CIUDAD DE MÉXICO (apro).-
Decenas de organizaciones sociales exigieron a la Procuraduría General de la
República (PGR) la conclusión inmediata de la investigación interna sobre el
caso Ayotzinapa, así como las sanciones correspondientes a funcionarios que
incurrieron en ilegalidades.
En un comunicado las
organizaciones civiles retomaron parte de la información revelada por Proceso
en los números 2090 y 2091, sobre las investigaciones realizadas por la
Visitaduría General de la PGR respecto de las irregularidades cometidas por los
responsables de la indagatoria sobre la desaparición forzada de los 43
estudiantes. Uno de los investigados es el ex director de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Pese a que el Acuerdo de
Conclusión del expediente DFAI/510/CDMX/2016, de la Dirección General de
Asuntos Internos, fechado el 18 de agosto pasado, da cuenta de las acciones ilegales
cometidas por Zerón, éste fue investido como secretario técnico de la Comisión
Nacional de Seguridad (CNS) por Enrique Peña Nieto, el pasado 14 de septiembre.
Para las organizaciones, la
información difundida también por los rotativos Reforma, The New York Times y
el portal de Aristegui Noticias, pone en evidencia que “el proyecto de
Resolución ha sido retenido y obstaculizado”.
Agregaron que “la omisión de
la PGR en concluir la investigación, notificarla a los familiares, y sancionar
a los funcionarios responsables, pone en evidencia un afán de encubrir tanto
las irregularidades como sus consecuencias legales”, y peor aún “esta omisión
representa un obstáculo para llegar a la verdad del caso, pues abona a que
prevalezca una teoría basada en pruebas ilícitas”.
Los firmantes apuntaron que
entre las irregularidades detectadas por los agentes del Ministerio Público
adscritos a la DGAI destacan los agravios contra los seis detenidos en los que
se sostiene la “verdad histórica” de que los 43 jóvenes fueron ejecutados y
quemados en el basurero de Cocula.
Recordaron que la
investigación interna de la PGR documentó “la violación al derecho a la verdad
por el ocultamiento de actuaciones realizadas en el Río San Juan que no fueron
formalizadas en el expediente y que habrían repercutido en la posible
manipulación y/o contaminación de la evidencia”, así como que estas
irregularidades “deberían traducirse en responsabilidades administrativas y
penales de diversos funcionarios”.
Al recordar que la PGR no ha
negado la autenticidad del documento revelado por Proceso y otros medios de
comunicación, en tanto que ha señalado que continúa siendo analizado, las
organizaciones sociales recordaron que la dependencia “incumplió su compromiso
de entregar los resultados de esta investigación interna el 18 de agosto de
este año a las familias (de los jóvenes desaparecidos), mismas que se vieron
obligadas a levantarse de la mesa de diálogo por ello”.
Insistieron en que el
documento revelado representa “un parámetro insoslayable” de lo que la
Visitaduría General tendrá que comunicar a las familias de las víctimas, además
de que es “un referente adecuado para evaluar la autonomía de la Visitaduría e
incluso el compromiso actual de la PGR para actuar con independencia, lo que resulta
crucial en el tránsito hacia la Fiscalía General de la República.
Destacaron que “una
resolución que no esté a la altura del caso y que diluya los señalamientos del
proyecto que se ha hecho público será un pésimo precedente en la agenda de
fortalecimiento a la rendición de cuentas y combate a la impunidad”.
Tras considerar que está a
prueba “la probidad de la Visitaduría General y de la propia PGR frente a la
investigación interna”, las organizaciones insistieron en exigir “total
transparencia y respeto a los derechos de las víctimas del caso Ayotzinapa en la
emisión de la resolución con que deberá concluir, en breve, la citada
investigación interna”.
Signan el posicionamiento el
Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de
la Montaña Tlachinollan, la Oficina de Washington para América Latina, Artículo
19, México Unido contra la Delincuencia Movimiento por la Paz, Fundación para
la Justicia y el Estado de Derecho, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia, Fundar Centro de Análisis e Investigación, México Evalúa, Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Servicio y
Asesoría para la Paz, Fundación para el Debido Proceso Legal, Fuerzas Unidas
por Nuestros Desaparecidos en México, Centro Nacional de Comunicación Social,
la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, Instituto de Justicia
Procesal Penal, así como la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos,
Todos los Derechos para Todos y Todas, integrada por 80 organizaciones en 21
estados del país.
(PROCESO/ GLORIA LETICIA DÍAZ/ 19
DICIEMBRE, 2016)
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