Las propuestas presentadas por el
presidente mexicano la semana pasada incluyen a cuatro magistrados con una
larga trayectoria, pero también a dos personas que son cercanos colaboradores
de EPN.
Militares patrullan calles del municipio
de Tlatlaya, en el Estado de México. // Foto: Archivo AP.
La semana pasada, Enrique
Peña Nieto presentó seis candidaturas para que el Senado de la República elija
a dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
lista que incluye a cuatro magistrados con larga trayectoria en el Poder
Judicial, así como a dos aspirantes sin experiencia como jueces, pero que han
sido cercanos colaboradores del presidente durante los últimos años.
El primero de estos
colaboradores que contenderá por una plaza en la Suprema Corte es Alejandro
Jamie Gómez Sánchez, quien se desempeñó como subprocurador jurídico en el
Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador de esa entidad, y quien se
convirtió en consejero jurídico adjunto del gobierno federal cuando Peña llegó
a Los Pinos.
Gómez Sánchez fue consejero
jurídico de Peña Nieto hasta mayo del año pasado, cuando fue nombrado como
procurador de Justicia del Estado de México por el actual mandatario estatal,
Eruviel Ávila.
Hasta la fecha, Alejandro
Jaime Gómez Sánchez ocupa dicho cargo y, de hecho, en su condición de titular
de la PGJEM, él fue el encargado de presentar y defender la primera versión
oficial de los hechos ocurridos en Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, que
dejaron un saldo de 22 civiles muertos en un tiroteo con elementos del Ejército
mexicano.
Según esa primera versión
oficial, “de las diligencias practicadas por el Ministerio Público del fuero
común no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar
en la posible ejecución o el posible fusilamiento” de las víctimas, tal como
dijo Gómez Sánchez en julio de 2014.
Lo anterior, sin embargo,
resultó falso, tal como concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
tres meses después, en octubre de 2014, al constatar que al menos 15 de los 22
civiles fallecidos en Tlatlaya fueron fusilados por militares.
La CNDH, además, comprobó que
tres mujeres que sobrevivieron a la balacera en Tlatlaya fueron detenidas, torturadas
y agredidas sexualmente por elementos de la Procuraduría de Justicia
mexiquense, es decir, por la dependencia que encabeza Alejandro Jaime Gómez
Sánchez.
El objetivo de la tortura y
las agresiones sexuales cometidas por los agentes de la Procuraduría
mexiquense, según la propia declaración de las víctimas, es que ocultaran los
excesos cometidos por personal militar de los que habían sido testigos. De los
siete agentes de la PGJEM implicados en la tortura y agresión sexual, sólo
cuatro enfrentan proceso, en libertad y sin haber sido separados de sus
puestos.
Aún con estos señalamientos
contra la labor de la Procuraduría mexiquense en el caso Tlatlaya, su titular
se mantiene hasta la fecha en el cargo y, desde la semana pasada, cuenta con la
nominación presidencial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CASO ELBA
El segundo colaborador del
gobierno de Peña Nieto propuesto para ocupar una de las dos plazas en la SCJN
es Javier Laynez, quien tiene siete meses de experiencia como magistrado del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal, y siete años como procurador fiscal de la
Federación.
En su cargo como procurador
fiscal, de hecho, Laynez fue pieza clave en la formulación de las denuncias
penales contra la líder magisterial Elba Esther Gordillo por delitos de fraude
fiscal, que la mantienen encarcelada desde hace dos años.
El sometimiento penal de
Gordillo, cabe recordar, se dio el 26 de febrero de 2013, un día después de que
el presidente Peña Nieto promulgara la así denominada “reforma educativa”, que
incluyó, entre otros puntos, la aplicación de un nuevo sistema de evaluación
magisterial y modificaciones al sistema de promociones laborales dentro de la
estructura de educación pública.
Luego de la captura de
Gordillo, el presidente Peña Nieto emitió un mensaje en cadena nacional, para
asegurar que “se mantiene un diálogo respetuoso y constante con la dirigencia
nacional del SNTE”.
Y, efectivamente, la reforma
educativa fue aceptada por la nueva dirigencia nacional del SNTE, nombrada tras
la captura de Gordillo.
Trece meses después de la
investigación contra la lideresa magisterial, Javier Laynez fue nombrado
magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y, ahora, candidato a la
Suprema Corte.
EPÍLOGO: LOS OTROS
Con estos dos colaboradores
del presidente Peña Nieto contenderán, por los dos puestos en la Corte, cuatro
magistrados que han desarrollado su carrera profesional en el Poder Judicial,
como jueces.
Ellos y ellas son Sara Orea
(magistrada de la Primera Sala de Justicia para Adolescentes desde 2008); Norma
Lucía Piña (magistrada de Circuito desde 2000); Verónica Judith Sánchez
(actualmente magistrada de Distrito, y en el pasado jueza de procesos penales
en el DF y magistrada administrativa de Circuito) y Álvaro Castro (magistrado
presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje hasta abril
pasado).
(ANIMAL POLITICO/ NOVIEMBRE 16, 2015/
Paris Martínez (@paris_martinez)
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