Pese a que el gobierno anunció una alta
inversión en el sector, hospitales están en bancarrota
Era martes 13, un día fatal
para la familia Ortega Verdugo. Cuatro mujeres de seis hermanos se abrazaban y
lloraban desconsoladamente bajo la sombra de un árbol, una trabajadora social
salió del hospital para avisarles que su madre había muerto. “No hubo dinero
para medicinas, mi mamá se murió porque no tuvimos dinero, hicimos todo lo que
pudimos, hasta pedimos apoyo por la radio, pero nadie nos ayudó”, sollozaron.
María Luisa Verdugo, de 70
años de edad, con número de expediente 18906.04, estaba internada en el
Hospital General del Estado desde el 28 de septiembre de 2015; su diagnóstico:
úlceras decúbito infectadas, infección en las vías urinarias, deshidratación
hidroeléctrica, hipokalemia, diabetes mellitus tipo 2, secuelas por evento
cerebral vascular y diarrea.
Carmen, Lucía, Margarita y
Rafaela atravesaban la tragedia de su vida; su madre había muerto, no tenían
dinero para darle una sepultura digna y su padre tenía tres días de haber
ingresado en el mismo sanatorio por problemas renales y de la próstata. Tampoco
tenían idea de cómo le iban a dar la noticia.
Las hermanas se miraban con
tristeza mientras lágrimas de duelo corrían por sus mejillas y se preguntaban:
¿Y ahora qué vamos a hacer? Viven en pobreza extrema en una zona que fue
invadida por un grupo de personas.
El Seguro Popular es una
mentira, no cubre nada, en la farmacia del hospital no hay antibióticos ni
medicinas contra el dolor o para cualquier afección, expresó Carmen.
A su madre le debían hacer
unos estudios y se les entregó un oficio para la renta de un endoscopio, pero
no pudieron juntar el dinero.
“Nos daban recetas y más
recetas, luego nos decían estas medicinas no las trajiste, pero no podíamos
conseguirlas, tampoco dinero, fuimos a los partidos políticos, al Congreso a
buscar diputados y nadie nos ayudó, nos dijeron que hasta el próximo año, murió
sin que pudiéramos hacer nada por ella”, lamentó Rafaela con sentimiento de
culpa.
Ese mismo 13 de octubre, en
una sala de espera estaba Laura Molina, una indígena seri con el rostro
cabizbajo. En sus manos tenía recetas de un familiar que hacía una semana
habían operado del riñón y con complicaciones de un tumor. “Quiero que me
ayuden, las medicinas ya están pagadas desde hace una semana y no hay, mi
paciente las necesita con urgencia, tengo mucho miedo porque puede morir”.
Sus manos mostraron un recibo
de pago de una medicina de nombre octreótide, indicada en el tratamiento
paliativo de tumores gastrointestinales y otras enfermedades, por un monto de
mil 469 pesos. A la paciente se la recetaron de urgencia y no la podía
conseguir.
Estas son historias
recurrentes en los pasillos de los hospitales de Sonora.
SALUD LASTIMOSA
La bancarrota del sistema de
Salud de Sonora es lastimosa; clínicas, hospitales y centros de salud operan
sin certificación del Consejo Nacional de Salubridad. A duras penas prestan
servicios; mantienen un millonario adeudo con proveedores, tienen créditos
suspendidos; desabasto de medicamentos y diferimiento de consultas hasta de un
año.
En un recorrido de EL
UNIVERSAL por los hospitales públicos más grandes, como el General, el
Infantil, el Integral de la Mujer y el Centro de Salud Mental, Cruz del Norte,
se pudo constatar el rezago en servicios, en equipamiento y en infraestructura.
Directores y personal de
unidades médicas llenan formatos de pacientes con máquinas de escribir: unas
Remington con 47 años de uso es uno de los ejemplos del gran abandono en que se
han sumergido los servicios de salud.
En los últimos seis años se
ejerció un presupuesto superior a 21 mil millones de pesos —8 mil millones del
gobierno estatal, 10 mil millones del gobierno federal y 3 mil millones del
Seguro Popular. La aplicación de estos recursos no se refleja en el estado
actual del sector.
Ante la alta deuda a
proveedores, dejaron de entregar insumos para cirugías y medicinas.
La administración del
gobernador Guillermo Padrés empezó en 2011 la construcción de siete quirófanos,
un área para quemados y un pabellón de alta seguridad; los tres proyectos se
entregaron en obra negra.
Desde 2013 el neurocirujano
Carlos Manuel González Méndez, secretario del Sindicato de Empleados de la
Salud en Sonora (SESS), denunció que la quiebra en el Hospital General del
Estado causaba muertes de pacientes ante la falta de atención; todo derivado
del saqueo indiscriminado al sector; le costó su despido.
El doctor Eduardo Horacio
Torres Iguanzo, director de este hospital, informó que se está dando atención
médica a tiempo y reparando las instalaciones. Admitió que desde hace seis años
se perdió la certificación, “y como está el hospital no lo podemos certificar,
el objetivo es que en un año lo podamos lograr”.
“Nos entregaron la chequera
en ceros y además en la operación del hospital no había recursos para comprar
productos de limpieza básicos: jabón, papel sanitario, ropa para médicos,
laboratorio, alimentos para pacientes”.
“En el análisis financiero
encontramos un pasivo de deudas desde 2009, que al presente año suma más de 300
millones de pesos, a pesar de que hubo licitaciones”.
Los pacientes pagan esos
errores. Guadalupe Herrera acudió el 13 de septiembre a solicitar una cita con
el oftalmólogo y quedó programada para septiembre de 2016.
Las instalaciones de los
hospitales el Infantil y el Integral de la Mujer, (este último registra cerca
de 8 mil nacimientos al año), tienen una infraestructura colapsada. En seis
años no se le dio mantenimiento, el aire acondicionado tiene válvulas rotas y
no se impermeabilizaron los techos, en consecuencia, las lluvias trasminaron y
provocaron grietas y colonias de hongos.
Miles de archivos clínicos y
papelería administrativa están abultados en un área del Hospital Infantil,
llenos de moho verde y negro.
En el recorrido se observó
que hay máquinas para tomar Rayos X, medición de signos vitales, mamografías,
entre otros, arrumbadas.
Personal médico indicó que
éstos no se pueden retirar de las instalaciones porque se encuentran
inventariados y tienen que llevar un proceso administrativo de verificación.
Funcionarios de la anterior
administración se llevaron hasta los escritorios, dejaron oficinas saqueadas,
sucias y con papeles tirados en el suelo, se quejan trabajadores.
La directora de ambos
hospitales, Rocío Barraza León, reconoció: “Hay una gran cantidad de pendientes
de pago. En este momento hay un pasivo a corto plazo con documentación física
de 231 millones de pesos”.
Lo más grave es que los
hospitales no están certificados. “Estamos trabajando en eso que se perdió en
2010, con un programa con visión y de calidad”. Se trata de observaciones por
cumplir y requerirá por lo menos un año, dijo.
UN HOSPITAL SIQUIÁTRICO QUE DEPRIME
La situación del Centro de
Salud Mental, Hospital Cruz del Norte, es por demás deprimente; sus
instalaciones lucen viejas y deterioradas; lo que eran unos extensos jardines
se convirtieron en un amplio campo de basura y maleza.
Hay personas con problemas de
adicciones, indigentes y con padecimientos mentales. Están distribuidos en
pabellones, pero se entremezclan en el comedor y en corredores.
Las unidades de albergue para
desintoxicación fueron cerradas en Nogales, Agua Prieta y Hermosillo, en la
pasada gestión de gobierno.
Personal de varias áreas
trabaja con máquinas de escribir obsoletas, piso y paredes tienen tramos de
mosaicos y otros de cemento, los techos están en malas condiciones, los
sanitarios en franco deterioro, con hongos y sarro.
Los pabellones son un
galerón, hay camas enmohecidas, colchonetas deterioradas y cobijas raídas. Se
percibe la tristeza y desolación.
El director de Salud Mental,
Félix Higuera Romero, indicó que ya se presentó un diagnóstico sobre las
deplorables condiciones en que se recibió el hospital, con 47 años, y que
también recibe a pacientes de Sinaloa y Baja California.
Sobre la situación financiera
y los adeudos a proveedores, omitió detalles, pero señaló que la falta de
recursos mantiene a pacientes con problemas mentales sin medicinas, y hace dos
años dejó de operar un programa de siquiatría comunitaria de atención a
personas con padecimientos mentales e indigentes en diferentes municipios, el
cual ya se está reactivando.
BOQUETE FINANCIERO: UNGSON BELTRÁN
Gilberto Ungson Beltrán,
secretario de Salud en Sonora, lamentó la crisis que dejó el gobierno de Padrés
al sector, producto de la poca transparencia en el manejo de recursos públicos.
“Tenemos el boquete de más de
mil millones de pesos de aquí a fin de año, y otro es el boquete de
infraestructura que tendremos que reparar y que cuesta miles de millones más”,
expuso.
La crítica situación se
traduce en abandono en la infraestructura de hospitales y centros de salud,
desabasto de medicamentos y falta de pagos a los proveedores.
Entre 2009-2015 se cayeron
los indicadores de salud, se perdió la certificación de hospitales,
reafiliación del Seguro Popular, abasto de medicinas, el desempeño de recursos
provenientes de la federación y la atención de enfermedades cayó
dramáticamente, lo cual se refleja en la disminución de lugares a nivel
nacional que se había logrado. Para hacer frente a la situación, el gobierno
del estado gestionará recursos extraordinarios ante los congresos federal y
estatal para cumplir con los pagos pendientes y responder a los compromisos.
“La Secretaría de Salud está
en una situación crítica, con abandono en infraestructura, desabasto de
medicamento, pero tenemos la certeza de que vamos darle la vuelta”, expresó.
(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Amalia
Escobar / El Universal/ 2015-11-16)
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