Arrancado de su base,
derribado, un poste yace sobre la calle. Es la madrugada del lunes 24 de julio
y del poste caído fueron sustraídas tres cámaras que serían destinadas a la
video vigilancia de la Capital del Estado.
Este año, el Gobierno Estatal
otorgó contratos por 163.1 millones de pesos para la instalación, operación y
mantenimiento de 1 mil 23 videocámaras para los próximos 12 meses. Desde enero
de 2012 se han invertido 1 mil 86 millones 910 mil pesos.
Las tres cámaras robadas
corresponden al tipo PTZ, las cuales se caracterizan por dar seguimiento
automático, en las que el sonido, el movimiento, los cambios en la huella de
calor, o una combinación de estos factores activan la cámara, el enfoque y
cambios en el campo de visión hasta 360 grados.
El valor aproximado de estos
equipos, según la licitación que lanzó el Gobierno del Estado a través de la
Secretaría de Administración y Finanzas (SAYF), es de 50 mil pesos, mientras
que para los postes el valor es de entre 32 mil y 37 mil pesos. El poste
derribado y sus videocámaras tendrían un valor en conjunto de poco más de 180
mil pesos, sin contar cables de fibra óptica e instalación.
El ataque más reciente
sucedió la mañana del jueves 3 de agosto, cuando un poste ubicado al sur de la
ciudad sobre la avenida Álvaro Obregón fue arrancado y sus cinco cámaras
instaladas, baleadas hasta averiarlas.
Los atentados al equipamiento
de vigilancia no han sido esporádicos. Previamente, sobre la carretera México
15 en las afueras del fraccionamiento Espacios Barcelona, videocámaras del
Estado fueron baleadas por un comando.
Ese fue el mismo escenario en
que el 30 de septiembre de 2016 militares fueron agredidos por un comando, con
saldo de cinco efectivos del Ejército Mexicano que perdieron la vida, nueve
heridos y un socorrista de Cruz Roja también herido.
El socorrista fue parte del
contingente de militares que trasladaban a Culiacán a Julio Óscar Ortiz, Vega
el Kevin, integrante del Cártel de Sinaloa. El domingo 5 de marzo, el cuerpo
sin vida del Kevin fue encontrado en un estacionamiento en Navolato.
A la fecha, según datos de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), han resultado dañados y/o
robados más de 39 equipos de videovigilancia, entre cámaras y postes, ya sea
arrancados o con disparos de arma de fuego.
Sobre la misma carretera
México 15, justo a la entrada de la antigua Feria Ganadera, otro equipo resultó
dañado por proyectiles de arma de fuego. Similares ataques han recibido
instrumentos de video en la colonia Santa Fe, Cañadas y Ciudad Universitaria,
este último pertenecía a los equipos recién instalados por Gobierno del Estado.
INVERSIÓN VS REINVERSIÓN
El primer contrato se otorgó
mediante adjudicación directa a la empresa Abasi Servicios Integrales SA de CV
el 7 de abril de este año, por un monto de 47 millones de pesos. El proceso en
un inicio fue licitación pública nacional en febrero, sin embargo, autoridades
estatales la declararon desértica y decidieron, alegando temas de seguridad,
adjudicarla.
Ahí, el gabinete estatal
eligió a Abasi Servicios Integrales, sin embargo, en la licitación previa, la
empresa Ingeniería de Enlaces SA de CV hizo oferta por 42 millones 651 mil 909
pesos, pero fue desechada y dos meses después, el Gobierno del Estado les otorga
dos contratos por montos superiores a esa primera oferta para otorgar servicios
muy similares.
Los contratos otorgados a
Ingeniería de Enlaces mediante las dos licitaciones públicas tuvieron sus
fallos el 20 y el 28 de junio de este año. El proceso fue “fileteado” a cuatro
diferentes empresas, quedando para Ingeniería de Enlaces el contrato en la
instalación y mantenimiento de las cámaras de video vigilancia, por un monto en
conjunto de 103 millones 515 mil 864 pesos para ambos procesos.
Conforme a sus propuestas, la
empresa Ingeniería de Enlaces SA de CV solamente cumplió en su propuesta con el
punto tres de las consideraciones técnicas del concurso GES-11 2017, la cual
consiste en todo lo relativo para la instalación de 64 cámaras PTZ y 659 cámaras
fijas, su instalación, mantenimiento y la póliza de seguro.
El caso fue idéntico para el
concurso GES-12 2017, en donde la empresa se vio beneficiada con 46 millones
464 mil 623 pesos, por el servicio integral de 50 cámaras PTZ y 250 cámaras
fijas con montos unitarios de 50 mil 499 y 15 mil 775 pesos respectivamente
para ambos concursos.
Los servicios que
complementan la licitación GES-11 2017 son por la adquisición de un sistema
para equipar a 20 patrullas con un LPR (sistema de lectura de placas) y cámaras
personales para equipar a 100 elementos de seguridad pública.
La empresa Mer Security
Systems SA de CV obtuvo el contrato para proveer al Estado del servicio de
lectura de placas con un monto de 9 millones 963 mil 402 pesos y la empresa
Index Datacom SA de CV las cámaras personales con un monto de 2 millones 545
mil 040 pesos.
Y a pesar de que la inversión
en video vigilancia por parte del Gobierno Estatal se mantiene, los ataques
dicha infraestructura se recrudecieron durante junio y julio.
En un ejercicio, de tratarse
únicamente de cámaras, el precio promedio sacado entre el valor de una tipo
fija y tipo PTZ (15 mil 775 y 50 mil 499 pesos, respectivamente) es de 33 mil
100 pesos, lo que dejaría en total un daño aproximado por 1 millón 292 mil 343 pesos
al sistema de video vigilancia.
(RIODOCE/ AARÓN IBARRA /7 AGOSTO, 2017)
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