Hay
una dependencia federal en la que no hace el aire. La Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, y Gerardo Ruiz Esparza, su titular inamovible, han sido
señalados desde 2014 como claves entre las decenas de presuntos actos de
corrupción y conflicto de interés en el país. Sus caminos se entrelazan con
empresas y familias que pasaron por la administración peñista en el Estado de
México y que en este sexenio son beneficiarias de jugosos contratos de
infraestructura. Los San Román, Grupo Higa y OHL, por ejemplo.
Las
cifras de los contratos y los proyectos marchaban sobre rieles en los primeros
meses, incluso después de los primeros recortes presupuestales. Pero desde ese
2014 y hasta la fecha, la sospecha merodea. Sospecha por miles de millones de
pesos en una larga trama que involucra a un puñado de empresas multimillonarias.
Esta
semana, un nuevo caso brincó en la SCT. En noviembre pasado adjudicó 466
millones de pesos para ampliar una carretera en Sonora a una constructora
española vinculada a escándalos de corrupción. Esta es la segunda concesión que
la compañía obtiene desde 2014, cuando ganó un contrato de casi 200 millones
para modernizar otra carretera, ahora en Veracruz.
En
2014 se dio a conocer que Jordi Pujol Ferrusola, empresario e hijo del ex
Presidente de la Generalidad de Cataluña, era investigado en España por una
serie de fraudes cometidos en México, caso en el que autoridades y empresarios
mexicanos estaban vinculados.
Ciudad
de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– En los cuatro años del actual
sexenio, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no la ha movido
el aire. Los recortes presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) la obligaron a ajustarse, nada más. Pero los escándalos de
corrupción no hicieron ni una sola mella, y las indagatorias por las
acusaciones de corrupción en proyectos de infraestructura –que vinculan a su
titular, Gerardo Ruiz Esparza; al propio Presidente Enrique Peña Nieto y a la
cúpula política del Estado de México– se han empantanado.
La
ruta de este tren iba bien, sin sobresaltos, desde principios de la
administración. En 2014, Grupo Higa, propiedad del empresario Armando Hinojosa
Cantú, amigo de Peña Nieto y del propio Ruiz Esparza desde los tiempos en que
el actual Presidente fungía como Gobernador del Estado de México –donde fue
beneficiado con contratos estatales–, ganó 900 millones de pesos en licitaciones
con la dependencia federal.
El
Ejecutivo federal había trasladado su
modelo de Gobierno en el Edomex a toda la República y lo hizo, además, con
quienes lo acompañaron, entre otras, en las áreas de finanzas e infraestructura
en su administración mexiquense –como es el caso del Secretario Ruiz Esparza–.
De
acuerdo con los contratos otorgados por la SCT, sucedió lo mismo con empresas
cercanas y afines al grupo peñista: la propia Higa, las compañías de la familia
San Román y la española Obras con Huarte-Lain (OHL), con las que también la
administración peñista trabajó en tierra mexiquense.
Las
tres empresas están, de una forma u otra, ligadas en torno a EPN y al propio
Gerardo Ruiz Esparza, quien fungió como Secretario de Comunicaciones del Estado
de México, de 2005 a 2011, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Durante
la gestión del ahora Primer Mandatario del país se otorgaron recursos públicos
a OHL para adquirir un sistema de barreras móviles, al doble de precio, para el
Viaducto Elevado a una empresa propiedad de Ricardo Arturo San Román Dunne, con
quien el mandatario mexicano sostiene una sólida amistad e incluso un
compadrazgo, reveló en octubre pasado una investigación periodística de
Aristegui Noticias.
De
acuerdo con esa investigación, la amistad del Presidente con los San Roman
inició con la adquisición de una residencia en el club de golf Gran Reserva, en
Ixtapan de la Sal, Estado de México, a Roberto San Román Widerkehr; esa dicha
amistad consolidó cuando el hijo de éste, Roberto San Roman Dunne, apadrinó a
Paulina Peña Pretelini, la hija mayor de Peña Nieto, en su primera comunión.
Al
ser cuestionado sobre su comportamiento y su estrecha relación con las empresas
en cuestión, Gerardo Ruiz Esparza se torna molesto: lo ha negado en vivo y a
través de su cuenta de Twitter [@gruizesp], pero a pesar de ello las
acusaciones continúan y no sólo se relacionan con esas tres empresas y
familias.
Por
ejemplo, apenas en noviembre pasado, la SCT otorgó un contrato por 466 millones
para ampliar un tramo de 31 kilómetros de la carretera federal Estación
Don-Nogales en Sonora, a una constructora española vinculada a escándalos de
corrupción. Antes, ganó otra licitación por 200 millones de pesos para
modernizar la carretera Coatzacoalcos-Veracruz.
Copisa
Constructora Pirenaic, empresa propiedad del catalán Jordu Pujol Ferrusola, es
investigada en España por una serie de fraudes cometidos en México, en los que
empresarios y autoridades de este país están vinculadas.
Pujol
Ferrusola era investigado por haber realizado cobros encubiertos en un proyecto
turístico de México, donde habría invertido un peso pero cobró comisiones por
243 mil euros a través de GBI & Monic Productions, una empresa fantasma; el
cobro lo realizó por un asesoramiento en el proyecto de centro de tratamiento
de residuos situados en Ecatepec, Estado de México, y en las ciudades de
Querétaro, Puerto Vallarta, Acapulco y Ciudad de México.
Polémicas,
dudas por la opacidad y posibles conflictos de interés rodean varias de las
licitaciones de la SCT y mucho información al respecto se ha negado por
transparencia. Esta dependencia sólo gastó un tercio del presupuesto destinado
a la dirección que se encarga de las carreteras del país durante 2015. En
respuesta a una solicitud de información hecha por un legislador de la Cámara
de Diputados, la SCT develó que la Dirección General de Carreteras ejerció mil
059 millones de pesos el año pasado, a pesar de contar con un presupuesto de 3
mil 337 millones de pesos; esto representa una ejecución del 31 por ciento del
total.
UN TREN DE SOSPECHAS Y ERRORES
El inexistente Tren de Alta Velocidad es el estandarte del sexenio, pero no por el orgullo que supuestamente generaría “Mover a México” sobre sus rieles, sino por representar la primera gran pifia del sexenio en materia de infraestructura.
Esta
obra, que no sólo le hubiera ahorrado cuatro horas en viaje redondo a 27 mil
usuarios diarios, o hubiera evitado un desembolso de 5 mil 300 millones de
pesos para ampliar la autopista, se suspendió abruptamente.
El
5 de noviembre, el titular de la SCT anunció al consorcio ganador, que era el
liderado por la empresa China Railway Construction Company, junto con la
Constructora Teya –filial del viejo conocido Grupo Higa–, además de Grupo GIA,
China South Rolling Stok Corporation y GHP Infraestructura Mexicana.
Horas
después de ese anuncio, Gerardo Esparza salió de nuevo ante los medios de
comunicación pero para anunciar que la licitación se cancelaba.
“En
razón de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública, el
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instruyó a reponer la
convocatoria para la construcción del Tren de Alta Velocidad México Querétaro”,
dijo el Secretario.
Esto
sucedió luego de darse a conocer la noticia de que la esposa del Presidente
Peña Nieto, Angélica Rivera Hurtado, era propietaria de una mansión de 86
millones de pesos, en las Lomas de Chapultepec, una de las colonias más
exclusivas de la Ciudad de México. La constructora de esa casa fue ni más ni
menos que Grupo Higa, propiedad de Armando Hinojosa Cantú.
El
29 de enero de 2015, la SCT lanzó de nueva cuenta las bases de licitación para
el tren a Querétaro, pero para ese momento México ya estaba sumido en la
indignación, provocada por las sospechas de un posible conflicto de intereses
que tenía como actor principal al Presidente y a Angélica Rivera Hurtado, su
esposa.
Aquél
día, con la cancelación del proyecto, también se fueron al vacío 20 mil empleos
directos y 41 mil indirectos.
Hoy,
de eso ya no hay nada: sólo quedó una relación raspada con China y un plan de
trenes para “Mover a México” en el olvido.
La
otra historia, conocida a nivel nacional e internacional, es la de Grupo Higa.
De
acuerdo con un cúmulo de solicitudes de información realizado por la Unidad de
Datos de este diario digital, sólo en 2014 la empresa de Hinojosa Cantú
consiguió 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos por siete contratos
con la SCT.
OHL: DEL EDOMEX AL GOBIERNO FEDERAL
En
la Procuraduría General de la República (PGR) existe una demanda por actos de
corrupción y asociación delictuosa, en contra del titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; el ex Secretario de
Hacienda, Luis Videgaray Caso; el Gobernador del Estado de México, Eruviel
Ávila Villegas, y su Secretario Técnico de Gabinete, Apolinar Mena Vargas, por
haber participado y atestiguado el fraude en la licitación para la construcción
del Viaducto Bicentenario en 2007.
En
este asunto, como en otras más, entra OHL como uno de los grandes casos del
sexenio en materia de presunta corrupción y conflicto de interés.
De
2012 al primer trimestre de 2016, OHL reportó ingresos netos por 60 mil 717
millones de pesos, sólo de ocho concesiones que tiene en el país.
En
octubre de este año, por ejemplo, el segundo piso de la Autopista
México-Puebla, que estuvo a cargo de OHL y Pinfra, reportó ganancias de 93 mil
millones de pesos, derivados de la explotación de tramos carreteros.
Junto
con Rafael Moreno Valle, Gobernador de Puebla, Ruiz Esparza inauguró la obra
que tuvo un costo de 10 mil 500 millones de pesos; la SCT subsidió el proyecto
con 5 mil 500 millones de pesos.
Otro
asunto espinoso es el que involucra a la empresa Infraiber, que presentó una
demanda penal ante la PGR contra el Secretario de Comunicaciones y Transportes,
por autorizar a OHL la ampliación de concesiones de construcción.
El
abogado de la empresa, Paulo Díez Gargari, aseguró que Ruiz Esparza pudo haber
incurrido en delitos por autorizar a OHL, entonces representada por Juan Osuna,
la ampliación por 30 años de la concesión de la autopista Amozoc-Perote y 20
años la del Libramiento de Perote.
La
demanda establece que el titular de la SCT y OHL presentaron información falsa
con la cual justificaban la ampliación de la concesión e incrementos anuales de
6 por ciento a la tarifa.
La
Secretaría de la Función Pública (SFP) no tiene aún los resultados de la
auditoría a los contratos que OHL-México firmó con la SCT y que implican 15 mil
976 millones 193 mil 016 con 99 centavos, un proceso anunciado en 2015.
En
contrataciones a nivel federal –es decir, dependencias y organismos
descentralizados– el alcance de OHL supera los 24 mil 496 millones 543 mil 571
pesos con 16 centavos, de acuerdo con una investigación de la Unidad de Datos
de SinEmbargo a través de mecanismos de Transparencia.
DE TEXCOCO AL CARIBE
Apenas en septiembre de este año entró en vigor un acuerdo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que otorga a Desarrollos de Infraestructura Sustentable Nuevo Chimalhuacán A.C. los derechos para el uso de 150 hectáreas de una zona conocida como “El Moño” o “Los Tlateles”, que colinda con el Circuito Exterior Mexiquense, Texcoco y Chimalhuacán, y es uno de los últimos lugares vacíos en los alrededores de lo que será el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Para
líderes campesinos, quienes por años se han opuesto a la construcción del Nuevo
Aeropuerto por la amenaza que representa para las comunidades y la tierra, ésta
acción federal se traduce en “una burla”.
Adán
Espinoza Rojas, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra,
sostuvo que quizá el Gobierno federal “tuvo que pagar algún favor” y mencionó
una declaración del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz
Esparza, realizada en la Cámara de Diputados respecto a esta donación.
“Él
[Ruiz Esparza], de una forma burlona, se puso como un Santo, pegó las manos al
pecho y dijo: ‘con todo respeto les pido que nos tengan paciencia, ese terreno
es para una zona deportiva y para árboles’. No dijo nada porque no tiene ningún
argumento legal que diga que es su terreno. Es una burla en todo momento y si a
eso se le suman las agresiones, los despojos y las agresiones, nosotros
luchamos con nuestros amparos contra Conagua, el NAICM, decretos, etcétera”,
acusó.
Autoridades
de la paraestatal Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) negaron
retrasos en la construcción del NAICM. Sin embargo, al hacer una comparación
con el cronograma original se muestra un rezago en la licitación de obras
preliminares del proyecto.
Al
finalizar 2015, el presupuesto destinado para esa obra era de 104 mil 396
millones de pesos, sin embargo, al primer trimestre de 2016, la cifra aumentó
en más de 75 mil millones, para quedar en 180 mil 122 millones 684 mil 677
pesos, de los cuales, según los contratos abiertos, hasta el momento sólo se ha
hecho uso del 1.31 por ciento.
El
aumento presupuestal es de 72.53 por ciento.
Esta
cifra ya supera el doble de la inversión que tanto la Presidencia de la
República como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunciaron el 4 de
septiembre de 2014, el día en que presentaron el NAICM, considerado el proyecto
más ambicioso de la administración de Enrique Peña Nieto. Ese día se dijo que
se utilizarían 84 mil 500 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) y 84 mil 500 pesos provendrían del capital privado.
Pero
de acuerdo con el primer Informe Trimestral de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el avance de la obra está en 2.53 por ciento, a casi 18 meses
de haber iniciado la fase de construcción, planeada para 2015-2020.
De
acuerdo con los 20 contratos ubicados en el Portal de Obligaciones de
Transparencia (POT) y de un contrato que figura en la sección de Datos Abiertos
del portal del NAICM, el dinero del que se ha hecho uso hasta el momento son 2
mil 361 pesos 544 mil 193 pesos.
En
noviembre pasado, además, el Senador del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Emilio Gamboa Patrón, viajó en un helicóptero que aterrizó de manera
ilegal en el Área Natural Protegida (ANP) Arrecife Alacranes, frente a la costa
de Yucatán; lo hizo como “pasajero”.
Los
tres hombres a bordo eran el propio Senador Emilio Gamboa, el empresario Emilio
Díaz Castellanos y el coordinador de Puertos y Marina Mercante de la SCT,
Guillermo Ruiz de Teresa.
Por
su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también había comenzado una
investigación; sin embargo, aclaró, que “de confirmarse que se aterrizó
indebidamente, procederá una sanción contra el piloto y a la empresa dueña de
la aeronave”.
La
dependencia federal también confirmó que Ruiz de Teresa viajó en el
helicóptero, “pues se encontraba en una actividad personal, y nos comunicó que
él fue invitado a hacer un recorrido y nunca se imaginó que el piloto iba a
aterrizar en un sitio no autorizado”.
En
tanto, Gerardo Ruiz Esparza negó en su cuenta de Twitter que él también hubiera
hecho el recorrido, como aseguraron algunas versiones.
“Para
interesados: ayer pasé un feliz domingo con mi familia en la CDMX. Desayuné con
todos ellos a las 10 am en Sta Fe”, publicó.
(SINEMBARGO.MX/
DANIELA BARRAGÁN /DICIEMBRE 15, 2016 - 12:05 AM)
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