Desde hace varios meses el
gobierno de Enrique Peña Nieto ha
emprendido una serie de acciones para acorralar y deslegitimar a los
estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos y al movimiento de
los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Los quieren dejar sin opciones, sin justicia, sin interlocutor y sin
apoyo social.
Lo difícil es entender el
cálculo que están haciendo el presidente
y su equipo de las consecuencias de esto,
cuando su propia legitimidad está
cuestionada en México y el mundo por su intento de esconder la verdad de los
hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.
La estrategia gubernamental
tiene varios frentes. A través de medios de
comunicación o periodistas a modo el gobierno impulsa una campaña de
desprestigio para hacer ver a los
normalistas no como víctimas de hechos terribles que ocurrieron en Iguala sino
como criminales cómplices de ello. Con ese propósito se han realizado
producciones como el docudrama “La Noche
de Iguala” realizada por Jorge Fernández Menéndez, quien desde hace años
escribe columnas y conduce programas supuestamente noticiosos patrocinados por
Grupo Imagen de Olegario Vázquez Raña.
Esa producción se promociona
a sí misma como un documental, con partes de recreación, de lo que pasó esa
noche y se afirma que los estudiantes
atacados y desaparecidos eran criminales que pertenecían al grupo de
narcotraficantes “Los rojos”. En el
docudrama los pocos hechos reales son sacados de contexto, se omitió la
participación de autoridades federales en los ataques y se eliminó del guión la
lluvia torrencial que cayó la noche del 26 y toda la madrugada del 27 en
Iguala, Cocula y el basurero por supuesto.
Y es que la lluvia hubiera
hecho imposible la representación de ese docudrama como hizo imposible que en
la realidad los estudiantes hubieran sido quemados en el basurero.
La historia que plantean no
se sostiene por sí misma ni por un instante y quienes hicieron la producción ni
siquiera intentaron fingir que había rigor periodístico o seriedad. El objetivo
claro es sembrar la “duda” sobre si los estudiantes fueron víctimas o autores
de su propio destino.
En ese mismo tenor está la
nota el lunes 9 de noviembre pasado en el periódico Milenio. Sin explicar el
origen de la información, publicó el
supuesto contenido de una llamada realizada entre Omar García (en la nota se
revela que su supuesto nombre real Omar Vázquez), quien es uno de los
principales líderes de la normal rural Isidro Burgos, con otro estudiante de
nombre desconocido.
En un diálogo sin secuencia
lógica y con frases sueltas e incompletas supuestamente los dos estudiantes
dialogan sobre que en el mes de octubre un grupo criminal
denominado Los Ardillos intentó irrumpir en la normal para sacar a estudiantes
que supuestamente pertenecen al grupo
criminal de “Los Rojos”. La respuesta de Omar a la nota publicada fue que el
diálogo de la llamada fue editado y sacado de contexto.
Ante la falta del efecto
deseado, en la sociedad, al día
siguiente Milenio hizo público el audio de la grabación de dicha conversión la
cual deja más dudas que claridad. Denota aún más cómo las partes del diálogo,
los tonos de voz, las pausas, no tienen la secuencia lógica de una conversación
sino más bien parecen trozos de ésta. No
hay duda que la grabación sólo pudo haber sido hecha por el gobierno federal o
estatal y el objetivo de la filtración es de nueva cuenta criminalizar y
deslegitimar a los normalistas.
Abiertamente el gobierno no
se pronuncia sobre esas acusaciones que intentan manchar la reputación de los
estudiantes vivos, muertos y
desparecidos, pero a lo largo de todo el
expediente judicial la PGR tiene
sembradas declaraciones para incriminar a los estudiantes que puede usar a discreción y virar el caso en
contra de ellos.
Pero el embate más agresivo
contra los normalistas y a los
familiares de los 43 no se da en público sino en privado y viene del gobierno
federal quien los arrincona
constantemente.
Públicamente el gobierno de
Peña Nieto aceptó que el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos se quede en México durante seis meses más, hasta abril próximo, para continuar con los trabajos de
investigación sobre el caso del ataque y desaparición contra los estudiantes.
Pero en privado el gobierno
federal bloquea los trabajos del grupo interdisciplinario. No sólo no les
permiten entrevistar directamente a los
militares sobre lo ocurrido el 26 de septiembre, sino que además les pretenden
imponer que acepten un nuevo peritaje sobre la supuesta cremación de cuerpos de
los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, cosa que ya está más que probada
que no ocurrió ni es posible que hubiera ocurrido.
En vez de estar ya ocupados
en continuar con su investigación los integrantes del GIEI están atorados en la
burocracia de la PGR y negociaciones para poder seguir avanzando en los pasos
sustantivos y conocer la verdad de lo
ocurrido. Al interior del grupo de
padres de familia y estudiantes estas trabas son agotadoras y frustrantes.
Lo ocurrido el 11 de
noviembre pasado debiera ser una llamada
de alerta para todos. En la autopista México-Chilpancingo, en Guerrero, hubo un
enfrentamiento entre estudiantes de la normal y un grupo de policías estatales
y federales. El saldo fue veinte normalistas heridos y trece detenidos, así como policías
golpeados.
Los estudiantes se
trasladaban a la escuela en dos autobuses secuestrados y llevaban una pipa de
gasolina de doble remolque que habían
tomado a la fuerza y llevaban en
dirección de la escuela ubicada en el municipio de Tixtla. Los policías les
marcaron el alto y al no tener éxito los
persiguieron. Los estudiantes respondieron con piedras. A las piedras los policías respondieron con
gas lacrimógeno y el conflicto fue escalando hasta llegar a golpes y heridos de
ambos lados.
En otras ocasiones los
estudiantes habían robado pipas de gasolina, no es justificación pero es una
acción que las autoridades ya habían logrado resolver de otras formas. Ahora se
recurrió a la violencia para exhibir a los estudiantes como violentos. Las
acciones de los estudiantes causaron críticas y una parte que simpatizaba con
ellos comenzó a distanciarse.
Si el gobierno sigue
provocando y los normalistas siguen cayendo en las provocaciones los que tienen
de su lado el poder siempre podrán manipular las cosas para su beneficio.
Arrinconar y provocar a los
normalistas de Ayotzinapa y a los padres
de los desaparecidos y llevarlos a la
polarización en vez de que haya diálogo y justicia para las víctimas del 26 de
septiembre, no es una salida correcta ni inteligente para nadie.
El gobierno, en una actitud
radical tal vez piense que los ánimos exacerbados serán rechazados y el
movimiento que clama por justicia se inmolará y extinguirá, pero lo que no
calculan Peña Nieto y su gabinete es que México es un polvorín, Guerrero es un
polvorín, donde hay muchos individuos y grupos radicales con un hartazgo
acumulado en décadas de abusos, mentiras e
impunidad del gobierno y caciques. Para ellos la polarización podría ser un guiño para emprender otras
acciones.
(RIODOCE/ Anabel Hernández/ 15
noviembre, 2015)
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