Preocupan silencio y desinformación en el caso del exjuez Isidro Hernández, afirma Sámano Bazúa
“Es un crimen muy grave y sí preocupa el silencio y la falta de información a la ciudadanía”, dijo a Ríodoce
Javier Sámano Bazúa, ex juez primero civil, colega del extinto exjuez
Isidro Hernández Ramírez, que fue encontrado masacrado el 1 de junio
junto con su familia en la zona serrana del municipio de Concordia.
Javier Sámano Bazúa es doctor en Derecho y catedrático de la
Universidad Autónoma de Sinaloa que integra la planilla de pretensos a
regidores de la aspirante a presidenta municipal por el Partido
Sinaloense (PAS), Olga García.
En cuanto se conoció su aspiración política, aunque Sámano Bazúa se
mantiene de bajo perfil, no pasó desapercibido que fue juez primero
civil durante 30 años y que apenas en marzo de 2012 se jubiló en el
Supremo Tribunal del Estado de Sinaloa.
—¿Cómo se explica usted como exjuez el fuerte silencio que existe
en los círculos del Poder Judicial y de los abogados en torno a la
masacre del exjuez y su familia? —se le pregunta.
—La verdad es que yo no le encuentro explicación, esa es mi
respuesta. No le encuentro explicación, porque la verdad es un crimen
bastante terrible, bastante serio, y yo no le encuentro explicación.
—¿Por qué sería la muerte del exjuez y toda su familia?
—La verdad es que no sabemos, a lo menos yo no tengo ninguna idea de
por qué le haya sucedido eso; pero la verdad es que todos los ciudadanos
pensamos lo mismo: ¿por qué la familia?
—En 2009, como juez civil usted escuchó sobre el presunto fraude
de 209 millones de pesos contra la Comisión Federal de Electricidad,
¿qué opinión tiene del caso?
—Sí lo escuché, pero yo incluso como exjuez que soy, y como abogado
no puedo dar una opinión, porque no tengo las pruebas en la mano.
—Pero sí supo que al exjuez se le señalaba como presunto responsable…
—Sí, “todo mundo” supo, fue algo que se le dio publicidad, el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado hizo investigaciones, siempre estuvo
investigando, el Poder Judicial investigó, cesó personas que encontró
eran responsables, los cesó, los procesó…
—En cuanto se dio a conocer que aspira a ser regidor por el
Partido Sinaloense, un diario local recordó que como juez civil, usted
fue señalado por presuntos actos de corrupción…
—Duré treinta años en el Poder Judicial, en esos treinta años nunca
tuve un problema serio, nunca fui cesado, nunca fui suspendido, nunca
fui castigado. Terminé jubilándome. Ustedes por lógica deben sacar
cuentas. ¿Dura treinta años, una persona que no se sujeta a lo que es la
ley? Porque señalar es muy fácil. Pero no se completan treinta años de
trabajo si se es una persona que no actúa legalmente. No se llega.
Porque el Tribunal, como le he venido diciendo, ha estado muy preocupado
y vigilando desde hace muchos años el actuar de sus empleados y
funcionarios.
—¿Usted cree que el exjuez se merecía ese silencio del Poder Judicial y sus compañeros abogados?
—Mire, si me pregunta a mí en lo personal yo le digo que no lo
merecía. Porque basta con ser un ser humano para no merecer una
situación de esas, con eso basta. Pero ese es el problema, que el ser
humano juzga y sentencia antes de tener elementos de prueba, antes de
tener elementos firmes para poder juzgar. Incluso, en la Procuración de
Justicia se sigue cometiendo eso.
—¿Qué es lo que sigue cometiendo la Procuraduría?
—La gente del Ministerio Público no ha entendido que su función no es
la de acusador, es la de investigador, y acusa, y desde que a alguien
se le señala para ella es responsable, sin haber agotado el proceso, sin
haber recibido las pruebas.
—¿En el caso del exjuez Miguel Pérez Lizárraga así lo hicieron?
—Con el caso de Miguel Pérez, por ejemplo.
—¿Y también con el exjuez Isidro Hernández Ramírez?
—Isidro estaba tramitando su proceso y se estaba defendiendo y no
conozco ese proceso, no sé cómo iba. Se estaba defendiendo, tampoco
estaba escondido, no andaba huyendo. Isidro aquí vivía en Mazatlán, no
andaba escondiéndose, él estaba defendiéndose en un proceso legal,
esperando que se resolviera lo que se tuviera que resolver.
—¿Para usted qué refleja esta sociedad con su silencio ante la masacre del exjuez y su familia?
—Los que integramos la sociedad reflejamos temores también oiga, son
temores, la gente preferimos no opinar sobre esos aspectos, porque no
sabe uno qué consecuencias le pueda traer después. Opinar sobre los
crímenes y lo que ocurre es peligroso, a veces.
LA DEFENSA DEL EXJUEZ
Durante sus tiempos de juez civil, a Javier Sámano Bazúa, como otrora
a su finado colega Isidro Hernández Ramírez, lo ha perseguido el
estigma de “juez corrupto”. Lo menos que se decía de él, tanto en los
círculos del Poder Judicial como universitarios, es que “vendía
sentencias”. Sámano Bazúa junto con Juan Mérida Camacho, actual juez
civil en El Fuerte, Sinaloa, fueron denunciados por presuntos actos de
corrupción por el finado abogado penalista Nicanor Bautista Ramírez.
Contra Sámano Bazúa había la averiguación previa 221/2004 en la Agencia
Tercera, pero en el archivo causó prescripción.
De ambos, dijo Baustista Ramírez a Ríodoce, antes de morir de
diabetes: “Eran acoples los dos y delincuentazos con placa de jueces que
deberían ser procesados, encarcelados y obligados a pagar los daños a
las víctimas”.
Ríodoce preguntó a Sámano Bazúa sobre las acusaciones del
penalista, a lo que respondió: “Es algo subjetivo, es algo personal, él
pudo decir lo que él quiso; como le digo, decir es fácil, hay que
comprobarlo, y él como abogado debió saber que lo que un abogado dice
debe ser comprobado”.
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