El Sistema Nacional de Seguridad
Pública, que debería velar por el desarrollo policial, es una oficina que
reparte dinero incapaz de vigilar y sancionar, evidencia María Elena Morera. El
diagnóstico es correcto, reconoce Peña Nieto. Hace falta reforma
constitucional, señala Renato Sales.
María Elena Morera, presidenta de Causa
en Común A.C., junto al presidente Enrique Peña Nieto, durante el “4º Foro
Nacional Sumemos + Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías”. // Foto:
Cuartoscuro.
Tres de cada cuatro personas
contratadas como policías en Michoacán en realidad no lo son; en Guerrero hay
barrenderos y secretarias que cobran como agentes; la academia policial de
Nayarit tiene un salón; el Mando Único anunciado desde el sexenio pasado, funciona
en la mitad de los estados; Veracruz y Sinaloa tienen en la calle y armados a
miles de oficiales con el control de confianza reprobado.
El diagnóstico de la
situación en que operan las policías en México, presentado en el “Cuarto Foro
Nacional Sumemos Causas Ciudadanos + Policías”, evidencia que las corporaciones
no solo padecen por falta de equipos o de uniformes para los agentes, sino que
presentan un desorden administrativo y estructural que afecta todo el
funcionamiento de las corporaciones.
VERACRUZ TIENE LOS POLICÍAS MENOS CONFIABLES Y CHIAPAS
LOS PEOR PAGADOS
Y el órgano, que debería
velar porque esto no ocurra, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Púbica, es en realidad, según el diagnóstico presentado en el foro,
un ente convertido en repartidor de dinero, pero incapaz de dar seguimiento a
los objetivos planteados y menos aún de sancionar a quienes no cumplen con su
trabajo, dijo frente al presidente Enrique Peña Nieto la activista María Elena
Morera, presidenta de Causa en Común y organizadora del foro.
“Tengo que reconocer que
María Elena Morera ha dado un claro diagnóstico y tiene razón, es la realidad
que se presenta en algunas partes del país” respondió el presidente.
Incluso, agregó Morera en
entrevista posterior, el Registro Nacional de Seguridad y Justicia, que debería
contener una relación pormenorizada del desarrollo de cada agente policial,
incluyendo los cursos que ha tomado, las pruebas y exámenes que ha superado, su
trayectoria y ascensos, en realidad carece de todos esos datos.
“Esto va más allá de un tema
de voluntad política. Es un tema de orden institucional. Tenemos que empezar
desde el principio y definir qué queremos del policía y, en base a eso, cómo lo
vamos a preparar, cómo lo vamos a ascender, cómo va a tener méritos y eso está
sólo en la ley, pero en la realidad es inexistente” dijo la activista.
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El comisionado Nacional de
Seguridad, Renato Sales, reconoció en entrevista con Animal Político que
existen pendientes en la capacitación de las fuerzas policiales en el país, y
adelantó que es necesaria una reforma constitucional para equilibrar los
beneficios sociales como trabajadores de los agentes de seguridad, pues sus
condiciones laborales rayan en la “discriminación”.
PEOR QUE CON LOS MAESTROS
El diagnóstico, que fue
presentado en el foro, arroja que hay zonas en el país en donde el número de
policías real es distinto al de las plazas otorgadas para que gente trabaje
como tal. Es decir, hay gente a la que se le paga como si fuera un agente
operativo en las calles, pero en realidad se trata de “policías aviadores”.
Causa en Común, la
organización que preside Morera y lleva cuatro años analizando el desarrollo
policial en el país, puso de ejemplo el caso de Michoacán, en donde la llamada
Fuerza de Seguridad Ciudadana tiene registrados dos mil 350 elementos pero en
realidad, sólo hay 600 policías operativos en la calle.
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“Resulta que el resto son, o
eso nos dicen, trabajadores administrativos. Nosotros nos preguntamos. ¿Cómo
puede ser que en una institución de seguridad haya más trabajadores
administrativos que policías?” señaló Morera.
Otro caso es el de Guerrero.
De los aproximadamente cinco mil policías estatales, solo dos mil son agentes
operativos, que superaron el control de confianza, señaló la activista. El
resto resultó que no eran policías, sino servidores públicos de otras áreas,
como por ejemplo empleados de limpia o secretarias de los servicios de salud.
“La explicación que nos dio
el gobierno estatal es totalmente absurda: nos dicen que siempre ha sido así el
desorden administrativo en Guerrero y que entonces, como no hay plazas de otra
cosa, pues les dan plazas de policías para que tengan seguridad laboral” señala
Morera.
La situación es similar e
incluso aún más grave que la que se presentaba con los “maestros aviadores” del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que cobraban sin dar
clases.
“Ahí era el sindicato el que
ponía a gente que cobraba de maestros a hacer otras cosa pero aquí es mucho más
grave porque quien los comisiona es la misma autoridad. La misma autoridad
corrompe sus plazas” dijo Morera.
CAPACITACIÓN Y CONFIANZA FICTICIAS
El esquema de desarrollo
policial plantea que cada estado debe contar con una academia en la que se
profesionalice de forma integral a los uniformados, pero en los hechos la
realidad es distinta.
El diagnóstico de Causa en
Común arroja que solo hay 13 entidades del país con “condiciones mínimas” para
brindar una capacitación a los policías, mientras que hay cuatro estados,
Zacatecas, Chiapas, Colima y Puebla, que carecen de cualquier condición mínima
para preparar a sus agentes.
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QUE PIDA PGR, DICE RENATO SALES
“Y tenemos estados que dicen
tener una academia pero en algunos casos como Nayarit la supuesta academia
consta de una sola aula que es donde se dan los cursos” reveló Morera.
Respecto al sistema
profesional de carrera, los estados de Campeche, Durango, Estado de México,
Guerrero, Morelos y Tlaxcala tienen deficiencias “graves” en cuanto la
implementación de los esquemas de desarrollo y progresos de los agentes,
incluyendo ascensos y promociones.
Morera dijo a Animal Político
que la realidad es que, en la mayoría de los estados del país, no hay un
control deficiente sino que es inexistente, en cuanto a los cursos que toma
cada policía, a los ascensos que ha recibido los procesos de control de
confianza que han tomado.
A esto se suma, aunque de
ello no se dieron cifras precisas, del nombramiento de personas sin experiencia
al frente de instancias de seguridad pública. Además, según un encuesta
realizada por Causa en Común, que 7 de cada 10 policías consideran que sus
jefes no los toman en cuenta para nada.
El otro pendiente es el
control de confianza, pues si bien se aplicaron todas las pruebas, proceso que
llevó años, en muchos estados los agentes reprobados siguen laborando. De
hecho, solo 9 de las 32 entidades federativas han dado de baja a todos los
agentes reprobados.
SÍ HAY TESTIGOS EN TANHUATO: “NO TUVIERON
OPORTUNIDAD”, LA POLICÍA LES DISPARÓ DESDE UN HELICÓPTERO
Los casos más graves, según
el diagnóstico, son los de Veracruz, donde casi 40% de los policías no son
confiables, según los exámenes practicados; mientras que en Sinaloa, el
porcentaje asciende a 35.09% y Baja California Sur con 33.3%.
“Además tenemos casos de
policías que ni siquiera saben el resultado de sus pruebas porque los mandos no
les dicen y con ello los extorsionan” dijo Morera.
En este contexto, Renato
Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, explicó que hace falta una
reforma al artículo 123 constitucional Apartado B Fracción XIII, el cual
establece un régimen especial para que los policías puedan ser dados de baja,
que no son acordes a los derechos que tiene cualquier otro servidor público.
Y MANDO ÚNICO, SOLO A LA MITAD
Desde el sexenio del
presidente Felipe Calderón se estableció la importancia de impulsar un Mando
Único Policial en los estados con el fin de unificar la coordinación de las
corporaciones de seguridad estatal y municipales que operan en una entidad. En
diciembre de 2015, hace casi un año, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró
que esta esquema era necesario.
La realidad actualmente, de
acuerdo con datos oficiales de la Secretaria de Gobernación presentados en el
foro, es que apenas 53% de los estados han firmado y puesto en marcha los
esquemas de coordinación de Mando Único. Nueve entidades mas tienen avances
importantes pero aun no consiguen completar el procedimiento.
REPRUEBAN 500 POLICÍAS EXÁMENES DE CONFIANZA EN DF
Hay un caso, el de Oaxaca, en
donde el avance es de 54% en la firma del convenio necesario con los
municipios, mientras que en otras cinco entidades Guerrero, Veracruz, Baja
California Sur, Sonora e Hidalgo el progreso es prácticamente inexistente.
En ese contexto el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la federación retirará el
apoyo en seguridad a las entidades que no apresuren a implementar el esquema
del Mando Único.
Activistas como Francisco
Rivas, director del Observatorio Nacional de Seguridad, y Andrea Ambrogi,
presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, señalaron a
este medio digital su apoyo a la implementación de este esquema, aunque
consideraron prioritario que el mismo se adapte a la realidad de cada zona.
Las 5 propuestas de Causa en Común para fortalecer
policías y seguridad
Reestructurar el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública. En 16 años repartió 130 mil mdp en subsidios
pero los resultados son pobres
2 Consolidar
Comisión Especial de Desarrollo Policíal la cual deberá, antes que nada,
realiza run diagnóstico oficial de las corporaciones en el país
3 Consolidar
espacios ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con funciones
definidas
4 Transparentar
Acuerdos de Colaboración en materia de seguridad y llamar a cuentas a
gobernadores que no colaboren
5 Acelerar
el proceso de la Clave Única de Identidad
Presentadas en el “Cuarto Foro Nacional Sumemos Causas
Ciudadanos + Policías”.
(ANIMAL POLITICO/2015Arturo Angel (@arturoangel20)/
NOVIEMBRE 10, 2015)
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