Torturaron y mataron en el condado
(AGENCIAS)
SAN DIEGO.- La banda de “Los
Palillos” enfrenta cargos por al menos nueve asesinatos en el condado de San
Diego, dos de esas muertes de hombres que fueron deformados al sumirlos en
tambos con ácidos antes de abandonar los cadáveres en la zona de Clearmont, y
cerca de la frontera, de acuerdo con informes de la Procuraduría de Distrito.
El abogado defensor de los dos primeros “palillos” que enfrentan juicio,
Herbert Weston, que representa a Jose Olivera Beritan y David Valencia, aseguró
que la procuraduría no podrá probar que sus clientes cometieron homicidios y que
usaron para ello ácidos porque no tiene otras pruebas que los testimonios de dos
personas.
Pero el defensor parece equivocarse. De acuerdo con informes de la
procuraduría, las autoridades cuentan con 122 testigos que podrían rendir
testimonios en el juicio contra los 17 “palillos”, además de pruebas encontradas
en averiguaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de departamentos
de policía de distintas ciudades.
Los “palillos” se disfrazaban con uniformes de policías y así se presentaban
en casas de las personas que secuestraban. Si alguien llegaba a ver la acción de
los secuestros, estaría convencido de que se trataba de un arresto y que el
secuestrado era un delincuente peligroso.
Los “palillos” son ciudadanos de México y de Estados Unidos que atentaban
principalmente contra empresarios y comerciantes de Baja California que
comenzaron a mudarse a San Diego en el 2003 para huir de condiciones de
violencia que surgían, en particular en Tijuana.
Fue al secuestrar a uno de esos empresarios, Eduardo González Tostado, en el
2007 que las autoridades consiguieron ubicar a la banda y desmantelarla.
Hasta entonces los “palillos” habían matado a nueve personas. Los cadáveres
de siete de las víctimas fueron abandonados en distintos puntos del condado, y
las otras dos fueron disueltas en ácidos.
Todos los integrantes de “Los Palillos” enfrentan cargos con agravantes que
los enfrentan con sentencias de cadena perpetua y posiblemente de pena de muerte
en el caso de los acusados de disolver cuerpos. (am).
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