Ambos mandatarios llegaron a esas gubernatura bajo las
siglas del PRD. El ex mandatario de Guerrero dejó el partido y el cargo tras la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y al actual titular del
Ejecutivo de Morelos se le ve como un personaje cercano al PRI y al Gobierno de
Enrique Peña Nieto.
Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, aseguró este
lunes que el nombramiento del hermano no salió de su dependencia, sino se
dieron por la recomendación directa del Gobierno de Morelos.
Ciudad de México, 17 de julio
(SinEmbargo).– La tragedia del Paso Exprés no sólo puso de manifiesto prácticas
recurrentes en la construcción de obra pública: recursos millonarios sin
justificar, obras a medio terminar y con costos sumamente mayores que el
presupuestado en un inicio, ahora también nombramientos que muestran nepotismo
y perfiles no adecuados para los cargos salen a relucir.
El hasta hace unos días
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Morelos, José
Luis Alarcón Ezeta, tiene entre sus empleos previos el sector de la energía
renovable y los residuos sólidos, así como un puesto directivo en el
corporativo de enseñanza del idioma inglés en Harmon Hall.
Él sustituyó en el cargo a
Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del ex Gobernador Ángel Heladio Aguirre
Rivero, quien estuvo preso por el desvío de más de 280 millones de pesos del
erario federal y estatal. Aunque meses después fue absuelto por falta de
pruebas.
Al mismo tiempo, Jaime
Francisco Ramírez Garrido, hermano del actual Gobernador de Morelos, fue
designado como delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en la
delegación de Guerrero.
Cuestionado al respecto esta
mañana en Televisa, el titular de la SCT Gerardo Ruiz Esparza le echó la pelota
a Graco Ramírez. Aseguró que estos nombramientos se dieron así, con el visto
bueno del Gobernador de Morelos:
“Me llama la atención el
punto de vista de el gobierno local, los dos fueron propuestos, insistentemente
y al nivel más alto, por parte del Gobernador del estado y del gobierno local,
por eso estuvieron ahí, por la gestión del propio gobierno […]. Al inicio
cumplían con los requerimientos para ocupar poder el cargo, fueron designados
efectivamente por la SCT, pero fueron designados por recomendación del Gobierno
local los dos delegados a los que la SCT no conocía si no fue por el Gobierno
local”.
***
LOS HERMANOS Y EL DELEGADO INCÓMODOS
Jaime Francisco Ramírez
Garrido, quien tiene formación en Administración de Empresas, aparece con una
plaza en el Instituto Nacional de Migración como Delegado Federal en Guerrero y
en el puesto de Dirección General Adjunta, donde goza de un sueldo de 113 mil
588 pesos mensuales, ayuda para despensa, apoyo económico para pagar su
celular, entre otras prestaciones.
Antes estuvo en Aeropuertos y
Servicios Auxiliares (ASA), luego en la Comisión Federal de Electricidad y
finalmente en el Departamento del Distrito Federal en la Delegación Iztapalapa.
Luego saltó al INM en la
delegación regional de Guerrero, que dejó para trabajar en el Ayuntamiento de
Cuautla, Morelos, en la Dirección de Planeación.
Pasó de ahí al Gobierno de
Estado de Michoacán donde fungió como asesor de 2004 a 2008.
En su declaración de
intereses no coloca la información referente a su hermano.
Carlos Mateo Aguirre Rivero,
tiene tres declaraciones en el Catálogo de Servidores Públicos dentro de la la
SCT, una inicial, una modificación y una conclusión, pero las tres contienen lo
mismo.
La primera es de 2013, en
ella está como Director General en la SCT de Morelos. De acuerdo con el documento
es Ingeniero Mecánico egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Su experiencia laboral inició
en 1988 en Servicios Estatales de Salud; pasó de 1997 a 1999 al Comité
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) dependiente
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y luego, de 2011 a 2012, fue
Coordinador General del Ejecutivo Estatal y del Comité de Planeación del
Gobierno del Estado de Guerrero.
No aceptó declarar sus bienes
patrimoniales ni tampoco publicó sus posibles conflictos de interés.
Sin embargo, en 2015 se le
acusó del desvío de 287 millones 012 mil 594 pesos de dinero federal y estatal
a través de un contrato de obra pública y de cuentas bancarias, causas por la
que fue retenido en el Reclusorio Preventivo Sur, pero fue puesto en libertad
porque la PGR no encontró pruebas que lo declararan culpable.
José Luis Alarcón Ezeta, el delegado que
sustituyó al hermano de Aguirre Rivero. Foto: Especial
José Luis Alarcón Ezeta fue
quien sustituyó a Aguirre Ribero al frente de la SCT en Morelos. En ese puesto
goza con un salario mensual de 119 mil 670 pesos, un seguro básico, de retiro y
de separación. También goza de prima vacacional, de antigüedad, gratificación
de fin de año, pagas de defunción, ayuda par despensa, vacaciones, IMSS, Infonavit,
Ahorro solidario y vehículo.
De acuerdo con su última
declaración –que subió apenas en mayo de este año–, es Ingeniero Civil por la
Universidad Iberomericana y es maestro en Energía, Tecnologías del medio
ambiente por la City University London.
Declaró haber tenido tres
puestos. En el primero, de 1993 a 2001 fungió como Analista de precios y
Supervisor en GIPC Constructores.
Luego, de 2001 a 2010, fue el
Director General, Director Administración y Director de Imagen Corporativa en
Harmon Hall.
Dice que su función principal
ahí fue la implementación de un nuevo modelo operacional y el plan de negocios
en 120 unidades de franquicias.
El último puesto lo tuvo de
2012 a 2014 en Cava Energía /Acurate-Capital, donde fue Asesor de
Negociaciones, Energía Renovable y Residuos Sólidos.
A pesar de la naturaleza de
sus tres empleos declarados, decidió no hacer pública su declaración de
conflicto de intereses.
Tampoco la de bienes
patrimoniales.
EL SECRETARIO INTOCABLES Y EL SOCAVÓN
La tragedia ocurrida en el
Paso Exprés puso bajo la lupa al Secretario de Comunicaciones y Transportes,
quien ha acompañado a Enrique Peña Nieto desde que era Gobernador del Estado de
México.
Ruiz Esparza también está
envuelto en los escándalos por presunta corrupción de la constructora OHL
México, y en la cancelación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, cuya
concesión era de una filial de Grupo Higa, recordada por la “casa blanca”.
Dos personas murieron por la
madrugada del pasado 12 de julio. Juan Mena Romero, de 33 años, y Juan Mena
Ruiz, de 65. De acuerdo con los peritajes citados por medios de comunicación,
padre e hijo murieron por asfixia luego de que el auto en el que viajaban quedara
atrapado en la falla de la carretera y no de manera inmediata por el impacto
del auto.
Ruiz Esparza culpó a las
lluvias de los últimos días por el enorme hueco que se abrió en la vía de
Cuernavaca, Morelos.
Las criticas cayeron de
inmediato en contra del funcionario, pues hace apenas tres meses junto al
Presidente Enrique Peña Nieto lo presumieron con videos de recorridos en
helicóptero y auto, aunque no es una vía nueva pues sólo se le amplió de 21 a
36 metros de ancho en 14.5 kilómetros para albergar 10 carriles. Se cambió de
asfalto a concreto hidráulico, material que garantizaba “una durabilidad de más
de 40 años”, en palabras de la Secretaría de Comunicación y Transportes.
Ruiz Esparza ha negado en
reiteradas ocasiones que no renunciará a menos que el Presidente se lo pida.
Aunque los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) lo exigieron e incluso ya interpusieron demandas
penales en contra de él.
PAN, PRD y Morena exigen que Ruiz
Esparza se vaya de la SCT, y se le abra una investigación judicial
Las criticas arreciaron
posteriormente cuando Ruiz Esparza dijo que la familia Mena había sido
indemnizada por el “mal rato que pasaron”. El Presidente sólo se ha limitado a
decir que no hará “juicios anticipados” sobre la tragedia.
Los Gobierno de Morelos,
Protección Civil estatal y de Chipitlán alertaron previamente sobre los
desperfectos en la vía, pero fueron ignorados.
La obra en sí es un
escándalo. El año pasado la Auditoria Superior de la Federación advirtió, en su
revisión de la Cuenta Pública de 2015, irregularidades por alrededor de 300
millones de pesos en el Paso Exprés. Para esta obra existía la posibilidad de
que la SCT recuperara 270.5 millones de pesos y debía aclarar en que usó otros
31.8 millones de pesos.
Además, el precio se duplicó
al pasar de mil 045 millones de pesos a 2 mil 200 millones de pesos y se
inauguró con cuatro meses de retraso.
“Si con auditorías se detecta
que hubo en algún momento una falla, omisión o no hubo suficiente diligencia o
eficiencia, se tendrá que actuar en consecuencia”, aseguró el Secretario de
Comunicaciones y Transportes hace unos días cuando intentaba controlar el
escándalo.
(SIN EMBARGO.MX/ DANIELA BARRAGÁN/ JULIO 17, 2017,8:00
PM)
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