El grupo parlamentario del PRI subió el
punto de acuerdo.
Foto: Cortesía
Mediante un punto de acuerdo
presentado por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en el Senado de la República, los legisladores aprobaron el exhorto al
Congreso del Estado de Baja California para que lleve a cabo una revisión al
Ayuntamiento de Tijuana en la asignación
del contrato de arrendamiento de camiones recolectores de basura a Grupo
Turbofin.
El gobierno del panista Juan
Manuel Gastélum Buenrostro deberá ser revisado por el Órgano de Fiscalización
Superior debido a las irregularidades con las que cuenta el contrato con el que
se rentaron 52 unidades a la empresa de reciente creación y que ha sido materia
de diversos reportajes periodísticos.
“El alcalde del municipio de
Tijuana se ha distinguido por distintas irregularidades en la adquisición de
servicios que podrían constituir un daño al erario público. El más reciente
caso se presentó en la Adjudicación Directa a Grupo Turbofin, por un contrato
de casi 80 millones de pesos, para la
renta de 40 camiones recolectores de basura y 12 tractocamiones”, señala el
escrito publicado en la Gaceta del Senado y aprobado por la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión.
Como parte de estas
irregularidades, se señala la faltad de un decreto formal de emergencia para
proceder a la adjudicación directa que se realizó, así como “la opacidad del
proceso y que dicha decisión no haya sido consultada con el Cabildo”.
La bancada del PRI también
precisó “la administración municipal, lejos de brindar la información necesaria
que coadyuve a conocer las condiciones bajo las que se presentó la
Adjudicación, ha decidido clasificar la información como reservada, por un
período de seis meses”.
De igual forma, destacan “a
más de 2 meses de haberse firmado el contrato y de entregarse un anticipo de
más de 20 millones, Grupo Turbofin solo ha entregado 7 camiones a pesar de que
con dicho pago se podrían comprar por lo menos 8, es decir, el gobierno está
financiando a la empresa. Además, será hasta el mes de agosto cuando se haga la
entrega total de los 52 vehículos, lo cual deja sin sustento el argumento de
una supuesta emergencia”.
Incluso, refieren cómo “la
renta mensual de cada uno de los 40 camiones recolectores de desechos sólidos
es de 93 mil pesos y la de los 12 tractocamiones de transferencia es de 179 mil pesos, por
unidad, lo que significa que mensualmente el municipio erogará 5.8 millones de
pesos, lo que significa un incremento de 1.6 millones más caro de lo que un
estudio realizado por el municipio había estimado en un estudio y en el que se
contemplaba la adquisición de 60 unidades”.
Sin embargo, quedará en manos
del Congreso de Baja California, con mayoría panista, resolver si este asunto
se turna al Órgano Superior de Fiscalización o ignorarán el exhorto del Senado.
(SEMANARIO ZETA/ Destacados ZETA/ Viernes, 7 Julio, 2017 12:49 PM)
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