Este 12 de enero se
cumplieron cinco años del desplazamiento de cientos de habitantes de comunidades
ubicadas en la zona serrana del municipio de Sinaloa. Familiares de Ocurahui,
San José de los Hornos, El Pilar y otras, andan desde entonces como judíos
errantes, de casa en casa, de pueblo en pueblo, o cambiándose de ciudad, luego
de haber sido amenazados de muerte si se quedaban en sus viviendas, y ahora
solo tienen una seguridad: no pueden regresar.
“Nos encontramos con la total
indolencia e indiferencia del gobierno. Pensábamos que al presentar nuestro
problema ante las autoridades, íbamos a tener el apoyo. Que interviniera el
Ejército, nos acompañara a nuestras comunidades, nos resguardaran para poder
volver, pero no”, dijo Esperanza Lugo, una de las desplazadas de esta región,
quien actualmente vive en Guamúchil y ha sido amenazada de muerte al menos en
dos ocasiones.
El ex gobernador Mario López
Valdez, agregó, no hizo nada, a pesar de que le informaron sobre los
desplazados y los problemas que tenían, se negó a atenderlos y a instrumentar
políticas públicas que permitieran enfrentar los desplazamientos.
Dijo que en estos cerca de
cinco años de violencia y familias que han tenido que dejar sus viviendas,
suman cerca de 35 mil personas afectadas por este fenómeno en la entidad, sin
que nadie haga nada. El caso más reciente fue en poblaciones como Huixiopa, en
el municipio de Badiraguato, pero suman 11 o 12 los municipios con
desplazamientos de este tipo.
Muchos de los desplazados
huyeron de sus comunidades y tuvieron que caminar varios días entre el monte,
escondidos de los agresores, y ahora viven en zonas urbanas y comunidades
lejanas, dentro y fuera de Sinaloa. Algunos se dedicaron al campo, como jornaleros,
otros se emplearon como pepenadores de basura —en Culiacán—, limpian casas
ajenas o hacen tamales o pan para vender.
En este lapso, pero sobre
todo de 2012 a 2013, fueron asesinadas alrededor de 50 personas, muchas de
ellas tenían su domicilio en la zona serrana del municipio de Sinaloa.
“Se les está apoyando a la
gente que está arriba, con proyectos productivos y recursos, cosa que hemos
pedido nosotros y no nos los han dado. La diferencia es que esos que están
recibiendo los apoyos son los responsables de nuestro desplazamiento y el
gobierno lo sabe perfectamente, sabe quiénes son”.
A pesar de tanto tiempo
transcurrido, lamentó Lugo, “nos sentimos más vulnerables y desamparados que
nunca. Ya no tenemos a qué regresar, no tenemos nada qué rescatar y nuestras
casas se están cayendo o están en manos de esta gente que nos expulsó”.
Estos casos ya fueron
denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el
gobierno federal no ha respondido. Señaló que al mandatario Quirino Ordaz Coppel
lo abordó en Guamúchil, cuando era candidato a gobernador, y les prometió
atenderlos y respaldarlos.
“Necesitamos que el problema
se reconozca, sobre todo, y que no siga sucediendo, porque nosotros los
afectados sabemos que es un martirio, una situación muy dolorosa. Soy una
extranjera en mi propia tierra”.
—Quirino no ha mencionado el
tema de los desplazados ni en campaña ni en su toma de protesta.
—Lo abordamos cuando vino a
Guamúchil, le planteamos el problema. Le pedimos que nos ayudara de llegar a la
gubernatura. Que el problema se reconociera, y prometió que así sería y
esperamos que cumpla. Y es que reconocer el problema significaría llevar a cabo
políticas de apoyo, que el Estado de derecho ha sido rebasado, que estamos en
una guerra interna en el país, porque no es solo Sinaloa, hay varios estados en
la misma situación: Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León,
Morelos, Jalisco, y otras.
RECUENTO DE PÉRDIDAS
Ella es madre de una niña y
ahora está embarazada. Vivó allá, en Ocurahui, luego se vino a la ciudad a
estudiar y regresó a su tierra, a trabajar. En eso estaba, en esa vida apacible
y fresca, de patios grandes y árboles añejos, cuando fueron amenazados: tenían
que irse de sus casas porque dos bandos del crimen organizado se enfrentarían a
balazos y ellos quedarían en medio. Los “invitaron” a sumarse a uno de los
bandos pero ellos se negaron. Sus vidas estaban en peligro, por eso optaron por
buscar refugio en otra comunidad o en la ciudad.
“En estos cinco años la
mayoría de los desplazados hemos tenido solo pérdidas. Tenemos un balance muy
adverso. Los que teníamos nuestra propiedad, el trabajo, dinero en el banco… ya
todo se terminó y hasta los carros vendimos. Ahora sufrimos muchas
dificultades, y perdimos familiares y amistades, porque fueron asesinados o
murieron accidentados, y eso no puede compensarse”.
Tiene alrededor de 35 años y
es madre de familia. Cuando regresó a su pueblo, después de estudiar, sintió el
orgullo de aplicar sus conocimientos en beneficio de la gente, sus vecinos.
Pero tuvo que irse de ahí, porque su vida estaba en peligro.
—¿Qué le dices a la
autoridad?
—Que volteen a vernos, se
pongan en nuestro lugar y piensen qué harían si se tienen que salir de su casa
solo con lo que traen puesto, sin poder llevarse nada, ante la amenaza de
perder su familia, su vida… irse a un lugar dónde nadie los conoce, sin
oportunidades, a empezar desde cero.
(RIODOCE/ JAVIER VALDEZ / 16 ENERO,
2017)
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