ALEJANDRO CALVILLO. Víctima de acoso y
amenaza de muerte.
ESPIONAJE EVIDENCIADO
Activistas sociales e
investigadores académicos que promueven leyes para grabar impuestos a las
empresas refresqueras y de alimentos chatarra en el país a las que señalan como responsables de la proliferación
de enfermedades como diabetes, cáncer e hipertensión, son vigilados y
amenazados por el Gobierno de México que se ha puesto al servicio de estas
firmas trasnacionales y sus filiales locales, acusadas de orquestar una campaña
de cabildeo perverso y hostigamiento
contra lo que cuestione sus intereses.
Al señalar esto, el director
de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo Unna, afirmó que “el acoso
y hostigamiento es tal que ese
contubernio abierto entre el Gobierno y las instituciones mexicanas con los
intereses económicos de la industria nacional y trasnacional ha puesto en un
estado de indefensión a los activistas y defensores de los derechos sociales,
porque instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos actúan como
sujetos incondicionales a los lineamientos del Estado y no resuelven, soslayan
las quejas sobre violaciones que sufren los mexicanos en sus derechos”.
El activista asegura que el
hostigamiento, que va desde el espionaje telefónico hasta amenazas muy claras
de muerte, se hace muy evidente a partir de las intenciones de imponer en
México un impuesto significativo a las
bebidas azucaradas, razón por la cual se ha desplazado toda la “artillería” de
las refresqueras para bloquearlo por
todas las vías, incluidos los grandes medios electrónicos e impresos, que
pretenden evidenciar la seriedad de organismos civiles que operan como
contrapeso al consumo de alimentos y productos chatarra.
Para Alejandro Calvillo está
muy claro que en su experiencia, quien establece esa estrategia de acoso es la
empresa Coca cola, a través de ConMéxico, la Asociación Nacional de Productores
de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) y FEMSA —una filial de Coca cola—,
que presionan a las autoridades mexicanas para vigilar, espiar y amenazar a los
representantes de organizaciones civiles para obligarles a desistir en sus
esfuerzos por frenar el consumo de
refrescos y productos chatarra que son
causa de muerte de miles de mexicanos en la actualidad.
EX FUNCIONARIO, AHORA DEFENSOR DE COCA-COLA
Se sabe que FEMSA, una
multinacional refresquera mexicana filial de la Coca-cola y uno de los
principales enemigos en las campañas
promovidas por El Poder del Consumidor,
tiene a su servicio y como el principal operador de estas estrategias de
ataque a Genaro Borrego, ex presidente nacional del PRI y quien en años
recientes se desempeñó como Director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), institución responsable de la salud de un
amplio sector de la población mexicana.
Calvillo, quien también es
activista de GreenPeace en México, destaca que desde julio que empieza a
discutirse la política de ingresos y egresos en Hacienda, los representantes de
El Poder del Consumidor así como investigadores y académicos del Instituto
Nacional de Salud Pública y otros organismos civiles, empiezan a recibir
ataques de algunos columnistas por televisión y medios impresos.
ESPIONAJE Y AMENAZAS
El 11 de febrero pasado, el
Citizen Lab de la Universidad de Toronto publicó su más reciente reporte
llamado “Bitter Sweet”, donde documentó el uso de la solución Pegasus de la
firma israelí NSO Group para espiar al investigador Simón Barquera del
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director
general de la organización El Poder del Consumidor; y Luis Encarnación,
coordinador de la Coalición ContraPESO, quienes impulsaron el impuesto a las
bebidas azucaradas.
El equipo de El Poder del Consumidor
no tiene duda. El espionaje por parte del Gobierno Federal está muy evidenciado
de tal forma que semanas atrás de que surgiera el tema del “spiware”, a dos
ejecutivas de la ONG que se encargan de las estrategias de comunicación, les
extrajeron sus equipos de cómputo de sus vehículos y a todo el equipo se les
vino una avalancha de mensajes electrónicos para infiltrarse en los teléfonos
móviles.
Se percataron del espionaje
porque tenían dos años recibiendo asesoría de “Social Tec” empresa que junto
con Citizen Lab” han dado seguimiento y asesoría técnica en el tema de
espionaje a periodistas y defensores de
los derechos humanos en México y que les ha apoyado en la aplicación de
protocolos para protegerse de mensajes infectados.
Así, cuando Alejandro
Calvillo recibió el mensaje electrónico que le advertía sobre una nota
periodística que lo cita en la revista Proceso y que se ha vuelto virulenta en
las redes, de inmediato percata que otros de sus compañeros lo han recibido y
de forma masiva. Se toman imágenes de estos mensajes y se envían al laboratorio
de Citizen Lav, donde se comprueba que sus teléfonos fueron interceptados.
A esto se suman los ataques
vertidos en material videográfico donde se hacen explícitas amenazas anónimas
en el mismo sentido.
“Es muy grave viniendo del
Gobierno porque no solamente evidencian una práctica totalmente ilegal, sino
que los textos incluían amenazas intimidatorias. La primera vez que presioné el
link que me advertía sobre la nota de Proceso, me llevó a la página de la
Funeraria Gayossso. Y esto fue en julio pasado, justo cuando había una
confrontación con las empresas refresqueras por aumentar a dos pesos por litro
el impuesto a las bebidas”.
En su opinión, este proceder
de espiar al equipo de El Poder del Consumidor, al académico e investigador
Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública y a Luis Manuel Encarnación, de la Red de
Organizaciones ContraPeso, atenta contra el bienestar colectivo porque detrás
de este acto ilegal, el Gobierno Mexicano busca poner trabas a la sociedad
civil nacional e internacional que exige una reducción en el consumo de
productos chatarra porque está ocasionando una epidemia global de obesidad y
diabetes que son la principal causa de muerte en México y muchos otros países.
Alejandro Calvillo explica
que promovieron el impuesto a las bebidas “chatarra” porque el 70 por ciento
del azúcar que se consume en México proviene de las bebidas azucaradas y es
algo que tiene que atacarse. Previo a este gravamen se desencadenó una campaña
argumentando que el impuesto no servía: que impactaría en una pérdida masiva de
empleos y que los afectados serían la gran masa de pobres que son los
principales consumidores.
EMPRESAS ACOSADORAS
Entre la lista de enemigos
del gravamen a las refresqueras estaban poderosas firmas multinacionales de
relaciones públicas, entre estas Burson- Marstellers, una empresa estadunidense
de Relaciones Públicas, de las más importantes del mundo, que ofrece servicios
de manejo de crisis, relación con medios, entrenamiento de voceros,
comunicación interna y estrategia digital.
Se sabe que en las décadas de
1970 y 1980, esta compañía organizó la campaña de la dictadura militar
argentina (1976-1983) destinada a impedir las denuncias internacionales por
violaciones a los derechos humanos y habría sido la autora del conocido eslogan
pro-dictatorial «los argentinos somos derechos y humanos», según se consigna en
Wikipedia.
En el libro La Doctrina del
Shock, la escritora y activista
canadiense Naomi Klein, comenta que Víctor Emmanuel, el ejecutivo de
Burson-Marsteller que estaba a cargo de vender al mundo el nuevo régimen
favorable a las empresas de la junta de Argentina, le contó a un investigador
que la violencia era necesaria para abrir la economía “proteccionista,
estatista” de Argentina.
(RIODOCE/ FRANCISCO SARABIA/CIUDAD DE MÉXICO/ 17 JULIO, 2017)
No hay comentarios:
Publicar un comentario