El 9 de noviembre de 2015, la
administración del Presidente Enrique Peña Nieto respondió a los legisladores
federales panistas y sus líderes, cuando el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, firmó con el gobernador Silvano Aureoles la puesta en
marcha del Mando Único en el conflictivo Estado de Michoacán
De los 113 municipios
michoacanos, aproximadamente 20 continuaron sin adherirse al convenio, y para
los opositores, Osorio advirtió que no recibirán apoyo de las fuerzas federales
si no se profesionalizan, lo que sea que esto signifique.
Esto sucedió seis días
después de que el dirigente nacional panista Ricardo Anaya, el senador Roberto
Gil Zuarth y el diputado federal Jorge Ramos, rechazaran en representación de
los panistas del país, la implementación del Mando Único, al que calificaron
como una “mala idea”, mientras anunciaban que presentarán una reforma constitucional
que propone una reingeniería a todo el sistema nacional de seguridad pública.
En este punto vale recordar
que la mencionada “mala idea”,
originalmente fue hecha pública
por el ex Presidente de la República de extracción panista Felipe Calderón
Hinojosa (2006-2012), y lo dejó por escrito el 7 de octubre de 2010 cuando remitió al Congreso la iniciativa para
crear el Mando Único -aprobada por los diputados y congelada por los
senadores-, aunque era una inquietud que manifestó desde 2008.
Luego de cinco años, después
que el Presidente priista Enrique Peña reciclara la idea -la incluyó en sus
propuestas de reforma seguridad y justicia remitidas al Congreso en noviembre
de 2014-, es rechazada por los panistas.
Lo que desacredita bastante esta postura de los
albiazules fue que los encargados de echar tierra sobre el modelo de Policía
Unificada fueran precisamente Gil Zuarth, ex secretario particular de Calderón,
y Jorge Ramos Hernández, ex alcalde de Tijuana (2007-2010), quien en aquel
momento apoyó la propuesta calderonista, al punto de participar activamente en
la implementación del primer Mando Único, el cual funcionó en todo Baja
California, aunque tuvo sus únicos
resultados en Tijuana. No era oficial porque no estaba en Ley, pero se unieron
voluntades.
De hecho fue a la llegada del
ex gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán en 2007, que entregó una
carta formal al entonces Comandante de la II Zona Militar, General Sergio
Aponte Polito, para que lo apoyara en el combate al crimen y se convirtiera en
el Mando que coordinó a todas las corporaciones del Estado, cargo que más
adelante ejercería a cabalidad el General Alfonso Duarte Mújica, quien encabezó
el Grupo Coordinación de 2008 hasta su salida en 2012, cuando llegó a la
administración peñista y sacó al Ejército de la jugada.
Durante esos cinco años con
pros y contras -y denuncias de violaciones a derechos humanos-, la voluntad y
coordinación del secretario de Seguridad estatal, Daniel de la Rosa; los de
Tijuana, Julián Leyzaola y Alberto Capella; el procurador Rommel Moreño y los
Generales, marcó una diferencia en el combate al crimen organizado. Y se
convirtió en uno de los ejemplos más socorridos en los discursos de Calderón,
pero el diputado Ramos y el senador Zuarth parecen haberlo olvidado.
Ahora acusan que es un
“modelo insuficiente”, cuando en términos reales ni siquiera se ha aplicado y
lo más peligroso, regulado en términos reales, pese a su funcionamiento en
algunos municipios y Estados del país.
Vale el análisis, es cuestión
de esperar para ver el contenido completo de la propuesta, pero ciertamente, el
argumento de que los alcaldes perderán poder en sus municipios, tiene sentido
pero es insuficiente
Por su cercanía con la
ciudadanía y los criminales -los bajos sueldos, la falta de capacitación, la no
depuración- está corroborado que las Policías municipales de México están
corrompidas.
De acuerdo con el estudio
2015 presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) y
el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el 90 por ciento de
los ciudadanos tacha de corruptas a la
corporaciones policiacas. Y por si al Lector le interesa, el 91% se manifestó
molesto por la corrupción de los partidos, y el 83% por la descomposición del
Poder Legislativo.
Ahora recuerde la
participación de las Policías municipales en la desaparición de los estudiantes
de la Normal de Ayotzinapa, y el reporte del Sistema Nacional de Seguridad
Pública: el 47% de los agentes de 149 municipios que hicieron pruebas de
destreza policíaca y conocimiento
durante 2014, reprobaron.
En un México donde el crimen
organizado y el narcotráfico, controla y participa en todas las actividades
delictivas, amenaza, compra y asesina políticos, donde los tres órdenes de
gobierno se lanzan unos a otros la bolita, urge identificar un responsable que
tenga la obligación de responder y corregir las fallas, de optimizar los
recursos, de atender la depuración y capacitación de los oficiales y dignificar
su labor.
El problema es demasiado
grave para cambiar de opinión respecto a una propuesta, dependiendo del partido
del promovente.
En la dinámica de la política
mexicana, además de robar del presupuesto el dinero destinado a los pobres y
los grupos vulnerables, uno de los actos
más mezquinos es politizar la seguridad. Hay demasiadas víctimas de por medio,
homicidios, secuestros, extorsiones, robos, para que los gestores del poder
jueguen en dos bandos. No se vale que intenten vender políticamente opiniones,
sólo por conveniencias partidistas.
(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ ROSARIO
MOSSO CASTRO / FOTOS. ARCHIVO/ 16 DE
NOVIEMBRE DEL 2015 A LAS 12:00:54)
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