BURLAN LA JUSTICIA

Foto: Cortesía

En registros oficiales del Sistema Penitenciario Federal, en la documentación que acredita el proceso que se le siguió a Raydel López Uriarte “El Muletas”, y donde se señala su encarcelamiento; una palabra está escrita: LIBERADO. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California y fuentes del Ejército Mexicano, no han sido informados de la liberación del señalado narcotraficante, detenido en 2010, en Baja California Sur. El Gobierno Federal no ha podido confirmar si en efecto fue liberado o si fue trasladado a otro penal. Al mismo tiempo, René Arzate “La Rana” tramita amparo contra la única orden que tiene en México, una de extradición por parte de los Estados Unidos

Por tres prisiones de máxima seguridad tuvo que transitar el presunto narcotraficante Raydel Rosalío López Uriarte, alias “El Raydel” o “El Muletas”, ex jefe de sicarios del Cártel Arellano Félix (CAF) y posteriormente jefe de célula del Cártel de Sinaloa, antes de supuestamente recuperar su libertad a escasos siete años que fue detenido en Baja California Sur.

Efectivamente, en documentación oficial aparece como liberado, pero ninguna autoridad federal ha podido confirmar tal información a partir de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California. La versión de su egreso -hace algunas semanas-, del penal federal de Puente Grande, comenzó a circular en el Estado; autoridades federales, herméticas como son a conveniencia, decidieron no negar ni confirmar la información, pero una ficha actualizada el 14 de julio destaca que el sujeto se encuentra “en libertad”.

López Uriarte solo contaba con una causa penal en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales con residencia en Tijuana, iniciado cuando dicho tribunal lo constituía el Juzgado Cuarto de Distrito, en la entidad (causa penal 134/2010). Tras un par de meses en arraigo, en abril de 2010, “El Muletas” fue declarado formalmente preso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada en la hipótesis de ilícitos contra la salud.

Debido a que Raydel estaba prisionero en el Centro Federal de Readaptación Social número 3, en Santa Adelaida, Matamoros, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, dentro del exhorto local 614/2010, se encargó de actuar en representación de la autoridad judicial baja californiana. El fallo fue confirmado en apelación, meses más tarde, por el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito (toca penal 997/2010).

LA DETENCIÓN

Debido a la purga que se realizó entre facciones criminales y la intervención de las autoridades hacia finales de 2009, algunos capos salieron de la parte norte de la Baja California y se dirigieron a La Paz, en Baja California Sur, donde se instalaron para continuar manejando sus actividades delictivas. “El Muletas” era uno de ellos.

Investigaciones militares con ayuda de la agencia antinarcóticos estadounidense lograron ubicar a operadores de López Uriarte en Tijuana, durante los primeros días de febrero de 2010, y éstos delataron a su jefe que cómodamente se estableció en una mansión en la colonia Civilizadores II, a la vuelta de la casa del entonces gobernador de BCS.

Agentes federales y soldados del Ejército Mexicano, en un solvente operativo lograron detener al presunto capo, el 8 de febrero siguiente. No muy lejos de ese lugar, otro jefe de células, José Manuel García Simental “El Chiquilín”, también cayó en manos de las Fuerzas Armadas. Ambos reconocieron extrajudicialmente su participación en el grupo criminal de Teodoro García Simental “El Teo” y en múltiples crímenes.

Foto: Archivo.- René Arzata García, “La Rana”.

Durante el traslado en avión, “El Muletas” habló para una cámara de la Policía Federal que lo videograbó. Dijo dedicarse al narcotráfico desde el 2002 y ser reclamado por el Gobierno de los Estados Unidos de América por dichos motivos, desde 2006. Admitió haber ordenado la confección de 200 uniformes con su sello (una calavera y dos muletas) porque ese era el número de los integrantes de su célula. “¿A qué se dedica?”, le preguntó una voz desconocida. “Muevo mota”, dijo el oriundo de Tijuana, quien ahí confesó su añeja enemistad con Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, líder del CAF.

Fuera de cámaras, “El Chiquilín” y “El Raydel” reconocieron diferentes secuestros. Sin embargo, nada quedó asentado en declaraciones ministeriales como confesión.

HISTORIAS DE SANGRE

De acuerdo con declaraciones de testigos protegidos y coinculpados de Rayde López Uriarte, todos pertenecían a células que dirigía “El Muletas”, quien por su parte obedecía al líder Teodoro García Simental “El Teo”. Ambos capos mantenían una guerra declarada en contra del Cártel Arellano Félix, encabezado por Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, del que antes fueron aliados.

La mayoría de los declarantes, ex policías municipales de Tijuana, relataron dedicarse al cobro de piso, levantones, trasiego de droga y protección de las operaciones de la organización criminal en Baja California y su paso hacia los Estados Unidos de América. Ricardo Agustín Vieyra Mendoza, alias “Pedro Avilés”; Abel Mena Arévalos, “Jorge” o “Jona”; y Héctor Rodrigo Soky Martínez, “El Soky”; eran sus principales colaboradores y dirigentes de su propia célula.

Sin relatar fechas exactas, los antes mencionados coincidieron en señalar que los tres grupos participaron en el levantón de unos sujetos en Playas de Tijuana, por instrucciones de “El Muletas”. En otra ocasión, recibieron órdenes de trasladarse a un domicilio en el que supuestamente se hallaba su enemigo “El Ingeniero”, pero fueron recibidos a balazos, muriendo uno de los hombres afines a “El Soky”, al que llevaron hasta una casa para dejarlo dentro de una tina de baño, encargándose Raydel de los gastos funerarios.

También mencionaron su participación en asesinatos de personas que traicionaban a la organización o a sus contrarios, acción que describían como “cobrar cheques”. Delataron a “El Tío” y al “Perro” como las personas encargadas de conseguir casas de seguridad, a las que llamaban “oficinas” y enviar a “punteros” que verificaban que no hubiese “gobierno” cerca de sus ilícitas actividades.

Las entregas de dinero para pagar a sus colaboradores, informantes y protectores de corporaciones policiales se realizaban en estacionamientos de centros comerciales, donde también les enviaban “herramientas” para trabajar, como les nombraban a las armas de fuego, cartuchos, chalecos balísticos, vehículos para efectuar sus “jales” -generalmente robados- y demás equipo táctico.

LAS PIFIAS MINISTERIALES

En el único proceso penal iniciado contra “El Muletas” hubo diversas omisiones, falta de contundencia en la acusación y controversias dentro de la propia averiguación previa, integrada por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), puesto que no se probaron las llamadas circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos descritos.

Las supuestas acciones delictivas de Vieyra, Mena y Soky Martínez, concretamente en la imputación de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana, no probaron que se organizaban dirigidos por Raydel López Uriarte, para realizar dichos delitos de manera “permanente” y “reiterada”, como lo establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Por lo que, el simple aseguramiento de dos kilos 500 gramos de marihuana, no se relaciona con permanencia y reiteración requerida por el tipo penal de delincuencia organizada.

La narración de la serie de eventos delictivos que hicieron los declarantes, al no ser precisados en su temporalidad y las peculiaridades de cada uno de los actos, no quedó acreditados, aunque referían pertenecer a una organización criminal, divididos en células y participar en la comisión de delitos contra la salud.

Con excepción de Ricardo Agustín Vieyra “El Pedro Avilés”, ninguno de los demás sujetos que aseguraron trabajar para el grupo delictivo, proporcionó la media filiación de “El Muletas”, pues el fiscal de la investigación olvidó preguntárselas. Por su parte, el único que describió a Raydel Rosalío, hizo un retrato verbal que no coincide con el aspecto de su supuesto líder.

El ex policía Vieyra dijo que conoció a Raydel con el falso nombre de “Tony”, en el restaurante de mariscos Godoy, cuando se lo presentaron para que le diera empleo. “Qué onda plebe, ¿qué quieres chambear?”, le habría cuestionado “El Muletas”, al que describió de la siguiente manera: “recuerdo que lo miré, que era como de 24 años; tez blanca, complexión flaca, muy ostentoso, con collares de una calavera que se le abre el cráneo y dentro de la misma trae lleno de cocaína, y además siempre anda bien vestido de mezclilla. Y miré que traía fajada un arma de fuego tipo Beretta negra, con cachas de oro, con la imagen de un escorpión”.

La media filiación no correspondía a la del inculpado. En actuaciones del expediente fedatado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, en la diligencia de declaración preparatoria, se estableció que la descripción de López Uriarte era de un hombre de 31 años de edad, complexión mediana, con un peso corporal de 74 kilos 200 gramos, de tez morena clara, un metro 75 centímetros de estatura. El resto de detalles: cabello corto y negro, frente amplia, cejas pobladas, ojos café oscuro, nariz recta y mediana, boca chica, labios medianos y ninguna seña particular.

TRES CEFERESOS

Luego de que Raydel Rosalío López fue instalado inicialmente en el Cefereso 3 “Matamoros”, sus primeros dos años fueron de rebeldía a la máxima seguridad y correctivos disciplinarios. Aún se recuerdan sus primeros amparos promovidos contra la negativa de la tienda del penal para venderle golosinas y la restricción para que adquiriera un televisor de los que entonces otros reos poseían. Perdió los juicios de garantías.

Raydel López Uriarte, “El Muletas”

“El Muletas” fue transferido por razones de seguridad, el 8 de noviembre de 2012, al recién inaugurado y deficiente Centro Federal de Readaptación Social número 11 “CPS Hermosillo”, donde permaneció casi dos años y medio; mientras que su correligionario Manuel García Simental fue remitido al Cefereso 4 Noroeste, en El Rincón, Nayarit.

López Uriarte fue trasladado en abril de 2015 al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde ya había estado preso su hermano Luis Alberto “El Pájaro”, quien a la postre recuperó su libertad. La primera acción de Raydel fue interponer una demanda de amparo en contra de las autoridades penitenciarias reclamando “la negativa de proporcionarme atención médica general y también el tratamiento médico adecuado para preservar mi salud e integridad corporal”.

Sería el primero de una larga serie de reclamos de violación a sus derechos fundamentales, hasta julio de 2017. Pidió garantías en contra de actos como incomunicación, tortura y falta de atención médica o entrega de medicinas, hasta supuestos intentos de traslado a otros reclusorios del país. Nunca se conoció el mal que alegaba padecer.

En el penal federal del que escapó por primera ocasión el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en 2001, “El Raydel” alternó con otros célebres delincuentes como los Juniors Ismael Zambada Imperial “El Mayito Gordo”, Misael Torres Urrea “El M-2” (hijo del capo Javier Torres Félix “El JT”), Juan Francisco Sillas Rocha “El Ruedas”, Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”, y los asesinos del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

En 2016, “El Muletas” se convirtió en el mejor alumno de educación secundaria del Cefereso de “Occidente”, según reportes del Gabinete de Educación del centro carcelario.

EXTINCIÓN DE DOMINIO

Quizá la “batalla legal” que puede presumir la autoridad como “ganada” a Raydel Rosalío López Uriarte es la de haber obtenido la declaratoria de extinción y adjudicación de los bienes del capo y sus socios a favor del Gobierno Federal. Dicho juicio es autónomo del de materia penal y para su procedencia no es necesario que se emita sentencia que determine la responsabilidad penal, sino que basta que existan pruebas suficientes para establecer que el hecho ilícito aconteció.

La PGR ejercitó la acción de extinción de dominio el 2 de septiembre de 2013. No solo en contra de “El Muletas”, también de sus codemandados David Alejandro Rangel Casas, Manuel Torres Solís, y Antonia Samaduroff Pabloff, señalados de ser sus prestanombres. Los bienes asegurados y en disputa, principalmente departamentos, fueron los ubicados en los siguientes domicilios:

* Avenida Río Mississippi 61, sección 6472, Paraíso del Río, Tercera Etapa, también identificado como Lote 61, manzana 49, colonia Zona Río Tijuana, Tijuana, Baja California.

* Calle 7 número 47, Lote 1, manzana 32, Zona Urbana, Ex Ejido Matamoros, Tijuana, Baja California.

* Calle Misión San Miguel, sin número, y/o Circuito Misión San Juan, lotes 46 y 47, manzana 132, y/o Circuito Misión San Juan Capistrano, manzana 132, lotes 46 y 47, fraccionamiento Misión del Mar, Rosarito, Baja California.

En ese entonces, López Uriarte estaba preso en el penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora. Ni el imputado, ni sus presuntos testaferros respondieron a la demanda entablada en su contra, por lo que se les tuvo como rebeldes en el juicio y se dio por precluido su derecho a contestar.

El 6 de noviembre de 2014, el juez dictó la procedencia para que el gobierno se quedara con los bienes inmuebles. El impartidor de justicia asentó que la acción de extinción de dominio es un límite al régimen del Derecho de Propiedad protegido constitucionalmente y a través del cual solo se reputa legítima la propiedad que es fruto de un medio de adquisición previsto por la Ley y del trabajo honesto.

En este caso, el Ministerio Público actor demostró la existencia de un hecho ilícito, que se vincula con los inmuebles afectos al juicio, mientras los demandados, que les correspondía desvirtuar esa ilegitimidad, no aportaron los elementos probatorios eficaces para ello.

Los demandados David Alejandro Rangel Casas y Antonia Samaduroff Pabloff interpusieron el recurso de apelación, el 18 de noviembre de 2014, pero el 27 de enero siguiente, el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito confirmó la sentencia.

Oficialmente en documentos “El Muletas” está liberado

La acción legal se materializó en junio de 2016, cuando se anotó la inscripción definitiva en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Tijuana, mientras que en Playas de Rosarito dicha anotación absoluta se efectuó a mediados de noviembre de 2015, decretándose así la adjudicación de los bienes en favor del Gobierno Federal.

“LA RANA” VA CONTRA EXTRADICIÓN

El líder del Cártel de Sinaloa en Tijuana y la Zona Costa, René Arzate García “La Rana”, tramita un juicio de amparo en un juzgado federal de la ciudad para no ser detenido y extraditado a los Estados Unidos de América, donde le reclaman por conspirar para introducir marihuana a ese país.

El Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal le concedió al quejoso la suspensión provisional del acto reclamado, como ocurre en todos los casos de extradición internacional para que no sea entregado, en caso de que sea detenido, sin agotar el procedimiento de rigor.

La demanda de garantías fue presentada originalmente para combatir una posible orden de aprehensión dictada en su contra por alguno de los jueces de procesos penales federales y su ejecución por parte de la Agencia de Investigación Criminal, en el mes de abril pasado; sin embargo, a finales de junio, abogados de “La Rana”, presentaron una ampliación del acto reclamado y autoridades responsables.

Ahora, además de una orden de captura por delitos cometidos en territorio mexicano, se pidió protección constitucional contra una orden de detención provisional con fines de extradición y se señaló como autoridad ordenadora al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en Ciudad de México, con residencia en Reclusorio Norte.

También se incluyó como autoridades responsables para la ejecución de dicho mandamiento judicial al director general de Procedimientos Internacionales y al Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, ambos de la Procuraduría General de la República, con residencia en Ciudad de México.

La audiencia constitucional para resolver el juicio de amparo se ha diferido en cuatro ocasiones, reprogramándose para el próximo 30 de agosto.

René Arzate García, junto con su hermano Alfonso “El Aquiles”, son señalados desde hace cuatro años como los líderes del Cártel de Sinaloa en esta región. Controlan el trasiego de droga por mayoreo en Tijuana, Rosarito y Tecate, la que reciben en aeronaves, lanchas y automotores, para introducirla a la unión americana. También se les responsabiliza de la alta violencia en Baja California, en su disputa con los cárteles Arellano Félix (CAF) y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde 2015, en los Estados Unidos de América existe una recompensa de 20 mil dólares ofrecida por el Buró Federal de Investigación (FBI) a quien o quienes proporcionen información que ayude a la localización y captura de “La Rana” Arzate, de quien señalan en el afiche correspondiente: “es sospechoso de coordinar y hacer cumplir operaciones violentas en nombre del cártel, para incluir múltiples asesinatos y secuestros. “La Rana”, junto con otras 117 personas son encausadas por su papel en las operaciones del Cártel de Sinaloa”.

El 25 de julio de 2014, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, en San Diego, emitió una orden de arresto en contra de Arzate García, acusado federalmente de conspiración para importar marihuana.

(SEMANARIO ZETA/EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 7 AGOSTO, 2017 12:00 PM)