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El nuevo grupo transportista
autonombrado “Sitio 17 de Marzo” lo integran varios voceros de la Alianza de
Organizaciones por la Justicia Social que ahora quieren operar taxis, aunque no
cuentan con permisos ni concesión
Los jornaleros del Valle de
San Quintín vuelven a ser protagonistas de un conflicto. Pero ahora no desde
los surcos de los campos agrícolas, sino atrás del volante de sus vehículos,
convertidos estos en taxis de la noche a la mañana.
Desde mediados de mayo del
presente año, una flotilla de ocho taxis blancos, irrumpieron las calles y terracerías de la
delegación Vicente Guerrero. Denominados “Sitio 17 de Marzo”, en su primer día
de operaciones, los emergentes taxistas hasta ofrecieron el 50 por ciento de
descuento a los pasajeros de las rutas Las Misiones, Santa Fe, Playitas, Lomas
San Ramón, 13 de Mayo y Emiliano Zapata. Colonias que fueron escenario de
violencia y represión en 2015, en la rebelión de los trabajadores del campo.
Incluso, su paradero lo
establecieron en Las Misiones, muy cerca de la Comandancia de Policía que
rebeldes y vándalos quemaron durante su enfrentamiento con las autoridades y de
la calle donde “El Tiburón”, camión de ataque de la Policía Estatal Preventiva
(PEP) fue destruida y siniestrada por los colonos de la comunidad “Triqui”.
El nuevo -autonombrado- grupo
transportista está conformado por varios voceros de la Alianza de
Organizaciones por la Justicia Social, precisamente quienes encabezaron el
movimiento jornalero y pusieron en jaque a las autoridades de los tres niveles
de gobierno y quienes ahora exigen se les permita operar los taxis, aunque no
cuentan con permisos ni concesión.
Fidel Sánchez, líder de la
Alianza, otra vez funge como vocero ahora del grupo de taxistas, entre los que
se encuentran están sus compañeros Juan Hernández, Juan Martínez, Bonifacio
Martínez, Marcelino Cruz, entre otros. Con el pasar de los días, su parque
vehicular creció a una docena de taxis, sin placas la mayoría de los autos y
con anuncios pintados con aerosol.
Los voceros de la Alianza
argumentaron que su giro de jornaleros a taxistas se dio primeramente por la
escases de trabajo en los campos y, sobre todo,
por la necesidad de que sus jornaleros cuenten con un transporte más
eficiente y barato, pues les cobran menos, además de acercarlos más a sus
moradas, pues regularmente los camiones los dejan a orilla de carretera, lo que
implica caminar hasta un kilómetro.
Lo que no se hizo esperar fue
la protesta de los transportistas regularizados, afiliados a la Confederación
Obrera Revolucionaria (COR) y por ende, de las simpatías del Gobierno Municipal
priista, encabezado otrora por Gilberto Hirata y hoy por Marco Novelo. Alegaron
los transportistas establecidos competencia desleal por parte de los “taxis
blancos” y exigieron a la autoridad municipal todo el peso de la ley sobre los
“piratas”.
A finales de mayo, Fidel
Sánchez y sus compañeros sostuvieron
reuniones con diversas instancias de gobierno, tales como la Unidad
Municipal del Transporte (UMT) y la subsecretaría del Gobierno del Estado en
San Quintín, con el afán de que se les autorizarán placas para ofrecer el
servicio. Se les advirtió que eso no era posible, en tanto pasaran antes por
los procesos de factibilidad y autorizaciones correspondientes. “Mientras
tanto, los vehículos no deben estar en circulación”, se les advirtió.
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Pero desacataron la
advertencia y el 6 de junio salieron a la circulación seis taxis conducidos por
Ezequiel, Eugenio, Pedro, Marcelino, Cirilo y Hermenegildo, todos miembros del
“Sitio 17 de Marzo”, llamados así en alusión al día en que los jornaleros se
levantaron en protesta contra las empresas agrícolas.
Por otra, los transportistas
establecidos, liderados por Jesús Núñez Santiago, secretario general de
Transporte de la COR; Aristeo Salvador Gracida, presidente de la Sociedad
Transportista “Fernando Amilpa”; Ricardo López del transporte federal; Pedro
Castro de los taxis Vicente Guerrero; Agustín Castro de Taxis Blancos; y
Meligardo Flores, de la Asociación de Taxis Libres, empezaron a amagar a las
autoridades municipales para “sacar fuera” a las unidades ilegales, amenazas
que terminaron con la toma de las oficinas de la UMT, en San Quintín.
Cuando a Fidel Sánchez se le
cuestionó si estaba consciente de que los taxis de sus representados eran
ilegales, respondió con estilo irónico: “Por supuesto que lo sé, pero yo
pregunto, ¿alguien está operando de manera legal en Ensenada? ¡Pues no!”.
EN MEDIO DE DOS FUEGOS
“En San Quintín hay matazón
diaria y los policías no hacen nada para detener esto, pero sí vienen a detener
a estos muchachos -los taxistas- que sólo quieren trabajar y ayudar a su
comunidad”, protestó Fidel Sánchez tras los actos de represión y sometimiento
de los que fueron víctimas por parte de elementos de Seguridad Pública
Municipal e inspectores de la UMT.
El 14 de junio, los taxistas
fueron sacados de circulación y se les decomisó varios vehículos, para ello,
fue necesario hacer uso de violencia. Al final hubo detenidos. En los
siguientes días se colapsó el transporte de Valle de San Quintín, pues mientas
los jornaleros bloquearon por varias horas la Carretera Transpeninsular, los
transportistas regularizados tomaron las oficinas de la UMT.
Nuevamente se armó el
zafarrancho el 3 de julio, cuando los “taxis blancos” de los jornaleros
volvieron a salir a la calle y a cerraron la carretera, aunque estos
argumentaron que lo estaban haciendo para reparar los baches de la vialidad, se
aseguró con lujo de violencia a otros once choferes, incluyendo a Juan
Hernández, hijo de uno de los principales voceros de la Alianza.
Al día siguiente, los líderes
Fidel y Bonifacio encabezaron un comitiva de 40 personas que “le cayeron” al
Ayuntamiento de Ensenada, exigiendo ser recibidos por el presidente municipal
Novelo. El alcalde no les dio la cara.
Iván Barbosa, secretario de
Gobierno, aseguró que el alcalde sí está atendiendo el problema y que incluso,
dio instrucciones al delegado de San Quintín para recibir los documentos de
todos aquellos interesados en obtener un permiso o concesión, dijo que la
autoridad municipal está en toda la disposición de asesorar y guiar a los
interesados en cumplir toda la tramitología, pero con la prioridad de que sea
apegado a legalidad: “Porque si no al rato todo el mundo va a querer hacer lo
que están haciendo ellos y no lo podemos permitir”.
Fidel Sánchez dice que en
realidad el Gobierno Municipal no quiere darles las placas, pero sí está
pensando en seguir privilegiando a los transportistas de siempre, como las dos
familias que dominan las rutas del Valle de San Quintín, las líneas donde el
mismo director de la UMT José Felipe Romero Guzmán tiene intereses, o las de
Raúl Carrillo, al que Novelo muy pronto le entregará más de 130 permisos más,
mientras que a ellos les han negado solamente 10.
Sánchez aclara que la Alianza
de Organizaciones no tiene intereses en el negocio de los taxis, pues su papel
de reclamo social no se centra nada más en las condiciones del campo, sino en
la seguridad pública, la aplicación de los programas sociales y la justicia en
el Valle, en general.
Información extraoficial
obtenida por ZETA, refiere que Fidel Sánchez es propietario de dos taxis, otros
dos pertenecen a Bonifacio Martínez y Juan Hernández, también de los
principales voceros de la Alianza. Sánchez lo niega: “¡No!, ojalá me dieran
permiso para ver si puedo competir con José Felipe Romero Guzmán, meter 335
unidades y meter a mi familia. Tan sólo para comprar vehículo “chocolate” hay
que invertir de 15 mil a 20 mil pesos para seguir viviendo. Vean cómo estoy en
comparación al 2015, la lucha de los verdaderos luchadores sociales es que nos
desgastamos y no nos quedamos con nada”, manifestó con un semblante demacrado.
“Que retiren a ese transporte
pirata, es todo lo que pedimos, nos perjudica en nuestro patrimonio, ya que
nosotros trabajamos legalmente, con permiso y con concesión, con revisiones
mecánicas y con la tarifa que el Cabildo nos autoriza. No le faltamos el
respeto a nadie”, expuso por su parte Meligardo Flores de la Asociación de
Taxis Libres, y señalado como otros de los privilegiados por los gobiernos
priista.
Flores dijo que el Gobierno
Municipal debe tomar el asunto con más seriedad, actuar con energía y no
tolerar a los revoltosos ni complacerlos nada más por presiones políticas.
Barboza, secretario de Gobierno, negó que vayan a ceder a las presiones de los
aliancistas de los “taxis blancos”, pese a la actitud amenazante que han
mantenido aquellos.
Romero Guzmán, director de la
UMT, también concesionario de algunas unidades e hijo de la regidora Rosa
Guzmán Agúndez, insistió que la autoridad va actuar con legalidad, pensando en
el bien de los ciudadanos en general y no en los transportistas de uno u otro
bando, por lo que se buscará llegar a un acuerdo, sobre todo en una zona como
San Quintín, “donde nadie quiere un problema social, ya lo que la gente menos
quiere son pleitos y grescas”.
Pero la mafia transportista
no quiere ni acuerdos, ni dictámenes que deriven en nuevos permisos, no para
los jornaleros: “Desde ahorita les decimos que un estudio técnico de viabilidad
de más rutas va a ser negativo, porque se encuentra saturada la zona sur del
municipio, no necesitamos estudios, en el bolsillo lo palpo, no llevo el
sustento suficiente a mi familia”, afirmó Gracida de la COR.
Enfatizó que llevan 50 años
prestando el servicio, apegados al Reglamento y la Normatividad, y que el
mensaje es muy claro para el Gobierno Municipal: “No queremos más saturación
del transporte, menos de quienes están en la ilegalidad”.
Fidel dice que tampoco ellos
necesitan estudios de factibilidad, más que la expresión verbal de los
pobladores de San Quintín que exigen más transporte. Considera que el gobierno
de Marco Novelo no actúa porque son más fuertes sus intereses con los gremios
transportistas y que finalmente está coartándoles sus derechos constitucionales
al libre trabajo.
Dice que, mientras en los
taxis blancos “Sitio 17 de Marzo”, cada chofer es dueño de su unidad, los de la
CROC y demás gremios sí son empresarios, toda vez que uno solo de ellos tienen
hasta 300 permisos, “por eso se sienten afectados”.
Reprochó que en varias
ocasiones el delegado de Gobernación en el estado les ha gestionado una
entrevista con el presidente Novelo, pero éste se ha negado a recibirlos: “Nos deja
un mensaje muy claro, que la CROC y el alcalde pertenecen al mismo partido en
el poder”.
Advirtió que no solamente no
van a cejar en su protesta para obtener los permisos para la operación de 15
taxis en total, sino que solicitarán la posibilidad de recibir créditos para
poder obtener unidades tal como lo exige
el Reglamento de Transporte. Si vuelven a bloquear carreteras o a manifestarse
ruidosamente, dijo que no dependerá de ellos, sino de las autoridades, el
alcalde Novelo y el director de la UMT.
De lo contrario, “seguramente
el pueblo que respalda a este grupo ´Sitio 17 de Marzo´ tomará acciones”.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / JUAN CARLOS
DOMÍNGUEZ/ LUNES, 17 JULIO, 2017 12:00 PM)
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