Los inculpados analizan demandar por daños y perjuicios a la PGJE.
El año y 7 meses de encierro que los jóvenes Gary Gaines Hidalgo, Jazziel Soto Murillo, Emilio González Rubio Ojeda y Carlos Alejandro Castro Castro permanecieron en prisión fue suficiente para dejar secuelas psicológicas que podrían desencadenar procesos legales en contra de la Procuraduría, según explicó a ZETA el abogado Antonio Cota Vergara, quien llevó el caso de Soto Murillo.
Gerardo Zúñiga Pacheco
“I’m Back” (ya estoy de vuelta), escribió el 12 de noviembre el joven Gary Gaines Hidalgo en su portal de Facebook, y desde Estados Unidos envió un saludo a todos sus amigos de La Paz, Los Cabos y Ensenada, lo que fue tomado como una señal de su regreso tras haber pasado un año y 7 meses en prisión, acusado injustamente por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur –en el sexenio pasado– del crimen del abogado Jonathan Hernández Ascencio.
La reaparición del joven nacido el 10 de enero de 1991, hijo del militar retirado Gary Gene Gaines y Uget Hidalgo Mendoza, causó mucho revuelo en su portal, porque aunque desde el 20 de octubre se supo de la liberación de todos los presuntos inculpados en el asesinato que conmocionó a la sociedad sudcaliforniana, el inculpado no había dado señales de vida, hasta ese entonces.
Lo primero que el joven Gary publicó en su portal fue, “vamos por unos tacos”, en una clara alusión a que extrañaba la comida mexicana, que no pudo disfrutar al estar preso en la cárcel estatal de Utah, localizada en la ciudad de Draper. Ahí evidentemente, perdió su vida social, sus estudios y estuvo sometido a un total aislamiento y cautiverio por su condición de haber sido privado de su libertad.
El 14 de noviembre, es decir, dos días después, las primeras imágenes del nuevo Gary Gaines Hidalgo comenzaron a subirse en su portal. “El enano”, como muchos de sus conmocionados amigos lo llamaron, cuando detectaron en sus muros comentarios del joven, vestía pantalón de mezclilla, playera blanca, tenis negros, lentes y una gorra color azul.
En la mano izquierda portaba unos papeles, y en la derecha la llave de un automóvil deportivo color naranja que estaba justamente atrás de él, en el momento de tomarse la fotografía.
Cabello corto, cejas pobladas y una pequeña cortada debajo de la nariz, reflejan un estado emocional de tristeza y seriedad en el joven que contrasta con la alegría y viveza del color naranja del automóvil que aparece a sus espaldas.
La vida que Gaines llevó dentro de la prisión estatal de Utah fue difícil, sobre todo porque, a decir de sus amigos, Gary era muy bullanguero cuando radicaba en La Paz. En la cárcel sólo tenía derecho a tomar el sol durante 60 minutos por día en un área de recreación y normalmente permanecía en el interior de su celda, como marcaba el reglamento de la penitenciaría.
Dentro de la cárcel Gary era considerado un reo de alta peligrosidad, por lo que estaba esposado de pies y manos y apenas tenía autorizado recibir una visita por semana de 25 minutos, los días jueves.
Lo anterior forma parte de los testimonios de familiares que, en algunas ocasiones, lograron verlo. Ellos describieron a ZETA que para hablar con Gaines tenían que hacerlo a través de un cristal blindado y conversar vía interfono.
Así es como el joven Gary Gaines Hidalgo vivió durante un año y 7 meses tras las rejas, desde que el 19 de junio del 2010 fue detenido en Salt Lake City.
El 10 de diciembre, es decir, casi un mes después de haber publicado su primera fotografía, Gary Gaines Hidalgo de nuevo apareció retratado en Facebook. Esta vez en el portal de su padre, luciendo muy serio y pensativo, en un viaje de placer que hizo con su papá, la actual esposa de su progenitor, Selene Sáenz y la hija de ambos, Giselle, en una embarcación sobre el río Colorado, al pie de las Montañas Rocosas en el estado de Colorado.
Los daños
Lo que sucede con Gary Gaines Hidalgo –a decir de expertos en psicología– es que enfrenta actualmente un proceso conocido como “trauma complejo”, que no es otra cosa que parte de las secuelas que dejó el cautiverio y el aislamiento dentro de la prisión estadounidense.
El hecho de que haya estado detenido si tener ninguna responsabilidad en el crimen del joven Jonathan Hernández Ascencio, según conclusiones del Juez de la Causa, le generó “un trauma potencialmente dañino, ya que estuvo sometido a un proceso de cautividad, porque cuando una víctima es prisionera, es incapaz de escapar y está bajo el control del perpetrador”.
Las vivencias y testimonios que sobre su encierro Gary Gaines Hidalgo ha dado a sus familiares y amigos e, incluso, a algunos expertos en psicología, han sido determinantes para poder deducir que hubo daños emocionales y conductuales.
Hoy se sabe, parte de esos daños fueron los problemas que el joven enfrenta en su dentadura y donde –según testigos— ha perdido algunas piezas dentales.
Pero si el caso de Gary Gaines Hidalgo es complicado, el de Jazziel Soto Murillo es mucho más grave, ya que durante el encierro sufrió desequilibrios mentales muy frecuentes que constantemente lo hacían cambiar de comportamiento y estado emocional, por lo cual fue llevado a la celda de castigo del Centro de Readaptación Social (CERESO) de La Paz, por lo menos en tres ocasiones. Hoy el joven está luchando por sobreponerse trabajando en el negocio familiar de su padre.
Sobre los casos de Emilio González Rubio Ojeda y Carlos Alejandro Castro Castro se desconocen hasta este momento las secuelas; sin embargo, al ser detenidos los jóvenes perdieron su vida social, su trabajo y sus estudios, por lo que también las acciones de la Procuraduría en su contra son consideradas un daño contra su persona.
Podrían demandar
A decir del abogado Antonio Cota Vergara, el caso de los cuatro jóvenes es muy similar al de la película “Presunto culpable”, porque a pesar de que la PGJE supo desde un principio que no tenían ninguna responsabilidad ni estaban implicados en el crimen de Jonathan Hernández Ascencio, pretendieron responsabilizarlos penalmente y castigar a personas inocentes, en vez de dar con el paradero del asesino.
El litigante, que llevó el caso de Jazziel Soto Murillo, explicó que los cuatro presuntos culpables salieron negativos en la prueba de rodizonato de sodio, y en el litigio, ninguno de los más de 35 testigos que fueron presentados a rendir su declaración hablaron o testificaron en contra de Jazziel Soto Murillo, Carlos Alejandro Castro Castro, Emilio González Rubio Ojeda o Gary Gaines Hidalgo.
Aun así, la PGJE los detuvo y los encarceló sólo para exhibir “chivos expiatorios” y evitar perseguir al verdadero criminal.
Durante una entrevista con este Semanario, el abogado comentó que el encarcelamiento de los jóvenes ha generado una especie de reproche hacia la justicia del estado, porque “cualquier ciudadano puede ser víctima de estos atropellos y sufrir secuelas a veces irreversibles en la personalidad de las víctimas, porque te pueden acusar fuera del marco legal, y tratar de justificarlo jurídicamente, sin más pruebas que los dichos de las propias autoridades.
“El procedimiento penal se llevó a cabo completamente fuera de la ley y lleno de irregularidades, porque si no había pruebas ni testimonios en contra de los presuntos inculpados, entonces por qué sostuvieron la acusación en su contra”, agregó.
El abogado consideró que el año y 7 meses de la privación de la libertad de los detenidos no deberá quedar impune, por lo que actualmente están analizando entablar una denuncia o juicio mercantil en contra de la PGJE por los daños y perjuicios ocasionados.
“Lo que pasa es que no es un ‘Usted disculpe’ y ya, porque el tenerlos encerrados sin haber una responsabilidad de estos jóvenes, provocó que perdieran sus estudios, trabajo y su vida social y hasta amistades, además y lo más grave, es que los marcó para toda su vida, y donde ellos se paren, van a ser señalados por la sociedad”, reflexionó.
El abogado comentó que la detención y encarcelamiento de estos jóvenes fue una irresponsabilidad muy grave de la Procuraduría, por “haberse dejado presionar por la familia de la víctima y actuar y deslindar responsabilidades, sin tener ninguna prueba o elementos en contra de ellos.
“Los jóvenes todos, Gary, Jazziel, Carlos y Emilio, son las otras víctimas del caso Jonathan, las que no reconoce la sociedad que ha juzgado y ha acusado, como la propia institución de procuración de justicia, sin tener ningún elemento de prueba, y a quienes señalan como los criminales de Jonathan, cuando en el expediente, no hay ni estudios ni testimonios que digan que ellos fueron, o imputaciones directas”, comentó.
Finalmente, reconoció el trabajo de la PGJE en la nueva administración del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, porque el hecho de haber liberado a los acusados habla muy bien de que las cosas están cambiando en el estado, y si detrás de este caso hubo un ajuste de cuentas, entonces es hora que se deslinden responsabilidades y que se actúe en contra hasta los familiares de la víctima que sabían desde un principio cuál era el trasfondo que condujo al homicidio de Jonathan.
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