“Gasolinazo”
a los Uribe…
Fernando Villa
Escárciga
Un desfalco aproximado a 28
millones de pesos en el corporativo de gasolineras del Grupo Senda es motivo de sospecha, por lo que
se habrían encauzado ocho demandas penales contra directivos de la
empresa.
De acuerdo a algunas fuentes,
entre las presuntas irregularidades podrían aparecer los ex miembros del Consejo
Directivo de la empresa Gabriela y
Francisco Uribe Maytorena, así como
otros ex empleados administrativos y un abogado.
Durante la noche del miércoles José Ramón Uribe Maytorena se apersonó
con empleados de varias gasolineras que durante las últimas semanas habían
estado fuera de operación por problemas administrativos.
Con orden judicial en mano, de
acuerdo a La Voz del Puerto, José
Ramón se hizo acompañar por un operativo en el que participaron agentes de las
policías Estatal de Seguridad Pública, Estatal Investigadora y de la Municipal
para tomar posesión de las instalaciones.
Las versiones apuntan a que en
los malos manejos habrían participado Francisco y Gabriela Uribe, quienes según
José Ramón dejaron de ser parte del Consejo Directivo integrado por el resto de
la familia.
Los problemas administrativos del
Grupo Senda también habrían afectado a las gasolineras localizadas en
Baja California, que con las de Sonora suman alrededor de
cincuenta.
Parte del problema empezó a
detectarse, de acuerdo a las fuentes, cuando Francisco Uribe citó extrañamente a
una asamblea ordinaria del Consejo Directivo a las diez horas del 24 de
diciembre pasado, lo que según aparece en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado.
Ya existen querellas en proceso
ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y por presumible connivencia
estaría implicado el abogado Rubén
Zúñiga Flores, se dijo.
El faltante de dinero se habría
detectado cuando el nuevo Consejo Directivo notificó al banco contratado por la
empresa y al revisar los saldos se percibió el retiro inusitado de 28 millones
de pesos.
Las gasolineras del Grupo Senda en Sonora y Baja California
habían estado cerradas al público desde el pasado ocho de febrero, en una
ausencia de operaciones que igual habrían afectado las finanzas del corporativo
de la familia Uribe.
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