“Regalaron” terrenos y fingieron obras,
pero no se construyeron viviendas
Once días antes de dejar el
cargo, Jaime Romero Barrera, director del Instituto de Vivienda de Sinaloa
(INVIES) durante el sexenio de Mario López Valdez, vendió dos terrenos de una
hectárea al 20 por ciento de su valor real.
La transacción con un
particular, Javier Rodríguez, se llevó a cabo el 30 de diciembre de 2016 y los
terrenos ubicados en Mazatlán, que en realidad tienen un valor de 30 millones
102 mil 032 pesos, fueron vendidos en cinco millones 694 mil 202 pesos, según
detectó la Auditoría Superior del Estado y la nueva dirigencia del INVIES.
Pero eso no fue todo. En el último año de la administración, la
Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó pagos de hasta 45 millones 630 mil
pesos por trabajos inexistentes en los predios de Aguaruto en Culiacán y La
Raqueta en Mazatlán.
A la par, la generación de
vivienda de bajo costo para personas de escasos recursos durante el sexenio que
concluyó, no logró cumplir ni siquiera con la mitad de su meta trazada.
EL TERRENO “REGALADO”
Conformado por 26 hectáreas
de extensión, el predio Ejido El Venadillo en Mazatlán, fue adquirido en 2013,
a mediados de la administración de López Valdez.
Romero Barrera, el priista
mazatleco ex director del INVIES, autorizó en aquel entonces la compra del terreno
por un precio de 55 millones 203 mil 641
pesos, convirtiéndose en el tercer
predio de mayor costo entre las reservas territoriales con las que cuenta el
INVIES, pero no el más extenso.
A lo largo de los siguientes
tres años, en el predio El Venadillo se mantuvo como propiedad del gobierno
pero unos días antes de cerrar la
administración, una hectárea del predio fue vendida, dividida en dos partes.
Pero al llegar la nueva
administración, la venta presurosa llamó la atención y el 24 de abril del 2017
se elaboró un avalúo del terreno en cuestión, arrojando que el precio pagado
fue por el valor catastral mínimo y no el valor comercial.
Según la investigación de la
ASE y el INVIES, siete mil 780 metros cuadrados fueron adquiridos por el
comprador Javier Rodríguez en tres millones 776 mil 900 pesos, un costo por
metro cuadrado de 485 pesos, mientras que el avalúo arrojó que el metro cuadrado
en realidad tenía un valor de 2 mil 500 pesos.
El otro terreno de cuatro mil
260 metros cuadrados se vendió en un millón 917 mil 302 pesos, es decir 450
pesos por metro cuadrado. Para este terrero, el avalúo señaló que el costo real
también es de 2 mil 500 pesos el metro cuadrado.
La diferencia entre el precio
de la venta y el costo real de los terrenos es de 24 millones 407 mil 829
pesos.
De acuerdo con la
investigación de la ASE, las 26 hectáreas adquiridas en 2013 fueron compradas a
María Lorena Peña Rodríguez, en un acto notariado por el notario Miguel Ángel
García Granados y a José Socorro Cano
Acosta.
OBRAS Y EMPRESAS INEXISTENTES
También en 2016, el Instituto
de Vivienda de Sinaloa pagó más de 45 millones de pesos por obras de las que no
hay evidencia de haberse llevado a cabo en predios de Culiacán y Mazatlán.
En Culiacán, en el mismo
lugar donde se prometió edificar un fraccionamiento para policías estatales, se
pagaron 22 millones 341 mil 995 pesos a nueve constructoras que supuestamente
realizaron trabajos de limpieza y nivelación de terreno con acarreo de
material.
El predio conocido como
Aguaruto, famoso por la polémica que protagonizó el año pasado el ex alcalde
Sergio Torres al clausurar la construcción del
fraccionamiento para policías estatales, se observa en las mismas
condiciones que hace más de año y medio.
En un recorrido por el lugar
se pudieron observar las cuatro casas modelo que edificó en 2015 la
constructora Diksa, algunos montones de tierra y arbustos.
Según la ASE, el INVIES no
cuenta con un expediente técnico que avale la realización de los trabajos o una
bitácora que justifique las obras. Además, señaló que al momento de asignar las
obras no se llevó a cabo un concurso para invitar a por lo menos tres
interesados.
Entre las empresas observadas
por los trabajos en el predio de Aguaruto se encuentran Castle Proyecto y
Construcción, Compompa, Constructora Civil, Constructora Civil MRTDTO,
Constructora Civil WYA, Edificaciones y Camiones Beltza, Jesús Antonio Peñuelas
Higuera, Visitas Creativas y Proyecto Inmobiliario Construtak.
Como parte de su
investigación, la ASE acudió a los domicilios fiscales de algunas de estas
constructoras y encontró que las empresas al parecer son inexistentes.
Se trata de Compompa SA de CV
y Construcciones Elota SA de CV, las cuales además comparten el mismo domicilio
fiscal, pero en el lugar la ASE no encontró evidencia de su existencia.
La ASE tampoco pudo localizar
físicamente a Constructora Civil WYA, Proyecto Inmobiliario Construtak y a
Constructora Civil MRTDTO, de esta última también se detectó que la empresa fue
creada apenas en diciembre de 2014 y en marzo de 2017 ya había sido liquidada.
En una revisión que Ríodoce
realizó en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Sinaloa, se
encontró que Construcciones Elota SA de CV fue creada el 27 de enero de 2015
por los accionistas Jesús Oscar Tolosa Arellano y su hijo Marcelo Iván Tolosa
Aragón.
Apenas un año después de su
creación, Construcciones Elota SA de CV recibió siete pagos por 8 millones 649
mil 327 pesos, los cuales según la ASE no cuentan con expediente técnico o
bitácora que soporte y justifique los trabajos realizados.
En el Registro Público
también se pudo observar el acta constitutiva de Constructora Civil MRTDTO, la
cual fue creada el 20 de enero de 2016, por los accionistas Vicente Castro
Cháidez y Mauricio Reyes Vázquez.
Unos cuantos meses después,
esta empresa ya tenía contratos de obra con el INVIES en los predios de
Mazatlán y Culiacán. Pero al llegar el 2017, el 19 de enero de 2017, los
accionistas acordaron disolver la sociedad.
En Mazatlán la situación fue
similar. En el predio La Raqueta, también conocido como Los Acantos se pagaron
23 millones 288 mil 037 pesos por trabajos de desmonte, nivelación a máquina,
relleno, compactación, limpieza y acarreos, pero tampoco por estas obras se
encontraron evidencias.
Los 23 millones de pesos
fueron contratados con 13 empresas constructoras, entre las que también se
encuentran Constructora Civil WYA, Proyecto Inmobiliario Construtak y a
Constructora Civil MRTDTO, a las que la ASE no logró localizar en sus
domicilios fiscales.
Por las obras que se llevaron
a cabo en el lugar tampoco se encontraron facturas, contratos de servicios o
bitácoras de control en las que se deja evidencia de los trabajos.
En el predio La Raqueta en
Mazatlán se prometió a lo largo del sexenio la construcción de un
fraccionamiento para familias de escasos recursos el cual nunca se concretó.
(RIODOCE/ MIRIAM RAMÍREZ/ 7 AGOSTO, 2017)
No hay comentarios:
Publicar un comentario