en candidato, García Chávez dejó el
Tribunal de Justicia Administrativa para incorporarse al Senado.
En abril pasado, mientras
García Chávez era senador, en Nayarit estalló un escándalo por la revelación de
un audio donde se escucha al hoy exrector de la Universidad Tecnológica,
Alejandro Fonseca Díaz, decir que García Chávez financiaba campañas políticas a
cambio de quedarse con obras públicas y, además, que era prestanombres del
exfiscal Veytia.
Nada pasó. Desde el Senado,
García Chávez negó las acusaciones; y Roberto Sandoval, el gobernador, corrió
al rector de la UT y ordenó una investigación en su contra.
El 21 de junio pasado, Cota
volvió a su escaño, con lo que el magistrado pudo regresar al Tribunal.
Raymundo García Chávez fue nombrado magistrado por 10 años, por lo que estará
hasta el 2026 juzgando delitos de corrupción.
Otro ejemplo es el Estado de
México, donde en la nueva Ley quedó establecido que el nombramiento de los
magistrados que castigarán los delitos de corrupción serán nombrados por el
gobernador y solo se requiere la aprobación del Congreso local.
Los magistrados Gerardo Lara
García, Rafael González Oses, Teresa de Jesús Martínez Ibáñez, América
Elizabeth Trejo de la Luz, Claudio Gorostieta Cedilla, Arlem Siu Jaime Merlos y
Lydia Elizalde Mendoza, fueron nombrados recientemente por el gobernador y
aprobados por el Congreso.
Sin embargo, de ellos, al
menos Gerardo Lara, América Trejo y Rafael González han trabajado muy de cerca
a los gobiernos priistas.
En la entidad mexiquense, el
fiscal anticorrupción será nombrado por el fiscal general del estado –que es
nombrado por el gobernador-. Para la designación, solo tiene que dar vista al
Congreso local, que tendrá 10 días hábiles para impugnarlo… pero debe hacerlo
con las dos terceras partes de los votos.
Y esa designación ha caído en
un ex funcionario de la Presidencia de la República en el sexenio de Enrique
Peña Nieto.
Se trata de José de la Luz
Díaz Correa, un abogado que en una parte de este sexenio trabajó como titular
del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la
República.
En Sonora, en donde la
gobernadora priista Claudia Pavlovich ha tenido como bandera de gobierno el
combate a la corrupción y cuyas investigaciones han llevado al exgobernador
Guillermo Padrés a prisión, también hubo un escándalo por el nombramiento de funcionarios
anticorrupción cercanos al PRI.
Al inicio de su mandato, en
2015, la gobernadora Pavlovich creó la Fiscalía Anticorrupción y, desde ahí
comenzaron a realizarse las investigaciones contra funcionarios de la
administración anterior. Al frente de ella fue nombrado Odracir Espinosa
Valdez, quien admitió abiertamente que era militante del PRI.
Ahora, con el cambio en las
leyes estatales para crear el SAE, Odracir Espinosa fue ratificado al frente de
la Fiscalía a pesar del rechazo del PAN.
En la nueva ley
anticorrupción estatal también quedó establecido que la gobernadora propondría
a los tres magistrados que juzgarán los delitos de corrupción y solo requeriría
la aprobación del Congreso.
Los magistrados ya han sido
nombrados y uno de los tres que ya se encuentran en funciones fue no solo
funcionario federal, sino secretario dentro del PRI local.
Es decir, uno de los jueces
que impartirá justicia contra la corrupción en Sonora ha sido abiertamente
priista.
Se trata de Ricardo García
Sánchez, cuyo cargo anterior era delegado de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social en Sonora.
Pero antes trabajó como
presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI estatal; y fue
coordinador de asesores de la bancada del PRI en el Congreso local.
(REPORTE INDIGO/IMELDA GARCÍA/LUNES 17 DE JULIO DE
2017)
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